Aplicación Ley de Garantías Electorales para el 2017 y 2018. Da alcance a la Circular 3 de 16 de agosto de 2013 para establecer las pautas para cumplir las restricciones a la contratación pública establecidas en la Ley 996 de 2005, ley de Garantías, en los meses anteriores a las elecciones que tendrán lugar en 2018.
 

De acuerdo con lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se concluye que la negociación directa para la adquisición de inmuebles con el fin de ejecutar las actividades mencionadas en los Decretos Distritales 621 de 2016 y 595 de 2017, por parte de las entidades descritas en el artículo 11 de la Ley 9 de 1989, con la concurrencia o no de terceros, se encuentra afectada por la prohibición descrita en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, y no se encuentra tipificada como una de las excepciones a la restricción de celebrar contratos de manera directa, prevista en el inciso del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales.
 

Establece lineamientos en materia contractual, con ocasión de la ley de garantías electorales entre el 27 de junio al 27 de octubre de 2019, debido a los comicios para la elección de autoridades locales que se llevarán a cabo en el mes de octubre.
 

Establece lineamientos en materia contractual, con ocasión de la ley de garantías electorales entre el 27 de junio al 27 de octubre de 2019, debido a los comicios para la elección de autoridades locales que se llevarán a cabo en el mes de octubre.
 

La Contraloría General de la Republica solicita a las Entidades Estatales Sujetos de Control, Entidades Territoriales y Entidades con Régimen Especial, la remisión de la información precontractual, contractual y poscontractual, así como la presupuestal, financiera y contable para realizar el seguimiento a los recursos que se comprometan durante el periodo de restricciones de que trata la Ley de Garantías.
 

Recuerda al sector de gestión administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito, las restricciones de la Ley 996 de 2005, Ley de Garantías Electorales, así como el cronograma de los comicios que se realizarán en el 2022 para la elección del Congreso de la República y Presidente de la República.
 

Imparte lineamientos en el documento anexo "Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República", con el fin de que sea observada en todas las actuaciones que se realicen en el período previo a las elecciones para Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República.
 

Expide lineamientos en materia contractual, atendiendo las disposiciones consagradas en la Ley de Garantías 996 de 2005
 

Imparte lineamientos frente a la interpretación de las prohibiciones contenidas en la ley de garantías electorales Ley 996 de 2005, tales como no aumentar el monto de los recursos destinados a la publicidad del Estado, no acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que apoyen causas, campañas o controversias políticas, abstenerse de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, entre otros.
 

Formula lineamientos sobre la correcta aplicación de las restricciones y prohibiciones de las Leyes 996 de 2005 (Ley de garantías) y 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) en temas de contratación, nómina, participación en política y conductas prohibidas a servidores públicos en virtud de la Ley de Garantías.
 

Fija los lineamientos específicos en materia contractual para la radicación de procesos de contratación directa para la vigencia 2026, ante la Dirección de Gestión Corporativa (DGC).
 

Actualiza los lineamientos frente a la interpretación de las prohibiciones contenidas en la ley de garantías electorales - Ley 996 de 2005, por tal motivo, la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios recuerda a los servidores públicos que deben ajustar su comportamiento a lo establecido en dicha Ley.
 

Establece que, la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en las entidades de la Rama Ejecutiva, hace referencia a la imposibilidad de proveer cargos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte, que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la administración pública, o cuando se trate de la designación de servidores públicos en cargos de carrera por el sistema de concurso público de méritos.
 

Profiere concepto sobre las restricciones en el marco de la ley de garantías.
 

Establece lineamientos generales sobre las restricciones y prohibiciones contenidas en las Leyes 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) y 1952 de 2019 (Código General Disciplinario) con ocasión del proceso electoral para Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República de 2026, detallando las limitaciones en materia de contratación pública (especialmente en contratos interadministrativos y contratación directa), modificaciones de nómina y participación en política de servidores públicos, que entrarán en vigencia desde el 8 de noviembre de 2025 para elecciones de Congreso y desde el 31 de enero de 2026 para elecciones presidenciales.
 

El Consejo de Estado resolvió un recurso de reposición presentado por la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente - CCE) contra la suspensión provisional de una parte de su Circular Externa Única de 2022. La controversia surgió porque dicha circular extendía la prohibición de la Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) a los "contratos interadministrativos", cuando la ley original solo se refería a los "convenios interadministrativos" para el periodo previo a las elecciones. El Tribunal confirmó la decisión de suspender la norma de CCE, argumentando que la agencia se extralimitó en sus funciones al ampliar una restricción legal que el legislador no había incluido. La decisión del Consejo de Estado se basó en el principio de que las prohibiciones legales deben interpretarse de manera restrictiva, sin poderse extender por analogía a situaciones no contempladas expresamente por la ley. A pesar de que la intención de CCE de prevenir la alteración de la voluntad popular con recursos estatales era válida, el Tribunal determinó que la agencia invadió una competencia exclusiva del Congreso. En consecuencia, la suspensión provisional se mantiene hasta que se dicte un fallo definitivo, con el fin de proteger la capacidad de contratación de las entidades públicas y evitar una restricción injustificada que no está respaldada por la ley.