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RESOLUCIÓN 018 DE 2025
(Enero 17)
Por medio de la cual se declara bien baldío urbano y la propiedad de Bogotá, Distrito Capital en los términos del artículo 123 de la Ley 388 de 1997 el predio ubicado en la CL 12C 1A 24, Barrio La Concordia de la Localidad La Candelaria de Bogotá, D.C.
LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTA D.C.
En uso de las facultades legales otorgadas en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, el artículo 3 de la Ley 2044 del 30 de julio de 2020, el Acuerdo Distrital No. 18 de 1999 y en especial de las conferidas por los Decretos 854 de 2001, 089 de 2021 y 478 del 2022, y
CONSIDERANDO:
Que el Alcalde Mayor de Bogotá delegó en la Directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, en lo que se refiere a la defensa y saneamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario Distrital, incluidos los procesos necesarios para la defensa, custodia, preservación y recuperación de los bienes del espacio público del Distrito Capital, iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2002, en los términos del artículo 131 del Decreto Distrital 479 de 2024, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Distrital del Sector Gestión Jurídica".
Que de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 018 de 1999 aprobado por el Concejo de Bogotá, corresponde al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP-, entre otras funciones: c) promover en nombre del Distrito Capital las acciones judiciales y administrativas que fueren necesarias para la defensa de los bienes inmuebles de su propiedad y; d) Adelantar las acciones requeridas para lograr el saneamiento de los bienes inmuebles del Distrito Capital.
Que el Decreto 854 de 2001, "Por el cual se delegan funciones del Alcalde Mayor y se precisan atribuciones propias de algunos empleados de la Administración Distrital", estableció en sus artículos 20, 60 y 61 lo siguiente:
"...ARTÍCULO 20. Delegar en el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público la representación legal, judicial y extrajudicial del Distrito Capital para promover las acciones administrativas, judiciales y extrajudiciales que fueren necesarias para la defensa y saneamiento de los bienes inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario Distrital, así como para la custodia, preservación y recuperación de los bienes del espacio público del Distrito Capital...".
ARTICULO 60. Las Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos y Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, como entidades ejecutoras que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, tienen la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la que hacen parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto. Estas facultades están en cabeza de los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento y Gerente de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos.
Estas competencias podrán ser delegadas en funcionarios del nivel directivo y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.
ARTICULO 61. La atribución establecida en el artículo anterior se encuentra limitada, en lo pertinente, por la competencia que en materia contractual mantiene el Director del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público para celebrar los convenios interadministrativos, adjudicar y celebrar todo tipo de contratos o negocios jurídicos relacionados con el patrimonio inmobiliario Distrital; incluyendo aquellos que impliquen actos de disposición sobre bienes de naturaleza fiscal..." (Negrilla fuera de texto).
Que, por otro lado, el numeral 18 del artículo 150 de la Constitución Política de 1991, estableció que "Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
18. Dictar las normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías."
Que jurisprudencialmente la Corte Constitucional en sentencia C-536 de 1997, Magistrado Ponente Doctor Antonio Barrera Carbonell, definió los bienes baldíos como "bienes que pertenecen a la Nación, cuya adjudicación se puede hacer a los particulares o a las entidades públicas, bajo un criterio de utilidad y de beneficio social, económico y ecológico, según la filosofía que inspira la reforma agraria, la cual tiene pleno sustento en los arts. 60, 64, 65, 66 y 334 de la Constitución.
Que de acuerdo con el artículo 675 Código Civil Colombiano hace referencia a los bienes baldíos en los siguientes términos: "Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño".
Que con la promulgación y entrada en vigencia de la Ley 388 de 1997 en el marco de la Constitución Política de 1991, los municipios y distritos adquirieron la titularidad del dominio sobre los bienes inmuebles baldíos que se encuentran dentro de su perímetro urbano, cuando en su artículo 123 dispuso:
"De conformidad con lo dispuesto en la Ley 137 de 1959, todos los terrenos baldíos que se encuentran en suelo urbano en los términos de la presente ley, en los municipios y distritos y que no constituyan reserva ambiental pertenecerán a dichas entidades territoriales."
