El Estado garantiza la libertad de cultos y se compromete a no interferir entre la Iglesia y sus fieles, con lo cual se realiza el valor superior de la dignidad humana y se hace efectiva la libertad de cada uno en su forma más genuina¿ el Estado no asume posiciones a favor o en contra de confesiones determinadas, ni se afilia a ninguna de ellas, toda vez que no hay en Colombia una religión oficial¿, el Estado no desdeña las creencias del pueblo, las cuales respeta y hace respetar, disponiendo de los elementos normativos indispensables para asegurar que sea efectiva la libertad de cultos, absteniéndose de interferir en las funciones espirituales que cumplen los prelados y apóstoles de los distintos movimientos religiosos¿ cualquier manifestación por parte de los servidores públicos en contra de la primera comunión y el celibato, implica una flagrante violación de la Constitución Política, pues vulneraría abiertamente la libertad de cultos de los católicos y necesariamente implica la violación de los artículos II y III del Concordato celebrado entre Colombia y la Santa Sede, fuera del desconocimiento de la normatividad estatutaria consagrada en la Ley 133 de 1994.
 

Modifica el Código Penal estableciendo nuevos tipos penales con el propósito de garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Incorpora como nuevas conductas punibles la obstrucción del ejercicio de los derechos por Actos de Racismo o Discriminación y el Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural. En el mismo sentido penaliza las conductas que se encaminen a realizar Apología al Genocidio.
 

Instituye unas directrices claras de política pública para el derecho a la libertad religiosa y de cultos en el Distrito Capital, de tal manera que se promueva un real desarrollo de los derechos que les asiste a las comunidades religiosas, y puedan ser involucradas activamente dentro del modelo de ciudad que pretendemos los capitalinos.
 

Adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". El Ministerio del Interior, en coordinación con las entidades competentes, emprenderá acciones que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia. El Gobierno Nacional formulará y actualizará la política pública en la materia con la participación de las entidades religiosas, garantizando la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconociendo su aporte al bien común en lo local, regional y nacional. (Artículo 244).
 

Reconocer como actividad de interés cultural el evento Kennedy Gospel en la localidad de Kennedy, como una actividad de rango cultural para llevar un mensaje positivo a todos los residentes de la localidad y visiibilizando los mejores interpretes y creadores de este genero musical.
 

La Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, al considerar las tradiciones y las costumbres y los hábitos como integrantes del patrimonio cultural inmaterial de la Nación (artículo 4º). Por lo cual, debe entenderse que la amplitud de tales como conceptos permite, válidamente interpretar, que el legislador no buscó excluir elementos religiosos del concepto de cultura. En efecto, el artículo 8º del Decreto Reglamentario 2941 de 2009 señala en forma expresa que la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial se podrá integrar con manifestaciones que correspondan, entre otros, a eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, esto es, acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos con fines religiosos. También es preciso recordar que la Ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos, establece que las iglesias pueden ser propietarias del patrimonio artístico y cultural que hayan creado o adquirido, lo que de suyo implica aceptar que las confesiones religiosas pueden no solo ser titulares, sino incluso generadoras de patrimonio cultural.
 

Crea el Comité Distrital de Libertad Religiosa, como una instancia de participación ciudadana del gobierno distrital, para la promoción, articulación, seguimiento, y evaluación de las políticas, estrategias, planes y programas en materia de libertad religiosa, de cultos y conciencia en el Distrito Capital, garantizando los derechos de quienes ejercen dichas libertades en el marco de la Constitución Política de Colombia y la Ley.
 

El criterio empleado por la Corte para trazar la línea entre las acciones constitucionalmente permitidas al estado en materia religiosa tiene que ver con el propósito o finalidad buscada por las autoridades públicas en su intervención, no pudiendo la medida desconocer los principios de separación entre las Iglesias y el Estado, así como los principios de pluralismo religioso e igualdad de todas las confesiones ante la ley que le imponen al Estado laico el deber de ser neutral frente a las diversas manifestaciones religiosas. Tales principios se verían vulnerados, por ejemplo, en caso de que el Estado discrimine entre las diferentes confesiones religiosas mediante el otorgamiento de ventajas a unas iglesias sin brindar igualdad de oportunidades a otras iglesias.
 

