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  Sentencia C-067 de 2003 Corte Constitucional
 
  Fecha de Expedición: 04/02/2003  
  Fecha de Entrada en Vigencia: 04/02/2003  
  Medio de Publicación: Gaceta de la Corte Constitucional  


 
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SENTENCIA C-067/03

Referencia: expediente D-4111

Demanda de inconstitucionalidad contra el art√≠culo 21 (parcial) de la Ley 734 de 2002, Nuevo C√≥digo Disciplinario √šnico.

Actor: María Soleyne Mantilla de Arroyave

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

Bogot√° D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil tres (2003).

LA SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL,

conformada por los magistrados Doctores Eduardo Montealegre Lynett - quien la preside -, Jaime Araujo Renter√≠a, Alfredo Beltr√°n Sierra, Manuel Jos√© Cepeda Espinosa, Jaime C√≥rdoba Trivi√Īo, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara In√©s Vargas Hern√°ndez, ha proferido esta sentencia de acuerdo con los siguientes.

I. ANTECEDENTES

En ejercicio de la acci√≥n p√ļblica de inconstitucionalidad, la ciudadana Mar√≠a Soleyne Mantilla Arroyave, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en los art√≠culos 40-6, y 95-7, de la Constituci√≥n Pol√≠tica, demand√≥ la inexequibilidad de la expresi√≥n "En lo no previsto en esta ley se aplicar√°n los tratados internacionales sobre derechos humanos", contenida en el art√≠culo 21 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el C√≥digo Disciplinario √šnico".

La demandante considera que la disposición acusada es violatoria del artículo 93 de la Constitución Política.

II. NORMA DEMANDADA

Se transcribe a continuación el texto de la norma acusada y se subraya y resalta lo demandado:

Diario Oficial No 44.708, de 13 de febrero de 2002

LEY 734 DE 2002

(febrero 5)

"por la cual se expide el C√≥digo Disciplinario √šnico"

"ART√ŅCULO 21. APLICACI√“N DE PRINCIPIOS E INTEGRACI√“N NORMATIVA. En la aplicaci√≥n del r√©gimen disciplinario prevalecer√°n los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constituci√≥n Pol√≠tica. En lo no previsto en esta ley se aplicar√°n los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los c√≥digos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario."

III. LA DEMANDA

A juicio de la impugnante, el texto del art√≠culo 93 de la Constituci√≥n Pol√≠tica es enf√°tico al afirmar que los tratados internacionales que reconocen derechos humanos prevalecen sobre el orden interno, no obstante lo cual el texto acusado s√≥lo admite la aplicaci√≥n de dichos tratados en lo que no haya sido previsto en el C√≥digo Disciplinario √šnico.

Así las cosas .asegura- el enunciado legal contradice el constitucional, pues mientras éste habla de prevalencia, el otro hace alusión a la subsidiariedad, dándoles por ese hecho, rango inferior a los tratados internacionales.

Agrega que los tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad, por lo que prevalecen sobre la legislación interior; pero como la ley demandada no hace referencia a cuáles tratados se aplican para llenar los vacíos de la ley disciplinaria, entonces dicha enunciación general va en contravía del querer del constituyente porque haría ver que todos los tratados se aplican.

IV. INTERVENCIONES

Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas

En representación de la Comisión Colombiana de Juristas intervino en el proceso de la referencia su director, doctor Gustavo Gallón Giraldo, para solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la disposición acusada.

A juicio de la Comisión, los tratados internacionales suscritos por Colombia en relación con la protección de los derechos humanos prevalecen sobre la legislación interna y deben ser cumplidos por el Estado y los particulares. Esta es una tesis reconocida y aceptada de manera general por la jurisprudencia.

Sostiene que los tratados y convenios internacionales que tienen que ver con derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad, lo que quiere decir que se integran a la legislación superior del Estado. En este sentido .agrega- es deber del legislador adaptar la normatividad interna a las previsiones contenidas en aquellas fuentes, de modo que las mismas sean interpretadas de conformidad con las disposiciones de máxima jerarquía.

Ello permite considerar que cuando el C√≥digo √šnico Disciplinario remite a las normas internacionales para llenar vac√≠os legales intr√≠nsecos, est√° acogiendo la coordinaci√≥n que debe existir entre ambas jerarqu√≠as. Por la v√≠a de la norma acusada no se quebranta entonces la primac√≠a del bloque de constitucionalidad, pues es el mismo C√≥digo el que ordena que sus normas sean interpretadas de conformidad con los principios rectores del C√≥digo y de la Constituci√≥n.

Dice que "la posibilidad de aplicar directamente las normas internacionales en eventos de vacíos legales no desconoce la prevalencia de la Constitución y de los mismos tratados que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción", y agrega que la remisión a la normatividad internacional en caso de vacío legal no rebaja la jerarquía de la primera respecto de la segunda.

Finalmente reconoce que aunque la norma acusada remite a la legislación internacional para suplir los vacíos legales internos, esta remisión no debe limitarse a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, sino a todos los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, en la medida en que todos ellos son fuentes de derecho interno.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACI√“N

Dado que el Procurador General de la Naci√≥n se declar√≥ impedido para conceptuar en el proceso de la referencia -impedimento que fue aceptado por la Sala Plena de la Corporaci√≥n mediante Auto del 10 de julio de 2002- el jefe del Ministerio P√ļblico deleg√≥ en la Procuradora Delegada para asuntos penales, doctora Nubia Herrera Ariza, la rendici√≥n del concepto de rigor. La funcionaria solicit√≥ a la Corte Constitucional declarar exequible la disposici√≥n demandada.

A juicio de la Procuraduría, el argumento que sustenta la demanda incurre en un vicio de interpretación ya que analiza asistemáticamente la norma impugnada. En efecto, sostiene que una lectura integral y no fraccionada del sistema normativo en el cual se inserta el precepto acusado permite deducir que en la aplicación del régimen disciplinario prevalecen los criterios rectores contenidos en la Ley 734 y en la Constitución Política, algunos de los cuales son los contenidos en los tratados internacionales.

Advierte que, contrario a lo sostenido por la demandante, es precisamente en los casos en que los vacíos normativos del régimen disciplinario se llenan con las normas de orden internacional en donde se evidencia la primacía de la legislación supranacional respecto de la de orden interno, pues en los demás casos la legislación interna siempre debe estar conforme con la normatividad superior.

