RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

DIRECTIVA 004 DE 2023

(Mayo 05)

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

 

El entorno de violencia, discriminación, relaciones asimétricas, estereotipos y patrones patriarcales que ha afectado históricamente a las niñas, adolescentes y mujeres exige acciones afirmativas por parte del Estado, de las autoridades judiciales y, en concreto, del ente investigador y acusador. En este marco, la Fiscalía General de la Nación ha implementado múltiples estrategias encaminadas a garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres. Así, el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 fortaleció la priorización de la investigación y judicialización del feminicidio, mediante estrategias investigativas y de judicialización que deben consolidarse y sistematizarse con destino a los fiscales y equipos de policía judicial que inquieren este fenómeno[1] . En esa línea y con el propósito de fortalecer la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, se emite la presente Directiva que establece lineamientos generales para la investigación y judicialización del delito de feminicidio.

 

A continuación, se exponen (A) los principios y fundamentos que garantizan el derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación; (B) los elementos estructurales, objetivos y subjetivos, que se deben tener en cuenta para la adecuación típica del delito de feminicidio; y (C) los lineamientos para su investigación y judicialización.

 

A. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS

 

1. Derecho fundamental de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y de cualquier forma de discriminación. La Constitución Política reconoció la igualdad de derechos de todas las personas y, especialmente, prohibió cualquier forma de discriminación en contra de la mujer[2] . Asimismo, el Estado colombiano asumió compromisos de carácter internacional que hacen parte integral de nuestro ordenamiento jurídico vía bloque de constitucionalidad, en virtud de los cuales debe prevenir, investigar, sancionar y eliminar las conductas que constituyan violencia contra la mujer, entre otras, el feminicidio[3] . Estos compromisos y obligaciones se derivan de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer - CEDA W (por sus siglas en inglés) y de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer Convención de Belem do Pará, instrumentos ratificados por el Estado colombiano mediante las Leyes 59 de 1981 y 248 de 1995, respectivamente[4] . Estas convenciones y sus postulados, son instrumentos trascendentales para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia contra las mujeres, y por tanto son de obligatoria observancia por parte de los funcionarios de la Entidad y deben ser acatados durante el desarrollo de la investigación y judicialización de hechos constitutivos de violencia contra la mujer, particularmente del delito de feminicidio.

 

2. La relación entre la discriminación en contra de la mujer, los elementos patriarcales y el feminicidio. El feminicidio y la tentativa de feminicidio son las formas más extremas de violencia en contra de la mujer[5] y comportan un acto esencialmente discriminatorio[6] que tiene repercusiones negativas en la vida, el bienestar, la salud, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres víctimas[7] . Así mismo, el feminicidio no puede ser concebido como un hecho aislado ni esporádico[8] por el contrario, se trata de un crimen que es perpetrado en un contexto marcado por patrones de discriminación que producen violencia[9] . Considerar esta relación contextual entre la discriminación en contra de la mujer, los elementos patriarcales[10] y estereotipos de género[11] que enmarcan este tipo de violencia y el feminicidio es fundamental para la realización de las labores de investigación de los hechos, pues permite descartar la ocurrencia de un homicidio y reforzar la hipótesis de ocurrencia de un feminicidio, ya que este último tiene un móvil característico impulsado por la condición de mujer de la víctima o su identidad de género[12]

 

3. Primera hipótesis de investigación. En aras de garantizar los derechos de las mujeres, cuando los fiscales delegados tengan conocimiento de que se ha ocasionado o intentado ocasionar de manera violenta la muerte de una mujer o de una "mujer trans[13] incluyendo los casos identificados inicialmente como suicidios, la primera hipótesis de la investigación penal debe consistir en que se trata de un feminicidio o tentativa de feminicidio. A su vez, es necesario abordar todas las líneas investigativas posibles tendientes a identificar al agresor y los patrones de violencia -incluida la violencia sexual o motivos de género[14]. No se debe considerar o cambiar por otras hipótesis hasta que sea confirmada o descartada la ocurrencia de un feminicidio o tentativa de este, mediante el análisis de los resultados arrojados por actos de investigación exhaustivos.

