LUGAR: Sala de Juntas Secretario de Educación Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

FECHA 16 de agosto de 2.005

Dr. Abel Rodríguez Céspedes - Secretario de Educación de Bogotá

Dra. Catalina Velasco Campuzano - Subsecretaria de Planeación y Finanzas

Dra. Olga Teresa de Jesús Ávila - Directora de Contratación

Dr. William Cifuentes - Director Financiero (e)

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero - Jefe Oficina Asesora Jurídica

Dra. Yolanda Herrera - Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Se hicieron presentes en esta sesión los siguientes funcionarios:

Dr. Ángel Pérez Martínez - Subsecretario Administrativo

Dra. Diana Martínez Rodríguez - Profesional E. Oficina Asesora Jurídica

Dra. Flor Angela Fernández M - Profesional E. Oficina Asesora Jurídica

1. Verificación de quórum.

2. Presentación de los siguientes temas:

2.1 Presentación del informe de gestión judicial correspondiente al primer semestre del 2.005.

2.2 Continuación del estudio del tema propuesto para la sesión del día 22 de julio de 2.005, en el cual ejerce funciones de Secretario Técnico Ad-hoc el doctor Gustavo Adolfo Salazar Herrán.

Verificada la asistencia de los miembros integrantes, hay quórum deliberatorio y decisorio para realizar la sesión.

Una vez la Secretaria Técnica del Comité señaló el orden del día, el doctor Abel Rodriguez Céspedes manifestó que el tema propuesto en el numeral 2.2 no es competencia del Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la Secretaría de Educación, y que, la política de la administración sobre el pago de días no laborados del año 2.000 se adoptó a través de la Resolución número 3939 del 24 de septiembre de 2.004, por medio de la cual se ordenó dar cumplimiento a un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.

Lo anterior fue acogido por los demás miembros, modificándose, en consecuencia, el orden del día.

Se deja constancia que sobre la afirmación realizada por el Secretario de Educación, y acogida por los miembros, la abogada Liliana Fernanda Gaitán Nieto, secretaria técnica del Comité, manifestó que estima que el tema del numeral 2.2 sí es competencia del Comité de Defensa Judicial y Conciliación, y que, no se ha adoptado al respecto la correspondiente política de la administración. Precisó que una de las funciones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación es diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la entidad, siendo éstas de obligatorio cumplimiento por parte de los apoderados de la entidad.

El doctor Abel Rodríguez Céspedes procedió a concederle el uso de la palabra a la doctora Alba de la Cruz Berrío Baquero, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien procedió a realizar la presentación del informe de gestión judicial, manifestando lo siguiente:

Con la presentación del informe de gestión judicial se trata de evaluar cómo va la gestión judicial durante el primer semestre del año 2.005, teniendo en cuenta que el primer informe se rindió en diciembre de 2.004 para todo el año 2.004. Como primera medida lo que quiero señalar es que el número de procesos no ha variado sustancialmente, lo segundo que quiero informar es que, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, la Oficina de Asuntos Judiciales nos está informando que ya prácticamente todos los procesos en que es parte la Secretaría de Educación están en el SIPROJ, que es el sistema que está montado desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, ellos nos reportan 3370 procesos, pero nosotros no tenemos ese porcentaje porque hay 60 procesos aproximadamente que falta validar la información y verificar si es cierto que son de la Secretaría de Educación y que todavía están activos. En ese proceso de SIPROJ ha venido acompañando, a la Oficina Jurídica, la Alcaldía Mayor para juntar todo el sistema de información judicial del Distrito, que es a través de ellos que se coordina, y por otro lado estar muy pendiente también ahora que la Secretaría de Educación monte el sistema de oracle, podamos hacer una interfase de modo que podamos completar nuestra información por oracle e inmediatamente se pueda con la interfase migrar al SIPROJ. Los abogados de la Oficina Jurídica empiezan capacitación desde mañana para manejar el sistema, y, el control del SIPROJ prácticamente consiste en que ellos van alimentando la información para que quede a disposición del Distrito y desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. De todas maneras lo que hicimos en el año 2.004 y 2.005 lo seguimos manejando en acces, mientras estamos seguros de que la herramienta funcione perfectamente, y este que es el programa de acces, el cual hemos venido alimentando, es el que nos da los resultados que tenemos en este momento.

