Dicta normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Establece que el Estado, en cumplimiento de los fines sociales es responsable de la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las acciones encaminadas al desarrollo integral del adulto mayor, para lo cual deberá elaborar la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Dicha Política incluirá medidas tendientes a promover la organización de la familia e involucrarla en el desarrollo integral de los adultos mayores que la conforman propendiendo igualmente por la debida interrelación entre sus miembros.
 

Institucionaliza el mes de agosto de cada año, como el mes del Envejecimiento y la Vejez en Bogotá. En desarrollo de lo anterior, se realizarán celebraciones a nivel local y Distrital, con el propósito de hacer un reconocimiento a las personas mayores y promover la toma de conciencia frente al proceso de envejecimiento de todos los habitantes de la ciudad. La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social o quien haga sus veces, coordinará la celebración en comento.
 

Establece los requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida para la atención integral de las personas adultas mayores, así como determina las directrices para adelantar el seguimiento, vigilancia y control de estos. De igual modo, se establecen las condiciones para la suscripción de los convenios docente-asistenciales. Las medidas contenidas son aplicables a los Centros de Vida de que trata la Ley 1276 de 2009 y a las entidades territoriales del nivel departamental, distrital o municipal
 

Adiciona el Capítulo 7 al Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022 - 2031.
 

Establece los criterios técnicos de habilitación y ponderación para la asignación de recursos destinados a fortalecer los centros públicos de atención a personas mayores en Colombia. Dirigida a Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y municipios de categorías 5 y 6, esta norma busca financiar acciones sectoriales de salud hasta el año 2031 en el marco de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031. La distribución de los fondos se prioriza mediante indicadores como la tasa de población mayor en niveles vulnerables del SISBÉN, la presencia de personas con discapacidad y la pertenencia a comunidades indígenas.