 

4. Actividades y actos urgentes para consolidar o desvirtuar la hipótesis de feminicidio. Con el fin de consolidar o desvirtuar la primera hipótesis de investigación, los fiscales delegados podrán ordenar, entre otras, las siguientes actividades y actos urgentes:

 

(i) Inspección técnica al cadáver para efectos de determinar si el cuerpo estaba amarrado, desnudo o semidesnudo, amordazado, en posición sexualizada, con signos de violencia excesiva (overkill) o de violencia sexual, mutilación genital o heridas en zonas del cuerpo relacionadas con la expresión de género (senos, glúteos, genitales, rostro), cabello cortado arrancado o rapado, entre otras, e identificar indicios de expresión de género femenina en el cuerpo de la víctima (modificaciones corporales, ropa, maquillaje, accesorios y/o ocultamiento de su genitalidad). Frente al abordaje del cadáver, es trascendental que el informe ejecutivo incluya de manera clara y detallada las hipótesis investigativas preliminares y la información disponible en relación con las circunstancias que rodearon los hechos o contexto del caso, p.ej. la forma como se encontró el cuerpo y detalles de la escena del crimen. Es recomendable allegar las fotografías de la escena en conjunto con el acta y la solicitud de análisis.

 

(ii) Inspección al lugar de los hechos con el fin de identificar signos de la agresión, violencia simbólica (p.ej. rotura de objetos, muebles, cuadros, etc., especialmente aquellos que tienen un significado especial para la mujer como fotografías familiares, recuerdos, regalos) o indicios de maltrato animal, que suelen estar presentes en los casos de feminicidio y ayudan a visibilizar el ciclo de violencia y probar el móvil del agresor.

 

(iii) Labores de vecindario, como entrevistas a testigos de los hechos, familiares, amigos y compañeros de trabajo, que permitan caracterizar a la víctima, determinar cómo se autoidentificaba, describir el entorno en el que se encontraba antes de los hechos violentos que producen su muerte, o advertir los lugares que frecuentaba, especialmente útil en caso de feminicidios de mujeres trans o por identidad de género; o para obtener detalles de la relación entre el agresor y la víctima y posibles eventos previos de violencia. Las labores de vecindario también permiten construir la línea de tiempo anterior a los hechos, con énfasis en los eventos relevantes para la investigación.

 

(iv) Recopilación de documentos de identidad de la víctima (registro civil de nacimiento, cédula de ciudadanía, licencia de conducción, diplomas, carné estudiantil, entre otros), esto con el propósito de identificarla, así como constatar su nombre o corrección del nombre y del componente sexo[15], en caso de feminicidio de mujeres trans o por identidad de género.

 

(v) Informes periciales que permitan advertir la adscripción étnica de la víctima, su condición socioeconómica, de desplazamiento o su identidad de género, entre otras, así como aquellos que evidencien violencia sexual o uso de sustancias como alcohol o drogas.

 

(vi) Solicitud de necropsia al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses — INMLCF para efectos de evidenciar desde el abordaje forense y científico aspectos relevantes para la investigación como la causa de muerte y las circunstancias que rodearon el hecho, p.ej. lesiones innecesarias para causar la muerte, heridas o lesiones antiguas que den cuenta de un ciclo de violencia física, fracturas, violencia sexual, semen, entre otros. En la solicitud de necropsia se recomienda aportar las fotografías y detalles de la escena que den cuenta del contexto del crimen.

 

Finalmente, toda variación en la hipótesis de investigación ya sea confirmatoria de feminicidio o de descarte de este, debe ser registrada en el SPOA.

 

5. Debida diligencia reforzada. Los funcionarios de la Entidad tienen el deber de investigar los hechos constitutivos de violencia contra la mujer[16] y de género, con observancia del principio de debida diligencia y celeridad. En el marco de la investigación de este tipo de delitos, entre los que se incluye el feminicidio, este principio es reforzado[17] . En ese sentido, se debe garantizar el acceso a la administración de justicia bajo los estándares y recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH[18] Así mismo, la investigación debe ser oportuna, eficiente, exhaustiva[19] profesional e imparcial, libre de discriminación y estigmatización y debe desarrollarse dentro de un plazo razonable[20] y garantizarse el impulso procesal, es decir, que este no dependa de la actividad procesal de la víctima o sus familiares.

 

6.Perspectiva de género. La primera hipótesis de investigación y demás líneas investigativas que se adopten para la identificación de los autores del delito, así como todas las actividades que se adelanten durante la investigación[21] y judicialización del delito de feminicidio o su tentativa deben abstenerse de integrar cualquier estereotipo machista o patriarcal, anacrónico o discriminatorio que impida comprender la naturaleza y gravedad de la violencia que sufrió la víctima.

 

B. LINEAMIENTOS PARA LA ADECUACIÓN TÍPICA DEL DELITO DE FEMINICIDIO

 

7. Tipo penal de feminicidio. El feminicidio, contemplado en los artículos 104A y 104B del Código Penal, es el asesinato de una mujer por el hecho de serlo o por razones de género, causado en un entorno de discriminación y de estereotipos, además "en un contexto social y cultural que las ubica en posiciones, roles o funciones subordinadas, contexto que favorece y las expone a múltiples formas de violencia"[22]. Este tipo penal pluriofensivo constituye una de las formas más graves de violencia contra la mujer[23]

 

8. El feminicidio ocurre en múltiples esferas y en el marco de todo tipo de relaciones. El feminicidio ocurre en múltiples esferas: tanto privada (íntima, familiar) como pública (escolar, laboral, comunitaria, entre otros), en tiempos de guerra o de paz, y en el marco de todo tipo de relaciones, p.ej. de pareja, de familia, de convivencia, de compañeros, de amigos e incluso entre desconocidos[24] En esa medida, puede ser cometido por cualquier persona en tanto el sujeto activo del delito es indeterminado.