La doctora Alba de la Cruz Berrío Baquero procedió a exponer cada una de las gráficas del informe de gestión judicial que hace parte integral de esta acta como su único anexo.

Finalizada la exposición de la doctora Alba de la Cruz Berrío Baquero, la doctora Catalina Velasco Campuzano manifestó que la Secretaría tiene un sistema de monitoreo y evaluación de indicadores de gestión que ha venido desarrollando durante año y medio, preguntando la manera para que la Oficina Jurídica participe en este sistema de indicadores y se pueda comparar la gestión de jurídica como se hace con todas las áreas, tanto las de gestión como las de inversión, de tal manera que desde planeación sea posible realizar un acompañamiento en coordinación con Control Interno. Precisó que en su opinión es indispensable que todas las áreas de la Secretaría definan un plan, con los respectivos dosificadores de gestión, y que se pueda acompañar y trabajar desde Planeación en este aspecto.

Al respecto la doctora Alba de la Cruz Berrío explicó que en la reunión llevada a cabo el 16 de agosto de 2.005 sobre el plan operativo anual, realizó como observación sobre los planes operativos anuales que la gestión de las Oficinas Asesoras es básicamente legal, sujeta a términos, es decir, que por regla general se reflejará el cumplimiento del 100% de las metas, ya sea con una, dos o tres personas. Al plan operativo anual se le presentará dentro de un año lo mismo que del año en curso, porque se está cumpliendo con el 100% de la meta, toda vez que se deben cumplir los términos legales; sin embargo, de esta manera no se refleja que la gente está recargada de trabajo, y que mientras a la Oficina Jurídica no se le replantee una reestructuración interna, pues se verá obligada a cumplir con el 100% de la meta sin tener en cuenta el número de abogados con que cuenta. El impacto de ese informe frente a un organismo de control externo sería que no son necesarios más abogados, pues se está cumpliendo el 100% de la meta y no se refleja el cúmulo de trabajo de los abogados internos. Además, no es profesionalmente responsable asignar más de 100 procesos a un abogado, y, en la Oficina Jurídica están atendiendo más de doscientos procesos, no es responsable que en este momento se tengan 200 procesos disciplinarios y un solo abogado sustanciando, no es responsable manejar un comité de amenazados en donde prácticamente está a cargo de la Oficina Jurídica la toma de las respectivas decisiones. En consecuencia, el POA siempre reflejará el 100% del cumplimiento de las metas, pero no la realidad de sobrecarga laboral de la Oficina Jurídica, lo cual cobra mayor relevancia si se tienen en cuenta los riesgos que se ven a futuro como las demandas por escalafón, fallos disciplinarios en contra de docentes por documentos inexactos, lo procesos penales a favor de los docentes, el tema de concursos, provisionales que no pasaron el concurso.

El doctor Abel Rodríguez Céspedes manifestó que en este caso se estaría ante unos indicadores de gestión excelentes, lo cual se refleja en el informe presentado, así como se refleja la sobrecarga de trabajo de los abogados. Precisó que frente a ese hecho se podría medir cuál es el promedio normal de procesos que atendería un abogado, definiendo los respectivos indicadores de gestión de la manera más objetiva. Señaló con relación a lo afirmado sobre la atención de los procesos es clave, en especial si se indica que se realiza con falta de personal, pues se corre en riesgo de no atenderlos adecuadamente.

La doctora Catalina Velasco Campuzano manifestó que los correspondientes indicadores deben hacer parte del sistema de monitoreo de evaluación de la gestión de la Secretaría, pues permiten determinar si la gestión es adecuada.

La doctora Yolanda Herrera manifestó que lo que plantea la doctora Alba de la Cruz Berrío Baquero es precisamente que la Oficina Jurídica está presentando los indicadores al 100%, sin tener en cuenta el gran esfuerzo que están realizando los profesionales de dicha Oficina. Aclaró que la Directora de Planeación, en la reunión efectuada, quedó de plantear dicha inquietud a la alta dirección, para determinar de qué manera se subsana y qué está pasando en la Oficina Jurídica.

