RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Conceptúa sobre la inhabilidad para aspirar al cargo de Contralor por ser empleado público y/o contratista del mismo ente territorial. Frente al Contralor departamental, trae a colación las circunstancias que deben concurrir para el nacimiento de la inhabilidad, a saber: i) Haber sido Contralor de todo o parte del periodo inmediatamente anterior. ii) Haber sido miembro de la Asamblea, iii) Haber ejercido un cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal, y iv) Que haya desempeñado alguno de los cargos citados durante el último año previo a la elección. Concluyendo que, dentro de las inhabilidades para ser elegido contralor departamental no se encuentra haber contratado con alguna entidad pública de cualquier nivel. Sin embargo, frente a la inscripción como Contralor Municipal explica que, por extensión de las inhabilidades contenidas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no podrá acceder al cargo quien haya suscrito contrato con una entidad pública de cualquier nivel, si el mismo se ejecutó en el respectivo municipio y lo suscribió dentro del año anterior a la elección. 

Profiere concepto sobre la inhabilidad de un empleado de la contraloría municipal para postularse como contralor municipal dado que estuvo encargado del empleo de contralor municipal. 

Profiere concepto en relación con la elección de los contralores departamentales, las eventuales inhabilidades e incompatibilidades y otras situaciones relacionadas con impedimentos, precisando que conforme con lo expresado por el Consejo de Estado, el conflicto de interés se estructura cuando el servidor público con su actuación se favorezca a sí mismo o a sus parientes. El constituyente quiso evitar, al prever la ocurrencia del conflicto de intereses, que el servidor público con su accionar haga prevalecer su interés personal o familiar sobre el general, buscando acabar con las ventajas personales distintas a las que se predican de la generalidad. 

Emite concepto sobre si por encontrarse desempeñando su hermano el cargo de secretario de planeación municipal del municipio de Inírida y varias veces encargado del empleo de alcalde encargado, se deviene causal de inhabilidad o incompatibilidad, para inscribirse como candidata a la Cámara de Representantes, esta Dirección Jurídica considera que, para evitar la inhabilidad, el hermano, Secretario de Despacho de una alcaldía de un municipio del departamento de Guainía, deberá renunciar a su cargo y su renuncia ser aceptada antes de la inscripción de su pariente para aspirar a ser elegida Representante a la Cámara por el mismo departamento. 

Conceptúa que los concejales pueden ejercer la docencia por hora cátedra siempre y cuando el desarrollo de esta actividad no afecte la dedicación que exige su oficio como concejal. Agrega que los miembros de corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargos con la administración pública, ni tampoco cargos honores o recompensas de gobiernos extranjeros, sin que exista previa autorización del gobierno. 

Conceptúa que los concejales pueden ejercer la docencia por hora cátedra siempre y cuando el desarrollo de esta actividad no afecte la dedicación que exige su oficio como concejal. Agrega que los miembros de corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán aceptar cargos con la administración pública, ni tampoco cargos honores o recompensas de gobiernos extranjeros, sin que exista previa autorización del gobierno. 

Conceptúa que aquellos servidores públicos que hayan sido destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria, no podrán contratar, ni ejercer empleo o trabajo con el Estado en razón a la condición de inhabilidad y la normatividad vigente; como ejemplo las causales del retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o los requisitos para el nombramiento y ejercicio del empleo consagrados en el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 

Conceptúa que aquellos servidores públicos que hayan sido destituidos como consecuencia de una sanción disciplinaria, no podrán contratar, ni ejercer empleo o trabajo con el Estado en razón a la condición de inhabilidad y la normatividad vigente; como ejemplo las causales del retiro del servicio contempladas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 o los requisitos para el nombramiento y ejercicio del empleo consagrados en el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública. 

Profiere concepto sobre la inhabilidad aplicable a los alcaldes locales, precisando que por remisión expresa del artículo 84 ídem, que el término para dicha inhabilidad debe contarse a partir del nombramiento o la designación que efectúe el Alcalde Mayor. 

Conceptúa sobre la inhabilidad de un servidor público de libre nombramiento y remoción para aceptar una invitación como consultor individual de un Gobierno Extranjero, precisando que que un funcionario pueda aceptar la invitación a participar como consultor individual para desarrollar actividades diferentes al desempeño de sus funciones en un organismo internacional, y dentro de esta vinculación media un contrato de trabajo, se requerirá autorización de la autoridad competente, tal como lo prevé la normativa vigente En todo caso, las funciones que vaya a desarrollar no deberán realizarse en horas laborables, pues de lo contrario se violaría el deber legal de dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las labores encomendadas, propias del cargo que desarrolla como empleado público.