RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

DIRECTIVA 009 DE 2021

(Mayo 04)

De: Procuradora General de la Nación

Para: Gobernadores, Alcaldes Distritales y Municipales y Entidades Territoriales de Salud

Asunto: Fortalecimiento urgente de las acciones de salud pública en torno a la emergencia sanitaria por Covid-19

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 2° y 209 de la Constitución Política, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, demás derechos y libertades. Para este propósito, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en el de eficacia y de responsabilidad, señalado este último en el numeral 7° del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011.

Que de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política, se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. De esta forma, su atención· debe ser accesible a todos los habitantes, en condiciones de igualdad, lo cual exige de las entidades estatales la adopción de medidas necesarias y pertinentes a fin de que las personas reciban los servicios de salud en todos los lugares del territorio nacional[1].

Que según los numerales 1, 2 y 6 del artículo 277 de la Constitución Política, le compete al Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; así como proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad.

Que dentro de las funciones asignadas al Procurador General de la Nación en el artículo 7° del Decreto-Ley 262 de 2000, están las siguientes: “7. Expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que sean necesarios para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por la ley”.

Que el Decreto 109 del 29 de enero de 2021 expedido por el Gobierno nacional en su artículo 20 y 21, establecen las responsabilidades de las entidades territoriales departamentales, distritales y municipales para la implementación, operación y seguimiento del Plan Nacional de Vacunación.

Que con la expedición de la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió prorrogar la declaratoria de emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de mayo de 2021.

Que, no obstante, el comportamiento asincrónico del tercer pico de la pandemia en el territorio nacional, se han superado los registros máximos diarios de muertes y casos nuevos.

Que a la fecha, se experimenta una infraestructura hospitalaria en el límite de su capacidad para la atención de casos severos de la enfermedad en varias regiones del país[2], así como escasez de medicamentos, insumos y suministros médicos esenciales para la prestación de servicios seguros y de calidad, a la vez que insuficiencia de talento humano en salud.

Que la evidencia científica sustenta la predominancia de la circulación de la infección por COVID-19, con el agravante de la presencia de variantes con mayor capacidad y eficiencia de transmisión[3], en las aglomeraciones, que constituyen uno de los escenarios señalados como propicios para acelerar la velocidad de su propagación[4].

Que las imágenes de las concentraciones registradas durante la movilización del pasado 28 de abril, prolongadas hasta la fecha, constituyen un riesgo alto para la propagación del contagio y la afectación de personas vulnerables

Que la vacunación contra el COVID-19 ha demostrado ser una intervención en salud, eficaz para disminuir las muertes y la severidad de la infección en grupos de riesgo.

Que, a su vez, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, a la fecha, registra coberturas limitadas a los grupos priorizados para las etapas 1 y 2 de la primera fase del mencionado Plan, se mantiene alta .la susceptibilidad de la población al contagio por el virus y ello requiere del mantenimiento de medidas individuales y colectivas de cuidado frente al riesgo de transmisión.

Con fundamento en lo anterior, la Procuradora General de la Nación,

EXHORTA:

Primero. Al fortalecimiento inmediato de todas las acciones de salud pública, implementadas durante la emergencia sanitaria en los territorios, encaminadas a informar a la población sobre el riesgo de contagio y medidas para su mitigación, así como las estrategias de rastreo, diagnóstico, seguimiento de casos, tratamiento y rehabilitación; asegurando la equidad, oportunidad y calidad en el acceso a los servicios de salud y medidas para la garantía del aislamiento selectivo sostenible[5].

Segundo. Al análisis integral y oportuno para la implementación eficaz de medidas colectivas y de orden público, con el objetivo de controlar la transmisión del virus.

Tercero. A garantizar, en el marco de sus respectivas competencias, y con independencia del ejercicio de otros derechos constitucionales por parte de la comunidad, la ejecución efectiva del Plan Nacional de Vacunación en sus territorios de acuerdo con los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, de forma tal que las personas con derecho a la vacunación en efecto puedan obtenerla.

Cuarto. A la efectiva articulación institucional que permita el seguimiento permanente y eficiente del comportamiento de la pandemia en las entidades territoriales y el nivel nacional, el acceso transparente y oportuno a la información de interés general y del impacto de las medidas de mitigación de la pandemia, y las metas del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

La Procuradora General de la Nación,

Margarita Cabello Blanco.