RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Conoce la Sala por el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. 002 del 29 de enero de 2004, proferida por la Alcaldía Local de Chapinero, mediante la cual se declaró infractor del régimen de urbanismo y construcción de obras al señor Pedro Pablo Araque Rodríguez, invocando el numeral 1 del artículo 2 de la ley 810 de 2003.

Por informe presentado por el Comandante Patrulla de Policía, adscrito a la Estación de Policía de Chapinero, se pone en conocimiento que en la transversal 2 este No. 49 62 de estad ciudad se están realizando una obra o casa muy grande en la orilla y sobre el canal recolector de aguas lluvias que baja por el barrio Pardo Rubio, límites del barrio San Martín, utilizando el muro de canal en la construcción de la obra quedando la familia en alto riesgo de un siniestro natural (fl. 2).

Conforme con lo anterior, la Alcaldía Local, mediante auto del catorce (14) de febrero de dos mil uno (2001), avoca conocimiento de las diligencias, ordenando comunicar al infractor sobre la iniciación de la actuación administrativa disponiendo practicar inspección ocular verificando los metros construidos y las demás pruebas que sean necesarias (fl. 3).

El veintitrés (23) de octubre de dos mil uno (2001), previa citación al propietario del inmueble, (fol.11), se escucha en descargos al señor Pedro Pablo Araque Rodríguez, quien manifestó ser el propietario del inmueble junto con su esposa, y quien dice haberlo recibido a cambio de un cuido de hace cuarenta (40) años de parte de Casa Club habiéndose visto obligado a hacer un muro de contención y luego cubrirlo con teja para poderse pasar allí con su familia, que prácticamente lo hecho es una enramada en donde esta viviendo muy incómodo. Dice no haber hecho ningún trámite de licencia porque tiene 56 años y no conoce ninguna obra alrededor que haya construido con licencia. Igualmente manifiesta haber construido hace tres años y medio y el costo fue aproximadamente, ocho millones de pesos ($8.000.000.00), puntualizando que el barrio fue legalizado el año pasado advirtiendo que si el barrio es de alto riesgo la Inspección 2F cuando informaron que le predio se le iba asignar debiendo oponerse (fl. 15).

Obra en el expediente a folio 19, informe del seis (6) de noviembre de dos mil uno (2001) rendido por el ingeniero de apoyo donde se pone de presente que "…se trata de una construcción de un piso, la cual no se encuentra totalmente terminada. Esta construcción se encuentra sobre la margen izquierda de una pequeña quebrada que viene del barrio Pardo Rubio N.O, por otra parte el muro que delimita la construcción encierra un poste de alumbrado público. Por lo observado en el momento de la visita se establece que la construcción se encuentra sobre la ronda de la corriente de agua y el propietario no se encontraba y nadie atendió la diligencia…".

Obra registro fotográfico a folios 21, 26, 27, 29, 62,63 y 64.

A folio 24 conforme a la visita practicada el ingeniero de apoyo, del diecinueve (19) de abril de dos mil dos (2002), tenemos que "se trata de una casa de un piso que consta de tres habitaciones, un baño, cocina y sala comedor. La construcción no se encuentra totalmente terminada y de acuerdo con lo informado por quien atendió la diligencia, las obras se comenzaron a ejecutar hace cuatro años, además manifiesta que no tiene licencia para la construcción de las obras"

De nueva visita efectuada al inmueble el trece (13) de agosto de dos mil tres (2003), el profesional de apoyo informa "…se trata de una edificación en un piso construida en ladrillo, la cual consta de tres (3) alcobas, baño, sala comedor, un espacio libre a manera de patio, la cubierta presenta como materiales de acabado tejas de asbesto cemento y plástica transparentes; la construcción se encuentra sin termina tal como se observa en las fotografías que acompañan este informe. El área aproximad de construcción es de ochenta (80) metros cuadrados. No se presenta licencia de construcción…" (fl. 29).

