La jurisprudencia de la Sección ha entendido que las reglas de la experiencia ponen de presente que normalmente sufren dolor moral los padres, hijos, hermanos, abuelos, con la pérdida de un ser querido, razón por la cual es posible presumir su causación con la sola acreditación de la relación de parentesco. Al respecto dijo la Sala en Sentencia del 9 de junio de 2010. (&) En este punto ha de resaltarse que no acoge la Sala la manera como el a quo dispuso la tasación indemnizatoria, pues, como bien advierten los impugnantes, ninguna razón ofreció para apartarse de los lineamientos generales que la jurisprudencia para eventos como el que hoy conoce esta Sala ha entregado a la comunidad jurídica, circunstancia que impone que deban ajustarse sus valores a esos lineamientos por no existir en el proceso circunstancias demostradas que permitan introducir las reducciones que dieron lugar a la protesta de los demandantes afectados. (&) La Sala procederá al ajuste de patrón de la condena impuesta por el Tribunal por dicho concepto (&) al estar debidamente acreditado en el expediente la relación de parentesco existente entre los padres y hermanos con el fallecido, relación que hace presumir la intensidad del dolor moral que sufrieron con la muerte de su hijo y hermano, máxime si se tiene en cuenta las circunstancias en que dicha muerte se produjo momentos de terror- en que la naturaleza misma del hecho que la generó es comprensible que produzca en las personas mayor grado de ansiedad, confusión, dolor y repudio de lo acontecido. (&) y de conformidad con las reglas de la experiencia y convivencia humanas, entiende que es dable presumir el dolor que los abuelos sienten con la muerte de un nieto, afección que, por lo demás, refieren los testigos que depusieron dentro de este proceso contencioso (&) Por todas estas razones se modificará la sentencia impugnada y se procederá a reconocer a cada uno de los abuelos demandantes el equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, cuantía indemnizatoria a la que se llega por entender, (&) que resulta razonable asumir que entre los miembros de la célula primaria de la sociedad como es la familia, según señala la propia Constitución-, existen lazos de cariño, de fraternidad, vocación de ayuda y solidaridad, y la ruptura injusta de esos lazos genera desazón, angustia y sentimientos de frustración que, en tratándose de los abuelos pueden calificarse como profundos y desgarradores.
 

El Consejo de Estado unifica los criterios para tasar los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, proponiendo una fórmula objetiva basada en rangos de tiempo de detención y múltiplos de Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) para la víctima directa y sus allegados. También considera otros criterios como las condiciones de reclusión, la gravedad del delito imputado y la posición social del afectado, aunque el enfoque principal es el tiempo de privación. Además de los perjuicios morales, se reconocen perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente (honorarios de abogado) y lucro cesante (ingresos dejados de percibir durante la privación de libertad y un tiempo adicional para la reinserción laboral).
 

El Consejo de Estado unifica el criterio jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con el tope indemnizatorio de los perjuicios morales en casos donde el daño antijurídico imputable al Estado se origina en una conducta punible. Se establece que, en estos escenarios, el artículo 97 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), que permite indemnizaciones de hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV), es aplicable como referente para la tasación, superando el límite tradicional de 100 SMMLV. Sin embargo, enfatiza en que no se trata de una aplicación analógica, sino que el artículo 97 sirve de fundamento directo al principio del arbitrio iuris del juez contencioso administrativo para establecer el monto de la condena.
 

El Consejo de Estado unifica la jurisprudencia en relación con la cuantificación de los perjuicios morales a reconocer a la víctima directa y a sus familiares en casos de lesiones personales. Establece un sistema de seis rangos de indemnización en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), que varían según la gravedad o levedad de la lesión de la víctima directa (determinada por el porcentaje de incapacidad) y el nivel de relación afectiva de los familiares con el lesionado (clasificados en 5 niveles de parentesco y relación).
 

El Consejo de Estado, aborda la liquidación de perjuicios morales en casos de muerte, para lo cual estableció un sistema de cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima directa del daño (el fallecido) y quienes acuden a la justicia como perjudicados o víctimas indirectas. La tabla establece un tope indemnizatorio en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), que se liquidan al valor vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia: Nivel 1: Relación afectiva conyugal y paterno-filial o miembros del mismo núcleo familiar, lo integran: Cónyuges, compañeros permanentes o estables, padres e hijos (primer grado de consanguinidad). Tope indemnizatorio: 100 SMLMV. Nivel 2: Relación afectiva del segundo grado de consanguinidad o civil. lo integran: Hermanos, abuelos y nietos. Tope indemnizatorio: 50 SMLMV (equivalente al 50% del tope del Nivel 1). Nivel 3: Relación afectiva del tercer grado de consanguinidad o civil, lo integran: Tíos, sobrinos, bisabuelos, biznietos. Tope indemnizatorio: 35 SMLMV (equivalente al 35% del tope del Nivel 1). Nivel 4: Relación afectiva del cuarto grado de consanguinidad o civil, lo integran: Primos hermanos, tíos abuelos, sobrinos nietos. Tope indemnizatorio: 25 SMLMV (equivalente al 25% del tope del Nivel 1). Nivel 5: Relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados), lo integran: Amigos íntimos, vecinos cercanos, o cualquier otra persona que, sin tener un vínculo de parentesco, demuestre haber sufrido un perjuicio moral significativo por la muerte de la víctima. Tope indemnizatorio: 15 SMLMV (equivalente al 15% del tope del Nivel 1).
 

