FECHA: 16 de Marzo de 2.006

HORA: 10:30 A.M.

LUCIA BASTIDAS UBATE. Directora.

HUGO ALBERTO CARRILLO GÓMEZ. Subdirector Administrativo y Financiero. LUIS ARMANDO MERCHAN HERNÁNDEZ. Jefe Oficina Asesora Jurídica, (e)

INGRID RUSINQUE. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

DORIS ESTHER PRIETO. Asesora.

MARÍA CRISTINA MONROY MONROY. Delegada de la Oficina de Control Interno.

ELSY YANIVE ALBA VARGAS. Secretaría Técnica del Comité de Conciliación. Profesional Universitario

LUCIA BASTIDAS UBATE, en calidad de Directora del Departamento y Presidente del Comité, da inicio a la sesión y acto seguido la Secretaria del Comité de Conciliación informa que se envío comunicación a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia solicitando la presencia del delegado de la misma en cumplimiento de lo previsto en eí Decreto 1214 de 2.000.

1.Verificación del quórum.

2. Ponencia de los asuntos para estudio y consideración a cargo de la doctora Doris Esther Prieto.

2.1.Estudio sobre la cancelación del saldo que se adeuda al FONDO ROTATORIO DAS. de conformidad con el acta de liquidación de mutuo acuerdo.

2.2.Estudio sobre la procedencia de iniciar o no acción de repetición, por condena que ordenó al pago de reliquidación de auxilio de cesantía, indemnización por despido injusto, por reliquidación prima de capacitación, indemnización moratoria del ex trabajador RAFAEL ENRIQUE NEIRA INFANTE.

2.3.Estudio de la propuesta de pago mediante conciliación presentada por el contratista JAIME EDUARDO CAMARGO RAMÍREZ.

1°.Verificación de quórum: Se procedió al llamado de lista, y se constató la presencia de todos los miembros del Comité de Conciliación, excepto la presencia de la Doctora Ruth Magally Molina, quien se excuso por estar incapacitada y en representación de la misma asistió la doctora María Cristina Monroy Monroy. Por lo tanto, se declara la existencia de quorum decisorio, lo que permite continuar con el desarrollo de la reunión.

La Secretaría Técnica del Comité, informa que se cursó oficio de invitación a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho, para que se hiciera presente el delegado de ese Despacho, en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Resolución 082 del 27 de febrero de 2.002. No haciéndose presente ningún delegado del Ministerio del Interior y de Justicia.

En desarrollo de estos puntos la doctora DORIS ESTHER PRIETO, apoderada del DAACD para la defensa judicial del mismo, manifiesta haber estudiado detenidamente los temas, aspectos que se encuentran contenidos en las fichas técnicas que fueron entregadas con la comunicación de citación a la presente sesión a todos y cada uno de los miembros del comité, las cuales hacen parte de la presente acta.

La Doctora DORIS ESTHER PRIETO, hace un breve recuento de los antecedentes del caso, los cuales se encuentran contenidos en la ficha técnica.

Acto seguido la asesora externa informa sobre los pormenores del asunto, contenidos en la ficha técnica y manifiesta que el 23 de mayo de 2002 se celebró el convenio 095 de 2002 entre el DISTRITO CAPITAL- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL DISTRITAL D.A.A.C.D.Y EL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S.

La asesora continua manifestando que el objeto del convenio se estableció en la "Expedición por parte del DAS de certificados judiciales a los (as) usuarias beneficiarios (as) del proyecto No. 7357 "FAMILIAS EDUCADORAS" del D.A.A.A.C. ", al igual el plazo inicial del convenio se fijó en 12 meses, el cual fue prorrogado por seis (6) meses, para una vigencia total de 18 meses.

Seguidamente, la doctora, Doris Esther Prieto, manifiesta a los miembros del Comité, que el convenio se suscribió por un valor inicial de S9'560.000,oo, el cual fue adicionado en $4.780.000,oo para un valor total de $14.340.000,oo. Además el valor ejecutado por expedición real de certificados judiciales corresponde a la suma de $14.322.500,oo a la cual se le efectuó un descuento del 1% por concepto de estampilla de Universidad Distrital, es decir, se le descontó la suma de $143.225,oo, es decir, solo se le pago la suma de $14.179.275,oo de conformidad con la nota aclaratoria mencionada en el último pago. (Ver orden de pago No. 2010 del 20 de agosto de 2003).