Mediante la resolución número 002 del veintinueve (29) de enero de dos mil cuatro (2004) proferida por la Alcaldía Local de Chapinero, se declaró infractor al régimen de obras y urbanismo a Pedro Pablo Araque Rodríguez, imponiendo multa de catorce millones trescientos diecinueve mil seiscientos pesos ($14.319.600.00) y la demolición de la totalidad de las obras realizadas sin licencia, tras considerar que:

• El administrado acepta haber realizado las obras sin licencia de construcción, lo que fue verificado en las visitas al inmueble, encontrándose que el sector donde se realizó la obra no está legalizado y por ende considerado como no urbanizable, con el agravante que se construyó incluso donde se encontraba un poste de la energía, se tiene como área intervenida 80 M2.

La decisión fue notificada personalmente al agente del Ministerio Público el cinco (5) de febrero de dos mil cuatro (2004) y al declarado (a) infractor (a), el doce (12) de febrero de dos mil cuatro (2004), (fl. 34v).

Estando dentro del término legal la persona declarada infractor personalmente, el diecinueve (19) de febrero de dos mil cuatro (2004), interpone recurso de reposición y en subsidio apelación (fl. 37), manifestando:

• En el presente año se registra la propiedad después de cuarenta (40) años de haber poseído el inmueble, tal como lo manifestó en diligencia de descargos.
• La construcción se levantó desde cuando entró en posesión del predio, se levantó construcción que es antigua datando de hace cuarenta años sin haber recibido cuestionamiento alguno.
• La vivienda levantada en el predio obedece a la precaria situación económica que lo llevó con su familia a permanecer en ese lugar aún a riesgo de sus vidas, invirtiendo $8.000.000.00 durante los 40 años.
• Las personas que habitan el inmueble, infractor, esposa y suegra, son de avanzada edad la que demuestra aportando registro civil de nacimiento, y el Estado, en armonía con el artículo 46 de la C.N, garantizará la seguridad social y el servicio alimentario en caso de indigencia a los de la tercera edad, como protección especial y privarlos del único medio de vivienda sería injusto, cuando es el mismo estado que por sus falencias en la solución de empleo genera la situación.
• Desde el año 2001 ha padecido enormes quebrantos de salud y por su situación económica no se le permitió ejercitar su derechos a la defensa, como se desprende de las fechas fijadas por el despacho para descargos y verificación en donde no pudo intervenir, lo que en términos reales y materiales estuvo privado del derecho a la defensa, audiencia y contradicción garantizado en el artículo 29 de la C.N.
• La obra se encuentra inconclusa desde hace cuarenta (40) años, habiendo prescrito la acción del estado para investigar y sancionar la supuesta infracción, la resolución recurrida se fundamenta en normas posteriores a levantar la construcción.
• Hace cerca de cinco (5) años reforzó los muros de contención, pide la comprensión necesaria para no ser sancionado pecuniariamente ni demoliendo; teniendo en cuenta que a nadie le gustaría tener en riesgo su propia vida, el estado de necesidad conduce a esto, todo por la pobreza generada por la falta de atención de empleo por parte del estado, ni ofrecer a los pobres tener una vivienda, llamando a la solidaridad por la imposibilidad de pagar la multa impuesta, su situación de desempleo y edad avanzada.
• Pide ser incluido, junto con su grupo familiar, en los programas de reubicación de vivienda y subsidios para las personas de la tercera edad que se encuentran en situación de debilidad manifiesta y riesgo real y permanente.
• Dice que procede la revocatoria de la resolución que nos ocupa dada la vulneración del artículo 46 constitucional por dejarlos en absoluto estado de desprotección y poner en alto riesgo a personas de la tercera edad imponiéndoles medidas altamente lesivas contra el derecho fundamental a la vivienda, a la dignidad de las personas y al derecho de subsistencia y respeto.
• Reiterada la violación al debido proceso, al no haberle sido notificada la iniciación de la querella, considerando a esta esencial, ni tampoco la de descargos y verificación, como consta en el folio 5, 11 en donde aunado a las constancias médicas que adjuntan con su escrito, demuestra que nunca estuvo en condiciones de asumir su defensa y al producirse el acto administrativo en esas condiciones se encuentra que se vulneró claramente la Constitución Nacional en su contra, al no haberle permitido alegar y defenderse dentro de la querella.
• Finalmente, considera absolutamente improcedente la demolición ordenada al indicar en el texto de la querella un predio y haber ordenado la demolición de otro, relacionando las pruebas aportadas con el escrito y que obran a folios 41 al 49.

