RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

[1] La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones Internacionales ha subrayado en sus informes anuales «que cuando existe un sindicato en la empresa los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados no deberían producirse», como también ha sostenido que «los acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados sólo deberían ser posibles en ausencia de organizaciones sindicales» Dicha preceptiva ha sido reiterada en los siguientes informes de la CEACR en relación con la aplicación del Convenio 98: Conferencia Internacional del Trabajo en su 99^a reunión de 2010; Conferencia Internacional del Trabajo en su 10? reunión de 2012; Conferencia Internacional del Trabajo en su 103^a reunión de 2014. El Comité de Libertad Sindical por su parte se ha pronunciado sobre el particular en la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91); Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 163). Respecto a Colombia el Comité se ha pronunciado en los Casos No. 1973, 2046, 2068, 2355, 2362, 2493, 2796, 2801, 2877 y 3150. se destaca el caso 3150 de 2018, en virtud del cual el Comité prescribe Recomendaciones generadas en virtud de una Queja presentada por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT en 2015, estipulando: "En relación con la alegada falta de adecuación de la mencionada disposición del CST con los principios de la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, el Comité recuerda que en su último examen de un caso relativo al uso de los pactos colectivos en Colombia, consideró que el Gobierno debe garantizar que la firma de pactos colectivos negociados directamente con los trabajadores sólo sea posible en ausencia de sindicato y que no se realice en la práctica con fines antisindicales" Por su lado, la OCDE (https://www.oecd.org/fr/els/emp/0ECD-Reviews-of-Labour-Market-and-Social-Policies-Colombia-ARSpanish.pdf) señaló: "Los pactos colectivos socavan el poder de las organizaciones sindicales. A semejanza de Chile y México, pero a diferencia de otros países de la OCDE, los patronos en Colombia cuentan con la posibilidad de negociar pactos colectivos con los trabajadores no sindicalizados si las organizaciones sindicales representan a menos de un tercio de la fuerza laboral de la empresa. Aunque a los patronos no se les permite ofrecer mejores condiciones que las acordadas en las convenciones colectivas con las organizaciones sindicales, los patronos se valen a veces de los pactos colectivos para evitar el surgimiento de organizaciones sindicales o debilitar su influencia. Con el fin de evitar malos usos, debería eliminarse la opción de negociar pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados". A su turno, el Parlamento Europeo a través de la Resolución 2628 de 2013 también sugirió la eliminación del instrumento. En enero de 2017, la OAN Canadiense publicó el "Estudio de la Comunicación Pública CAN 2016-1. Informe publicado conforme al Acuerdo de Cooperación Laboral entre Canadá y la República de Colombia" en la cual se proponen las cuatro recomendaciones generales siguientes dirigidas al Gobierno de Colombia: l) Proteger los derechos fundamentales de los trabajadores a la libertad de asociación y de negociación colectiva mediante la eliminación de vehículos legales usados para minar estos derechos (pactos colectivos, contratos sindicales, intermediación y subcontratación ilegales). Ver en https://www.mintrabaio.gov.co/documents/20147/59419245/llLA-AP-BRLA-SP+Canada-Colombia+Action+Plan20180530+firmadopdf/e464e226-15094f90-fdc5-993d570a11a?t=1529083139897&download=true

[2] El pacto colectivo se ha desarrollado normativamente como el resultado del proceso de negociación colectiva entre trabajadores no sindicalizados y el empleador, por tanto, el CST en el articulo 481 clarifica que se rige por las disposiciones establecidas en los Títulos ll y III, Capitulo l, Parte Segunda del Código, los cuales hacen referencia a la etapa de arreglo directo en virtud de la cual los trabajadores no sindicalizados deben realizar una asamblea para elegir a sus representantes, la presentación de un pliego de peticiones y su contenido en orden a comenzar un proceso de negociación con la empresa con el fin de determinar el contenido y alcance del pacto colectivo que surge como fruto de un escenario de diálogo social.

[3] Con base en esas reglas, las sentencias SU-569 y SU-570 de 1999 defendieron un criterio material del concepto de pacto colectivo para identificar un acto discriminatorio en un acuerdo extralegal entre la empresa y los trabajadores. La Sala Plena desechó concepciones formalistas que pretendían hacer pasar un pacto colectivo por unos beneficios que el empleador decidió entregar a los trabajadores no sindicalizado. En esa labor, la Corte acudió a evaluar los efectos que tenían los presuntos convenios en las relaciones laborales. De ahí que advirtió que dichos acuerdos eran iguales a un pacto colectivo, puesto que implicaba la negociación de la empresa con empleados no sindicalizados, escenario que significaba asumir el régimen de pacto individual y de renunciar a la convención, toda vez que son incompatibles. Al respecto se manifestó que: "Frente a la realidad de que da cuenta el proceso considera la Corte que desde el punto de vista material la situación es la misma, porque unilateralmente la empresa, a través del Plan Voluntario de Servicios y Beneficios, ha producido unos efectos iguales a los de un pacto colectivo, suscrito con los trabajadores no sindicalizados; ello es así, porque como el Plan contiene una oferta dirigida por la empresa a los trabajadores de acogerse o no a unas determinadas condiciones económico-laborales, la aceptación de dicha oferta por cada trabajador produce unos efectos jurídicos en el campo de las obligaciones laborales y al ser aceptado por un número plural de trabajadores, jurídica y materialmente, produce los mismos efectos de un pacto colectivo de trabajo. Es obvio, que el establecerse en el Plan mejores condiciones laborales se revela el inocultable propósito de discriminar a los trabajadores sindicalizados, desestimular su afiliación al sindicato, o promover su deserción del mismo.". Ver igualmente sentencia T-069 de 2015.