En ese sentido, el Ministerio P√ļblico asegura que el an√°lisis de la norma "debe hacerse partiendo del supuesto seg√ļn el cual, los principios rectores contenidos en la Ley 734 y en la Constituci√≥n Pol√≠tica desarrollan o contienen las normas y principios contenidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Congreso de la Rep√ļblica, luego tales tratados habr√°n de tomarse en cuenta siempre que se trate de la aplicaci√≥n de la ley disciplinaria. A√ļn en aquellos casos como lo indica el legislador en la salvedad contenida en la expresi√≥n acusada, en lo no previsto por dicha ley".

La Procuradora Delegada se√Īala tambi√©n algunos ejemplos de protecci√≥n expresa de los derechos humanos por parte de la Ley 734 y resalta que en el art√≠culo 20 de dicha normatividad el legislador consagr√≥ de manera enf√°tica el principio de justicia y de primac√≠a de las garant√≠as y derechos de las personas en el tr√°mite de los procesos disciplinarios.

Agrega que los tratados internacionales suscritos por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad y que, por tanto, tienen jerarqu√≠a constitucional y car√°cter prevalente respecto de la legislaci√≥n interna. Ello hace suponer que los principios insertos en aquellos instrumentos sirven no s√≥lo como criterios interpretativos sino como criterios de aplicaci√≥n de las normas internas, de lo cual se tiene que los tratados internacionales suscritos por Colombia no s√≥lo sirven de referencia frente a los vac√≠os legales del r√©gimen disciplinario sino que ilustran toda la aplicaci√≥n del √ļltimo.

La Procuraduría aprovecha la discusión para hacer algunas reflexiones acerca del artículo 94 de la Constitución Política, que se refiere a la existencia y protección de los derechos innominados, es decir, aquellos que no están expresamente relacionados en la Ley pero son inherentes a la persona humana, y advierte al respecto que es indispensable limitar la posibilidad con que cuenta el operador jurídico para elevar el valor de ciertos derechos que no son de jerarquía superior y que, por virtud del artículo 94 citado, podrían adquirirla.

Finalmente advierte que los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad son aquellos que incorporan mecanismos de protección de derechos humanos, derechos cuya limitación se encuentra prohibida durante los estados de excepción.

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

1. Competencia

La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad del aparte demandado, ya que hace parte de una Ley de la Rep√ļblica.

2. Problema jurídico

La demandante ha planteado un problema jur√≠dico que puede sintetizarse del siguiente modo: la expresi√≥n acusada se√Īala que en lo no previsto en la Ley 734 de 2002 -C√≥digo Disciplinario √šnico- se aplicar√°n los tratados internacionales sobre derechos humanos. La demandante sostiene que esta es una aplicaci√≥n subsidiaria de la normatividad internacional .subsidiaria porque a ella se acude s√≥lo en caso de vac√≠os legales- y que por tanto contradice el texto del art√≠culo 93 de la Constituci√≥n seg√ļn el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y proh√≠ben su limitaci√≥n en estados de excepci√≥n, prevalecen en el orden interno.

El razonamiento que subyace a la demanda es que los tratados internacionales no pueden ser, a un tiempo y en el mismo sentido, legislación prevalente y legislación subsidiaria. O son prevalentes por disposición constitucional o son meramente subsidiarios, como lo prescribe la Ley 734; y, como el texto legal no puede contrariar el constitucional, la disposición que se acusa resulta opuesta al Estatuto Superior.

La opinión de la interviniente, la Comisión Colombiana de Juristas, y del Procurador General de la Nación -emitida por conducto de su delegada- sostiene que la existencia del bloque de constitucional, al cual se agregan los tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y han sido ratificados por Colombia, garantiza que el conjunto de la legislación interna esté acorde con la normatividad internacional, y que en nada quebranta dicha prevalencia el hecho de que un texto de orden interno recurra a ésta en caso de presentarse un vacío legal.

Vista la exposición del conflicto jurídico, a esta Corporación le corresponde determinar si entre la disposición acusada y el texto constitucional existe la aludida oposición de contenido, tal que por disposición del legislador se haya rebajado la categoría de prevalente que ostentan en el orden interno los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia. Ello implica regresar sobre el tema de la jerarquía normativa de los instrumentos internacionales relativos a derechos humanos y el de su aplicación en el orden interno constitucional.

3. El Bloque de constitucionalidad

A. Concepto

Es sabido y √ļltimamente aceptado por algunos doctrinantes que la normatividad constitucional no es privilegio exclusivo de los art√≠culos que formalmente integran el texto de la Carta Pol√≠tica. El Estatuto Superior est√° compuesto por un grupo m√°s amplio de principios, reglas y normas de derecho positivo que conforman el denominado "bloque de constitucionalidad" y que comparten con los art√≠culos de texto de la Carta la mayor jerarqu√≠a normativa en el orden interno. En este sentido, la noci√≥n "bloque de constitucionalidad" pretende transmitir la idea de que la constituci√≥n de un Estado es mucho m√°s amplia que su texto constitucional, dado que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que tambi√©n son normas constitucionales.

Este concepto amplificado del derecho positivo constitucional tuvo sus or√≠genes en la jurisprudencia del Consejo Constitucional franc√©s en cuanto le dio valor normativo al pre√°mbulo de la Constituci√≥n de 1958. Luis Favoreu sostuvo que fue en el seno del Consejo Constitucional de la Quinta Rep√ļblica en donde por primera vez se utiliz√≥ el concepto de normas de constitucionalidad (la expresi√≥n como tal fue acu√Īada por la doctrina, no por la jurisprudencia), bajo la denominaci√≥n de "principios y reglas de valor constitucional", para hacer referencia al conjunto de normas situadas en el nivel constitucional, cuyo respeto se impone a la Ley. Tambi√©n en Derecho Administrativo se utiliz√≥ la expresi√≥n "bloque de legalidad", importada de Hauriou, para referirse al conjunto de leyes, principios y reglas a que estaba sometida la Administraci√≥n, que no ten√≠an jerarqu√≠a legal. Dice entonces Favoreu que fue en las decisiones D-39 del 19 de junio de 1970 y D-44 del 16 de julio de 1971 en donde el Consejo Constitucional reconoci√≥ el valor constitucional del pre√°mbulo de la Constituci√≥n de 1958 y, por remisi√≥n hecha por el mismo texto, adopt√≥ como normas de rango constitucional la Declaraci√≥n de los Derechos Humanos de 1789, tal como fue confirmada y completada por el Pre√°mbulo de la Constituci√≥n de 1946.1