 

9. Elemento subjetivo del tipo. La simple constatación del género del sujeto pasivo[25] no es suficiente para que se configure un feminicidio[26] , ya que el tipo penal exige dolo calificado, esto es, que la muerte de la mujer se cause (i) por su condición de mujer[27] o (ii) por su identidad de género[28], Io que suele reflejar una "pauta cultural de discriminación, irrespeto y subyugación[29] . El programa metodológico y las actividades de investigación se deben encaminar a probar de manera esencial, imprescindible e insustituible ese móvi1[30]

 

9.1. El elemento subjetivo "identidad de género " se configura con independencia de si esta es real o percibida. Cuando el presunto agresor causó la muerte de una mujer motivado por el rechazo, reproche u odio a su identidad de género[31], en la investigación del hecho se debe tener en cuenta que el elemento subjetivo del feminicidio se configura con independencia de si la identidad de género fue rea1[32] o percibida[33]

 

9.2. Elementos que ayudan a determinar la identidad femenina. Algunos elementos no taxativos que permiten determinar la identidad femenina de la víctima transgénero son: (i) el cambio de sexo en el documento de identidad[34] que identifica a la víctima como mujer; (ii) la existencia de intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos para el cambio de sexo[35] reportadas por el médico forense o contenidas en la historia clínica de la víctima; (iii) su reconocimiento como mujer por parte de terceros; (iv) el reconocimiento de la víctima mediante un nombre identitario o apariencia femenina que no corresponde con el sexo consignado en el documento de identidad; (v) indicadores de género femenino en su forma de vestir y/o apariencia con prendas usualmente relacionados al género femenino y/o la expresión de forma pública por parte de la víctima de su identidad de género femenina, p.ej., en redes sociales, medios de comunicación, videos, alocuciones públicas, etc.

 

9.3. El asesinato de mujeres trans, lesbianas y bisexuales podrá constituir feminicidio. El artículo 104A del Código Penal contempla como feminicidio la conducta de matar a una mujer por su condición de tal o motivado por la identidad de género, por consiguiente, abarca crímenes contra mujeres cisgénero[36], mujeres trans, lesbianas[37] bisexuales[38].

 

10. Elementos contextuales del feminicidio. Los literales del artículo 104A del Código Penal no hacen parte de los elementos del tipo, sino que enuncian algunas "situaciones contextuales y sistemáticas, que pueden ayudar a develar el elemento subjetivo del tipo penal[39]. Por consiguiente, probar una o varias de estas situaciones no sustituye ni excluye la prueba del elemento subjetivo del feminicidio, sino que puede resultar útil para inferir, evidenciar o complementar la acreditación del dolo específico exigido en el tipo penal. Por su parte, la inexistencia de alguno de estos elementos en un caso concreto no implica que no se configure el feminicidio, pues este puede ocurrir y ser inferido de una gran cantidad de contextos[40], más allá de los enunciados en la norma.

 

10.1. Literal a. "Tener o haber tenido una relación familiar[41] , íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia fisica, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella Probar que entre la víctima y el agresor existió (i) "una relación familiar, íntima o, de convivencia (...), de amistad, de compañerismo o de trabajo"[42], y (ii) un ciclo de violencia[43] "fisica, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen"[44] , fortalece el argumento según el cual el delito se cometió por la condición de mujer o identidad de género.

 

10.1.1. Signos que ayudan a identificar feminicidios íntimos[45]. Los fiscales e investigadores pueden inferir que el feminicidio se cometió por una persona que tuvo una relación cercana con la víctima a partir de ciertos signos presentes en la necropsia de la víctima, en la escena del crimen y/o a partir de circunstancias que se presentaron en la relación entre la víctima y el victimario.

 

a. Signos en la necropsia. En la necropsia se pueden identificar indicios de feminicidios íntimos, como, p.ej. uso excesivo de la fuerza, ubicación de la mayoría de las heridas en zonas vitales como expresión del control del agresor sobre la víctima, intensidad de la violencia, combinación de varios procedimientos para causar la muerte, utilización de las manos como mecanismo homicida o de instrumentos domésticos de fácil acceso, así como la existencia de lesiones anteriores o indicios de violencia sexual previa o concomitante a los hechos.

