RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

CONCEPTO S2018198614 DE 2018

 

(Noviembre 22)

 

Señora:

 

Rectora

 

Colegio Rufino José Cuervo – IED

 

Carrera 12 # 52 – 20 Sur  

 

Bogotá D.C.

 

Asunto: Concepto sobre inclusión de la desescolarización en el manual de convivencia y en el sistema de evaluación de estudiantes de un establecimiento educativo

 

Referencia:  I-2018-65441 del 05/10/2018

 

Radicado: S-2018-198614

 

En atención a su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones de asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos consultados por las dependencias de la SED, establecidas los literales A y B del artículo 8 del Decreto Distrital 330 de 2008; y en los términos del artículo 28 del CPACA, sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución.

 

1. Consulta.

 

Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la interpretación, alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica genérica relacionada con el sector educativo.

 

Bajo ese entendido, su consulta ha sido sintetizada así:

 

¿Es legalmente posible la regulación de la desescolarización en el manual de convivencia y en el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes de un establecimiento educativo?

 

A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que regulan los asuntos consultados, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso concreto.

 

2. Marco.

 

2.1. Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la ley general de educación.”

 

2.2. Decreto Nacional 1075 de 1994: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación.”

 

2.3. Jurisprudencia constitucional sobre desescolarización.

 

3. Análisis.

 

3.1. La autonomía escolar de los establecimientos educativos para adoptar sus reglamentos internos.

 

Las normas legales y reglamentarias del sector educación asignaron a las instituciones educativas públicas y privadas la competencia para adoptar su propio manual de convivencia, en el cual se establezcan los derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa, entre otros aspectos.

 

Así, por ejemplo, el artículo 73 de la Ley 115 de 1994 dispone que las instituciones educativas deben elaborar un PEI en el que se incluya el reglamento para estudiantes, entre otros asuntos, con miras a lograr la formación integral del educando. 

 

“ARTICULO 73. Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos.” (Negrita y subrayado nuestros) 

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 87 ibídem establece que las instituciones educativas deben tener un manual de convivencia que defina los derechos y obligaciones de los estudiantes.

                         

“ARTICULO 87. Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo.”

                         

Como se puede apreciar, la norma en comento también dispone que los padres o tutores de los estudiantes aceptan el manual de convivencia con la firma de la matrícula en representación de sus hijos.

 

En concordancia con lo anterior, el artículo 2.3.3.1.4.1. del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación – DURSE (Decreto Nacional 1075 de 2015), referente al contenido del PEI, determina igualmente que las instituciones educativas deben adoptar un PEI que exprese la forma cómo ha decidido alcanzar los objetivos de la educación. Y en punto de la formación integral de los estudiantes, el PEI debe incluir: i) los principios y fundamentos de la acción de la comunidad educativa en la institución, ii) los objetivos generales del proyecto, iii) la estrategia pedagógica para la formación de los educandos, iv) las acciones pedagógicas de la educación para los valores humanos y v) el manual de convivencia, entre otros.

 

“Artículo 2.3.3.1.4.1. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.

 

Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos:

 

1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución.

 

2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes.

 

3. Los objetivos generales del proyecto.

 

4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.

 

5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando.

 

6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores humanos.

 

7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.

 

(…) 

 

(Decreto 860 de 1994, artículos 14).” (Negrita y subrayado nuestros)

                         

En consonancia, el artículo 2.3.3.1.4.4. ibíd., relativo al contenido del manual de convivencia, estipula que el mismo debe incluir: i) derechos y deberes de los estudiantes y de sus relaciones con los demás miembros y estamentos de la comunidad educativa; ii) reglas de prevención de consumo de sustancias psicotrópicas; iii) normas de conducta de estudiantes y docentes; iv) procedimientos para a) interponer quejas y reclamos, b) ejercer el derecho de defensa y b) resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos entre miembros de la comunidad, por violación de las normas de conducta, incluyendo etapas de diálogo y conciliación y v) sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes; etc.

 

“Artículo 2.3.3.1.4.4. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia.

 

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.

 

En particular debe contemplar los siguientes aspectos:

 

1. Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas.

 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.

 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.

 

4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto.

 

5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación.

 

6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia.

 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa.