Rubio Llorente advierte que despu√©s de arraigarse en Francia, el concepto pas√≥ a otros pa√≠ses europeos, como Espa√Īa. Sostiene al respecto que el Tribunal Constitucional espa√Īol hizo uso por primera vez de la expresi√≥n en el fallo STC 10/82 y recuerda que dicho tribunal se refiri√≥ al bloque como "a un conjunto de normas que ni est√°n incluidas en la Constituci√≥n ni delimitan competencia, pero cuya infracci√≥n determina la inconstitucionalidad de la ley sometida a examen" (STC 29/1982) (JC, vol III, p√°g 371). 2

Otros países del viejo continente adoptaron decisiones similares. Así, por ejemplo, la Constitución austriaca decidió integrar las normas de Derecho Internacional a su bloque de constitucionalidad, mientras que en Italia el ordenamiento jurídico comunitario adquirió por disposición de la misma constitución prevalencia y aplicación preponderante frente al ordenamiento jurídico interno. El artículo 25 de la Constitución de Alemania Occidental establecía por su parte que "las reglas generales de derecho internacional firman parte del derecho federal. Tendrán precedencia sobre las leyes y crearán derechos y deberes directamente para los habitantes del territorio federal".3

Luego de arraigarse en Europa, el criterio del bloque hizo su aparición en la jurisprudencia colombiana, aunque su presentación inicial no fue del todo aceptada.

Bajo la vigencia de la Constitución de 1886, la idea de que ciertas normas de Derecho Internacional tienen prelación sobre la legislación interna no fue suficientemente esclarecida. La inexistencia de una norma inequívoca que reconociera esa prelación dificultó la admisión de la tesis. Fue esa la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia se negó a ejercer el control de constitucionalidad de las leyes frente a los textos de derecho internacional. Se decía que "en ejercicio de la jurisdicción constitucional sólo le es dado confrontar a la Corte la ley con los textos de la Carta, cuya integridad se le ha confiado. Por tanto, no procede el examen del cargo de violación del artículo 1 de la citada Ley 74 de 1968(Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)".4 Los textos del derecho internacional no tenían, en ese sentido, fuerza de referencia para determinar la constitucionalidad de las normas legales.

B. El bloque de constitucionalidad en la Carta de 1991

La promulgaci√≥n de la Constituci√≥n de 1991 marc√≥ una nueva pauta en el acoplamiento de las disposiciones internacionales al orden constitucional interno. Aunque no fue sino a partir del a√Īo 1995 que la Corte Constitucional adopt√≥ sin ambages el concepto de bloque de constitucionalidad -tal como se utiliza hoy en d√≠a- muchos de los fallos producidos antes de ese a√Īo reconocieron ya la jerarqu√≠a constitucional a ciertos instrumentos internacionales.

El primer elemento en contribuir a este cambio fue la introducción en el texto constitucional de seis importantes artículos que definirían los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. Estos fueron:

a) El art√≠culo 9¬ļ, el cual reconoci√≥ que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan√≠a nacional, en el respeto por la autodeterminaci√≥n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia;

b) El art√≠culo 93, seg√ļn el cual "Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh√≠ben su limitaci√≥n en los estados de excepci√≥n, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar√°n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia."

c) El artículo 94, que establece que "la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos."

d) El artículo 214 que al regular los estados de excepción dice en su numeral 2: "No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario."

e) El art√≠culo 53 que precept√ļa: "Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislaci√≥n interna", y

d) El art√≠culo 102 que dice en su inciso 2 que: "Los l√≠mites se√Īalados en la forma prevista por esta Constituci√≥n, solo podr√°n modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la rep√ļblica".

Refiriéndose ahora al campo de la función jurisdiccional, uno de los primeros fallos en aplicar la normatividad constitucional referida y, por consiguiente, en hacer alusión a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia como legislación prevalente fue la Sentencia T-409 de 1992. En dicha providencia la Corte procedió a hacer el análisis de la tensión existente entre el deber de prestar el servicio militar y el derecho a la libertad de conciencia a la luz del criterio de la obediencia debida. La Corte manifestó que en aplicación del artículo 93 de la Carta, la obediencia debida no podía interpretarse como una obligación ciega de cumplimiento de ordenes superiores, sino como una sumisión a la jerarquía militar sometida al concepto de orden justo. Dijo así la Corte en su Sentencia:

"Así, en virtud del criterio que se deja expuesto, bien podría negarse un subalterno a obedecer la orden impartida por su superior si ella consiste en infligir torturas a un prisionero o en ocasionar la muerte fuera de combate, pues semejantes conductas, por su sóla enunciación y sin requerirse especiales niveles de conocimientos jurídicos, lesionan de manera abierta los derechos humanos y chocan de bulto con la Constitución.

"No podr√≠a interpretarse de otra manera el concepto de orden justo, perseguido por la Carta Pol√≠tica, seg√ļn su pre√°mbulo, ni entenderse de modo diverso el art√≠culo 93 constitucional, a cuyo tenor "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh√≠ben su limitaci√≥n en los estados de excepci√≥n, prevalecen en el orden interno".

"Seg√ļn el Convenio de Ginebra I, del 12 de agosto de 1949, aprobado por la Ley 5a. de 1960 (Diario Oficial No. 30318), que las Altas Partes Contratantes se comprometieron a respetar y a hacer respetar "en todas las circunstancias", existen infracciones graves, contra las cuales los estados han de tomar oportunas medidas. Entre ellas se enuncian, a t√≠tulo de ejemplo, "el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biol√≥gicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad f√≠sica o la salud, la destrucci√≥n y la apropiaci√≥n de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, il√≠cita y arbitrariamente" (art√≠culo 50).

"Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense." (Sentencia T-409 de 1992 M.P. Drs. Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz) (Subrayas fuera del original)

La Corte ratificó su postura en la Sentencia C-574 de 1992, en donde analizó la exequibilidad del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de Agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I). En dicha oportunidad el tribunal sostuvo que los convenios sobre derecho internacional humanitario tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional, tal como se deduce de la siguiente transcripción:

"Primera. La Carta reconoce plenos efectos jur√≠dicos a los tratados y convenios -debidamente ratificados- concernientes a los derechos humanos (art. 93). Esto indica que los constituyentes no ignoraron la existencia de esa amplia y promisoria rama que es el derecho internacional de los derechos humanos, algunas de cuyas caracter√≠sticas tuvimos ya ocasi√≥n de se√Īalar.