 

b. Señales en la escena del crimen. En cuanto a la escena del crimen, los homicidios íntimos suelen presentarse en escenarios privados como el hogar, el domicilio de la víctima o del agresor (en casos de convivencia), en espacios públicos o abiertos al público en los que se desarrollaba la rutina de la relación (cuando no existía convivencia), en hoteles o en lugares en los cuales se desarrollaba el encuentro íntimo.

 

c. Circunstancias que se presentaron en la relación entre la víctima y el victimario. Algunas circunstancias como una separación, divorcio, denuncias previas o reportes ante Comisarías de Familia o autoridades de policía contra el agresor pueden ser indicativas de feminicidios íntimos[46]. También testigos pueden dar cuenta de las características de la relación existente entre la víctima y el agresor y situaciones previas de violencia o sometimiento (aislamiento, humillación, control coercitivo, violencia fisica o amenaza del uso de la fuerza).

 

10.1.2. Los feminicidios íntimos no constituyen "crímenes pasionales " y en estos no se debe calificar a la ira e intenso dolor como circunstancia de atenuación punitiva. Ante hechos constitutivos de feminicidios en los que el presunto agresor tenía una relación con la víctima, los fiscales e investigadores no deben otorgarle al caso el estatus de "crimen pasional" o "asunto privado" ni reconocer circunstancias de menor punibilidad como la ira e intenso dolor[47], pues implicaría responsabilizar a la víctima, validar el crimen como mecanismo de defensa del honor y reputación del agresor e invisibilizar el delito y el contexto de discriminación subyacente[48]

 

10.2. Literal b. "Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad". La instrumentalización implica concebir a la mujer como un objeto o posesión ligado a un rol servicial, a la función reproductiva o al cumplimiento de labores domésticas como la limpieza y la crianza. A su vez, se manifiesta mediante actos de dominación sobre la mujer o su cuerpo, así como en prohibiciones de conducta relacionadas con su fuero íntimo y su sexualidad, toda vez que el agresor la percibe como un ser inferior incapaz de adoptar decisiones libres que deban ser respetadas. Los fiscales e investigadores pueden inferir que el feminicidio se cometió mediante ejercicios de instrumentalización de género o sexual a partir de ciertos signos presentes en la necropsia de la víctima[49] o en la escena del crimen como: (i) cuerpo encontrado en posiciones sexualizadas (p.ej. piernas abiertas, exposición de órganos sexuales, posición genupectoral); (ii) cuerpos parcial o totalmente desnudos o ropa desgarrada; (iii) introducción de objetos por orificios naturales; (iv) rastros biológicos como semen o saliva del agresor encontrados en cualquier parte del cuerpo, la ropa o la escena; (v) marcas dejadas en el cuerpo, mensajes, escenificaciones; (vi) huesos pelvianos y de rostro quebrados, y/o falta de piezas dentales; (vii) lesiones o mutilación de partes del cuerpo con un significado sexual (como mordeduras, amputación de senos, pezones, órganos sexuales, glúteos, muslos); (viii) actividad de la víctima asociada al trabajo sexual o cuerpo encontrado en zonas asociadas a estas actividades; (ix) toallas higiénicas, papel higiénico, condones, pornografia u objetos sexuales encontrados en la escena[50]

 

10.3 Literal c. "Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural ". La Convención de Belem do Pará reconoce que existen "relaciones de poder [de diversos tipos] históricamente desiguales entre mujeres y hombres", que "trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases". En ese contexto, este literal se refiere a las relaciones que desvalorizan Io femenino y lo subordinan a lo masculino, las cuales son empleadas por el agresor en la comisión del crimen para validar y perpetuar su superioridad frente a la mujer. Para evidenciar esta clase de relaciones en un feminicidio, los fiscales e investigadores pueden construir el perfil victimológico de la mujer agredida describiendo, entre otros aspectos, las actividades que realizaba y el tipo de dominio, subordinación, vulnerabilidad o debilidad al que se encontraba expuestas[51]. También puede ser de utilidad la elaboración de perfiles sobre el agresor y su posible relación con grupos armados o delincuenciales, así como la detección de espacios de poder asociados a la política o la religión.

 

10.4. Literal d. "Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo ". Esta circunstancia contextual se presenta cuando el agresor utiliza el cuerpo de la mujer o la conducta punible como un medio para obtener un fin, en la medida en que pretende que la muerte de la mujer genere efectos adicionales como terror o humillación en un enemigo. La existencia de rencillas, venganzas o disputas por controles sociales, territoriales, militares o económicos que involucraran a la víctima, su familia o su comunidad, entre otros, pueden contribuir a la reconstrucción del escenario de subordinación al que se veía expuesta la víctima.