Por lo anterior, al momento de firmarse el Acta de Liquidación por mutuo acuerdo se estableció que el DAACD pagaría al FONDO ROTATORIO DEL DAS la suma equivalente al valor del descuento efectuado por $143.225,oo, para lo cual se adelantaría una conciliación prejudicial, toda vez que en el momento de suscribirse la mencionada liquidación no se contaba con la apropiación presupuesta! para atender dicho pago.

De acuerdo a lo anterior, el Asesor concluye, que de conformidad con lo consignado en el acta de liquidación del Convenio 095 de 2002 celebrado entre el DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL DISTRITAL Y EL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD D.A.S. existe la obligación a cargo del DAACD de cancelar el valor que se le descontó al contratista equivalente a la suma de S143.225.oo. En consecuencia se debe proceder al pago.

Seguidamente, el Subdirector Administrativo y Financiero manifiesta, que para atender la solicitud de conciliación de la suma de S143.225,oo, debe previamente estudiarse la posibilidad de revocar el acta de liquidación del contrato teniendo en cuenta que la diferencia entre el valor ejecutado y el pagado obedecía a un impuesto de orden legal.

Con fundamento a lo antes expresado los miembros del comité de conciliación concluyen que se debe evaluar la viabilidad de revocar unílateralmente e! acta de liquidación suscrita con el DAS y en consecuencia, clarificar que la suma mencionada no esta a cargo de! DAACD, por tratarse de un impuesto de orden legal.

Ver el tema 3, Acta de Conciliación D.A.A.C. 02 de 2006

2.2 Segundo Tema: Estudio sobre la procedencia de iniciar o no acción de repetición, por condena ordenó al pago de reliquidación de auxilio de cesantía, indemnización por despido injusto, por reliquidación prima de capacitación, indemnización moratoria del ex trabajador RAFAEL ENRIQUE NEIRA INFANTE.

Respecto a este tema la doctora Doris Prieto apoderada de la entidad realiza un resumen sobre los antecedentes más importantes del caso asÍ

El señor RAFAEL ENRIQUE NEIRA INFANTE, como trabajador oficial vinculado mediante contrato de trabajo, prestó sus servicios al Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital de Bogotá, desde el 3 de Junio de 1975 hasta el 31 de Enero de 1996, siendo su último cargo el de Técnico Constructor.

El Ex trabajador RAFAEL ENRIQUE NEIRA INFANTE se encontraba afiliado al Sindicato de Trabajadores del Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital de Santa Fe de Bogotá, D.C., siendo por lo tanto beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo 1996 - 1997 celebrada entre el Departamento y dicho Sindicato.

La asesora continua manifestando que la relación laboral del señor NEIRA INFANTE fue terminada por supresión del cargo, atendiendo la reestructuración de la planta de personal del D.A.A.C.D., conforme lo dispuesto por los decretos 720 de 1995, 025 de 1996 y 139 de 1997, y en especial, por retiro colectivo acordado en los artículos 60 y 61 de la ya referida negociación colectiva.

El señor RAFAEL ENRIQUE NEIRA INFANTE, mediante apoderada, presentó demanda ordinaria laboral, Pretendiendo el reintegro al cargo, y pago de salarios y prestaciones sociales que se dejaron de percibir, el reconocimiento y pago de la reliquidación de la indemnización por despido injustificado, de la prima de capacitación y demás primas legales y convencionales, de la cesantía definitiva, y el pago de la sanción moratoria, asunto que por reparto le correspondió al Juzgado Dieciséis Laboral del Círculo de esta ciudad.

Seguidamente, la doctora Doris Esther Prieto, manifiesta a los miembros del Comité, que el fallo de primera instancia de fecha 30 de julio de 2004, absolvió al Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital de todas las pretensiones de la demanda.

Que con base en lo anterior, la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, profiriendo la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el fallo de fecha 12 de Noviembre de 2004, mediante el cual se revocó parcialmente la sentencia impugnada, tasándose el valor de la indemnización por despido en $2.305.939.14, la reliquidación de la prima de capacitación en $512.671.94, condenado además a pagar a título de sanción moratoria la suma de $26.716.54 diarios desde el 15 de Mayo hasta el día en que se paguen las condenas impuestas.