"Segunda. Asimismo, ella reconoce tambi√©n plenos efectos jur√≠dicos a las reglas del derecho internacional humanitario, particularmente durante la vigencia de los denominados Estados de Excepci√≥n (Art. 214-2). Es claro, pues, que las facultades del gobierno durante tales estados encuentran l√≠mites efectivos que operan a√ļn antes de la vigencia de la ley estatutaria a que alude la misma disposici√≥n constitucional.

"Lo cual significa, ni mas ni menos, que las reglas del derecho internacional humanitario son hoy, -por voluntad expresa del Constituyente-, normas obligatorias per se sin ratificaci√≥n alguna previa o sin expedici√≥n de norma reglamentaria. Y lo son "en todo caso" como lo se√Īala significativamente la propia Carta.

"En estas condiciones, no hay duda que el derecho internacional humanitario constituye uno de los m√°s eficaces instrumentos de protecci√≥n del n√ļcleo com√ļn que comparte con los derechos humanos, tal como lo ha se√Īalado la mas autorizada doctrina." (Sentencia C-574 de 1992 M.P. Dr. Ciro Angarita Bar√≥n)

Posteriormente, en la Sentencia T-426 de 1992 y con ocasión de la tutela interpuesta por una persona de la tercera edad para que se le reconociera una sustitución pensional, la Corte Constitucional dejó sentado que un tratado internacional de derechos humanos puede tomarse como elemento de interpretación de los derechos consagrados en el texto de la Carta Política y que, por tanto, sus disposiciones tienen jerarquía superior en el ordenamiento interno.

Tal como se había adelantado, el concepto de "bloque de constitucionalidad" fue sistematizado de manera definitiva en la Sentencia C-225 de 19955, fallo en el cual la Corte Constitucional procedió a la revisión del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), así como de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. La Corporación definió entonces el bloque de constitucionalidad como aquella unidad jurídica compuesta "por...normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional strictu sensu."

La incorporaci√≥n en la doctrina jur√≠dica nacional de una instituci√≥n como el bloque de constitucionalidad surgi√≥ entonces del reconocimiento de la prevalencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el orden interno pero tambi√©n, y de manera espec√≠fica, de la necesidad de armonizar dicho principio con la ya tradicional preceptiva constitucional que erige a la Carta Pol√≠tica en el estatuto de mayor jerarqu√≠a dentro del ordenamiento jur√≠dico nacional. Ciertamente, el art√≠culo 4¬ļ de la Constituci√≥n Pol√≠tica establece que la Constituci√≥n es norma de normas y que en caso de incompatibilidad con cualquiera de las normas subordinadas, aquella se aplicar√° de preferencia.

Del an√°lisis de los art√≠culos 4¬ļ y 93 de la Constituci√≥n Pol√≠tica era evidente para la Corte que la coexistencia de dos jerarqu√≠as normativas de car√°cter prevalente constitu√≠a un escenario jur√≠dico de gran complejidad; por esta raz√≥n, la Corporaci√≥n entendi√≥ que la √ļnica manera de conciliar dicha contradicci√≥n era aceptando que los tratados internacionales de los cuales Colombia es estado parte, en los que se reconocieran derechos humanos de conculcaci√≥n prohibitiva en estados de excepci√≥n, tambi√©n ten√≠an jerarqu√≠a constitucional y conformaban, con el texto del Estatuto Superior, un solo bloque normativo al que la legalidad restante deb√≠a sumisi√≥n.

Así resolvió la Corte el dilema planteado por esta normatividad:

"En tales circunstancias, la Corte Constitucional coincide con la Vista Fiscal en que el √ļnico sentido razonable que se puede conferir a la noci√≥n de prevalencia de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario (CP arts 93 y 214 numeral 2¬ļ) es que √©stos forman con el resto del texto constitucional un "bloque de constitucionalidad" , cuyo respeto se impone a la ley. En efecto, de esa manera se armoniza plenamente el principio de supremac√≠a de la Constituci√≥n, como norma de normas (CP art. 4¬ļ), con la prevalencia de los tratados ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y proh√≠ben su limitaci√≥n en los estados de excepci√≥n (CP art. 93)." (Sentencia C-225/95, M.P. Dr. Alejandro Mart√≠nez Caballero)

C. Componentes del Bloque de constitucionalidad seg√ļn la jurisprudencia de la Corte Constitucional

Como primera medida, es necesario advertir que la Corte Constitucional reconoció que del bloque de constitucionalidad puede hablarse en dos sentidos: uno amplio y uno restringido. En efecto, a este respecto la Corte sostuvo que

" (...) resulta posible distinguir dos sentidos del concepto de bloque de constitucionalidad. En un primer sentido de la noci√≥n, que podr√≠a denominarse bloque de constitucionalidad strictu sensu, se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constituci√≥n propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitaci√≥n se encuentre prohibida durante los estados de excepci√≥n (C.P., art√≠culo 93).... M√°s recientemente, la Corte ha adoptado una noci√≥n lato sensu del bloque de constitucionalidad, seg√ļn la cual aquel estar√≠a compuesto por todas aquellas normas, de diversa jerarqu√≠a, que sirven como par√°metro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislaci√≥n. Conforme a esta acepci√≥n, el bloque de constitucionalidad estar√≠a conformado no s√≥lo por el articulado de la Constituci√≥n sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el art√≠culo 93 de la Carta, por las leyes org√°nicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias." (Sentencia C-191 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu√Īoz)

En desarrollo de dicha premisa y refiriéndose concretamente a los componentes del bloque, la jurisprudencia constitucional acepta que los tratados internacionales que definen los límites del Estado hacen parte de esta entidad constitucional. Así lo estableció la Corte en la Sentencia C-1022 de 1999 al sostener que los "tratados de fronteras que ya estaban perfeccionados al momento de entrar en vigencia la Constitución no pueden ser demandados, puesto que en el fondo son normas que integran el bloque de constitucionalidad, como ya lo había indicado la sentencia C-400 de 1998, cuando precisó que esos acuerdos internacionales, junto con algunos convenios de derechos humanos, tenían un status y jerarquía diferentes a los otros tratados en el ordenamiento colombiano."