El doctor Ángel Augusto Pérez Martínez manifestó que es necesario seguir trabajando en el tema de la prevención, es decir, en realizar las cosas de base inicialmente bien, y además, en la coordinación entre lo que se realiza en todas las dependencias, para que posteriormente en la Oficina Jurídica no existan sobrecargas. Precisó que para lograr dicha coordinación sería conveniente realizar reuniones con todos sus abogados de las diferentes áreas, e inclusive de los colegios.

El doctor Abel Rodríguez Céspedes manifestó que, retomando el tema del informe, se observa que la gestión de la Oficina Jurídica es positiva. En cuanto a los indicadores de gestión señaló que una buena gestión no se puede quedar sin medida, pues lo contrario implica que no quedaría registrada y no podría ser objeto de comparaciones. Precisó que son dos temas: i) la forma de resolver el problema de personal, lo cual espera se realice con la reforma administrativa, y, ii) el registro positivo del informe. Con respecto a la sugerencia de la doctora Catalina Velasco señaló que los indicadores deben ser concertados con los funcionarios de Planeación.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: Este tema hace referencia a los días no laborados correspondientes al año 2.000 y que en el Tribunal se han denominado días compensados, el cual se puso a consideración en el Comité anterior, a cada uno de los miembros del Comité se les entregó la documentación, por lo cual se pensó en hacer dos sesiones en el presente comité: una con el informe de gestión judicial y la segunda parte con la definición de la política de defensa judicial por el tema de los días de descuento del año 2.000. Para esta primera parte del Comité nos acompaña la doctora Liliana Gaitán, que es la secretaria técnica del Comité, la doctora Diana Martínez, una de las abogadas responsables de la parte de procesos de la Oficina Jurídica, y la doctora Ángela Fernández que es la abogada que coordina, controla y vigila la parte procesal de la defensa judicial en los procesos penales ante la jurisdicción penal.

El informe va a ser fácil de explicar porque está bien graficado, no es muy complicado y se tiene la responsabilidad de rendir informe de gestión judicial al Ministerio del Interior y la Justicia, en relación con todo lo que tiene que ver con el Comité de Conciliaciones de la Secretaría de Educación del Distrito. Básicamente de lo que se trata es de evaluar el primer semestre del 2005 en relación con el año 2004 y determinar cómo va el informe de gestión judicial de la Oficina Asesora Jurídica.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Yo creo que son dos temas diferentes. El tema de la devolución de unos dineros por el año 2.000 está fallado por esta Secretaría, la Secretaría ordenó pagar, luego ahí no hay ninguna discusión. Que unos abogados estén reclamando días compensados, tengo entendido, es otra cosa, es otro proceso completamente diferente, entiendo que es eso.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: Sí. Eso es parte del tema a discutir en la segunda parte del Comité. El tema consiste básicamente en que la Secretaría de Educación ordenó, a raíz del fallo de Serafín, el pago de los días no laborados del año 2.000, presentándose una situación de carácter judicial, cuya política corresponde definir al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Secretaría de Educación, para lo cual está hoy convocado. La situación se presenta en el desarrollo del proceso judicial, y consiste en determinar cuál va a ser la defensa judicial que van a asumir los abogados que atienden la defensa ante el Tribunal por parte de la Secretaría de Educación sobre los días no laborados, o mal llamados compensados por parte de los abogados. Esta inquietud surge desde el punto de vista jurídico porque hay diferencias de criterio en relación con la definición de la política judicial por parte de los abogados, tanto internos de la Secretaría de Educación, como de alguna manera las diferencias de criterios que hay por parte del Tribunal Contencioso Administrativo.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Yo insisto en que para mí son dos asuntos completamente diferentes, el tema del año 2.000 del fallo de unos días no laborados, frente a la nulidad de una resolución que la Secretaría decidió pagar, está fallado. Ahora se nos presenta la situación de que hay unos abogados que están reclamando días compensados. Ese es el tema, y qué va a hacer la Secretaría frente a la reclamación de unos abogados que dicen que le paguemos unos días que los maestros compensaron, es decir, que adicionalmente a que se les devolvió los días, entonces ahora piden que se les paguen otros días, lo cual podemos resolver en un minuto: Mi posición es muy sencilla, no aceptamos absolutamente ninguna reclamación de ese tipo.

