RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

En lo que respecta a la accesibilidad en los modos de transporte, conforme lo establece el artículo 9 del Decreto 1660 de 2003, corresponde a los medios de transporte público colectivo "reservarse el espacio físico necesario para que se puedan depositar aquellas ayudas como bastones, muletas, sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una persona con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para dichas personas"; y según el artículo 14 ídem, a partir del 1° de julio de 2005, el 20% de los automotores que ingresen al servicio deberán ser accesibles para discapacitados, porcentaje que deberá ser incrementado como lo establece su parágrafo 2° al disponer que "el porcentaje establecido en el presente artículo será incrementado en un veinte por ciento (20%), cada año, hasta llegar al cien por ciento (100%) de accesibilidad en los vehículos que ingresen por primera vez al servicio." A su turno, la Resolución 3636 de 2005, expedida por el Ministro de Transporte, dispuso que los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros debían adoptar las especificaciones técnicas contenidas la Norma Técnica Colombiana NTC 4407, acerca de los parámetros técnicos mínimos que deben poseer los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor para ser considerado como accesible. No obstante, la Resolución 3636 de 2005 fue suspendida por el Ministro de Transporte mediante Resolución 5515 de 2006, habida cuenta de que la adecuación de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros existentes en el país a la Norma Técnica Colombiana 4407 resultaba muy costosa y presentaba barreras técnicas difíciles de superar. En consecuencia, se dispuso que hasta tanto se modifique el alcance de la Norma Técnica Colombiana NTC-4407, los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo en las rutas alimentadoras, debían seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-4901-1. Ahora bien, respecto al espacio para discapacitados en sillas de ruedas, la Norma Técnica NTC 4901-1 en el numeral 3.1.8.85 señala que "se debe ubicar en el primer cuerpo y lo más cercano a la puerta de acceso un espacio destinado, diseñado y marcado específicamente para discapacitados en silla de ruedas. Esta área debe tener un espacio mínimo de 900 mm por 1.400 mm y el eje de simetría de la silla debe ser paralelo con el eje longitudinal del autobús. También debe haber pasamanos en este espacio para facilitar la entrada y salida y deben contar con un sistema de comunicación con el conductor (por ejemplo, un timbre). La persona discapacitada en la silla de ruedas debe viajar firmemente asegurada por medio de un mecanismo que esté anclado a un elemento estructural del autobús. El mecanismo debe tener un sistema sencillo y rápido de operar y que permita utilizar el área como un espacio libre cuando no use por discapacitados".

No es atendible el argumento de la empresa Transmilenio S.A. al señalar que no está obligada al cumplimiento de los artículos 13 y 20 del Decreto 1660 de 2003 por haber sido suspendida transitoriamente la vigencia de la Resolución 3636 de 2005, pues la Resolución 5515 de 2006 ordena seguirse a lo dispuesto por la Norma Técnica NTC 4901-1 que también contempla una serie de medidas tendientes a garantizar el adecuado acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida. Tampoco es de recibo el argumento según el cual Transmilenio S.A., al ser una empresa que administra la infraestructura por donde transitan los vehículos, no está obligada al cumplimiento de las normas de accesibilidad, pues los artículos 5° y 34 del Decreto 1660 de 2003 señalan lo siguiente. (…) "las empresas o entes encargados de la administración y operación de los Terminales de Transporte Terrestre, de las estaciones de Metro, de trenes de pasajeros y de transporte masivo urbano, de los puertos, terminales, muelles, embarcaderos, o similares de transporte fluvial y marítimo y los aeropuertos que no cumplan con lo establecido en la presente norma, en cuanto a la señalización y adecuación apropiada de sus instalaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad, serán sancionadas con multa que oscilan entre cincuenta (50) y cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes". Lo anterior da cuenta de que aun cuando desde el año 2002 presuntamente se vienen adelantando medidas para garantizar la accesibilidad al sistema de transporte público (incluido aquel prestado por Transmilenio), transcurridos 9 años, aún no ha sido posible aumentar en un porcentaje significativo el número de rutas alimentadoras que faciliten a las personas discapacitadas hacer uso adecuado del principal sistema de transporte masivo de Bogotá. Situación que indudablemente afecta los derechos colectivos invocados por el actor popular, y en consecuencia debe llevar a que se adopten las medidas necesarias para superarla. Es inexcusable que a la fecha la población discapacitada no tenga acceso a todos lo buses alimentadores de Transmilenio, pues es claro que para el año 2008, y tras un incremento gradual de cobertura, en razón del 20% anual, fijado desde el año 2002, el 100% de estos vehículos debía haber sido acondicionado para suplir las necesidades de esta población vulnerable. La Sala advierte a las entidades demandadas que deben cumplir en estricto rigor lo establecido en la Ley 361 de 1997 y en el Decreto 1660 de 2003, en aras de garantizar los derechos de la población discapacitada.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1660 DE 2003 - ARTICULO 5 DECRETO 1660 DE 2003 - ARTICULO 9 / DECRETO 1660 DE 2003 - ARTICULO 14 / LEY 361 DE 1997