 

10.5. Literal e. "Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no ". En la sentencia C-297 de 2016, la Corte Constitucional precisó que los antecedentes a los que se refiere este literal abarcan cualquier hecho previo sin necesidad que haya sido denunciado, p.ej., antecedentes asociados a la ocurrencia de hechos de violencia previa pueden estar consignados en historias clínicas, obtenerse mediante el testimonio de testigos o incluso develarse en el marco de la necropsia. Por su parte, los indicios han sido definidos por la Corte Suprema de Justicia como "un medio crítico, lógico e indirecto (...), construido a partir de pruebas directas autorizadas por la ley[52] con ellos y a partir de "las reglas de la sana crítica se obtiene por inferencia el conocimiento de hechos, sujetos y circunstancias que interesan al proceso penal"[53] Las amenazas también suelen estar presentes en la historia de violencia que sufren las víctimas antes del feminicidio.

 

10.6. Literal f. "Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella". En ocasiones, en el marco de feminicidios y tentativas de feminicidio, los agresores retienen arbitrariamente y contra su voluntad a la víctima o la mantienen incomunicada como expresión de su poder y control sobre ella. Este literal reconoce ese contexto y considera cualquiera de las dos circunstancias alternativas como una manifestación del móvil del crimen, sin importar cuanto tiempo se hayan prolongado antes de la agresión. De esta manera, formas previas de aislamiento (prohibición de la comunicación con terceros o la libre locomoción mediante el control coercitivo), retención de llaves de la vivienda, ropa, celulares y aparatos de telecomunicaciones, encierro, atadura, secuestro o incluso la desaparición forzada[54] explican un contexto asociado a la configuración del feminicidio.

 

11. Circunstancias específicas de agravación punitiva para el delito de feminicidio. El artículo 104B del Código Penal dispone que la pena de prisión de este tipo penal se agrava, de 500 a 600 meses, si se configura una de las siguientes circunstancias:

 

11.1. Literal a. "Cuando el autor tenga la calidad de servidor público y desarrolle la conducta punible aprovechándose de esta calidad". Para la configuración de esta circunstancia de agravación es indispensable identificar si el sujeto activo de la conducta reúne las calidades de servidor público contenidas en las definiciones de los artículos 20 del Código Pena1[55] y 123 de la Constitución Políticas[56] y cometió la conducta aprovechándose de esta calidad.

 

11.2. Literal b. "Cuando la conducta punible se cometiere en mujer menor de dieciocho (18) años o mayor de sesenta (60) o mujer en estado de embarazo. Se debe tener en cuenta que esta clase de violencia es sistémica, "se produce y se reproduce en relaciones diferenciadas de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y menores[57] y se presenta en contextos de una relación de responsabilidad, confianza o poder entre el agresor y la víctima en razón a su edad[58]. En ese sentido, es indispensable establecer la edad biológica de la víctima o el estado de gravidez al momento de la muerte.

 

11.3. Literal c. "Cuando la conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas” La participación de dos o más personas en la comisión de este delito generalmente conduce a que la víctima pierda capacidad de defensa, circunstancia que facilita su comisión y aumenta el riesgo, así como el grado de vulnerabilidad, a los cuales se ve sometida la víctimas[59]. Para la configuración de este agravante es necesario que los elementos objetivos y subjetivos que exige el tipo penal de feminicidio estén presentes en las personas que realizaron o participaron en la conducta[60]

 

11.4. Literal d. "Cuando se cometiere en una mujer en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o desplazamiento forzado, condición socioeconómica o por prejuicios relacionados con la condición étnica o la orientación sexual". La condición de mujer no es la única característica identitaria que puede tener incidencia en la perpetración del delito de feminicidio[61]

 

11.4.1. Confluencia de diferentes motivos discriminatorios. En la víctima pueden confluir características como p.ej. la condición socioeconómica o prejuicios relacionados con la condición étnica, que pueden tener incidencia en la consumación del delito[62]. En consecuencia, para la constatación de esta circunstancia de agravación, en la investigación debe realizarse un análisis con enfoque diferencial, en conjunto y contextual sobre la violencia desplegada en la perpetración del delito de feminicidio[63]. Lo anterior, con el objeto de identificar y probar otros factores de discriminación que pudieron motivar la ocurrencia del hecho (prejuicios por la raza, etnia[64], edad, orientación sexual, identidad de género, situación de discapacidad física, psíquica o sensorial o de desplazamiento forzado[65]), las condiciones particulares del contexto en el que se cometió el delito, verificar si hubo un historial de violencia en contra de la víctima, realizar la adecuación típica de la conducta de manera precisa y otorgar asistencia especial a la víctima según sus necesidades y condiciones particulares.