El Consejo de Estado, reconoce el derecho a la indemnización por el sufrimiento, la angustia, el desasosiego y la impotencia de los demandantes ante la omisión del Estado. Se concede tanto a las víctimas directas de los atentados como a los demás miembros de la familia que fueron objeto de amenazas.
 

En relación con el perjuicio moral, este tipo de daño se presume en los grados de parentesco cercanos, puesto que la familia constituye el eje central de la sociedad en los términos definidos en el artículo 42 de la Carta Política. De allí que, el juez no puede desconocer la regla de la experiencia que señala que el núcleo familiar cercano se aflige o acongoja con los daños irrogados a uno de sus miembros, lo cual es constitutivo de un perjuicio moral.
 

Esta Corporación precisó que la reparación del perjuicio moral derivado de la muerte se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta la cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas (&) Así, condenará a la demandada Nación  Ministerio de Defensa - Policía Nacional y al Distrito Capital  Alcaldía de Bogotá a pagar la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la madre de la víctima y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la hermana.
 

El Consejo de Estado, hace distinción de los perjuicios, indica que estos son el daño o menoscabo que una persona sufre en sus bienes, derechos o intereses como consecuencia de una acción u omisión. Se clasifican en: 1. Perjuicios Morales: Afectaciones al ámbito no patrimonial de la persona, como el dolor, la aflicción, el sufrimiento y la alteración de las condiciones anímicas o espirituales. Se tasan en gramos oro (o su equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes - SMMLV). 2. Perjuicios Materiales (Patrimoniales): Afectaciones al patrimonio de la persona, que se subdividen en: a) Daño Emergente: La disminución o pérdida real y efectiva del patrimonio de la víctima como consecuencia directa del daño (gastos ya incurridos o que se deberán incurrir). b) Lucro Cesante: La ganancia o provecho que se dejó de percibir o el incremento patrimonial que se frustró debido al daño.
 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ha indicado: Así pues, la incapacidad médico-legal es un criterio clínico con fines jurídicos, que establece un perito médico u odontólogo basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión, compromiso estructural y/o funcional, entre otros) y el tiempo necesario para el proceso de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada. La incapacidad médico-legal siempre debe expresarse en número de días, contados siempre a partir de la fecha en que ocurrieron las lesiones. En la determinación de la incapacidad médico-legal se deben tener en cuenta las condiciones específicas de la persona evaluada que puedan incidir en la evolución clínica de la lesión (por ejemplo, la edad, el estado previo de salud, las circunstancias en las cuales se produjo la lesión, si hubo o no manejo médico y de qué tipo, entre otras). Debe evaluarse la afectación de la salud de la persona de manera global e íntegra. Se concluye, entonces, que la incapacidad médico-legal se fija únicamente con los criterios clínicos de tiempo de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica causada y gravedad de la lesión. No es criterio para fijar la incapacidad médico-legal la ocupación del lesionado, ya que la incapacidad variaría de acuerdo con la ocupación de la persona y no con la gravedad del daño ocasionado; además, el bien jurídico tutelado en el delito de lesiones personales, en todas las personas es el mismo: la integridad personal. Siempre que el perito pueda conocer integralmente las lesiones, podrá tener criterio para fijar la incapacidad médico-legal; por el contrario, si no se conoce la magnitud, características y gravedad de la lesión, no podrá fijar la incapacidad médico-legal.
 

El Consejo de Estado discute la indemnización por perjuicios morales a la víctima directa y sus familiares. Se reitera que la acreditación del parentesco (hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil) es suficiente para inferir la causación de perjuicios morales. Hace referencia a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, exp. 31172, que estableció montos indemnizatorios con base en la gravedad de la lesión y la cercanía afectiva. En el caso específico, y ante la falta de un dictamen objetivo de la gravedad de la lesión, la Sala confirma la tasación de la indemnización de primera instancia (30 SMLMV para la víctima directa, 15 SMLMV para la madre y abuelos, y 10 SMLMV para los hermanos), negando otros perjuicios por falta de acreditación.
 

La Corte ha manifestado que en cuanto se refiere a la forma de probar los perjuicios morales, debe advertirse que, en principio, su reconocimiento por parte del juez se encuentra condicionado al igual que demás perjuicios- a la prueba de su causación, la cual debe obrar dentro del proceso. Por esta razón, el Juez Contencioso al momento de decidir se encuentra en la obligación de hacer explícitos los razonamientos que lo llevan a tomar dicha decisión, en el entendido que la ausencia de tales argumentaciones conlleva una violación al derecho fundamental del debido proceso. Ha entendido esta Corporación que es posible presumirlos para el caso de los familiares más cercanos, dada la naturaleza misma afincada en el amor, la solidaridad y el afecto que es inherente al común de las relaciones familiares, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada dentro del proceso.
 

Unifica la jurisprudencia en relación con el tope indemnizatorio de los perjuicios morales en escenarios en los que el daño antijurídico imputable al Estado tiene su origen en una conducta punible, en los términos del artículo 97 de la ley 599 de 2000. La Sección Tercera de esta Corporación precisó en sentencia de unificación que la reparación del perjuicio moral derivado de la muerte se determina en salarios mínimos mensuales vigentes (SMLMV) a partir de cinco niveles que se configuran según la cercanía afectiva entre la víctima directa del daño o causante y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas indirectas (&) Para los niveles 1º y 2º se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros, para los niveles 3º y 4º se debe acreditar, además, la prueba de la relación afectiva y para el nivel 5º únicamente debe probarse la relación afectiva.
 

La jurisprudencia del Consejo de Estado considera que, en los eventos en los cuales una persona es detenida, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño; así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia.