La Corte Constitucional sostiene que en coherencia con el principio establecido por el artículo 1º de la Constitución, el artículo 19, también de la Constitución, consagra la libertad de cultos como derecho fundamental protegido en nuestro ordenamiento jurídico, de cuyo contenido se deriva una garantía cierta y determinada para las personas y, en consecuencia, un deber correlativo de parte del Estado relacionado con la amplitud y profundidad que las acciones que afecten la libertad religiosa, pues en desarrollo de sus funciones no cabe la promoción, patrocinio o incentivo religioso, que implicaría un favorecimiento contrario al papel que debe jugar la actividad pública respecto de las confesiones religiosas. Una garantía esencial de la libertad religiosa será la laicidad estatal, adquiriendo esta última el carácter de elemento esencial dentro del Estado democrático en cuanto componente axial en el proceso de concreción de principios como el pluralismo ideológico y religioso, base conceptual de la tolerancia inclusiva que se predica en toda democracia sustancial.
 

Créese en Bogotá Distrito Capital la Política Pública de Libertades Fundamentales de Religión, Culto y Conciencia para el periodo 2018  2028, cuyo propósito principal es: Fomentar el respeto por la libertad e igualdad religiosa, de culto y conciencia desde la promoción y apropiación social e institucional de una cultura que reconozca plenamente estos derechos, con el fin de convertir al Distrito Capital en una ciudad que previene y reduce su vulneración o amenaza y que afianza la pluralidad religiosa expresada material y simbólicamente en el territorio.
 

Se adiciona al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, el Capítulo 4° denominado "Política Pública Integral Religiosa y de Cultos" cuyo objetivo general consiste en brindar garantías para el ejercicio del derecho de libertad religiosa y de cultos en Colombia.
 

Crea el Comité Local de Libertad Religiosa de Barrios Unidos.
 

mite pronunciamiento con el propósito de evidenciar la falta de conformidad constitucional de la actuación de la Vicepresidenta de la República en el desconocimiento del principio de laicidad y derechos fundamentales de libertad religiosa y de cultos y a la libertad de conciencia, al promover, adherir o identificar al Estado con una religión en particular y que se demuestre que el mensaje tiene un carácter oficial.
 

Acata la orden impartida en el numeral cuarto de la Sentencia de Tutela 124 de 2021 de la Corte Constitucional y por consiguiente capacita a los funcionarios del Gobierno Nacional sobre el adecuado manejo y uso de redes sociales como servidores públicos, específicamente en relación a la expresión de sus creencias religiosas.
 

La Corte Constitucional en su Sala Quinta de Revisión analizó las decisiones emitidas sobre la solicitud de amparo formulada por un creyente del dogma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y practicante del sabbat. Este último consideró que las Registradurías Nacional del Estado Civil y Especial de Cali afectaron sus derechos al trabajo, a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia. Lo habrían hecho al mantener su nombramiento como jurado de votación para las elecciones del sábado 4 de diciembre de 2021, pese a que informó de manera oportuna su imposibilidad para cumplir tal labor ese día de la semana. la Sala encontró que el actor no acudió a la citación hecha por las entidades demandadas, fijada para el 4 de diciembre de 2021, en resguardo de sus creencias confesionales. Sin embargo, advirtió que la iniciación del proceso sancionatorio en su contra es inminente. Sobre el fondo del asunto, la Sala analizó el alcance de la libertad religiosa y su relación con el sabbat. Además, destacó la finalidad de la designación de jurados de votación. A partir de ello, concluyó que la negativa de la Registraduría Especial de Cali a exonerar al actor de su nombramiento como jurado de votación comprometió sus derechos en forma irrazonable, como quiera que la entidad tenía medidas alternativas para asegurar la celebración del certamen electoral sin la comparecencia del accionante. Por ende, concluyó que la decisión de la Registraduría Municipal resultó desproporcionada y lesiva de la libertad religiosa del señor Jesús Yin Hurtado Cruz. Adicionalmente, la Sala precisó que, pese a la solicitud oficiosa de pruebas en el presente asunto, las respuestas de las entidades demandadas impiden lograr la certeza de que el recurso de apelación presentado por el accionante fue resuelto. Por lo anterior, REVOCA la sentencia dictada el 14 de febrero de 2022 por el Tribunal Superior de Cali, que confirmó la del 14 de diciembre de 2021 del Juzgado 19 Laboral del Circuito de Cali y en su lugar, CONCEDE el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia, de culto y religiosa, según lo expuesto en esta providencia.
 

Reglamenta el artículo 101 del Acuerdo Distrital 927 del 2024 sobre el funcionamiento del Banco de Proyectos de Cooperación para la Libertad Religiosa en el Distrito Capital como un instrumento de apoyo y fortalecimiento de proyectos sociales liderados por el sector religioso.
 

Reconoce las contribuciones del sector interreligioso, de manera equitativa con otros sectores sociales y comunitarios, en la promoción de valores humanos, la cohesión social y la resolución pacífica de conflictos, sin comprometer la neutralidad del Estado en materia religiosa, y respetando los principios de libertad religiosa, laicidad y pluralismo.