 

11.4.2. Tentativa de feminicidio o feminicidio de mujeres en situación de discapacidad[66] La perpetración de feminicidios o tentativas de feminicidio en mujeres en situación de discapacidad generalmente tiene cabida en el marco de relaciones de familia y pareja, sin descartar su ocurrencia por fuera de estos contextos. Por esta razón, los fiscales delegados deberán indagar sobre las relaciones que existían al interior de la familia de la víctima. Además, puede estar acompañada de actos de violencia sexual y excesiva violencia física  (común en feminicidios íntimos) o por el contrario, casos con muy pocas lesiones y ausencia de signos de resistencia debido a la desproporción de fuerzas en razón a la debilidad propia de una mujer en situación de discapacidad[67]

 

11.4.3. Orientación sexual e identidad de género. Se deben diferenciar los conceptos de orientación sexua1[68] e identidad de género, ya que de ello dependerá la correcta aplicación de la Ley penal al caso concreto. En este sentido, si la muerte de una mujer obedeció a prejuicios basados en su orientación sexual, por tratarse de una mujer lesbiana o bisexual se configurará la circunstancia específica de agravación punitiva del artículo 104B del Código Penal (feminicidio agravado). Por su lado, si la muerte de la mujer se causó por motivos de su identidad de género, se habrá configurado el elemento subjetivo que exige el tipo penal de feminicidio, pero no la causal de agravación punitiva del literal d)

 

11.5. Literal e. "Cuando la conducta punible fuere cometida en presencia de cualquier persona que integre la unidad doméstica de la víctima ". El concepto de unidad doméstica incluye ''no solo los vínculos consanguíneos de los que articulan la unidad familiar doméstica, sino la comunidad integrada en el hogar, (…) aunque no convivan bajo el mismo techo[69]. En ese sentido, para que se configure esta circunstancia de agravación punitiva, se debe demostrar que el feminicidio se cometió en presencia de alguna de las personas que conforman la unidad doméstica de la víctima, sin que sea necesario que exista una relación de parentesco entre esa o esas personas y la víctima.

 

11.6. Literal f. "Cuando se cometa el delito con posterioridad a una agresión sexual, a la realización de rituales, actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de agresión o sufrimiento fisico o psicológico ". En ocasiones, el feminicidio está precedido de actos de violencia sexual, situación que evidencia los elementos de relaciones inequitativas entre sexos. En ese sentido, los fiscales delegados deberán analizar si existieron actos de violencia sexual o con connotación sexual que hayan sido previos o concomitantes a la ocurrencia del delito de feminicidio, sea consumado o en grado de tentativa[70]. Esta circunstancia de agravación también se configura cuando se identifica que la víctima murió con posterioridad a cualquier otro tipo de agresión, como, p.ej., mutilación genital femenina[71], o luego de realizar algún acto que le hubiese producido sufrimiento de cualquier tipo, no necesariamente físico.

 

11.7. Literal g. "Por medio de las circunstancias de agravación punitiva descritas en los numerales l, 3[72] 5 6, 7 y 8 del artículo 104 de este Código”.Este literal remite a algunas circunstancias de agravación punitiva contempladas para el delito de homicidio.

 

12. Diferencias entre el feminicidio y el homicidio. No todo homicidio de una mujer se adecúa al delito de feminicidio[73], pues no siempre su muerte obedece a su condición de mujer o a su identidad de género, ni se produce en el contexto de una relación desigual de poder o de discriminación. Para diferenciar ambos tipos penales, los fiscales delegados deben tener en cuenta que: (i) en el homicidio no se exige acreditar la calidad de sujeto pasivo, mientras que en el feminicidio sí se debe precisar que la víctima de la muerte es una mujer cisgénero o transgénero; (ii) el tipo penal de feminicidio exige un elemento subjetivo, es decir, dolo calificado, pues la conducta debe estar motivada "por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género", por lo que se debe verificar el contexto de dominación o discriminación entre el sujeto pasivo y activo, independientemente de la existencia de algún tipo de relación entre ambos antes de la ocurrencia de los hechos. Por su parte, estos elementos son irrelevantes para la adecuación típica del homicidio.

 

13. Concurso de conductas punibles. El delito de feminicidio puede ser perpetrado en concurso con otras conductas punibles, como, p.ej., aquellas que atentan contra la libertad, integridad y formación sexual (acceso carnal o actos sexuales)[74] 0 la libertad individual (secuestro, tortura, constreñimiento, desaparición forzada o trata de personas en casos de redes de prostitución). Si la víctima de feminicidio presenta algún tipo de violencia sexual, es deber de los fiscales visibilizar su ocurrencia. En ese sentido, los fiscales delegados decidirán, al momento de realizar la adecuación típica de los hechos objeto de investigación, si harán uso de la circunstancia de agravación punitiva contemplada en el literal f) del artículo 104B del CP o, por el contrario, concursar el feminicidio con el delito sexual que se configure, con fundamento en la contundencia y suficiencia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permita demostrar el tipo de agresión sexual acaecida en cada caso en concreto.