En cuanto al incentivo, la Sala reitera, que no obstante que mediante la Ley 1425 de 2010 (29 de diciembre) fueron derogados los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en el caso sub examine la ley posterior no es aplicable, pues su aplicación se enmarca dentro de las excepciones a la aplicación inmediata de la ley procedimental, consagradas en los artículos 164 de la Ley 446 de 1998 y 40 de la Ley 153 de 1887, coligiéndose entonces que únicamente podría habérsele dado aplicación a la ley posterior, por indicación expresa del legislador respecto de su retroactividad. (…) En el mismo sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de sus diferentes Secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley la cual rige hacia el futuro y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata, "con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en la época en que estos se adelanten (…)". (Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de septiembre 11 de 1998, M.P. Dr. Julio Enrique Correa, exp. 8982). (…) En el mismo sentido, se pronunció esta Sección en sentencia de 19 de julio de 2007 y la Sala Plena de la Corporación en providencia 7 de junio de 2005 de la misma Consejera Ponente, al decidir, con base en idénticos fundamentos normativos, que era imperativo resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del C.C.A., es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados, y que estos deberían decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, en el artículo 194 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446. De lo expuesto, encuentra la Sala que procede reconocer el incentivo al actor, toda vez que la acción popular interpuesta el 24 de febrero de 2006 por Daniel Bermúdez Urrego, fue, sin lugar a dudas, determinante para la protección de los derechos colectivos invocados. Las pruebas indicadas demuestran la diligencia debida del actor popular, en aras de obtener la protección de los intereses colectivos invocados en la demanda, lo cual explica que el Tribunal haya concedido el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 194 / LEY 1425 DE 2010 - ARTICULO 40 / LEY 1425 DE 2010 - ARTICULO 39 / LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 57 / LEY 153 DE 1887 - ARTICULO 40 / LEY 472 DE 1998 / LEY 954 DE 2005.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el incentivo en acciones populares, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de mayo de 2011, Rad. 2005-00232, MP. Maria Claudia Rojas Lasso. Sobre la irretroactividad de la ley posterior: Consejo de Estado, sentencias de 30 de octubre de 2003, Rad. 1999-02909, MP. María Elena Giraldo Gómez, de 11 de septiembre de 1998, Rad. 8982, MP. Julio Enrique Correa.

Ahora bien, en lo que respecta a la cuantía del incentivo, en casos similares, la Sala ha considerado que la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, es suficiente y ajustada a la ley, por encontrarse dentro de los mínimos y máximos previstos en la norma para el otorgamiento del citado reconocimiento económico. La Sala estima que no hay lugar a tasar el incentivo en 150 salarios mínimos, puesto que en múltiples ocasiones ha considerado el monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, como suficientes.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el monto del incentivo, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2011, Rad.2003-02013, MP. Marco Antonio Velilla Moreno.

Se decide la impugnación interpuesta por el actor, Transmilenio S.A. y la Alcaldía de Bogotá, contra la sentencia de 26 de abril de 2007, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda, Subsección "C") estimó las pretensiones de la demanda.

El 24 de febrero de 2006, el ciudadano Daniel Arturo Bermúdez Urrego, entabló acción popular contra la Alcaldía de Bogotá y la Empresa de Transporte Tercer Milenio - en adelante Transmilenio S.A.- , para reclamar protección de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos, a su prestación eficiente y oportuna, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, que estimó violados por carecer de rampas que faciliten el acceso de los discapacitados a los buses alimentadores de Transmilenio S.A.

Afirma el demandante que la Alcaldía de Bogotá y Transmilenio S.A. han omitido el cumplimiento de las normas de accesibilidad y circulación para la población con discapacidad física y movilidad reducida.

Considera que Transmilenio S.A. presta el servicio en condiciones desfavorables, pues sus autobuses de servicio público de transporte no permiten el acceso de personas discapacitadas.

