RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"Por el cual se dictan algunas normas de tránsito y transporte para el distrito capital en el tema ambiental, al eliminarse la doble sanción administrativa existente por el no porte del certificado de gases y el transporte de escombros"

Ver la Resolucíon del DAMA 556 de 2003

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

   El problema se origina por el desconocimiento del principio "non bis in idem" por parte de la Secretaría de Transito y Transporte de Bogotá y el DAMA, al haber dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 2º de la Resolución DAMA No. 556 del 7 de abril de 2003¹ la imposición de una multa que además de surgir del mismo hecho guarda identidad en el fundamento y en la finalidad de la sanción² con la señalada en el artículo 1º de la Resolución 17777 de 2002, códigos de infracción Nos. 70 y 54 respectivamente.

2. JUSTIFICACIÓN LEGAL

   La Resolución DAMA No. 556 del 7 de abril de 2003 contempla la imposición de una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos diarios vigentes a quien no porte el certificado de emisión de gases vehiculares vigente (Numeral 1 del artículo 2º), y más adelante advierte que "Sobre los vehículos que incumplan las normas de emisión de gases, adicionalmente, se procederá a imponer la respectiva Orden de Comparendo para que se ejecute el procedimiento previsto en el Código Nacional de Tránsito.", de donde se advierte que la intención es sancionar dos (2) veces al infractor por la misma causa.

   En efecto, el artículo 1º de la Resolución 17777 de 2002, código de infracción No. 70, contempla una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos diarios vigentes a quien no realice la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisión de gases, "aún cuando porte los certificados correspondientes", lo que en la practica equivale a que si un ciudadano es sorprendido con el certificado de emisión de gases vehiculares vencido, o sin él, se hará acreedor a dos (2) multas derivadas de la misma causa e incluso ambas por el mismo valor, violándose de esta forma flagrantemente el principio non bis in idem, según el cual nadie puede ser juzgado y castigado más de una vez por la misma causa.

   De la misma manera la Resolución DAMA No. 556 del 7 de abril de 2003 contempla la imposición de una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos diarios vigentes a quien deje caer a la vía parte de los materiales de construcción, escombros o sobrantes transportados (Numeral 4 del artículo 2º), y por su parte el artículo 1º de la Resolución 17777 de 2002, código de infracción No. 54, contempla una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos diarios vigentes a quien no asegure la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas transportadas y por tanto en esta caso también se imponen dos (2) multas derivadas de la misma causa e incluso ambas por el mismo valor, violándose de esta forma flagrantemente el principio non bis in idem.

   La H. Corte Constitucional recogiendo los criterios desarrollados por la Corte Suprema de Justicia, en torno al principio de non bis in ídem, ha establecido claramente que se desconoce el aludido principio únicamente en los casos "en que existe identidad de causa, identidad de objeto e identidad en la persona a la cual se le hace la imputación. Así, es necesario que se trate de una misma persona, que sea incriminada por exactamente los mismos hechos y finalmente, que el motivo de la iniciación del proceso sea el mismo en ambos casos."

   El desconocimiento del principio del non bis in idem, cuyo supuesto básico radica en que se trate de los mismos hechos, vulnera el artículo 29 de la Carta política, que consagra el derecho al debido proceso, toda vez que tal principio asegura a quien es señalado como posible infractor de la ley penal que su conducta será materia de proceso ante los jueces del Estado solamente una vez, para impedir que, aun habiendo sido exonerado de culpa en la primera oportunidad, sea de nuevo sometido a la jurisdicción o permanezca indefinidamente en la incertidumbre sobre la solidez de la presunción de su inocencia, lo cual se aplica de igual forma a la jurisdicción Administrativa.

   Al respecto, cabe recordar el alcance que la jurisprudencia constitucional ha señalado para esa garantía, al relacionarla con el principio de la cosa juzgada, exigiendo varios puntos de identidad entre lo que se somete a juicio, para que encaje en el concepto que la Constitución censura, en el caso del doble juzgamiento, como contrario al debido proceso:

   "Como quiera que el significado primigenio de los principios de non bis in idem y de cosa juzgada consiste en impedir que los hechos o conductas debatidos y resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro funcionario en un juicio posterior, esta Corporación ha considerado que la relación que debe existir entre los hechos, el objeto y la causa de esos dos procesos debe ser de identidad. En efecto, la jurisprudencia señala que debe tratarse de motivos idénticos SC-479/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero), de juicios idénticos SC-244/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz), del mismo hecho ST-520/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); SC-543/92 (MP. José Gregorio Hernández Galindo); ST-368/93 (MP. Vladimiro Naranjo Mesa); ST-575/93 (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz); SC-214/94 (MP. Antonio Barrera Carbonell); SC-319/94 (MP. Hernando Herrera Vergara); ST-652/96 (MP. Carlos

   Gaviria Díaz), del mismo asunto ST-652/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz), o de identidad de objeto y causa SC-096/93 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez). Así, por ejemplo, la Corte ha estimado que no se violan los principios constitucionales en comento cuando una misma conducta es juzgada por dos jurisdicciones diferentes con base en normas de categoría, contenido y alcance distintos ST-413/92 (MP. Ciro Angarita Barón); SC-096/93 (MP. Simón Rodríguez Rodríguez); SC-319/94 (MP. Hernando Herrera Vergara); SC-259/95 (MP. Hernando Herrera Vergara); SC-244/96 (MP. Carlos Gaviria Díaz).

3. CONCLUSIONES

Es evidente que a los ciudadanos del Distrito Capital, el DAMA les está imponiendo multas ya contempladas en el Código Nacional de Tránsito y por la misma causa, lo cual amarra de suyo el desconocimiento del principio non bis in idem y por tanto le corresponde al H. Concejo de Bogotá como primera autoridad administrativa del Distrito Capital entrar a armonizar las disposiciones contradictorias y ajustarlas a nuestra Carta de Derechos, siendo éstas las razones que me motivan a poner a consideración del H. Consejo de Bogotá el presente proyecto de Acuerdo "POR EL CUAL SE DICTAN ALGUNAS NORMAS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PARA EL DISTRITO CAPITAL".

Atentamente,