RESOLUCIÓN SDH-000423 DE 2022

(Noviembre 10)

Por la cual se adopta la Tabla de Honorarios para la Secretaría Distrital de Hacienda para la vigencia 2023 y se dictan otras disposiciones

EL SECRETARIO DISTRITAL DE HACIENDA

En uso de las facultades que le confieren los artículos 3º y 32 de la Ley 80 de 1993, el artículo 60 del Decreto 854 de 2001, el artículo 1º del Decreto Distrital 364 de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que los principios de la contratación estatal y la actividad contractual de las entidades públicas emanan directamente y deben ceñirse a los postulados del artículo 209 de la Constitución Política y a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública constituidos por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, sus Decretos reglamentarios y demás normas que lo complementan.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que: “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 la contratación estatal tiene como fin “la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”.

Que el Consejo de Estado[1] ha precisado que con esta norma el legislador dispuso que las actuaciones contractuales de las entidades estatales deben supeditarse al cumplimiento de los principios de la contratación estatal.

Que en ese sentido, el principio de transparencia dispone que la selección de los contratistas debe “edificarse sobre las bases de i) la igualdad respecto de todos los interesados; h) la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad delas actuaciones de la administración; y) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la administración”.[2]

Que atendiendo a lo determinado por el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, todas las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se deben ajustar a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y los que rigen la función administrativa.

Que el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los contratos de prestación de servicios como “(...) los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable (...).

Que de acuerdo con el literal h) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, es procedente la contratación directa para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 consagra, respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales: “Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural y jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad y experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita”.

Que para la celebración de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y lo señalado en el Decreto Ley 019 de 2012, así como las demás disposiciones legales que regulen la materia.

Que el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001, establece que “Las Secretarías de despacho, Departamentos Administrativos y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, como entidades ejecutoras que conforman el presupuesto anual del Distrito Capital, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto”.

Que de conformidad con el artículo segundo del Decreto Distrital 492 de 2019, los representantes legales de las entidades y organismos distritales sujetos al ámbito de aplicación de dicho Decreto deberán propender para que las decisiones de gasto público se ajusten a criterios de eficiencia, eficacia y economía, con el fin de racionalizar el uso de los recursos públicos, y asimismo deberán adoptar las medidas necesarias, tendientes a que las decisiones de gasto público cumplan con los principios de racionalización y austeridad, entre otros.

Que a través de la Circular Externa No. DDP-000004 de 17 de junio de 2022, expedida por las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación, por la cual se dieron a conocer las directrices y el cronograma para la programación presupuestal de la vigencia 2023, se señaló que “los gastos deberán programarse considerando los criterios de sostenibilidad fiscal, disponibilidad de recursos, fuentes de financiamiento, austeridad ³, racionalidad en el gasto y los productos a entregar.”.

Que en consideración de lo anterior, para la vigencia 2023 como referente para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas naturales, se adoptarán los honorarios vigentes durante el año 2022, según la Tabla del artículo segundo de la Resolución SDH-000610 del 14 de octubre de 2021, con excepción del rango inferior del nivel asistencial que debe ajustarse al salario mínimo de la vigencia, y lo correspondiente a los rangos técnico y tecnólogo en la categoría sin experiencia, en virtud de las medidas de fortalecimiento a la eliminación del rango inferior del nivel asistencial que debe ajustarse al salario mínimo de la vigencia, y lo correspondiente a los rangos técnico y tecnólogo en la categoría sin experiencia, en virtud de las medidas de fortalecimiento a la eliminación de barreras de empleabilidad de los jóvenes entre 18 y 28 años.

Que, lo anterior se adopta en aplicación de lo dispuesto por el artículo segundo de la Ley 2214 de 2022 “por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se toman medidas para fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil y se dictan otras disposiciones”, el cual señala: “Artículo 2. Jóvenes sin experiencia: para la aplicación de las medidas a las que se refiere el artículo 196 de la Ley 1955 de 2019, se entenderá por jóvenes sin experiencia, las personas de dieciocho (18) a veintiocho (28) años, bachilleres o egresados de programas de educación técnico, tecnólogo y pregrado, sin experiencia profesional conforme al artículo 11 del Decreto 785 de 2005 y/o aquellos jóvenes que acrediten sus prácticas como experiencia profesional, sin perjuicio de lo contemplado en la ley 2043 de 2020”.