Mediante oficio se solicita a la persona declarada infractora para que permanezca en el inmueble objeto de actuación administrativa, para la práctica de diligencia de verificación, la que se llevó a efectos el diez (10) de mayo de dos mil cinco (2005) y en la que se informa: "realizada la visita al inmueble se identifica con la nomenclatura urbana arriba señalada Transversal 2 Este No. 49 62, se pudo constatar que se trata de una casa de un (1) piso con un área de 70 metros cuadrados y que al parecer la construcción data de aproximadamente cinco (5) años…", (fll. 61)

Mediante Resolución número 724 del doce (12) de julio de dos mil cinco (2005) la Alcaldía Local de Chapinero, confirma su decisión objeto de censura, tras considerar que:

• Se ha determinado la infracción al régimen de obras al haberse construido sin la licencia correspondiente.
• Se siguió el procedimiento propio de esa actuación al permitir que el administrado la conociera, expresa sus opiniones antes de tomar la decisión de fondo; mediante informes, material fotográfico y documentos como planos y licencia se probó el hecho infractor y se notificó la decisión habiendo hecho uso del derecho de defensa, (folios 9, 11, 12,15, 16, 19 a 21, 24 a 27, 29, 37 a 40, 61 a 64 del expediente), advirtiendo que la actuación administrativa no requiere de requisitos especiales para el decreto y practica de pruebas, simplemente con los informes que demuestren la violación a las normas urbanísticas, sin que se haya violado el debido proceso como lo alega el recurrente, se cito al propietario del inmueble, rindió descargos y los informes constituyen un tramite probatorio que fue ordenado sin violación al debido proceso.
• El riesgo argumentado por el recurrente no es más grave que en el que se encuentra por habitar una construcción sin las adecuadas condiciones urbanísticas y de seguridad.
• Se observa correspondencia entre la dirección del predio por el que inicia la actuación y el que se relaciona en el proveído donde se ordena la demolición.

La decisión fue notificada personalmente al agente del Ministerio Público el diecinueve (19) de junio de dos mil cinco y al declarado (a) infractor (a) por edicto fijado el ocho (8) de noviembre de de dos mil cinco (2005).

Mediante auto 1135 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil seis (2006) y previo a elevar ponencia, el Consejo Ponente dispuso la práctica de las siguientes pruebas, oficiando a:

• La Alcaldía local de Chapinero con el fin de determinar la vetustez de la construcción.
• Al Departamento Administrativo de Planeación Distrital, con el fin de que determine si el predio en donde se adelanto la obra se encuentra legalizado o no, informando normas de edificabilidad aplicables, aportando copia de la misma con sus planos urbanísticos, (fol. 82).
• A las EAAB para que se sirva determinar si las obras adelantadas se encuentran en zona de ronda hidráulica y/o zona de manejo y preservación ambiental, determinando metros cuadrados en cada caso.
• Al D.A.D.E.P, para que informe si la zona objeto de la actuación es o no espacio público, (fol. 83).
• A la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, con el fin de que se informe si la obra se encuentra en zona de alto riesgo, (fol. 79)

De los oficios dirigidos por la Corporación se obtuvieron los siguientes resultados:

El Departamento de Prevención y Atención de Emergencias, informa: "…la zona en la que se encuentra el predio objeto de la solicitud presenta amenaza MEDIA por fenómenos de remoción en masa…", (fol.84).

De la Defensoría del Espacio Público no se pudo obtener mayor información en razón a que el predio no se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Información Catastral, registro sin el cual no es posible determinar el código del sector del inmueble ni la información jurídica asociada al mismo inmueble, (fs. 93 y 94).