Sub-Tema: Libertad Religiosa y de Cultos Créese en Bogotá Distrito Capital la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el periodo 2018  2028, cuyo propósito principal es: Fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, de culto y conciencia desde la promoción y apropiación social e institucional de una cultura que reconozca plenamente estos derechos, con el fin de convertir al Distrito Capital en una ciudad que previene y reduce su vulneración o amenaza y que afianza la pluralidad religiosa expresada material y simbólicamente en el territorio.
 

Crea el Comité Local de Libertad Religiosa de Barrios Unidos.
 

La Corte Constitucional determinó que para conceder un beneficio u otorgar un trato diferenciado a una persona con ocasión de su creencia religiosa, el titular del derecho tiene un deber mínimo de presentar cualquier tipo de soporte que acredite o ratifique su convicción religiosa y que de ello pueda inferirse que su creencia es profunda, fija y sincera en los términos de la jurisprudencia constitucional. En esa medida, cuando una autoridad exige algún tipo de documentación, en principio, no resulta desproporcionado, por cuanto, precisamente, en casos como el que aquí se revisa, supondría dejar de aplicar una norma plenamente vigente y constitucional del ordenamiento jurídico. Así las cosas, resulta imperativo que las autoridades cuenten con elementos de juicio que les permitan adoptar la decisión que corresponda para hacer efectiva la libertad religiosa y de cultos en un establecimiento penitenciario, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
 

Crea el Comité Local de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia de la Localidad 20 de Sumapaz.
 

Capacita a los funcionarios del Gobierno Nacional en relación al uso de redes sociales en temas de expresión religiosa y en su calidad de servidores públicos, aclarando que si bien pueden practicar y manifestar su fe como titulares de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad religiosa y de cultos, deben hacerlo con independencia del ejercicio de sus funciones.
 

La Corte Constitucional en su Sala Quinta de Revisión analizó las decisiones emitidas sobre la solicitud de amparo formulada por un creyente del dogma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y practicante del sabbat. Este último consideró que las Registradurías Nacional del Estado Civil y Especial de Cali afectaron sus derechos al trabajo, a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia. Lo habrían hecho al mantener su nombramiento como jurado de votación para las elecciones del sábado 4 de diciembre de 2021, pese a que informó de manera oportuna su imposibilidad para cumplir tal labor ese día de la semana. la Sala encontró que el actor no acudió a la citación hecha por las entidades demandadas, fijada para el 4 de diciembre de 2021, en resguardo de sus creencias confesionales. Sin embargo, advirtió que la iniciación del proceso sancionatorio en su contra es inminente. Sobre el fondo del asunto, la Sala analizó el alcance de la libertad religiosa y su relación con el sabbat. Además, destacó la finalidad de la designación de jurados de votación. A partir de ello, concluyó que la negativa de la Registraduría Especial de Cali a exonerar al actor de su nombramiento como jurado de votación comprometió sus derechos en forma irrazonable, como quiera que la entidad tenía medidas alternativas para asegurar la celebración del certamen electoral sin la comparecencia del accionante. Por ende, concluyó que la decisión de la Registraduría Municipal resultó desproporcionada y lesiva de la libertad religiosa del señor Jesús Yin Hurtado Cruz. Adicionalmente, la Sala precisó que, pese a la solicitud oficiosa de pruebas en el presente asunto, las respuestas de las entidades demandadas impiden lograr la certeza de que el recurso de apelación presentado por el accionante fue resuelto. Por lo anterior, REVOCA la sentencia dictada el 14 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Cali, que confirmó la del 14 de diciembre de 2021 del Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali y en su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, de culto y religiosa, según lo expuesto en esta providencia.
 

Crea con carácter permanente el Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa, fortaleciendo el aporte social que desarrollan las entidades religiosas, con sus comunidades en la ejecución de acciones sociales.