Que para la provisión y ejercicio de los empleos públicos, el Decreto Ley 785 de 2005 “por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004” fijó en su capítulo quinto, las equivalencias entre estudios y experiencia que las entidades territoriales pueden aplicar, según la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empleo.

Que, asimismo, el Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” recogió en su capítulo quinto, artículo 2.2.2.5.1. las equivalencias entre estudios y experiencia que podrán aplicarse al fijar los requisitos académicos y de experiencia para el ejercicio de los empleos pertenecientes a los niveles directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial.

Que, por analogía, las previsiones contenidas en las normas citadas pueden ser extendidas para la acreditación de los requisitos de estudios y experiencia contemplados en la presente resolución, para quienes presten servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos a través de contratos de prestación de servicios como una manera técnica de valorar las competencias de los contratistas.

Que se hace necesario tener en cuenta que las condiciones de idoneidad y experiencia requeridas para los contratistas están determinadas tanto por el objeto que se pretende contratar, como por las obligaciones generales y específicas atendiendo en todo caso la normatividad legal vigente y las necesidades del servicio de la Entidad.

Que atendiendo las consideraciones expuestas y con el propósito de establecer el monto de los honorarios de contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos para la vigencia 2023 en la Secretaría Distrital de Hacienda, a continuación, se adopta la Tabla de Honorarios como referente para este tipo de contratación.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Objeto. Adóptese la siguiente escala como referente para determinar los honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en la Secretaría Distrital de Hacienda-SDH, durante la vigencia fiscal 2023.

Parágrafo Primero: El valor de los honorarios incluye los impuestos a que haya lugar y los costos directos e indirectos en que incurra el contratista para ejecutar el objeto del contrato.

Corresponde al área solicitante revisar el régimen tributario del posible contratista, con el propósito de asegurar la cobertura presupuestal del contrato a suscribir en evento en el que el contratista pertenezca al Régimen Común del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En tal sentido, es deber del área a cargo de la necesidad a satisfacer, presupuestar la cobertura de este impuesto dentro de los honorarios arriba fijados.

Parágrafo Segundo: La dependencia solicitante determinará el valor de los honorarios, teniendo en cuenta la idoneidad respecto a su formación académica, la experiencia requerida, y la disponibilidad presupuestal.

Los honorarios pactados responderán a la necesidad de la entidad, por lo tanto, aunque el futuro posible contratista tenga requisitos académicos o de experiencia superiores a los requeridos para la celebración del contrato, deberán tenerse en cuenta las necesidades y el presupuesto establecido para el área, con el fin de tasar y definir los honorarios en el marco del referente establecido para cada categoría en la tabla adoptada en el presente artículo.

Parágrafo Tercero: La entidad fijará la modalidad de los pagos contra la entrega de productos o el cumplimiento de servicios, según la especificidad del servicio a contratar, conforme se establezca en los estudios previos que justifiquen la contratación.

Parágrafo Cuarto: El valor mensual de los honorarios pactados en los contratos suscritos, se mantendrá fijo hasta su terminación y no tendrán incremento por los cambios de vigencia.

Artículo 2. Estudios y experiencia. Para la exigencia de títulos académicos y experiencia técnica, tecnológica o profesional, se deberán tener en cuenta las disposiciones legales que regulan o reglamentan la materia. Igualmente, se tendrán en cuenta por analogía para la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, las equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005, en el capítulo 5 del Decreto 1083 de 2015, se dará aplicación a lo dispuesto en la Ley 2039 de 2020, el Decreto 952 de 2021 y lo señalado en la Ley 2214 de 2022, o las normas que lo modifiquen o sustituyan conforme se determina a continuación:

1. Equivalencias para contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión (técnicos, tecnológicos, operativos y asistenciales).

2. Equivalencias para contratos de prestación de servicios profesionales.

Parágrafo: La experiencia exigida se contabilizará conforme lo dispongan las normas vigentes para el ejercicio de la correspondiente profesión, excepto en los casos de los contratos de apoyo a la gestión la cual se contará a partir de la fecha que se señale en los estudios previos de acuerdo con los criterios que se establezcan para tal efecto atendiendo lo señalado en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012.

De conformidad con lo establecido en el capítulo 6 del título 5 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 952 de 2021, se tendrán en cuenta las equivalencias u homologación de experiencia previa al título profesional y que tiene que ver con los siguientes aspectos: i) reconocimiento de experiencia previa como experiencia profesional, referida a actividades formativas o de práctica que guardan relación directa con el programa cursado por el estudiante, en los términos del artículo 2.2.5.6.3. del Decreto 952 de 2021, ii) certificación de experiencia adquirida por desarrollo de contratos laborales y contratos de prestación de servicios, iii) certificación de experiencia previa adquirida por participación en grupos de investigación. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 2039 de 2020. Para la contratación de jóvenes se dará cumplimiento a las previsiones contenidas en la Ley 2214 de 2022.