La Alcaldía Local, mediante oficio 0231-116 del veintidós (22) de enero de dos mil siete (2007) allega acta de verificación al inmueble en la cual indica: "…Se verifica que en la dirección mencionada existe una vivienda de un piso con fachada en ladrillo a la vista, de acuerdo a la persona que atiende esta construcción se realizó hace 7 años y medio. Por el estado actual de la fachada se observa una construcción reciente ya que el ladrillo no presenta deterioro en el tiempo; por el estado actual de los materiales de fachada el tiempo de construida la vivienda es la que informa la persona que atiende, (fs. 97 y 98)

Por su parte, la Secretaría Distrital de Planeación informa: "…consultada la cartografía oficial de esta entidad, no fue posible establecer la ubicación exacta del predio…por lo tanto estamos anexando una posible localización…", (fol. 109 y 110).

Las EAAB informaron: "…en la visita se observó que la vivienda ubicada a la altura de la transversal 2 Este No. 49 62 se encuentra dentro de la Zona de Ronda y la Zona de Manejo y Preservación ambiental de la Quebrada en mención, tal y como se muestra en el registro fotográfico y en el esquema anexo…", (fol. 114 y 115).

La Secretaria de Planeación Distrital, mediante oficio 1-2007-20638 envía copia del plano CH. 19/4-00, aprobado en la Resolución No. 0451 de diciembre 22 de 1999 mediante el cual se legalizó el desarrollo San Martín de Porres, igualmente informa que "…hasta tanto el Distrito Capital de Bogotá establezca la reglamentación urbanística con base en las determinantes de ordenamiento y manejo consagradas en la presente resolución no se permite ningún desarrollo urbanístico ni se podrán expedir licencias de urbanismo y construcción por parte de las Curadurías Urbanas", (fol. 116 a 135).

El veintisiete (27) de febrero de dos mil siete (2007) el infractor, después de notificado por edicto del proveído por medio del cual se resolvió la impugnación que confirmó la decisión recurrida, por intermedio de apoderado presenta incidente de nulidad, del cual, si fuera del caso hacer pronunciamiento de fondo, nos ocuparíamos en los términos en que fue presentado, pero como quiera que se interpuso los recursos de ley, esta clase de peticiones no proceden cuando ello ocurre en armonía con el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, da la posibilidad de sanearse en cualquier tiempo, sin embargo, ha de decirse que el sustento se contrae a hacer un relato de todas las actuaciones adelantadas desde el inicio de la querella básicamente el mismo contenido del recurso de reposición en subsidio apelación, adicionado en no compartir la forma en que le fue notificada la providencia por medio del cual se desató el recurso de reposición por parte del A-quo, y de la que se hará la referencia pertinente en el momento procesal oportuno al momento en que la Sala desate el recurso de alzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 189 y 191 del Código de Policía de Bogotá, la Sala Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público del Consejo de Justicia de Bogotá D.C. es competente para conocer del recurso de la referencia.

¿Procede el trámite de incidente de nulidad en vía gubernativa?

¿Si la construcción se encuentra realizada en espacio público, procede la caducidad regulada por el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo?

¿Se garantizó al infractor el debido proceso durante la presente actuación?

Los ponentes del proyecto de ley números 1 y 12 senado de 1988, que más tarde se convertiría en la Ley 9 de 1989 o de Reforma Urbana, lo inspiraron en cuatro grandes principios a saber: 1º. Garantizar el derecho a la ciudad para todos los ciudadanos, 2º. La superación de la situación de informalidad urbana que es característica de nuestros principales centro urbanos, 3º. La necesidad de buscar un más equitativo reparto de la denominada plusvalía urbana y 4º. La racionalidad urbana¹.