Dra. Alba de la Cruz Berrío: Pero la situación que se ha presentado dentro de la Secretaría de Educación en relación con los abogados que litigan ante el Tribunal Contencioso Administrativo es diferente.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: No, la Secretaría tiene una política y la fijamos, y los abogados pues si no les gusta la política que tomen sus propias decisiones, pero yo no puedo estar discutiendo con todos los abogados de la Secretaría qué vamos a hacer en cada caso y en cada defensa, me da mucha pena. Y los abogados deben entender eso, como lo debe entender cualquier funcionario. Si es la discusión de unas demandas que hay en concreto yo acepto que se haga la discusión y se ponga en el orden del día, no acepto discusión sobre una decisión que tomó la Secretaría de Educación en su momento, ya la tomamos. Si contra esa decisión se viene un proceso judicial lo examinamos, pero hasta ahora no lo hay, entonces no tiene por qué haber discusión al respecto. Ahora, puede decirse es que no se hizo en su momento la discusión; bueno, es posible, pero es que había una resolución y la cumplimos.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: No, sí se hizo la discusión.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Bueno, entonces la discusión yo la acepto únicamente en los términos de qué vamos a hacer o cómo actúa la Secretaría de Educación, la Oficina Jurídica, frente a unos abogados que están demandando que se les paguen unos días que ellos dicen que los maestros compensaron, en ese punto yo acepto la discusión, lo otro no; es que no podemos discutir las decisiones de hace un año porque o si no en qué estamos. Quiero ser muy categórico en eso y usted es la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y usted ejecuta unas decisiones que toma la Secretaría.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: Pues ahí sí me gustaría escuchar a los otros miembros del Comité, porque así como se ha venido desarrollando el tema no es la percepción que yo tengo, o sea no me parece que haya sido el giro que se le ha dado a la discusión sobre el tema, yo no sé que percepción tengan los otros miembros del Comité, de acuerdo con las circunstancias como se me han planteado en la Oficina Jurídica, yo sí considero que el Comité se debe pronunciar; sobre ese aspecto sí me gustaría saber qué opinan los demás miembros del Comité.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Por qué le ponemos al Comité un tema que no es de discusión del Comité.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: Sí es de discusión del Comité Secretario.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Pero si ya tomamos una decisión. ¿El Comité puede echar a atrás la decisión que tomamos?

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: No es sobre la decisión de haber cancelados los días descontados del año 2.000. La decisión tiene que ver sobre cuál va a hacer la política judicial que van a asumir los abogados que atienden la defensa judicial ante los Tribunales Contencioso Administrativo en relación con los procesos que todavía están en curso en el Tribunal. Casos de docentes que están demandando a la Secretaría de Educación y a los cuales ya se les canceló los días descontados del año 2.000.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Por eso, los reclamos por unos días que los maestros consideran que trabajaron bajo la forma de compensación y que no lo han recibido, ese es el tema.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: Sobre el tema de la compensación este Comité ya se pronunció.