El actor solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas:

"1. Proteger los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad publicas y a la accesibilidad, a favor de las personas discapacitadas de la ciudad de Bogotá y que por fuerza tienen que utilizar el servicio de transporte alimentador de Transmilenio.

2.1. Transmilenio S.A., mediante apoderado, manifestó que no ha violado los derechos colectivos invocados, pues el servicio de alimentación (buses alimentadores) se presta en forma ininterrumpida, y con mínimo un vehiculo por ruta adaptado para el desplazamiento de personas que por su discapacidad física se ven obligadas a desplazarse en silla de ruedas.

Propuso las excepciones de "inexistencia de la acción u omisión" y "falta de legitimación en la causa por activa", argumentando que no vulneró por acción u omisión los derechos colectivos invocados y que el actor no representa la totalidad de discapacitados físicos usuarios del sistema Transmilenio.

2.2. La Alcaldía de Bogotá, mediante apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que el sistema Transmilenio y su servicio de alimentación cuenta con vehículos adaptados para el desplazamiento de personas con discapacidad física.

Asimismo, propuso la excepción de "falta de legitimación en la causa por pasiva", argumentando que no ha vulnerado por acción u omisión los derechos colectivos invocados.

Tuvo lugar el 26 de abril de 2006 con la asistencia del Procurador Octavo Judicial Delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del actor y los apoderados de Transmilenio S.A. y de la Alcaldía de Bogotá. Se declaró fallida debido a que no se arribó a fórmula de pacto de cumplimiento.

4.1. El actor y la empresa Transmilenio S.A., no realizaron manifestación alguna.

4.2. La Alcaldía de Bogotá reiteró los argumentos expuestos en su contestación.

4.3. El Procurador Octavo Judicial Delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, coadyuvó la demanda argumentando que es deber de las accionadas dar soluciones completas al parque de rutas alimentadoras, con los dispositivos necesarios para el acceso de las personas con discapacidad o movilidad reducida.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Segunda Subsección "C") estimó las pretensiones de la demanda, pues consideró demostrada la violación de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

Agregó que la omisión de la Alcaldía de Bogotá y de Transmilenio S.A. vulnera los derechos colectivos invocados, pues durante el año 2006 las 57 rutas alimentadoras contaban tan solo con 75 buses adaptados con plataforma para discapacitados, cifra bastante inferior frente a los 410 buses alimentadores del sistema, tanto más cuando el artículo 14 del Decreto 1660 de 2003², dispone que el servicio de alimentación para personas con discapacidad, debe incrementarse anualmente en un 20%, hasta alcanzar la cobertura total.

Reconoció a favor del actor el incentivo económico equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Dispuso en la parte resolutiva:

"Primero.- Declarase no probadas las excepciones de falta de legitimación por activa propuesta por la Empresa Transmilenio S.A., y de ausencia de daño contingente, ilegitimidad en la causa por activa, y proceso equivocado, formuladas por Bogotá D.C., según lo expuesto.

3.1. La empresa Transmilenio S.A. replicó la decisión manifestando que no es una empresa de transporte sino que administra la infraestructura por la que transitan los vehículos y que, en materia de tipología de vehículos, no puede incorporar requisitos diferentes a los definidos por la autoridad nacional del transporte, pues su función es suscribir contratos con las empresas privadas.

Agregó que los artículos 13⁵ y 20⁶ del Decreto 1660 de 2003 son inaplicables, pues la Resolución 5515 de 2006 expedida por el Ministro de Transporte, suspende transitoriamente la vigencia de la Resolución 3636 de 2005 "Por la cual se establecen los parámetros mínimos para vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros que permita la accesibilidad de personas con movilidad reducida", hasta tanto se modifique el alcance de la Norma Técnica Colombiana NTC-4407 que establece las características particulares de accesibilidad que deben concurrir en un vehiculo de transporte colectivo terrestre automotor.

Por consiguiente, los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo en las rutas alimentadoras, deberán seguir cumpliendo los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-4901-1 que fija los requisitos que deben cumplir los autobuses utilizados en el sistema de transporte masivo de pasajeros, mientras el Ministerio de Transporte determina las correspondientes especificaciones para la accesibilidad de los vehículos de transporte público.

3.2. La Alcaldía de Bogotá controvierte la decisión reiterando los argumentos expuestos en primera instancia y advierte que el pago del incentivo debe recaer exclusivamente en Transmilenio S.A.

3.3. El actor replica que la orden contenida en el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada es insuficiente, pues no garantiza el cumplimiento de las normas que obligan a las empresas prestadoras del servicio de transporte público masivo, a garantizar el acceso de las personas con algún grado de discapacidad.