Posteriormente se presentó el proyecto de ley 102 de 1996 Cámara, 52 de 1995 Senado, que pretendía la modificación a la Ley 9ª de 1989, y que luego se convertiría en la Ley 388 de 1997, se destacó por parte de sus ponentes que "el propósito central (…) cual es el de dotar a las administraciones locales de unas base normativa que complemente la Ley de Reforma Urbana, con una serié de herramientas de planificación y gestión dirigidas a lograr una más eficiente organización del territorio municipal, en armonía con el desarrollo regional y rural".²

Así las cosas, la normatividad urbanística es preventiva, pero también represiva y protectora, es lo primero, porque la norma urbana es previa a cualquier actuación o intervención urbanística y en virtud del principio de publicidad es de conocimiento público; igualmente es represiva, porque comprobado una infracción urbanística, se pueden imponer la sanción de multa y es protectora porque principalmente se puede aplicar la suspensión y demolición de las obras, siendo la demolición la restauración in natura del ordenamiento urbanístico violado.

Es en este contexto normativo en el que se insertan disposiciones como las contenidas en el artículo 103 de la Ley 388 de 1997³, modificado por la Ley 810 de 2003, que consagra las infracciones urbanísticas, el decreto 1600 de 2004, el 564 de 2006, que deroga al anterior, salvo lo dispuesto en el inciso primero de su artículo 57 y modifica y adiciona los parágrafos de dicho artículo y el artículo 23 del Código de Policía de Bogotá.

ii. Caducidad de la facultad sancionatoria y naturaleza jurídica del predio objeto de la actuación.

Sea lo primero señalar que conforme a lo probado en el expediente, el predio de la transversal 2 Este No. 49-62 y donde se levanto la construcción que merece la atención, se encuentra en el espacio público, en consecuencia y dado que esta Corporación se ha referido en varias oportunidades sobre asunto similares, se cita lo dicho en Acto 1495 del veintinueve (29) de diciembre de dos mil cinco (2005) Consejero Ponente Gleison Pineda Castro.

En el Acto Administrativo No. 1495 del 26 de agosto de 2005⁴, la Sala Plena del Consejo de Justicia se pronunció respecto del concepto de espacio público enmarcado en la nueva Constitución de los Colombianos, y el alcance que tal concepto en cuanto puede integrar tanto de la propiedad pública como de la propiedad privada. Al respecto dijo esta Corporación:

Respecto de este último caso debe tenerse presente el momento a partir del cual el predio privado es objeto de la afectación urbanística, pues sólo allí ocurre su integración al espacio público de la ciudad⁸. Lo anterior resulta de gran importancia en razón a que las intervenciones que se realicen sobre el predio con posterioridad a tal hecho, no son cobijadas por el presupuesto del artículo 38 de Código Contencioso Administrativo que contempla la caducidad de la facultad sancionadora de la administración.

La administración, ante una construcción en un predio de propiedad privada con afectación urbanística a espacio público, puede optar por adelantar la actuación como una restitución de espacio público o como una verificación por construcción sin licencia, en cualquiera de los eventos el resultado y el procedimiento es el mismo y, en todo caso, en ninguno de los eventos es predicable la aplicación de la figura de la caducidad (salvo la circunstancia antes señalada).

En cualquiera de los dos eventos, lo primero que deberá determinar la administración es si el predio es espacio público o privado. Respecto de la primera de las circunstancias debe precisarse si te trata de un bien de uso público o de un bien privado con afectación a espacio público. Ahora, si se tratara de un bien privado con afectación a espacio público, resulta necesario identificar el momento en el cual las reglamentaciones urbanísticas del Distrito otorgan tal calidad al bien (acto administrativo que adopta la acotación de la zona de manejo y preservación ambiental en el caso concreto).

De otra parte al oficiar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se informa que el predio esta totalmente construido dentro de l área ronda y manejo de la Quebrada Pardo Rubio.

Del segundo presupuesto encontramos que la incorporación como elemento del espacio público de las áreas de ronda y de manejo, tal como ya vimos esta dado desde la Ley 9 de 1989, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1504 de 1998.