Dr. Ángel Pérez: Yo tengo un comentario adicional y es que a mí me parece muy importante que se entienda que la Secretaría de Educación tiene que tener una posición respecto a interpretaciones, especialmente de tipo jurídico donde existan diversos escenarios como en este caso, en el que tenemos Salas diferentes de una misma Corporación fallan en algunos casos cada uno en sentido contrario. Entonces la Secretaría de Educación toma una posición y esa es una posición institucional que a todas luces tiene que tener siempre una sola interpretación por parte de la Oficina Jurídica, eso creo que es muy importante porque yo entiendo que en el marco de mecanismos de participación, y demás, podrían presentarse discusiones, darse varias interpretaciones, pero una vez la Secretaría toma una decisión, esa decisión debería ser respetada y acatada por todos nosotros. No solamente por la Oficina Jurídica sino por todo el que trabaja en la Secretaría de Educación, esto es muy importante porque de alguna manera el hecho de que la Oficina Jurídica soporte al Comité de Conciliación hace que todo el trabajo de la Oficina Jurídica, las interpretaciones jurídicas, tengan alguna incidencia directa sobre las decisiones que toma finalmente el Comité de Conciliación, entonces el hecho de que en la Oficina Jurídica se resuelva y se tome una posición respecto a un tema es muy importante para el Comité de Conciliación, porque nos podría ocurrir de pronto que llegamos al Comité de Conciliación con dos o tres posiciones de la Oficina Jurídica y eso sí sería muy grave porque de alguna manera eso nos desistitucionaliza y aquí es sólo una Secretaría, una sola Oficina Jurídica.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Yo iba a agregar precisamente eso. El Comité no es para discutir las posiciones que tengan los abogados de la Oficina Asesora Jurídica, es para fijar la política judicial. La Oficina Jurídica debe resolver las diferencias, que son obvias que se presenten, porque están interpretando la ley, los fallos, todo allá en la Oficina. Aquí viene la Oficina a través de su Jefe y discutimos; por eso me parece además que no es conveniente, no encuentro adecuado, que la Oficina Jurídica traiga aquí dos abogados, tres abogados, para ver la posición de cada uno.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: No, eso no se hizo así.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Entonces, si no se hizo así perfecto.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero: Quiero aclarar las circunstancias: La representación judicial la asumen los abogados directamente por el poder que usted les otorga a cada uno de ellos, o sea, en el momento en que usted le otorga poder directamente a los abogados, yo no soy quién para intervenir en la defensa judicial de los abogados, ellos pueden contestar las demandas y presentar sus alegatos de conclusión y yo no tengo inferencia en la gestión judicial que ellos adelantan, son ellos quienes responden desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético y con su tarjeta profesional responden por su gestión que adelantan ante las diferentes instancias judiciales; yo lo único que hago es un control y una verificación sobre la gestión adelantada por ellos, pero yo no incido en la forma en que ellos presentan sus alegatos, en la forma en como ellos presentan las contestaciones de demandas. ¿Por qué se hizo de esa forma? Porque de alguna manera en el Comité cuando se presentó el caso de conciliación por días compensados, se sometió a consideración del Comité el tema, el Comité estuvo de acuerdo en no conciliarlo, pero la Secretaría Técnica del Comité expuso su diferencia en relación con la política adoptada por la Secretaría de Educación en relación con el pago de los días del año 2.000, como esa diferencia no solamente se me planteo en la Oficina sino que se planteo dentro del Comité, y por lo mismo no era solamente la Secretaria técnica sino otros abogados quienes tenían sus puntos de vista sobre el tema, consideré conveniente que cada uno de ellos expusiera sus objeciones, sus recomendaciones o sus sugerencias para que el Comité las estudiara y las analizara. Eso es parte del ejercicio de la gestión judicial que hace cada uno de ellos, en donde de alguna manera si bien se fijan políticas y directrices no me corresponde a mí tener la injerencia directa sobre la gestión judicial que ellos tienen, porque, vuelvo y repito, el poder lo otorga usted directamente a cada uno de ellos.

Dr. Abel Rodríguez Céspedes: Con mucho gusto yo me reúno con los abogados y los escucho en otro escenario. Sus opiniones sobre las decisiones de la Secretaría, ni más faltaba, soy muy respetuoso en eso y lo he hecho aquí con mucha gente, por qué no lo voy a hacer con los abogados, pero en otro escenario, no en el escenario de este Comité que tiene funciones específicas, luego si usted quiere, y los abogados estiman, algún día tenemos una discusión sobre estos procedimientos, sobre las decisiones que se han tomado aquí, listo los organizamos, no tengo ningún problema, pues cómo no voy a escuchar a los funcionarios que están aquí, y conversamos sobre cómo es que opera la gestión judicial de la Secretaría, pero aquí traigamos lo que corresponde al Comité. Es que lo que quiero que ustedes me entiendan perfectamente, es que yo puedo conversar y escuchar a todos los funcionarios de la Secretaría sobre los temas, pero la órbita de decisión sigue en el Secretario de Educación, yo no la puedo definir en cuanto Comité hay aquí, los Comités son otra cosa, que cumplen una función, si por ley tienen una función de tomar alguna decisión, perfecto toman la decisión, sino asesoran al Secretario. Que tal yo poniendo la conducción de la Secretaría, aquí hay muchos Comités, entiéndame eso por favor, tiene que haber una cabeza, o yo delego, le digo a Ángel Pérez tome las decisiones, o le digo a Catalina tómela, pero las están tomando porque yo les he dicho tómenlas, les estoy dando la confianza, eso opera así, sino la administración pública es imposible, entonces comprenderán que tiene que haber una cabeza, y yo no voy a renunciar a ser la cabeza de la Secretaría de Educación, me da mucha pena, aún en controversias judiciales muy complicadas, para eso yo buscaré la manera de apoyarme, de asesorarme en los abogados, en usted, he confiado en la Oficina Asesora Jurídica, es más, no entiendo por qué hay esas discusiones, pero bueno, es perfectamente posible que se susciten. Entonces, aquí ya los temas que están puestos sobre ese punto están fallados, yo no lo quiero poner en el orden del día, pues si ya el Comité dijo no vamos a conciliar sobre unas demandas, tienen totalmente mi apoyo, esa es mi posición no es conciliable está situación que se ha presentado con estas demandas. Entonces yo pido que procedamos al informe de gestión del Comité.