Solicita que se le reconozca incentivo por la suma máxima de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como compensación por su esfuerzo y participación en el proceso, debido a que hace parte de la población discapacitada del país.

La Procuraduría Cuarta Delegada ante esta Corporación manifestó que Transmilenio S.A. está en la obligación de brindar un servicio de transporte adecuado y permanente a las personas con movilidad reducida.

Agregó que conforme al Decreto 1660 de 2003, Transmilenio S.A. administra la infraestructura del sistema y adicionalmente suscribe los contratos de concesión con las empresas privadas, con las cuales debe pactar obligaciones contractuales en el sentido de exigir de éstas la incorporación de vehículos alimentadores con dispositivos idóneos para la población discapacitada.

Por otra parte, sostuvo que la suma de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes reconocida al actor es suficiente como compensación a su esfuerzo y gastos durante el proceso.

5.1. El actor y Transmilenio S.A. no realizaron manifestación alguna.

5.2. La Alcaldía de Bogotá reiteró los argumentos expuestos en primera instancia.

El artículo 88 de la Constitución Política dispone:

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 (25 de agosto) cuyo artículo 2° define las acciones populares así:

Ahora, en el caso que nos ocupa, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales g), j) y m), del artículo 4º de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante la interposición de la acción popular.

En el presente caso, el actor pretende que se amparen los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, los cuales estima vulnerados debido a que los buses alimentadores de Transmilenio S.A., carecen de rampas que faciliten el acceso de personas con discapacidad.

Del material probatorio se destaca:

*Copia del Oficio No. 2006EE4995 suscrito por la Jefe Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 10 de julio de 2006 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en que pone de presente:

"(…)

*Copia del Oficio No. 2011EE633 suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 3 de febrero de 2011 al Consejo de Estado, en el que pone de presente:

*Copia del Oficio suscrito por la Jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Bogotá y dirigido el 14 de febrero de 2011 al Consejo de Estado, en el que pone de presente:

"(…)

(…) "⁹ (Se resalta)

Existe un conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que imponen claros deberes y obligaciones de protección a las autoridades públicas, respecto de todos y cada unos de los habitantes y residentes de Colombia.

En efecto, el artículo 2º de la Constitución Política, dispone que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el ordenamiento jurídico, señalando en su inciso segundo, que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

De la anterior disposición se desprende el deber general de actuación que obliga a todas las autoridades del Estado a impedir que se concreten amenazas o se produzcan vulneraciones a los derechos de la población.

Respecto de los derechos de los discapacitados, el artículo 13 Superior establece que "El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados".

En este sentido, y respecto del acceso al servicio público de transporte de esta población, los artículos 46, 55, 59, 61 y 65 de la Ley 361 de 1997, "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones", establecen:

Artículo 65. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, en coordinación con las alcaldías municipales y las distritales incluído el Distrito Capital, serán los encargados de dictar y hacer cumplir las normas del presente capítulo, en especial las destinadas a facilitar el transporte y el desplazamiento de todas las personas a quienes se les aplica la presente ley. Para estos efectos, el Gobierno compilará en un sólo estatuto orgánico, todas las normas existentes relativas a lo regulado por este capítulo, y así mismo establecerá un régimen especial de sanciones por su incumplimiento." (Se resalta)

Por su parte, en lo que respecta a la accesibilidad en los modos de transporte, conforme lo establece el artículo 9 del Decreto 1660 de 2003, corresponde a los medios de transporte público colectivo "reservarse el espacio físico necesario para que se puedan depositar aquellas ayudas como bastones, muletas, sillas de ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica para una persona con discapacidad, sin que esto represente costo adicional para dichas personas"; y según el artículo 14 ídem, a partir del 1° de julio de 2005, el 20% de los automotores que ingresen al servicio deberán ser accesibles para discapacitados, porcentaje que deberá ser incrementado como lo establece su parágrafo 2° al disponer que "el porcentaje establecido en el presente artículo será incrementado en un veinte por ciento (20%), cada año, hasta llegar al cien por ciento (100%) de accesibilidad en los vehículos que ingresen por primera vez al servicio."¹⁰

A su turno, la Resolución 3636 de 2005, expedida por el Ministro de Transporte, dispuso que los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de pasajeros debían adoptar las especificaciones técnicas contenidas la Norma Técnica Colombiana NTC 4407, acerca de los parámetros técnicos mínimos que deben poseer los vehículos de transporte colectivo terrestre automotor para ser considerado como accesible.