De acuerdo a lo anterior con cargo al rubro No. 3-1-1-02-07-00-0000-00 de Sentencias Judiciales, el D.A.A.C.D., mediante Resolución No. 1049 de Diciembre 13 de 2005 y orden de pago No. 903 del 13 del citado mes y año, dio cumplimiento al fallo mencionado, cancelándole a la apoderada del demandante la suma de $116.879.935.

La apoderada de la entidad continúa con su exposición y manifiesta que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, considera que para efectos de la reliquidación de la indemnización por despido injusto, el empleador dejó de tener en cuenta algunos factores salariales como el pago de vacaciones en dinero y la prima de navidad, por lo que ordena una reliquidación por valor de $2.305.939.14.

En relación con la reliquidación de la prima de capacitación, considera el Tribunal que para su liquidación no se incluyó la prima de alimentación, la prima de antigüedad, el subsidio de transporte, ni las horas extras, por lo que ordena una reliquidación de $512.671.94.

De acuerdo a lo anterior respecto a la condena a la sanción moratoria, expone la Corporación que la demandada no demostró debidamente y con razones entendibles el porqué no canceló el reajuste de la prima de capacitación, de cesantía e indemnización por despido injusto, una vez presentado el memorial de la vía gubernativa, aduciendo además la incorrecta liquidación de los conceptos antes mencionados, considerando que ello es fundamento para la imposición de la sanción moratoria, como en efecto se hizo.

Con base en lo anterior y para el estudio en comento, el artículo 90 de la Constitución Política preceptúa que en caso de ser condenado el Estado a la reparación por daño patrimonial como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, éste deberá repetir contra el responsable; además, el artículo 2 de la Ley 678 de 2.001 dice, que es deber de las entidades estatales iniciar acción de repetición.

Por su parte, los artículos 5° y 6° de la Ley de Repetición precisan los casos en que se presume y/o considera dolosa o gravemente culposa la conducta del agente del Estado, señalando la norma precitada que la conducta es dolosa cuando el funcionario quiere ¡a realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado, y gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa de la Constitución o de la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

En este sentido la Doctora Doris Prieto, afirma que para el caso en estudio se establece, que no obstante no compartirse las condenas impuestas por el Tribunal, y en especial la referente a la sanción moratoria, en el expediente se observa que a pesar de ser viable la interposición del recurso extraordinario de casación, esta instancia no tuvo lugar, al no haber sido presentado oportunamente dicho recurso por el apoderado del Departamento para la época de los hechos Doctor José Luis Rodríguez.

Continua manifestando, que en cuanto a la sanción moratoria, es posible que el recurso de casación no surtido, hubiese logrado la revocatoria de esta indemnización, situación que en realidad permite inferir que eventualmente existió defecto en la defensa judicial, situación que posiblemente genera una responsabilidad fiscal por el detrimento patrimonial causado, por valor de $96.379.935 por lo que se recomienda, atendiendo los antecedentes de los casos de los extrabajadores NÉSTOR IVAN SERRATO ORTIZ y RICARDO ELIÉCER GARZÓN PERALTA, la solicitud a la Contraloría Distrital de esta ciudad, dé iniciación de un proceso de responsabilidad fiscal en contra del apoderado quien tuvo a su cargo la representación judicial, advirtiéndose que en dicho valor se encuentra excluido el pago de las costas del proceso, por lo que ello obedece al trámite y resultado de un proceso cuya iniciación y resultado fue por una causa legal de supresión de un empleo por reestructuración de una planta de personal estatal.

Se advierte que no obstante la posible responsabilidad fiscal, en el presente caso no se da uno de los presupuestos que hacen viable la acción de repetición, como lo es el nexo de causalidad entre el acto estatal de supresión del empleo, el funcionario público que lo crea y la condena impuesta.

De conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley de Acción de Repetición, en la fecha la acción no se encuentra caducada.

Con fundamento en las consideraciones antes expuestas, estima que la acción de repetición se hace improcedente.

Seguidamente, el Subdirector Administrativo y Financiero manifiesta, que lo expuesto por la Asesora es claro, pero que él considera que es necesario que se realice un estudio y análisis más a fondo con el fin de no incurrir en algún error con la interpretación del tema.

La Doctora Elsy Yanive Alba, Secretaría Técnica del Comité de Conciliación, aconseja que es viable que se invite a un miembro de la oficina de Gestión Judicial de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor con el fin de contextualizarlo en el tema y así tener un concepto diferente con el fin de que los miembros del Comité de Conciliación tomen la decisión más adecuada.