En los procesos de selección de que trata el artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015 (Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales), no se aceptarán traslapes de experiencia, en los casos en que se acredite experiencia de más de un contrato dentro de la misma vigencia.

Artículo 3. Servicios altamente calificados. Se entiende por servicios altamente calificados, aquellos requeridos en situaciones de alto nivel de especialidad, complejidad y detalle.

En el evento en que la entidad requiera contratar servicios de esta naturaleza, se recuerda que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.8.4.4.6. del Decreto Único Reglamentario No. 1068 de 2015, está prohibido fijar como remuneración un valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el Secretario (a) de Despacho de esta Secretaría.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo 3 del artículo en cita, de manera excepcional, se podrá pactar honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el Secretario (a) de Despacho, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de su remuneración, incluidos los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales.

Para el efecto, el Ordenador de Gasto delegado, en los términos de los artículos 2, 3, 4, 5 y 13 de la Resolución SDH 215 de 2022, deberá certificar el cumplimiento de los siguientes aspectos:

Justificar la necesidad del servicio del personal altamente calificado. 2. Indicar las características y calidades específicas altamente calificadas que reúne el posible contratista para la ejecución del contrato. 3. Determinar y detallar las características de los productos y/o servicios que se espera obtener.

Artículo 4. Excepciones. La escala de honorarios fijada mediante el artículo 1º de la presente resolución, no aplica en los siguientes casos:

1. Contratos de prestación de servicios profesionales cuyo objeto sea la emisión de un concepto jurídico, técnico, financiero, económico, científico o de cualquier otra naturaleza.

En este tipo de contratos el servicio es la emisión de un concepto sobre un asunto determinado, establecido de manera previa a la contratación, en el que la remuneración corresponde específicamente a ese producto. De tal manera que el contrato se estructura sobre la necesidad de un concepto en particular, la entrega de ese producto y el pago de ese producto. A diferencia de los contratos de prestación de servicios profesionales en los que dentro de las obligaciones se pacta la elaboración de conceptos de manera amplia y general, según los temas que sean asignados durante el tiempo de ejecución del contrato, fijando un pago de honorarios mensualizados o por el cumplimiento de diferentes actividades dentro de las que se incluyen conceptos.

2. Contratos de prestación de servicios para representación judicial, cuando el objeto, la naturaleza del contrato o la cuantía de las pretensiones así lo amerite.

3. Contratos de prestación de servicios de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.

4. Contratos de prestación de servicios con personas jurídicas.

5. Contratos de prestación de servicios altamente calificados.

Parágrafo Primero: En estos casos, la retribución de los servicios aquí enunciados se calculará con sujeción a los criterios establecidos por la dependencia solicitante del trámite contractual y de acuerdo con el estudio de mercado realizado para tal efecto.

Las anteriores excepciones se aplicarán sin perjuicio de las prohibiciones contempladas en el artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015, y demás normas concordantes.

Parágrafo Segundo: En todo caso, cuando se trate de contratación sobre los aspectos a que se refiere el presente artículo, se estipulará su retribución con sujeción a la complejidad del producto (cuando se trata de la emisión de conceptos), o a la tasación de honorarios por los servicios a prestar y/o a los demás aspectos propios de la actuación del contratista.

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, pero tendrá efectos diferidos a partir del 1º de enero de 2023.

Parágrafo: Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se encuentren en ejecución a la fecha de expedición de la presente resolución, así como sus prórrogas y/o adiciones, continuarán rigiéndose bajo las estipulaciones inicialmente pactadas.

Artículo 6. Transición. Las disposiciones previstas en el artículo 3° de la presente resolución, tendrán aplicación desde la fecha de su expedición, en lo que corresponde a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales altamente calificados que sean requeridos por las diferentes áreas al interior de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Artículo 7. Derogatorias. La presente resolución deroga las Resoluciones Nos. 000610 del 14 de octubre de 2021 y 000624 del 25 de octubre de 2021.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los diez 10 días del mes de noviembre del año 2022.

JUAN MAURICIO RAMÍREZ CORTÉS

Secretario Distrital de Hacienda

Nota: Ver norma original en Anexos.

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