Respecto de la fecha de la construcción objeto del proceso aunque en el recurrente y las declaraciones extrajuicio afirman que fueron hace más de 3 años, y aunque en la visita efectuada por la Alcaldía Local se determinó que no existen rastros de obra recientes, de todas maneras y aún en gracia de discusión si se hubiera adelantado en la fecha que señala el recurso y después que el predio se incorporó como elemento del espacio público, luego es totalmente improcedente el decreto de la caducidad.

En conclusión no es válido el argumento de declaratoria de caducidad para revocar la decisión, pues conforme lo señalado nos encontramos ante un elemento del espacio público y la obra se adelantó sobre él.

Al recurrir la decisión que pone fin a la actuación administrativa a través del recurso de apelación, este puede hacerse formulándolo directamente o como subsidiario del recurso de reposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, así lo dispone el artículo 51 del C.C.A., al tiempo que el artículo 52.1 señala las exigencias que se deben cumplir, como es sustentarlo en ese mismo tiempo , expresando las concretamente los motivos de inconformidad; al tiempo que el numeral 3º, dispone que se deben relacionar las pruebas que se pretenda hacer valer.

Visto lo anterior y habida consideración que el 21 de junio de 2006, el recurrente radicó en la Secretaría de esta Corporación, alegato a manera de complementación del recurso ya interpuesto contra la resolución que merece la atención, sin más consideraciones la Sala no los tendrá en cuenta por haberse presentado extemporáneamente, escrito al que se hizo referencia en el acápite "OTRAS PETICIONES EFECTUADAS ANTE ESTA INSTACIA", tal como lo indica el artículo 53 del C.C.A.

El debido proceso en las actuaciones administrativas lo señala el inciso primero del artículo 29 de la Constitución Nacional, "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas…". Teniendo en cuenta que el carácter fundamental del debido proceso proviene de su estrecho vínculo, con el principio de legalidad al que deben sujetarse no sólo las autoridades judiciales, sino también a partir de la Constitución vigente, las autoridades administrativas en la definición de los derechos de los individuos. Es pues una defensa de los procedimientos, en especial de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, lo que es lo mismo, ejercer el derecho a la defensa y la contradicción. El debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos y trámites administrativos, sino también al respeto de las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran integradas en los principios que los inspiran, el tipo de litigio, etc, y que las partes no pueden cambiar, derogar o sustituir. En síntesis, el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a las personas, a efectos de asegurar durante el mismo una pronta y cumplida justicia, previa observancia de las definiciones hechas por el legislador para cada caso y que no pueden desconocerse. En el ámbito penal aparece como norma rectora en la parte primera del artículo 1º, al establecer que nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes.

Ahora bien, adentrándonos en el caso en estudio ha de decir la Sala, que analizados en forma detallada cada unas de las actuaciones adelantadas previo a decidir el fallo recurrido, en cuanto el debido proceso le fue respetado al recurrente, nótese que el declarado infractor fue legalmente vinculado a la actuación, debidamente citado para comparecer al despacho a rendir descargos habiéndolos presentado el veintitrés (23) de octubre de dos mil uno (2001) haciendo uso del derecho a la defensa y la contradicción durante su trámite, como igual lo hace al interponer los recursos de ley en extensos escritos, previo a ser notificado de las decisiones tomadas por el despacho, al punto que invoca figuras como medios exculpativos como la solicitud de nulidad y revocatoria, sólo que en esos procedimientos no son de aplicación cuando se agotan los recursos de ley y no por ello tergiversadamente se utilice para argumentar supuesta violación de derechos fundamentales, lo que nos lleva a concluir que éstos derechos estuvieron completamente garantizados, tanto el derecho a la defensa y a la contradicción como elementos constitutivos del debido proceso, el trámite se adelantó conforme al procedimiento reglado por el Código Contencioso Administrativo, Código Distrital del Policía, y demás normas concordantes, así se constata en el expediente, por lo tanto, la presunta violación alegada por el recurrente no tiene asidero o fundamento como lo manifiesta en su escrito, para ser recogido por esta instancia, considerando que lo que existe en el caso de marras es una tensión aparente entre derechos fundamentales, pero el derecho urbanístico corresponde al orden de los derechos colectivos, que reiteramos, por mandato constitucional, tienen prevalencia sobre el interés de los particulares.