Que el artículo 2 de la Ley 2044 de 2020, "Por el cual se dictan normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales y se dictan otras disposiciones", definió el bien baldío urbano en los siguientes términos:
"Son aquellos bienes de propiedad de los municipios o distritos, adquiridos con fundamento de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 388 de 1997, localizados en el perímetro urbano de la entidad territorial."
Que el artículo 3 de la misma norma estableció el procedimiento que deben adelantar las entidades territoriales para la identificación y transformación de bienes baldíos urbanos a bienes fiscales, bienes fiscales titulables o a bienes de uso público, en los siguientes pasos:
"...1. Identificar el bien baldío urbano que se pretende convertir en bien fiscal, bien fiscal titulable o bien de uso público;
2. Hacer el estudio de títulos correspondiente;
3. Solicitar la carencia de identidad registral a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente;
4. La entidad territorial debe hacer la declaratoria de bien baldío mediante acto administrativo de carácter general, el cual será publicado.
Registrar, ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, el acto administrativo que declaró el bien baldío, de acuerdo con las normas vigentes...".
Que el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado No. 1592 de 2004 precisó qué: "Por efectos del artículo 123 de la ley 388 de 1997, los baldíos urbanos pertenecen a los municipios y distritos".
Que en el concepto antes citado de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indico que: "(...) si bien la titularidad en la propiedad de los baldíos es de la Nación, cuando la ley ordena integrar a los planes de ordenamiento territorial los bienes inmuebles baldíos comprendidos dentro de los límites urbanos, y dispone que "pertenecerán" a los municipios y distritos para que realicen las finalidades propias de esos planes, es claro entonces que el legislador los apropió y destinó con una finalidad específica, cumpliendo así el mandato del artículo 150-18 de la Constitución Política que le ordena al Congreso expedir las normas sobre "apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. La mayor autonomía municipal que la constitución actual otorgó a estas entidades, se ve realizada con la entrega de la adjudicación de los baldíos a los distritos y los municipios." Negrilla y subrayado fuera de texto.
Que la Subdirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos y la Dirección Jurídica Distrital emitieron el Concepto 76 de 2009 del 18/12/2009 en el que indica "Tratándose de predios baldíos, la atribución de titularización o escrituración de los mencionados predios no está en cabeza de las personerías municipales y distritales, ni de las Alcaldías municipales y locales. Esta atribución, en el Distrito Capital le fue adjudicada a el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, mediante el artículo 61 del Decreto Distrital 854 de 2001 (...)". (Negrilla fuera de texto).
Que mediante radicado 20191800263921 del 11 de abril de 2019 (Radicado DADEP 2019-400-007767-2 del 12-04-2019), la Secretaria Distrital de Gobierno, envió concepto jurídico sobre la competencia del DADEP para realizar transferencias a título gratuito de bienes fiscales, y asimismo indicó entre otros aspectos:
"(...) De conformidad con la definición y las características de los bienes fiscales, podemos señalar que estos pueden ser susceptibles de ser enajenados o transferidos, atendiendo las disposiciones normativas que regulen la materia.
En ese orden, debemos señalar que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, es la entidad encargada de ejercer la administración, directa o indirectamente de todos los bienes inmuebles del nivel central del Distrito Capital, recibir, custodiar y administrar todos los bienes inmuebles que le transfiera otras entidades distritales, tal como lo señala el Acuerdo Distrital 18 de 1999.
Así mismo, el Decreto Distrital 854 de 2001, complementó y señaló las competencias que tiene el DADEP, entre otras, para celebrar convenios interadministrativos, adjudicar y celebrar todo tipo de contratos o negocios juridicos relacionados con el patrimonio inmobiliario Distrital, incluyendo aquellos que impliquen actos de disposición sobre bienes de naturaleza fiscal.
