Determina la Corte, que el juez debe consultar los principios de razonabilidad y proporcionalidad de una medida prevista en la ley, como lo es una sanción pecuniaria. Las autoridades judiciales deben adoptar decisiones ajustadas a esos principios constitucionales.
 

Modifica el Título IX de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a las entidades reconocidas de autorregulación que soliciten llevar el registro abierto de avaluadores, los requisitos para la autorización, suspensión y terminación del reconocimiento. También regula a las entidades que no soliciten la función antes mencionada, las operaciones del registro abierto de avaluadores, lo correspondiente al Comité de Gestión y Coordinación Técnica, cuota para el mantenimiento, contenido del registro, certificado de inscripción, régimen sancionatorio, entre otros.