(…)

 

(Decreto 1860 de 1994, artículos 17).” (Negrita y subrayado nuestros)

 

Finalmente, el artículo 2.3.3.1.5.6. ejusdem, relacionado con las funciones del consejo directivo, asigna al mismo las de: i) adoptar el manual de convivencia y ii) establecer en el manual de convivencia estímulos y sanciones por el desempeño académico y disciplinario de los estudiantes; entre otras.

 

“Artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo. Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes:

 

a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos privados;

 

(…) 

 

c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;

 

(…) 

 

e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado;

 

(…)

 

i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;

 

(…) 

 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 23).” (Negrita y subrayado nuestros)

 

Finalmente, es preciso traer a colación la jurisprudencia de la Corte Constitucional[1] sobre la autonomía escolar como fundamento del ámbito de definición normativa que tienen los establecimientos educativos respecto de su manual de convivencia.

 

“Así como otras organizaciones, la existencia de los establecimientos educativos también está ligada a ciertas ideologías, directrices o intereses éticos e intelectuales que no escapan a la esfera de protección ius fundamental descrita. Específicamente, en desarrollo de la autonomía y libertad tanto asociativa como de conciencia, la Ley 115 de 1994^[2] facultó a los establecimientos educativos públicos y privados para que, con el fin de lograr la formación integral del educando, elaboraran y pusieran en práctica un Proyecto Educativo Institucional, cuyo propósito es dar especificidad a los “(…) los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión (…).”^[3]

 

En ese sentido, el Proyecto Educativo Institucional es una expresión de la autonomía escolar protegida, en tanto representa ciertos fines ideológicos conducidos a través de perspectivas formativas, pedagógicas y normativas distintas, elementales en la construcción de una sociedad que defiende las ideas de inclusión, democracia y respeto por las diferencias.

 

Particularmente, en el marco de la autonomía anotada, los establecimientos educativos tienen la facultad de autorregulación normativa y en ese orden de ideas pueden darse su propia reglamentación o manual de convivencia, el cual, con “(…) la participación efectiva de las distintas voluntades que hacen parte activa de la comunidad académica, están destinados a regular derechos y obligaciones de quienes se encuentran involucrados en los distintos procesos educativos.”^[4] (Negrita y subrayado nuestros)

           

3.2. La autonomía de los establecimientos educativos para adoptar su sistema institucional de evaluación de estudiantes.

 

A continuación, explicaremos los aspectos más relevantes de las normas sobre evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos, contenidas en el DURSE.

 

La creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (en adelante SIEE) de educación básica y media corresponde a los mismos establecimientos educativos, conforme lo estipula el artículo 2.3.3.3.3.8. del DURSE, tal y como se muestra a continuación:

 

“Artículo 2.3.3.3.3.8. Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se menciona a continuación:

 

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes.

 

(…)

 

(Decreto 1290 de 2009, artículo 8).” (Negritas y subrayado nuestros)

 

Entre las responsabilidades de los establecimientos educativos en el marco del SIEE, el artículo 2.3.3.3.3.11. del DURSE establece las siguientes: i) aprobar, implementar y divulgar el SIEE; ii) introducir al PEI los criterios, procesos y procedimientos de evaluación, superación de debilidades y promoción; iii) crear instancias de seguimiento de los procesos de evaluación y promoción, si lo considera pertinente; iv) decidir sobre las reclamaciones sobre los procesos de evaluación y promoción de los padres y estudiantes; entre otras.

 

“Artículo 2.3.3.3.3.11. Responsabilidades del establecimiento educativo. En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el establecimiento educativo debe:

 

1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico.

 

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo.

 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes.

 

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados.

 

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes, si lo considera pertinente.

 

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar reuniones con ellos cuando sea necesario.

 

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.

 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar.

 

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con este en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera.

 

(Decreto 1290 de 2009, artículos 11).” (Negritas y subrayado nuestros)

 

Entre los propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes, previstos en el artículo 2.3.3.3.3.3. del DURSE, podemos destacar el de la determinación de la promoción de estudiantes, contenido en su numeral 4, veamos:

 

“Artículo 2.3.3.3.3.3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:

 

(…)

 

4. Determinar la promoción de estudiantes.

 

(…)

 

(Decreto 1290 de 2009, artículo 3°).” (Negritas y subrayado nuestros)

 

En concordancia con lo anterior, en la definición del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, consagrada en el artículo 2.3.3.3.3.4. del DURSE, se establece que el mismo debe contener los criterios de evaluación y promoción, y el procedimiento de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción, entre otros aspectos, así:

 

“Artículo 2.3.3.3.3.4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto educativo institucional debe contener:

 

1. Los criterios de evaluación y promoción.

 

(…)

 

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.

 

(…) 

 

(Decreto 1290 de 2009, artículos 4°).” (Negritas y subrayado nuestros)

 

Por su parte, la promoción escolar, regulada en el artículo 2.3.3.3.3.6. del DURSE, establece que cada establecimiento de educación básica y media debe determinar los criterios de promoción escolar de acuerdo con su Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. La norma en cita incluso prevé la posibilidad de que un establecimiento educativo determine, de acuerdo a sus criterios de evaluación y promoción, la no promoción de un estudiante al grado siguiente, caso en el cual, se debe garantizar el cupo para que el estudiante prosiga con su proceso formativo.  

 

“Artículo 2.3.3.3.3.6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante.

 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo.

 

(Decreto 1290 de 2009, artículo 6).” (Negritas y subrayado nuestros)

 

A renglón seguido, el DURSE también prevé la obligación de los establecimientos educativos de adoptar criterios y procesos que faciliten la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no fueron promovidos en el año escolar anterior.

 

“Artículo 2.3.3.3.3.7. Promoción anticipada de grado. (…)

 

Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior.

 

(Decreto 1290 de 2009, artículo 7°).”

Finalmente, respecto de la graduación y obtención del título de bachiller de los estudiantes de la educación media, se establece que la misma se alcanza cuando éstos hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su PEI. 

 

“Artículo 2.3.3.3.3.18. Graduación. Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller Académico o Técnico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias.

 

(Decreto 1290 de 2009, artículos 18).”

 

3.3. La potestad de los establecimientos educativos para reglamentar la desescolarización en su manual de convivencia.

 

En el marco de la autonomía que tienen los establecimientos educativos para adoptar sus reglamentos internos, explicada en precedencia, a continuación abordaremos la potestad que tienen los establecimientos educativos para reglamentar la desescolarización de los estudiantes en su manual de convivencia, conforme a las reglas constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables.

 

En ese orden de ideas tenemos que, el artículo 86 de la Ley 115 de 1994, relativo a la flexibilidad del calendario académico, asigna al MEN la competencia para reglamentar los calendarios académicos y establecer 2 periodos vocacionales uniformes que aumenten las posibilidades de formación integral escolarizada y desescolarizada, entre otros aspectos.    

 

“ARTICULO 86. Modificado en lo pertinente por el Decreto 4827 de 2010, artículo 3º. Flexibilidad del calendario académico. (...)

 

PARAGRAFO. El Ministerio de Educación Nacional, dentro del plazo máximo de cinco (5) años, reglamentará los calendarios académicos de tal manera que contemplen dos (2) períodos vocacionales uniformes que amplíen las posibilidades de formación integral escolarizada o desescolarizada y, además faciliten el aprovechamiento del tiempo libre y la recreación en familia.” (Negrita y subrayado nuestros)

 

A su vez, la Ley 1257 de 2008 (art. 11.3) y la Ley 1361 de 2009 (art. 4A), modificada por la Ley 1857 de 2017 (art. 2), respectivamente, asignan a la Nación – Ministerio de Educación Nacional la función de diseñar e implementar:

 

a) Medidas de prevención y protección frente a la desescolarización de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia; y

 

b) Acciones para proteger a miembros de la familia en situación de vulnerabilidad o violación de sus derechos que incluyan programas de emprendimiento que les brinde recursos para prevenir o superar condiciones de desescolarización, entre otras.

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que la imposición de medidas de desescolarización a menores estudiantes por establecimientos educativos debe cumplir como mínimo las siguientes reglas:

 

a. La desescolarización tiene dos connotaciones: i) sancionadora de las conductas de los estudiantes tipificadas como faltas disciplinarias en el manual de convivencia; o ii) protectora de los derechos fundamentales de los estudiantes (educación, salud, vida, igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, etc.).

 

b. Cuando la desescolarización de adopte como medida sancionadora, debe respetar las siguientes garantías del derecho fundamental al debido proceso de los estudiantes: “(i) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas pasibles de sanción; ii) la formulación de los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas disciplinarias; (iii) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; (iv) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; (v) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; (vi) la imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (vii) la posibilidad de que el encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes”[5] [6].

 

La jurisprudencia constitucional también ha dispuesto que la imposición de sanciones por parte de las instituciones educativas es una facultad que se encuentra sujeta a ciertos requisitos para que su ejercicio sea compatible con la Constitución, entre ellos: “(i) que la institución cuente con un reglamento, vinculante a toda la comunidad educativa y que éste sea compatible con la Constitución, y en especial, con la protección de los derechos fundamentales; (ii) que dicho reglamento describa el hecho o la conducta sancionable; (iii) que las sanciones no se apliquen de manera retroactiva; (iv) que la persona cuente con garantías procesales adecuadas para su defensa con anterioridad a la imposición de la sanción; (v) que la sanción corresponda a la naturaleza de la falta cometida, de tal manera que no se sancione disciplinariamente lo que no ha sido previsto como falta disciplinaria; y (vi) que la sanción sea proporcional a la gravedad de la falta”[7].

 

Además de las actuaciones señaladas, la Corte ha señalado que adicionalmente en el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: “(i) la edad del infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo”[8].

 

c. Cuando la desescolarización de adopte como medida protectora de los derechos fundamentales de los estudiantes (educación, salud, vida, igualdad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, etc.), debe cumplir con los siguientes parámetros:

 

(i) Demostrar, de manera fehaciente, que tales medidas diferenciadoras son verdaderamente útiles y necesarias para garantizar los derechos a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la educación de los estudiantes a los que se aplican[9].

 

(ii) La desescolarización no es una medida forzosa para los estudiantes, salvo que la misma fuera recomendada por prescripción médica y adoptada como garantía de su salud o de la salud de los demás estudiantes[10].

 

(iii) La desescolarización no puede imponerse a unos estudiantes como una medida estigmatizante y discriminadora frente a los demás estudiantes, convirtiéndola en una carga desproporcionada y sancionatoria[11].

 

(iv) A pesar de la autonomía escolar que tienen los establecimientos educativos para adoptar la forma de impartir la educación; sus reglamentos internos, su manual de convivencia o sus decisiones no pueden ir en contra de los derechos de los menores establecidos en la Constitución y la ley[12].

 

En ese orden de ideas, la Corte ha establecido que constituyen medidas discriminatorias todas aquellas que tengan por finalidad someter a un estudiante a un tratamiento educativo distinto al de los restantes compañeros sin justificación alguna, esto es, limitar la asistencia a las aulas de clase a ciertos días y horas específicas en las que se impartan tutorías o cursos personalizados o realizar talleres en la casa, la mayoría sin orientación pedagógica. La adopción de cualquiera de dichas medidas por parte de los establecimientos educativos implica la vulneración de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad humana de los estudiantes.

 

No obstante, si el establecimiento educativo demuestra que dichas medidas obedecen a la necesidad de hacer efectivo un fin constitucional imperioso e inaplazable con mayor peso que los derechos fundamentales antes anotados, el estudiante y el establecimiento educativo pueden llegar a acodar mecanismos especiales que le permitan seguir adelantando sus estudios.

 

4. Respuesta.

 

¿Es legalmente posible la regulación de la desescolarización en el manual de convivencia y en el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes de un establecimiento educativo?

 

Sí, pues los establecimientos educativos gozan de autonomía escolar para adoptar sus reglamentos internos y su sistema institucional de evaluación de los estudiantes, en el marco de la Constitución y la ley, sin perder de vista que la reglamentación de la desescolarización debe seguir las reglas que al respecto ha establecido la Corte Constitucional, conforme a lo expuesto en este concepto.  

 

Finalmente, recuerde que puede consultar los conceptos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica en la página web de la Secretaría de Educación del Distrito, http://www.educacionbogota.edu.co, siguiendo la ruta: Nuestra entidad / Marco Jurídico / Oficina Asesora Jurídica / Conceptos jurídicos emitidos por la OAJ.  

 

Cordialmente

 

JENNY ADRIANA BRETÓN VARGAS

 

Jefe Oficina Asesora Jurídica

 

 

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