Es de anotar que el uso del vocablo "Administrar" incorporado en el Acuerdo 18 de 1999, debe entenderse en su tenor literal y no de manera restrictiva, en el sentido de considerar que la administración implica no solo actos de gestión, organización, planeación o dirección, sino que además implica, incluso, actos de transferencia o enajenación tal como lo ratifica el Decreto 854 de 2001 en su artículo 61.
Es por ello, que haciendo una lectura sistemática tanto del Acuerdo Distrital 18 de 1999 y del Decreto Distrital 854 de 2001, es loable concluir que es el DADEP el competente para celebrar actos de disposición sobre bienes de naturaleza fiscal, con los requisitos y parámetros que la misma ley señala. (...)" (Negrilla fuera del texto).
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 478 de 2022 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público", corresponde a la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público: "2. ejercer la representación legal del departamento y 8. Establecer lineamientos para la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con la titulación y saneamiento de los bienes inmuebles del Distrito Capital".
Que aunado a lo anterior el mismo decreto le asignó a la Subdirección de Registro Inmobiliario varias funciones consignadas en el artículo 9, entre otras las descritas en los numerales 2 y 8, que hacen alusión a:
"...2. Implementar las políticas, programas y normativas relacionadas con la recepción, incorporación, saneamiento, titulación, certificación, análisis, estudio, divulgación, e información del inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital.
(...)
8. Adelantar los estudios técnicos y jurídicos de predios que puedan contar con la vocación de bienes baldíos y adelantar las actuaciones tendientes a la declaración de los bienes baldíos identificados y su titulación a favor del Distrito Capital..." (Subrayado y negrilla fuera de texto).
Que en cumplimiento de las funciones asignadas a la Superintendencia de Notariado y Registro, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nacional 2723 de 2014, "Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro", articulo 11 numerales 3, 26 y articulo 13 numeral 19, para su conocimiento y aplicación, el Despacho del Superintendente de Notariado y Registro, impartió orientaciones para la identidad jurídico registral de los bienes baldíos urbanos de propiedad de las entidades territoriales cedidos por la nación en virtud de la Ley.
Que mediante la Instrucción Administrativa No. 03 del 26 de marzo de 2015 que derogó la Instrucción Administrativa No. 018 del 24 de Agosto de 2009, la Circular No. 222 de Noviembre de 2010, se redefinieron las condiciones para la titulación de los predios baldíos y la correspondiente inscripción por parte de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, con el objeto de darles identidad registral a los bienes de los municipios y distritos, cuyo dominio fue adquirido en virtud de la Ley, y con el fin de darle seguridad jurídica a los títulos correspondientes.
Que de acuerdo con lo anterior, la instrucción administrativa ibídem, determinó que para el perfeccionamiento de la cesión que les hiciera la Nación de los bienes baldíos urbanos a que se refiere a la Ley 388 de 1997 a los municipios o distritos, es necesario que los alcaldes o representantes legales de las entidades territoriales o quien actúe como delegado, realice la declaración de bien baldío mediante acto administrativo que contenga la declaración de dominio pleno a nombre del municipio o distrito y lo identifique con su cabida y linderos.
Que por intermedio de la Instrucción Administrativa No. 11 del 24 de mayo de 2017, la Superintendencia de Notariado y Registro, adicionó la instrucción administrativa No. 03 del 26 de marzo de 2015 concerniente a un procedimiento específico para realizar la búsqueda y posterior expedición del certificado de antecedente de carencia registral.