[4] Y a juicio de la Corte, . . pues quedó explicado que el articulo 475 en comento no se reduce a facultar el ejercicio de la acción procesal sindical por el incumplimiento de lo pactado en la convención colectiva de trabajo, sino además para defender los intereses económicos comunes o generales de los afiliados, entre los cuales está, desde luego, la preservación de la existencia misma del sindicato debido a las coacciones que menoscaban las libertades de afiliación y desafiliación de las personas trabajadoras. (...) es cierto que teóricamente si un sindicato pierde afiliados debería ajustarse a ese nuevo contexto y sentar las políticas o programas que promuevan su avance y progreso; sin embargo, si tal regresión es producto de acciones u omisiones antisindicales comprobadas, las consecuencias derivadas de estos supuestos deben ser indemnizadas pues representan un daño directo a la fuente de sus recursos económicos, que en estos casos resulta de gran importancia toda vez que los sindicatos no pueden tener ánimo de lucro y agenciarse fácilmente ingresos por otros medios." SL3597 de 2020 MP: IVAN MAURICIO LENIS GOMEZ

[5] Los empresarios no pueden "crear planes de beneficios extralegales o suscribir pactos colectivos que en su conjunto sean equivalentes o superiores a los previstos en la convención colectiva, teniendo en cuenta para ello los beneficios monetarios, no monetarios y los descuentos de la cuota sindical. Tal práctica empresarial desestimula la afiliación sindical y genera deserción de los sindicatos, lo cual vulnera el derecho de asociación sindical protegido en el Convenio 87 de la OIT y en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos" SL1309 de 2022 MP: IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ - OMAR ÁNGEL MEJÍA AMADOR

[6] “Derecho a la igualdad entre trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. (...) los trabajadores afiliados al sindicato no se encuentran en la misma situación jurídica de quienes no están sindicalizados. La ley laboral autoriza a los primeros a promover conflictos colectivos y adelantar negociaciones orientadas a la suscripción de convenciones colectivas para mejorar sus contratos de trabajo. De forma que, si en uso de esta posibilidad de negociación y suscripción de acuerdos colectivos, un trabajador sindicalizado obtiene un valor agregado en sus condiciones de empleo a diferencia de otros trabajadores no asociados, ello no es ilegítimo; por el contrario, el Derecho lo permite y, más aún, lo promueve en el marco de la politica de estímulo a la libre asociación sindical, concertación laboral y trabajo decente. Por esto, en estos eventos podría decirse que existen dos factores de diferenciación objetivos y razonables, que operan sincrónicamente. El primero consiste en la afiliación o pertenencia a una organización sindical que tienen unos a diferencia de otros, como acto jurídico que por antonomasia habilita el acceso a los beneficios que otorga privilegiadamente la calidad de sindicalizado. El segundo, consiste en que es la ley, de manera objetiva, la que consiente estas diferencias en favor del grupo de los trabajadores asociados y beneficiarios de convenciones colectivas. En este orden de ideas, la percepción de beneficios convencionales que deriva de la calidad de sindicalizado y que, en cierto momento, pueda generar diferencias remuneratorias en relación con trabajadores no asociados, no constituye un trato discriminatorio injustificable, pues unos y otros, desde el punto de vista jurídico, están situados en un plano desigual. Por estas mismas razones y en lo que hace al presente conflicto, la percepción en favor del único trabajador sindicalizado de un incremento salarial, que de facto lo ubique en una mejor condición remunerativa con respecto a los demás empleados de la empresa, no constituye un trato inadmisible, pues la situación del primero es diferente a la de los segundos, y su justificación estriba en la calidad de asociado de uno y la de no asociado de otros". SL5887 de 2016. MP: CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

[7] La importancia de combatir medidas contrarias al derecho fundamental de asociación sindical ha sido reivindicada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT en varias de sus recomendaciones. Al respecto, dicha institución explicó: "1072. La discriminación antisindical, representa una de las más graves violaciones de la libertad sindical, ya que puede poner en peligro la propia existencia de los sindicatos. 1148. Es necesario que se prevean en la legislación, de manera expresa, recursos y sanciones suficientemente disuasivos contra los actos de discriminación antisindical, a fin de garantizar la eficacia práctica de los artículos 1 y 2 del Convenio núm. 98”

[8] En el entendido, además, que este Ministerio considera que extender unilateralmente a los trabajadores no sindicalizados los logros alcanzados por la negociación colectiva por el sindicato o los sindicatos pertenecientes a la empresa, sin contraprestación alguna (cuota sindical), es una práctica que desalienta el ejercicio del derecho de asociación sindical.