Dra. Liliana Fernanda Gaitán Nieto: De lo que se trata aquí no es de discutir sobre si se concilia o no en etapa judicial sobre días recompensados, porque eso ya lo decidió el Comité, el Comité dijo no se concilia. Es la política que nosotros los abogados en asuntos judiciales debemos adoptar teniendo en cuenta la situación que se presentó, que fue el pago realizado por la administración de los días año 2.000 sin tener en cuenta que hay unos procesos en curso. Entonces, ese pago afectó los procesos en curso, y, como el Comité tiene competencia para definir la política de daño antijurídico, él debe definir qué hacemos con esos procesos en curso: le informamos al Tribunal que ya pagó, y por tanto debe terminar el proceso?, solicitamos la terminación del proceso?, continuamos con el proceso y esperamos a que el Tribunal falle, porque en la mayoría de los casos el Tribunal está fallando a favor de la Secretaría y el porcentaje es mínimo en contra de la Secretaría?...

Dr. ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES: Entiendo perfectamente, pero para mí eso no es una política judicial, eso es un procedimiento judicial que ustedes deben discutir allá en la Oficina Jurídica y tomar las decisiones que más convengan para el éxito de la gestión de ustedes.

Dra. LILIANA FERNANDA GAITÁN NIETO: Pero sí es una política.

Dr. ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES: Es que es diferente, yo creo que una cosa es una política, una decisión sobre eso, pero estas son discusiones del procedimiento, si ustedes consideran allá que lo que hay que hacer es comunicarles ya se esto se pagó, listo lo hago, o si consideran que es otra la acción, listo lo hago, pero eso lo deciden allá en la Oficina Jurídica, sino que tal aquí siempre discutiendo cualquier actuación de ustedes jurídicamente, es imposible.

Dra. LILIANA FERNANDA GAITÁN NIETO: No es cualquier actuación, sino son temas de gran impacto sobre los que el Comité debe fijar las directrices de los abogados, y es su obligación.

Dr. ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES: Si, yo creo que el Comité las viene fijando en los asuntos que le corresponden. En este caso es un tema que ustedes lo deben resolver en la Oficina Jurídica y no traerlo aquí, pónganse de acuerdo, apóyense en los otros abogados que tiene la Secretaría, discutan allá, o un día hacemos una sesión aquí e intercambiamos opiniones, invito aquí a otros abogados a que nos acompañen, se hace una bonita discusión sobre los temas, pero lo que quiero es que no le pongan al Comité unas decisiones que no debe abordar. Aquí hay funcionarios que no tienen por qué abordar decisiones de ese tipo, que son del procedimiento, porque ellos no son abogados, entonces perfectamente pueden decir yo no voto, y con toda razón, y entonces yo como los obligo a que tomen unas decisiones sobre un tema que ellos no manejan porque son propios de los abogados; es como si a ustedes los invitan a una reunión de académica y los ponen a fallar sobre un tema pedagógico, ustedes dicen no ese tema yo no lo manejo. Luego yo propongo que sigamos y pasemos al informe.

Dra. LILIANA FERNANDA GAITÁN NIETO: Entonces queda que este tema no es competencia del Comité?

Dr. ABEL RODRÍGUEZ CÉSPEDES: Sí, y lo discuten ustedes en la Oficina Asesora Jurídica. ¿De acuerdo?

Los miembros acogieron la decisión del doctor Abel Rodríguez Céspedes sobre el tema.

La invitación al Director de Defensa Judicial de la Nación se efectuó previo a la realización de esta sesión; sin embargo, no se hizo presente a la misma.