Y además agregó:

"...debido la jerarqu√≠a constitucional de esos tratados, esta Corte considera que la modificaci√≥n de fronteras, que implique una cesi√≥n de territorio en relaci√≥n con los l√≠mites consolidados existentes al aprobarse la Carta de 1991, requiere no s√≥lo un nuevo tratado internacional, como lo se√Īala el art√≠culo 101 de la Carta, sino que, adem√°s, ese tratado debe internamente aprobarse por los procedimientos de reforma constitucional previstos por el t√≠tulo XIII de la Carta. En efecto, un convenio de esa naturaleza implica una mengua del territorio colombiano previsto por la Constituci√≥n, por lo cual, si es incorporado al ordenamiento colombiano por una simple ley aprobatoria, la Corte se ver√≠a forzada a declarar su inexequibilidad, por violar la soberan√≠a nacional (CP art. 9¬ļ) y el contenido del territorio protegido por la Carta (CP art. 101). Pero la modificaci√≥n de una frontera no se puede hacer √ļnicamente por medio de una reforma constitucional, puesto que no s√≥lo el art√≠culo 101 de la Carta exige un tratado internacional, sino que ese requisito se infiere de la inevitable dimensi√≥n internacional de las fronteras. Por ende, una conclusi√≥n inevitable se sigue: una cesi√≥n de territorio colombiano requiere que el correspondiente tratado internacional sea aprobado internamente por los procedimientos de reforma constitucional previstos por la propia Carta."

También hacen parte integrante y principal del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales que consagran derechos humanos intangibles, es decir, cuya conculcación está prohibida durante los Estados de Excepción; así como también integran el bloque, de conformidad con el artículo 214 de la Constitución Política, los convenios sobre derecho internacional humanitario, como es el caso de los Convenios de Ginebra6.

Por vía de una aplicación extensiva del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución Política, la Corte ha admitido que incluso aquellos tratados internacionales que establecen derechos humanos que pueden ser limitados durante los estados de excepción .tal es el caso del derecho a la libertad de movimiento. forman parte del bloque de constitucionalidad, aunque sólo lo hagan como instrumentos de interpretación de los derechos en ellos consagrados.

As√≠, por ejemplo, mediante Sentencia T-483 de 1999 la Corte Constitucional sostuvo que aunque el derecho a la libre circulaci√≥n puede ser restringido durante los estados de excepci√≥n, dicha restricci√≥n debe estar encaminada a "hacer prevalecer valiosos intereses p√ļblicos y los derechos y libertades de las personas". En vista de que √©sta era la interpretaci√≥n que deb√≠a d√°rsele al derecho a la libertad de movilizaci√≥n de conformidad con las normas de derecho internacional que lo consagran, la Corte adujo que tales instrumentos internacionales deb√≠an entenderse incorporados al bloque de constitucionalidad como herramientas hermen√©uticas para juzgar la legitimidad de la normatividad interna.

As√≠ entonces, sostuvo que "seg√ļn el inciso segundo del art. 93 de la Constituci√≥n, los derechos y deberes consagrados en √©sta se interpretar√°n, de conformidad con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia", agregando:

"Ello significa, que para efectos de interpretar los referidos derechos las normas de los tratados en referencia tienen car√°cter prevalente en el orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, como lo ha reconocido la Corte en diferentes pronunciamientos." (Sentencia T-483 de 1999 M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell)

Adicional a lo anterior, la Corte sostuvo que el pre√°mbulo de la Constituci√≥n tambi√©n hace parte del bloque de constitucionalidad porque aqu√©l delinea los fundamentos b√°sicos y define los prop√≥sitos que confluyen a la conformaci√≥n del Estado colombiano. En esta l√≠nea la Corte defendi√≥ "la concepci√≥n jur√≠dica seg√ļn la cual el Derecho no se agota en las normas y, por ende, el Constitucional no est√° circunscrito al limitado campo de los art√≠culos que integran una Carta Pol√≠tica." Y agreg√≥:

"El Pre√°mbulo de la Constituci√≥n incorpora, mucho m√°s all√° de un simple mandato espec√≠fico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jur√≠dico; los principios que inspiraron al Constituyente para dise√Īar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivaci√≥n pol√≠tica de toda la normatividad; los valores que esa Constituci√≥n aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus art√≠culos.

"El Pre√°mbulo da sentido a los preceptos constitucionales y se√Īala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acci√≥n; el rumbo de las instituciones jur√≠dicas.

"Lejos de ser ajeno a la Constituci√≥n, el Pre√°mbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las dem√°s jerarqu√≠as del sistema jur√≠dico est√°n sujetas a toda la Constituci√≥n y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos a√ļn les est√° permitida la transgresi√≥n de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan.

"Considera la Corte que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio Constituyente a la realización de unos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, que cabalmente son los que plasma el Preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las instituciones. Quitar eficacia jurídica al Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del Constituyente, toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución.

"Juzga la Corte Constitucional que el Pre√°mbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de √≠ndole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en √©l se√Īalados, lesiona la Constituci√≥n porque traiciona sus principios." (Sentencia C-479 de 1992 MM.PP.DD. Jos√© Gregorio Hern√°ndez Galindo y Alejandro Mart√≠nez Caballero)

D. Fuerza normativa del Bloque de Constitucionalidad

De lo dicho anteriormente se tiene que las disposiciones que hacen parte del bloque de constitucionalidad ostentan jerarquía constitucional por estar situadas a la altura de las normas del texto de la Carta y forman con el un conjunto normativo de igual rango.

El hecho de que las normas que integran el bloque de constitucionalidad tengan jerarquía constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados.

Además, las normas del bloque operan como disposiciones básicas que reflejan los valores y principios fundacionales del Estado y también regulan la producción de las demás normas del ordenamiento doméstico. Dado el rango constitucional que les confiere la carta, las disposiciones que integran el bloque superior cumplen la cuádruple finalidad que les asigna Bobbio, a saber, servir de i) regla de interpretación respecto de la dudas que puedan suscitarse al momento de su aplicación; ii) la de integrar la normatividad cuando no exista norma directamente aplicable al caso; iii) la de orientar las funciones del operador jurídico, y iv) la de limitar la validez de las regulaciones subordinadas.7

El hecho de compartir la jerarqu√≠a del texto formal de la Carta convierte a los dispositivos del bloque en "eje y factor de unidad y cohesi√≥n de la sociedad"8, y la condici√≥n de ocupar con ellos el m√°ximo pelda√Īo en la escala normativa obliga a que toda la legislaci√≥n interna acondicione su contenido y ajuste sus preceptos a los estatutos por aquellas adoptados, pues √©stos irradian su potestad sobre todo el ordenamiento normativo9.