De otro lado, el artículo 46 constitucional invocado, considera la Sala, entendida la obligación del Estado Social de Derecho de brindar protección a sus administrados, con mayor precisión a los de la tercera edad en estado de indigencia, es precisamente en cumplimiento de este deber, de no permitir su asentamiento en zonas en donde su vida y la de su grupo familiar corra riesgo por la misma naturaleza y exposición al peligro al que están expuestos; aunado a ello, es un deber de las instituciones hacer cumplir las normas como lo ha dispuesto el legislador y no a partir de exculpaciones permitir su trasgresión, obligación que también corresponde al Estado por intermedio de sus órganos competentes verificar su cumplimiento sin dejar de entender derechos individualmente considerados, los que no pueden sobreponerse al interés general, a partir de lo señalado en la parte final del artículo primero de la Constitución Nacional, "Colombia… fundada en … y en la prevalencia del interés general". No obstante ello, ha de tenerse en cuenta que la norma en comento haciendo referencia a una concepción individualista, su regulación va dirigida a la titularidad de ella, la libertad de los individuos de cómo conformarla, la función que debe cumplir en la sociedad, la privatización de sus relaciones individuales, como disolverla cuando no se encuentre respaldada por la perduración del consentimiento, números de hijos que decidan tener, en general de cómo conformarla, sostenerla y disolverla si hay motivos para ello, lo que en el caso que nos ocupa, no obstante no tener relación con el asunto evaluado, la sala hace su pronunciamiento frente a la invocación que de la norma referida hace en recurrente en su escrito de sustentación del recurso impetrado.

Al respecto ha de decir la Sala: dada su impertinencia e inconducencia habrá de negar su práctica, ya que su objeto es probar la fecha efectiva en que se realizó las obras que originan la infracción, buscando con ello determinar la caducidad de la facultad sancionatoria, y como quiera que la naturaleza jurídica de la zona en donde se adelantó la construcción hace parte del espacio público, respecto de las cuales, como lo ha advertido la Corporación, por disposición legal, en estas circunstancias no opera dicho fenómeno regulado por el artículo 38 del estatuto contencioso administrativo, y erradamente invocado por el apelante, como se dejó señalado anteriormente.

Se ha dicho en reiteradas ocasiones, que en las actuaciones policivas administrativas se sigue el procedimiento señalado en el Libro Primero del Código Contencioso Administrativo, el cual se refiere a la vía gubernativa.

De conformidad con el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo "se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo a petición del interesado". (negrilla nuestra)

En razón de lo anterior, no es procedente aplicar en este tipo de actuaciones las nulidades señaladas en el artículo 140 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Si en el procedimiento adelantado se encontrare alguna irregularidad, lo procedente es sanearla a petición del interesado.

Ahora, de conformidad con el artículo 28 del Código Contencioso Administrativo "Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma"; el artículo 34 ibídem dispone que "Durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin requisitos ni términos especiales de oficio o a petición del interesado" y, el artículo 35 "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares".

Es así que este tipo de actuaciones se caracterizan por su informalidad. Su inicio debe comunicarse a los interesados, sin que tal comunicación se supedite a rigorismo alguno; de igual manera las pruebas pueden allegarse al expediente, tanto por la administración como por los interesados sin requisitos ni términos especiales. Ahora, la decisión, que debe ser motivada sumariamente, no requiere una tarifa probatoria, ni un tipo de prueba especial, no obstante, ésta debe ser notificada personalmente, siguiéndose el procedimiento señalado en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto la Sala de Decisión de Contravenciones Administrativas, Desarrollo Urbanístico y Espacio Público del Consejo de Justicia de Bogotá D.C.,

TERCERO: Contra la presente decisión no procede ningún recurso y queda agotada la vía gubernativa.