 

C. LINEAMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO

 

14. Deberes de los fiscales en el marco de la investigación del delito de feminicidio. Las funciones constitucionales y legales atribuidas a la Fiscalía General de la Nación exigen la promoción de las medidas de protección y asistencia para el restablecimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación[75]. En ese sentido, los fiscales delegados deben abstenerse de incurrir en dinámicas de revictimización durante el desarrollo de la investigación y, en general, durante todo el proceso de judicialización del feminicidio. Por Io tanto, no deben realizar ninguna manifestación mediante la cual se pretenda atribuir responsabilidad a la víctima por la ocurrencia de los hechos de violencia cometidos en su contra, ni replicar patrones discriminatorios o estereotipos de género.

 

14.1. Deberes de los funcionarios de la Entidad como primeros respondientes en casos de feminicidio. Los precitados deberes y perspectiva cobran mayor relevancia si se tiene en cuenta que la Fiscalía General de la Nación, en la mayoría de las ocasiones, es la primera autoridad nacional a la que acude la víctima ante hechos constitutivos de violencia basada en género[76]. Por lo tanto, la observancia de estos deberes implica que los fiscales delegados y la policía judicial, al investigar la posible ocurrencia de un delito de violencia basada en género, como el feminicidio o su tentativa:

 

(i) Reconozcan que existen ciertas situaciones fácticas y elementos de contexto que permiten complementar el elemento subjetivo del delito de feminicidio, es decir, que la intención del agresor fue la de causar la muerte de la mujer por su condición de mujer o por su identidad de género. En ese sentido, los esfuerzos de indagación e investigación deben encaminarse también a demostrar alguno de los elementos contextuales incluidos en el tipo penal autónomo de feminicidio (contemplados en el artículo 104A del Código Penal), pues a partir de los mismos se podría complementar el elemento subjetivo del delito o probar las razones de género como móvil de la muerte.

 

(ii) Eliminen el uso de prejuicios y estereotipos de género en el desarrollo de la investigación y el proceso de judicialización[77], como garantía del cumplimiento del estándar de debida diligencia reforzada[78]. Esta obligación en cabeza de las autoridades jurisdiccionales se encuentra consagrada en el literal j) del artículo 7° de la Ley 1761 de 2015[79]

 

15. Articulación intra e interinstitucional para la investigación. La investigación del delito de feminicidio o de su tentativa debe ser siempre coordinada, tanto internamente en la Entidad, como de manera externa con otras instituciones. En ese sentido, es indispensable que los fiscales delegados:

 

(i) Mantengan una comunicación permanente y constante con el equipo de policía judicial, con el fin de articular las actividades a realizar y conocer detalles por parte de los investigadores que abordaron la escena de los hechos.

 

(ii) Construyan, de manera mancomunada con el equipo de policía judicial, las hipótesis del caso y socializarlas con los funcionarios del INMLCF asignados al caso. De esta manera, se potencializan las actividades de recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física posteriores y la necropsia médico legal. Así mismo, se debe mantener una comunicación fluida con los funcionarios del INMLCF antes, durante y después de las prácticas medicolegales.

(iii) Articulen con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF la garantía, protección y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia de la víctima del feminicidio.

 

(iv) Comunicarse con las Comisarías de Familia para que estas entidades inicien el procedimiento tendiente a otorgar en favor de las víctimas las medidas de protección, provisionales y definitivas, y de atención necesarias[80]

 

16. Protección del bienestar físico, psicológico y de la intimidad de la víctima. Los fiscales deben implementar o solicitar a los jueces de control de garantías, según sea el caso y sin perjuicio de la solicitud de medida de aseguramiento, en caso de que esta sea procedente, las medidas de protección y atención pertinentes y necesarias para garantizar el bienestar físico, psicológico y el derecho a la intimidad de las víctimas[81]. En todo caso, podrá solicitar al comisario o comisaria de familia la adopción inmediata de las medidas de protección en favor de la víctima "cuando de manera justificada considere que es la vía más expedita"[82]

16.1. Garantías a la seguridad y protección de las víctimas. Es trascendental garantizar la seguridad y protección de la integridad de las víctimas frente a intimidaciones y represalias por parte de sus victimarios, especialmente, si se trata de víctimas de tentativa de feminicidio (sobre todo si la agresión estuvo vinculada a contextos de discriminación por la labor que desempeña, p.ej. lideresa social, defensora de derechos humanos, entre otras), de violencia intrafamiliar o sexual caracterizadas con riesgo grave o extremo, personas en condiciones de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, en situación de discapacidad o de desplazamiento, entre otras (p.ej. personas cercanas a la víctima que recibieron amenazas por parte del mismo agresor)[83] . Para estos casos, es necesario realizar una adecuada valoración del riesgo en el que se encuentran las víctimas, para así implementar las medidas más idóneas para garantizar su vida e integridad[84]