En este sentido, por ejemplo, la Corte enfatizó en la Sentencia C-225 de 1995 que "la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario, con el fin de potenciar la realización material de tales valores".

Del mismo modo se pronunció en sentencia posterior cuando advirtió que el ordenamiento interno debía guardar armonía con los convenios de la OIT, de modo que las organizaciones competentes del Estado tenían la obligación de hacer los ajustes necesarios para garantizar su concordancia con la legislación interna.

"Colombia es miembro de un gran n√ļmero de organizaciones internacionales que buscan la protecci√≥n y garant√≠a de los derechos humanos - entre ellas, la OIT-; las obligaciones que ha contra√≠do en ese √°mbito son exigibles por partida triple: pueden reclamarlas Organizaciones como tales (en virtud del tratado constitutivo), los Estados y, lo m√°s importante, los individuos, como se explic√≥ anteriormente. En cualquiera de los casos es el Estado el llamado a corregir lo que, en su orden interno, contradiga el prop√≥sito y fin de los acuerdos internacionales, y √©l es responsable por el cumplimiento del tratado en todo el territorio." (Sentencia T-568 de 1999, M.P. Dr. Carlos Gaviria D√≠az) (Subrayas fuera del original)

Ahora bien, es claro que si los preceptos, principios y valores contenidos en el bloque de constitucionalidad irradian el texto de la normatividad interna y obligan a las autoridades a acondicionarla a sus disposiciones, también las decisiones judiciales tienen que guardar similar obediencia. Así entonces, no sólo el productor del derecho positivo, sino también el ejecutor de la norma y su intérprete autorizado, están compelidos a seguir los lineamientos del bloque de constitucionalidad, ya que en dicha sumisión reside la validez jurídica de sus actuaciones.10

En conclusión, todo el ordenamiento, en su contenido positivo y en su aplicación práctica, debe adecuarse a las normas de jerarquía constitucional. Dando por sentado que las normas que integran el bloque de constitucionalidad son verdaderas normas constitucionales, bien vale entonces acoger las siguientes consideraciones de la Corte que obran como síntesis de la subordinación jurídica a que se ha hecho referencia.

"10. La Constitución Política se postula a sí misma como "norma de normas" (C.P. art. 4). El orden jurídico se reconoce como un todo primeramente en la Constitución, y a partir de ella se desarrolla dinámicamente por obra de los poderes constituidos, pero en este caso dentro del marco trazado y con sujeción a los principios y valores superiores. No podría la Constitución orientar el proceso normativo y el conjunto de decisiones que se derivan de su propia existencia, si sus preceptos no fuesen acatados por todas las autoridades y las personas. La Corte Constitucional, cabeza de la jurisdicción constitucional, tiene asignada la misión de mantener la integridad y la supremacía de la Constitución, de lo cual depende que ésta pueda conservar su connotación normativa y su poder de imperio contra todo acto u omisión de los poderes constituidos.

"La afirmaci√≥n del rango normativo superior de la Constituci√≥n Pol√≠tica se traduce en las sentencias que dicta la Corte Constitucional, a trav√©s de las cuales esta Corporaci√≥n cumple su funci√≥n de m√°ximo y aut√©ntico int√©rprete de la Carta. Estas dos calidades de la Corte surgen de su posici√≥n institucional como garante de la supremac√≠a de la Constituci√≥n, cuyo sentido y alcance le corresponde inequ√≠vocamente establecer frente a todos y cada uno de los √≥rganos del Estado, lo mismo que frente a las personas, que igualmente le deben obediencia." (Sentencia SU-640 de 1998, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Mu√Īoz)

Analizado el concepto del bloque de constitucionalidad, esta corporación entra al estudio particular de la norma acusada.

4. Constitucionalidad de la norma demandada

A. An√°lisis del primer cargo de la demanda

Seg√ļn el primer cargo de la demanda, la expresi√≥n acusada consagra una aplicaci√≥n subsidiaria de la normatividad del bloque de constitucionalidad porque la restringe a los casos de vac√≠o legal, contrariando as√≠ el car√°cter prevalente de tales disposiciones.

Para responder a esta acusaci√≥n debe recordarse que seg√ļn los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia, las normas del bloque de constitucionalidad tienen prevalencia general y permanente sobre las normas de la legislaci√≥n interna, no una simple importancia subsidiaria, como sugiere el demandante.

Ello se debe a que -como se indic√≥- tienen rango constitucional y el hecho de compartir con el texto de la Carta la m√°xima jerarqu√≠a normativa del Estado las convierte en fuentes de derecho interno, de car√°cter obligatorio y subordinante del resto del ordenamiento jur√≠dico. As√≠ lo reconoce impl√≠citamente en propio art√≠culo 21 en un aparte que no fue objeto de demanda y que se√Īala que en la "aplicaci√≥n del r√©gimen disciplinario prevalecer√°n los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constituci√≥n Pol√≠tica." Si se admite entonces .como se ha dicho a lo largo de este fallo- que uno de los principios rectores del ordenamiento constitucional colombiano es la prevalencia interna de los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, forzoso es concluir que en la aplicaci√≥n del r√©gimen disciplinario promulgado por la Ley 734 dicho principio recibe plena consideraci√≥n.

Con todo, se llegaría a la misma conclusión incluso si la Ley hubiere guardado silencio en torno a la aplicabilidad en el régimen disciplinario de los principios de derecho internacional que forman el bloque constitucional, pues la preeminencia del bloque tiene rango constitucional e impera por encima de cualquier consideración legislativa o de cualquier intención hermenéutica.

As√≠ que los preceptos que conforman el bloque de constitucionalidad son obligatorios, no tanto porque lo reconozca el legislador sino porque as√≠ lo impone la estructura de nuestro ordenamiento jur√≠dico. Desde esta perspectiva y contrario a lo sostenido por el impugnante, el bloque de constitucionalidad tiene una presencia tutelar respecto del C√≥digo Disciplinario √šnico - irradiando, guiando y delimitando su normatividad y la aplicaci√≥n concreta de sus preceptos-, por lo cual es incorrecto concluir que su aplicaci√≥n se limite exclusivamente a los casos de vac√≠o legal.