No obstante, la Resolución 3636 de 2005 fue suspendida por el Ministro de Transporte mediante Resolución 5515 de 2006, habida cuenta de que la adecuación de los vehículos de transporte colectivo de pasajeros existentes en el país a la Norma Técnica Colombiana 4407 resultaba muy costosa y presentaba barreras técnicas difíciles de superar. En consecuencia, se dispuso que hasta tanto se modifique el alcance de la Norma Técnica Colombiana NTC-4407, los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte masivo en las rutas alimentadoras, debían seguir cumpliendo con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC-4901-1.

Ahora bien, respecto al espacio para discapacitados en sillas de ruedas, la Norma Técnica NTC 4901-1 en el numeral 3.1.8.85 señala que "se debe ubicar en el primer cuerpo y lo más cercano a la puerta de acceso un espacio destinado, diseñado y marcado específicamente para discapacitados en silla de ruedas. Esta área debe tener un espacio mínimo de 900 mm por 1.400 mm y el eje de simetría de la silla debe ser paralelo con el eje longitudinal del autobús. También debe haber pasamanos en este espacio para facilitar la entrada y salida y deben contar con un sistema de comunicación con el conductor (por ejemplo, un timbre). La persona discapacitada en la silla de ruedas debe viajar firmemente asegurada por medio de un mecanismo que esté anclado a un elemento estructural del autobús. El mecanismo debe tener un sistema sencillo y rápido de operar y que permita utilizar el área como un espacio libre cuando no use por discapacitados".

Así las cosas, no es atendible el argumento de la empresa Transmilenio S.A. al señalar que no está obligada al cumplimiento de los artículos 13 y 20 del Decreto 1660 de 2003 por haber sido suspendida transitoriamente la vigencia de la Resolución 3636 de 2005, pues la Resolución 5515 de 2006 ordena seguirse a lo dispuesto por la Norma Técnica NTC 4901-1 que también contempla una serie de medidas tendientes a garantizar el adecuado acceso de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Tampoco es de recibo el argumento según el cual Transmilenio S.A., al ser una empresa que administra la infraestructura por donde transitan los vehículos, no está obligada al cumplimiento de las normas de accesibilidad, pues los artículos 5° y 34 del Decreto 1660 de 2003 señalan lo siguiente "las empresas y entes públicos administradores de los terminales, estaciones, puertos y embarcaderos, así como las empresas de carácter público, privado o mixto, cuyo objeto sea el transporte de pasajeros, capacitarán anualmente a todo el personal de información, vigilancia, aseo, expendedores de tiquetes, conductores, guías de turismo y personal afín, en materias relacionadas con la atención integral al pasajero con discapacidad, para lo cual podrán celebrar convenios con instituciones públicas o privadas de reconocida trayectoria en la materia, en función del número de pasajeros y de las características operacionales" y "las empresas o entes encargados de la administración y operación de los Terminales de Transporte Terrestre, de las estaciones de Metro, de trenes de pasajeros y de transporte masivo urbano, de los puertos, terminales, muelles, embarcaderos, o similares de transporte fluvial y marítimo y los aeropuertos que no cumplan con lo establecido en la presente norma, en cuanto a la señalización y adecuación apropiada de sus instalaciones para el desplazamiento de personas con discapacidad, serán sancionadas con multa que oscilan entre cincuenta (50) y cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes".

Adicionalmente, los oficios allegados como pruebas por la Alcaldía Distrital de Bogotá (visibles a folios 277 a 279 y 399 a 402), dan cuenta de que entre los años 2006 a 2011, el parque automotor de buses alimentadores de Transmilenio S.A. aumentó en 106 vehículos, pero en el mismo periodo, solo 12 vehículos fueron adaptados para facilitar el acceso al sistema de personas discapacitadas o con movilidad reducida. En efecto, en el año 2006, de 410 vehículos alimentadores, 70 garantizaban accesibilidad, es decir, el 17%, mientras que en el año 2011, de 516 vehículos, solo 82 contaban con rampas de acceso para discapacitados, es decir, el 15.8%.

Lo anterior da cuenta de que aun cuando desde el año 2002 (ver Oficio suscrito por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía y dirigido al Consejo de Estado el 14 de febrero de 2011), presuntamente se vienen adelantando medidas para garantizar la accesibilidad al sistema de transporte público (incluido aquel prestado por Transmilenio), transcurridos 9 años, aún no ha sido posible aumentar en un porcentaje significativo el número de rutas alimentadoras que faciliten a las personas discapacitadas hacer uso adecuado del principal sistema de transporte masivo de Bogotá. Situación que indudablemente afecta los derechos colectivos invocados por el actor popular, y en consecuencia debe llevar a que se adopten las medidas necesarias para superarla.