Los miembros del comité de conciliación de acuerdo con lo anteriormente expuesto concluyen lo siguiente:

Como se establece un detrimento patrimonial del Estado se compulsen copias de todos los antecedentes a la Contraloría Distrital, con el fin de dar inicio a un proceso de Responsabilidad Fiscal, por el detrimento patrimonial causado.

Que hay que estudiar las competencias del Comité de Conciliación a fondo, según circular expedida por la Secretaría de Hacienda, la cual fue leida en la reunión.

Con fundamento a lo antes expresado, los miembros del comité de conciliación concluyen que se debe aplazar la sesión sobre este punto y continuarla una vez se efectúen las consultas pertinentes.

Ver el tema 1, Acta de Conciliación D.A.A.C. 02 de 2006

En desarrollo de este punto la Asesora Externa, manifiesta y reseña, aspectos y antecedentes de dicho tema, los cuales se encuentran contenidos en la ficha técnica, que fuera remitida a cada uno de los miembros del comité, la cual hace parte de la presente acta.

Con base en lo anterior continúa manifestando que el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital -UEL- Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe, suscribió con el señor JAIME EDUARDO CAMARGO MARTÍNEZ, el Contrato de Obra Pública No. 18-090-00-2000 el día 29 de diciembre de 2000, cuyo objeto se estipuló en su cláusula primera, asi: "EL CONTRATISTA se compromete, en desarrollo del presente contrato , a EJECUTAR LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ELÉCTRICOS, ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, HIDROSANITARIOS, PRESUPUESTO Y TRÁMITE DE LA UCENCIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, (AMPLIACIÓN) PARA EL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO MADRID, UBICADO EN LA CALLE 42B SUR ENTRE CARRERA 9° Y DIAGONAL 44^a, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de conformidad con las condiciones técnicas, económicas y financieras establecidas en tos términos de referencia, el listado de insumos básicos, mano de obra e ítems y especificaciones formuladas en el presupuesto presentado por EL CONTRATISTA, que hacen parte integrante del presente contrato..."

El valor del contrato se pactó en la suma de veintinueve millones trescientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta pesos M/CTE ($29.349.740.oo)

En este sentido la doctora Doris Esther Prieto, expresa, que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 60 de la Ley 80 de 1.993, mediante los oficios números 3920 del 7 de noviembre de 2002, 4422 del 16 de diciembre del mismo año y 034 del 3 de enero de 2003, el DAACD citó al contratista con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato ya mencionado, por mutuo acuerdo, sin que se hubiera logrado su comparecencia, por lo que la entidad precitada procedió a liquidar unilateralmente el contrato.

Con base en lo anterior, el contratista presentó recurso de reposición contra la liquidación unilateral antes mencionada, el cual fue resuelto mediante la resolución No.113 del 13 de mayo de 2003, por medio de la cual se modifica parcialmente el acto de liquidación determinándose que el valor a reintegrar por el contratista por concepto de anticipo no ejecutado es por la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($9.0351.475,00).

El 18 de marzo de 2005 se presentó la demanda ejecutiva contractual ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, a la cual le fue asignado el numero 828 de 2005. Con base en lo anterior el 10 de agosto de 2005 el Magistrado LEONARDO AUGUSTO TORRES CALDERÓN profirió mandamiento de pago.

Continua manifestando la apoderada de la Entidad que el demandado JAIME EDUARDO CAMARGO MARTÍNEZ radicó en el Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital una propuesta de pago de lo ordenado en el mandamiento ejecutivo, la cual se resume así:

- Un pago inicial de TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILCUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($3351.475,oo) en forma inmediata.

- El saldo de SEIS MILLONES DE PESOS (S6'000.000,oo) diferidos en doce cuotas mensuales, a razón cada una de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000,00).

- El demandado aduce estar atravesando una difícil situación económica por lo que solicita se le condonen los intereses generados.

De acuerdo a lo anterior, la Asesora concluye que la acción contractual que cursa en contra del contratista no incluye medidas cautelares y actualmente no se dispone de la información sobre los bienes de propiedad del demandado.

Ver el tema 2, Acta de Conciliación D.A.A.C. 02 de 2006

No siendo otro el motivo de la presente, se firma el acta, la cual se da por terminada siendo las 12.30 p.m.