Esta particular visión del conflicto constituye un punto de conciliación entre el carácter pervalente de la normatividad superior con la aplicación subsidiaria de la misma, pues permite entender que frente a un vacío legal es posible dar aplicación directa a las normas del bloque de constitucionalidad, sin que por ello se entienda que su aplicación es innecesaria cuando dicho vacío no existe.

As√≠, cuando la norma especial -que es el C√≥digo Disciplinario √šnico- no cobija una situaci√≥n jur√≠dica determinada o contiene una regulaci√≥n insuficiente para resolver un caso particular, el interprete debe hacer uso directo de la normatividad del bloque de constitucionalidad11. El bloque suple la voluntad del legislador o, mejor, complementa su olvido. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que si el C√≥digo prev√© una regulaci√≥n para un caso concreto, la normatividad superior quede vacante. Tanto las normas positivas del c√≥digo como su interpretaci√≥n y su aplicaci√≥n concretas deben dirigir permanentemente su mirada a las preceptivas de rango constitucional, en reconocimiento de la sumisi√≥n a que se ha hecho referencia exhaustiva en esta providencia.

De hecho, frente a la hip√≥tesis de una disyuntiva interpretativa o de la resoluci√≥n de un caso concreto para el cual exista norma disciplinaria directamente aplicable, la consulta de las normas de jerarqu√≠a superior se impone como requisito de legitimidad de la decisi√≥n. Debe tenerse presente en definitiva que cuando la legislaci√≥n interna acomoda sus prescripciones a la legislaci√≥n internacional del bloque, asume la supremac√≠a de la √ļltima y reconoce su prevalencia.

Se concluye entonces que la aplicación de las normas del bloque de constitucionalidad, aunque en algunos casos es indirecta, se verifica de manera permanente en la legislación, pues es la presencia tutelar de estos principios, valores y garantías lo que ilustra el desenvolvimiento de la juridicidad nacional.

De conformidad con estas conclusiones, la Corte Constitucional considera que por este aspecto la disposición acusada no contraría el texto de la Carta y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.

B. An√°lisis del Segundo cargo de la demanda

Antes de continuar con el segundo cargo de la demanda, la Sala estima conveniente transcribir de nuevo el precepto acusado.

"ART√ŅCULO 21. APLICACI√“N DE PRINCIPIOS E INTEGRACI√“N NORMATIVA. En la aplicaci√≥n del r√©gimen disciplinario prevalecer√°n los principios rectores contenidos en esta ley y en la Constituci√≥n Pol√≠tica. En lo no previsto en esta ley se aplicar√°n los tratados internacionales sobre derechos humanos y los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los c√≥digos Contencioso Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario." (Se subraya la parte demandada)

El segundo reproche del impugnante precisa que la ley acusada no especifica cu√°les tratados internacionales se aplican en caso de vac√≠o legislativo, pudiendo entonces el operador jur√≠dico dar aplicaci√≥n a tratados internacionales que no se refieren a derechos humanos intangibles, cuales son .a su juicio- los √ļnicos que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

En los t√©rminos del demandante se plantear√≠a una contradicci√≥n normativa entre la disposici√≥n constitucional y la legal porque mientras la primera s√≥lo considera legislaci√≥n prevalente las normas sobre derechos humanos intangibles, la segunda obliga a suplir los vac√≠os legislativos con normas sobre derechos humanos, sin hacer especificaci√≥n alguna. As√≠ visto, la ley estar√≠a ampliando el n√ļmero de normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, incluyendo en √©ste derechos no consagrados en la Carta. El demandante dir√≠a que la Ley no est√° habilitada para incorporar m√°s normas al bloque de Constitucionalidad de las que la misma Constituci√≥n decide integrar.

Antes de proseguir, esta Corte considera pertinente hacer la claridad de que, seg√ļn la interpretaci√≥n que le confiere a la norma, la expresi√≥n "ratificados por Colombia", que se encuentra al final de la frase citada, involucra tambi√©n a "los tratados internacionales sobre derechos humanos". En estos t√©rminos se entiende que los vac√≠os legales del C√≥digo Disciplinario √šnico habr√°n de suplirse con los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Ahora s√≠, para responder al cargo debe reconocerse en primer lugar que a los √ļnicos tratados internacionales sobre derechos humanos que el art√≠culo 93 de la Carta Pol√≠tica les da car√°cter prevalente, es decir, que los integra al bloque de constitucionalidad, es a los que se refieren a derechos humanos intangibles.

No obstante, el inciso primero del artículo 93 no puede interpretarse de manera aislada, pues el inciso segundo de la misma norma dice que los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia son normas de interpretación para los derechos y deberes consagrados en la Carta Política.

En ese sentido, habría que reconocer como primera medida que los tratados internacionales de los cuales Colombia es Estado Parte y que se refieren en general a derechos humanos sí forman parte del bloque de constitucionalidad .por lo menos en lo que al artículo 93 concierne- como reglas de interpretación de los derechos y deberes consignados en la Constitución Política.

Este es el reconocimiento que la Corte Constitucional les ven√≠a dando en su jurisprudencia. Para ilustrarlo se cit√≥ la Sentencia C-483 de 1999 en la que la Corporaci√≥n sostuvo que "[s]eg√ļn el inciso segundo del art. 93 de la Constituci√≥n, los derechos y deberes consagrados en √©sta se interpretar√°n, de conformidad con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Ello significa, que para efectos de interpretar los referidos derechos las normas de los tratados en referencia tienen car√°cter prevalente en el orden interno, formando por lo tanto parte del bloque de constitucionalidad, como lo ha reconocido la Corte en diferentes pronunciamientos."

Con todo, los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia no s√≥lo son instrumentos de utilidad hermen√©utica para los derechos y deberes consagrados en la Carta, sino que son legislaci√≥n obligatoria de car√°cter interno por el hecho de haber sido incorporados al ordenamiento nacional a trav√©s de una Ley de la Rep√ļblica.