Es inexcusable que a la fecha la población discapacitada no tenga acceso a todos lo buses alimentadores de Transmilenio, pues es claro que para el año 2008, y tras un incremento gradual de cobertura, en razón del 20% anual, fijado desde el año 2002¹¹, el 100% de estos vehículos debía haber sido acondicionado para suplir las necesidades de esta población vulnerable.

La Sala advierte a las entidades demandadas que deben cumplir en estricto rigor lo establecido en la Ley 361 de 1997 y en el Decreto 1660 de 2003, en aras de garantizar los derechos de la población discapacitada.

En cuanto al incentivo, la Sala reitera¹², que no obstante que mediante la Ley 1425 de 2010 (29 de diciembre)¹³ fueron derogados los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, en el caso sub examine la ley posterior no es aplicable, pues su aplicación se enmarca dentro de las excepciones a la aplicación inmediata de la ley procedimental, consagradas en los artículos 164 de la Ley 446 de 1998 y 40 de la Ley 153 de 1887, coligiéndose entonces que únicamente podría habérsele dado aplicación a la ley posterior, por indicación expresa del legislador respecto de su retroactividad¹⁴.

Al respecto, el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, establece:

En un mismo sentido, el artículo 40 de la Ley 153 de1887, dispone:

Este último artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-200 de 2002, en la cual se concluye:

"En lo que se refiere a los términos que hubiesen empezado a correr, y las actuaciones y las diligencias que ya estuvieren iniciadas, la norma es clara en establecer que estas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación (…)". (Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 2002, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis).

De otro lado, en la sentencia C-619 de 2001, a que se hace referencia en el anterior fallo, la Corte Constitucional manifestó:

En el mismo sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado, a través de sus diferentes Secciones, se ha pronunciado señalando el principio de irretroactividad de la ley la cual rige hacia el futuro y precisando que las normas procedimentales son de orden público y de aplicación inmediata, "con la excepción prevista en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, respecto de los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas evento en el cual los procedimientos aplicables para hacer efectivas las normas sustanciales son las vigentes en la época en que estos se adelanten (…)". (Cfr. Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de septiembre 11 de 1998, M.P. Dr. Julio Enrique Correa, exp. 8982).

Reiterando esta jurisprudencia, la misma Sección se pronunció sobre el particular:

En el mismo sentido, se pronunció esta Sección en sentencia de 19 de julio de 2007¹⁵ y la Sala Plena de la Corporación en providencia 7 de junio de 2005 de la misma Consejera Ponente, al decidir, con base en idénticos fundamentos normativos, que era imperativo resolver todos los recursos extraordinarios de súplica que hubieren sido interpuestos antes de la entrada en vigencia de la Ley 954 de 2005, bajo los presupuestos consagrados en el artículo 194 del C.C.A., es decir, cumpliendo los requisitos de forma y de oportunidad allí señalados, y que estos deberían decidirse en la forma consagrada en la ley vigente a la fecha de interposición del recurso, esto es, en el artículo 194 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446.

De lo expuesto, encuentra la Sala que procede reconocer el incentivo al actor, toda vez que la acción popular interpuesta el 24 de febrero de 2006 por Daniel Bermúdez Urrego, fue, sin lugar a dudas, determinante para la protección de los derechos colectivos invocados. Las pruebas indicadas demuestran la diligencia debida del actor popular, en aras de obtener la protección de los intereses colectivos invocados en la demanda, lo cual explica que el Tribunal haya concedido el incentivo de que trata el artículo 39 de la Ley 472 de 1998.

Ahora bien, en lo que respecta a la cuantía del incentivo, en casos similares, la Sala ha considerado que la suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, es suficiente y ajustada a la ley, por encontrarse dentro de los mínimos y máximos previstos en la norma para el otorgamiento del citado reconocimiento económico.

La Sala estima que no hay lugar a tasar el incentivo en 150 salarios mínimos, puesto que en múltiples ocasiones ha considerado el monto de diez (10) salarios mínimos legales mensuales, como suficientes. En efecto, mediante sentencia de 17 de febrero de 2011 (M.P. Marco Antonio Velilla Moreno), la Sección estableció:

Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

1º. CONFÍRMASE la sentencia apelada.

2º. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.