Que el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP- y la Secretaría de Educación del Distrito -SED- suscribieron el Convenio No. SED-SAP-DCCEE-DADEP-1-2022, cuyo objeto es: "...Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y jurídicos entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO - DADEP y la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO SED, para articular y desarrollar actividades relacionadas con las gestiones administrativas, el saneamiento, titulación y de los predios que actualmente ocupa la SED en donde funcionan: Sedes Activas (Sedes de Colegios), Predios en Devolución (Sedes Cerradas), Bodegas, Lotes, Otros (sedes universitarias, centro de capacitación para maestros, viviendas) DILE (Dirección Local de Educación)...", con fecha de inicio el 20 de abril de 2023 y fecha de terminación el 05 de julio de 2025.
Que dicho convenio fue prorrogado de común acuerdo por las partes hasta el día 19 de noviembre de 2024; asimismo, fue suspendido por un período de 47 días calendario, comprendido entre el 16 de diciembre de 2024 y el 31 de enero de 2025, quedando con fecha de terminación el 05 de julio de 2025.
Que en el marco del convenio y dentro del listado de predios a sanear se encuentra el predio donde actualmente funciona el colegio La Candelaria Sede A La Concordia, identificado con el CHIP AAA0030JUEA, ubicado en la CL 12C 1A 24, Barrio La Concordia, Localidad La Candelaria.
Que la Subdirección de Registro Inmobiliario del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP-, evidenció que el predio objeto de estudio se encuentra incorporado en el Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC), en donde aparece como "propietario" BOGOTÁ D.C. ESCUELA LA CONCORDIA, identificado con código del sector 003104 04 01 000 00000, con nomenclatura oficial CL 12C 1A 24, sin relacionar datos jurídicos sobre la propiedad del mismo, reportando un Área de 4.175.23 m² y un área de construcción de 6.080,87 m2
Que, la Secretaría de Educación del Distrito mediante el radicado UAECD 2022ER41401 del 11 de noviembre de 2022 con el fin de verificar la información catastral del predio, solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD-, se informara si el predio se encontraba vinculado o relacionado con algún folio de matricula inmobiliaria y en el mismo sentido se indicara si a la dirección del predio se encontraba asociado a otro chip u otros chips adicionales al AAA0030JUEA, y también para que enviara la información relacionada con la incorporación catastral.
Que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD mediante radicado UAECD 2023EE6690 del 21 de febrero de 2023 emitió respuesta en el siguiente sentido:
"... Como se puede observar, el predio no se encuentra inscrito o vinculado a folio de matrícula inmobiliaria alguna puesto que fue incorporado al censo catastral como posesión desde su formación por no contar con antecedentes registrales, tal y como se puede observar en la siguiente imagen:
"...Ahora bien, respecto a su solicitud de informar que otros CHIP se encuentran vinculados a la dirección CL 12C 1A 24, se informa que la dirección en comento solo se encuentra vinculada al CHIPAAA0030JUEA...
Que, ante la solicitud realizada previamente por la Secretaria de Educación del Distrito, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital mediante radicado UAECD 2023EE3437 del 30 de enero de 2023 remitió la documentación técnica referente a la incorporación catastral del predio con nomenclatura actual CL 12C 1A 24 y CHIP AAA0030JUEA boletín, certificado, plano mazana(sic) catastral formada y plano mz catastral conservada, con el propósito de examinar la información jurídica registral de los predios colindantes.
Que, al respecto, la UAECD informó:
"(...) En atención a la solicitud recibida en la oficina de correspondencia de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD), y una vez consultado el Sistema Integrado de Información Catastral (SIIC), se anexan documentos, acorde con la información registrada en la base de datos catastral, para el CHIP solicitado:
Que la Secretaría de Educación del Distrito, de conformidad con la investigación realizada con base en la información catastral allegada por la UAECD, logró identificar los predios colindantes al predio ubicado en la CL 12C 1A 24 e identificado con CHIP AAA0030JUEA, y así mismo se concluyó que no cuenta con un folio de mayor extensión que permita individualizar jurídicamente la propiedad del mencionado predio. Para ello se analizaron los siguientes predios colindantes:
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