En efecto, la Corte no pierde de vista que la remisi√≥n que hace la Ley a los tratados internacionales sobre derechos humanos est√° directamente referida a los tratados que han sido ratificados por Colombia, lo cual significa que se trata de instrumentos que por el procedimiento constitucional han sido incorporados al ordenamiento jur√≠dico nacional y frente a los cuales resulta aplicable el canon constitucional que obliga a nacionales y a extranjeros "en Colombia a acatar la constituci√≥n y las leyes" (Art. 4¬ļ C.P.).

Así entonces, cuando la disposición alude a tal normatividad remite a un acto jurídico complejo que ha sido negociado por el ejecutivo, aprobado por el legislativo y revisadas por la Corte Constitucional. Este proceso de incorporación las convierte en fuentes de derecho interno que resultan, como es obvio, de obligatorio cumplimiento. De allí que no resulte ilegítimo el reenvío que hace la ley de la referencia en caso de que no haya norma interna directamente aplicable al caso.

En conclusi√≥n, esta Sala no encuentra que por el aspecto se√Īalado en la demanda, la expresi√≥n demandada del art√≠culo 21 vaya en contrav√≠a de lo dispuesto en la Constituci√≥n Pol√≠tica.

VII. DECISION

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

R E S U E L V E

PRIMERO.- Declarar EXEQUIBLE la expresión "En lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos", contenida en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002.

C√≥piese, notif√≠quese, comun√≠quese, ins√©rtese en la Gaceta de la Corte Constitucional, c√ļmplase y arch√≠vese el expediente.

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT

Presidente

JAIME ARA√šJO RENTERIA

Magistrado

ALFREDO BELTR√ŅN SIERRA

Magistrado

MANUEL JOS√‰ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

JAIME C√“RDOBA TRIVI√‘O

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

MARCO GERARDO MONROY CABRA

Magistrado

ALVARO TAFUR GALVIS

Magistrado

CLARA IN√‰S VARGAS HERN√ŅNDEZ

Magistrada

MARTHA VICTORIA S√ŅCHICA MENDEZ

Secretaria General

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

HACE CONSTAR:

Que el H. Magistrado doctor EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, no firma la presente sentencia por cuanto en le fue aceptado impedimento para intervenir en la presente decisión.

MARTHA VICTORIA S√ŅCHICA MENDEZ

Secretaria General

NOTAS DE PIE DE PAGINA

1 "Ponencia Francesa" Favoreu Louis, Rubio Llorente Francisco, El bloque de la constitucionalidad, Universidad de Sevilla, Cuadernos Civitas, 1991, p√°gs 19-20

2 Rubio Llorente, Francisco, Bloque de constitucionalidad, Revista Espa√Īola de Derecho Constitucional, a√Īo 9, n√ļmero 27, septiembre-diciembre 1989.

3 Eduardo Jiménez de Aréchaga, "Introducción al problema de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno", separata de la Revista Jurídica, Buenos Aires, 1962, Págs 1-111

4 Sentencia del 23 de marzo de 1973. M.P. Dr. Eustorgio Sarri√°. Gaceta Judicial N¬į 2390-2391 P√°g.105

5 La expresión "bloque de constitucionalidad" fue utilizada antes del 95 en las Sentencias C-4988/93, C-089/94, C-372/94 y C-555/94, pero no para referirse al concepto que ocupa este debate. El entendimiento de la expresión antes del 95 estaba dirigido a que la Constitución Política es un bloque armónico de preceptos que debe interpretarse de manera global y sistemática.

6 Cfr. Sentencia C-225 de 1995

7 Bobbio, Principi Generali del Diritto, NDI, XIII, UTET, Torino, p. 887.

8 Cfr. Sentencia C-531/93

9 "Esta Corporación reitera que conforme a su jurisprudencia, la Carta Política tiene una capacidad de irradiación sobre la interpretación de las leyes y de los contratos celebrados por los particulares, pues la educación y los derechos fundamentales de los ciudadanos constituye un marco valorativo que impregna y condiciona todos los actos jurídicos celebrados por los coasociados." (Sentencia T-202 de 2000, M.P. Dr. Fabio Morón Díaz)

10 "Que los jueces, y en general todos los llamados a aplicar el derecho, habrán de tomar la norma constitucional como una premisa de su decisión, igual que cualquier otra norma, con las consiguientes consecuencias: a) dado que la constitución es norma superior habrán de examinar con ella todas las leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento conforme a la Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia directa no será sólo norma de normas, sino norma aplicable, no será sólo fuente sobre la producción, sino también fuente de derecho sin más." Ignacio de Otto, Derecho Constitucional, Ariel Derecho, 1999. P-76

11 En ocasiones anteriores la Corte ha procedido a dar aplicaci√≥n directa a los preceptos constitucionales, espec√≠ficamente cuando ha verificado la insuficiencia de la Ley para regular un asunto cuya falta de resoluci√≥n implica la vulneraci√≥n del orden jur√≠dico. As√≠, por ejemplo, en la Sentencia C-381/00 (M.P. Dr. Alejandro Mart√≠nez Caballero) la Corporaci√≥n dio aplicaci√≥n al art√≠culo 39 de la Carta frente al vac√≠o normativo que presentaba la legislaci√≥n laboral en materia de participaci√≥n de sindicatos en procesos de fuero sindical, y dispuso que los sindicatos "tienen derecho a participar en esos procesos, ya sea como demandados, en el caso de los juicios promovidos por los patronos para levantar ese fuero, ya sea como eventuales demandantes, en las acciones de reintegro y en las acciones de restituci√≥n". Y en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte hizo el siguiente comentario "Se√Īala la Corte que quien est√° llamado a fijar dicho criterio es, en principio, el Legislador. En un estado democr√°tico es en el Congreso, foro pol√≠tico deliberativo y representativo por excelencia, donde se debe surtir este debate. Sin embargo, constata la Corte que aun no se ha expedido normatividad al respecto. El Congreso no ha establecido todav√≠a criterio alguno que oriente al Ejecutivo al momento de diferenciar a los servidores p√ļblicos para efectos de realizar los aumentos salariales. Ante este estado de cosas el juez constitucional, en ejercicio de su funci√≥n de guardi√°n de la Carta Pol√≠tica y hasta tanto el Legislador no se pronuncie, debe acudir directamente a la Constituci√≥n con el fin de identificar un referente para establecer cu√°l puede ser dicho criterio." (M.P. Dr. Manuel Jos√© Cepeda Espinoza)