 

16.2. Garantías a la intimidad. Ante un feminicidio en grado de tentativa, se debe facilitar la oportunidad de que la víctima rinda su declaración con la debida protección a su intimidad. Así mismo, será necesario que las entrevistas sean realizadas en lugares que preserven su intimidad y se deberá garantizar la confidencialidad de la información suministrada[85]

 

17. Actuaciones que se deben realizar si la aplicación del formato de identificación del riesgo - FIR advierte riesgo grave o extremo[86]. La aplicación del FIR a la mujer víctima de violencia basada en género puede dar como resultado cuatro niveles de riesgo que se catalogan como bajo, moderado, grave y extremo. En supuestos de violencia basada en género de marcada gravedad, los cuales pueden adecuarse típicamente a una tentativa de feminicidio, es posible que la aplicación del FIR advierta resultado de riesgo extremo, o por otros medios se determine este resultado, como, p.ej. la gravedad de los hechos o por la aplicación del protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra las mujeres por parte de su pareja o expareja del INMLCF (consta de una entrevista semiestructurada que indaga sobre el hecho denunciado, los aspectos personales, familiares de la víctima y la identificación de antecedentes que se constituyan en factores de vulnerabilidad o factores de protección y la posterior aplicación de la escala de valoración de riesgo que mide específicamente el riesgo de sufrir lesiones graves o fatales derivados de la violencia por parte de su pareja o expareja)[87]. De advertirse esta clase de riesgo para la víctima, los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación deben:

 

(i) Realizar los actos urgentes, de conformidad con el artículo 205 de la Ley 906 de 2004, que sean necesarios para la protección de la víctima, la preservación de los elementos materiales de prueba y la pronta judicialización del o los responsables.

 

Los resultados de su actividad deberán ser consignados en el informe ejecutivo y presentados al Fiscal delegado dentro de las 36 horas siguientes.

 

(ii) De manera paralela, se le debe advertir al fiscal delegado el nivel de riesgo detectado para que analice la solicitud de medidas de protección, atención y/o de aseguramiento ante los jueces de control de garantías o para la disposición de actos de investigación que requieran la emisión de una orden previa o el control judicial, entre otros que considere necesarios. Así mismo, el fiscal delegado ordenará, en caso de que no hayan sido realizados inicialmente, todos aquellos actos investigativos contenidos en el artículo 205 de la Ley 906 de 2004 necesarios para la protección de la víctima y la preservación de los elementos materiales de prueba.

 

(iii) Verificar que el receptor de denuncia o el funcionario que hubiere hecho uso del FIR registró en el SPOA dicho resultado.

 

18. Solicitud de imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión. En supuestos de feminicidio o tentativa de feminicidio, se sugiere a los fiscales delegados solicitar la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión[88] Lo anterior, en aras de proteger a la víctima de futuros riesgos o atentados a su vida o integridad (en supuestos de tentativa), a su núcleo familiar o a las personas bajo su custodia y a la comunidad. Para sustentar su solicitud, deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 308[89] y siguientes de la Ley 906 de 2004, así como las Directivas 0001 de 2020[90] y 0001 de 2021[91], y tendrán en cuenta (i) el enfoque o perspectiva de género[92] ; (ii) la condición de sujeto de especial protección constitucional que ostenta la víctima de este tipo de agresiones[93]. (iii) los antecedentes penales de la persona indiciada; y (iv) la situación de riesgo de la víctima, para lo cual podrá ser útil el resultado de la evaluación del riesgo mediante el FIR o el Protocolo de Valoración de Riesgo del INMLCF, cuando proceda.

 

19. Audiencias cerradas al público. Con el fin de salvaguardar los derechos a la intimidad de la víctima y de sus familiares en supuestos de tentativa de feminicidio, los fiscales delegados podrán evaluar la posibilidad de solicitarle al juez la práctica de audiencias cerradas al público[94] . De igual manera, podrá solicitar a la autoridad judicial la reserva de la identidad y de los datos personales de la víctima, de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. Esta solicitud cobra mayor manifiesten temor o vergüenza de testificar en las audiencias de juicio abiertas al público. Así mismo, se recuerda que los fiscales delegados deben velar por el cumplimiento del derecho de la víctima a no ser confrontada con su agresor[95], razón por la cual, si la presencia de la víctima en una audiencia o diligencia no es indispensable, se prescindirá de su acompañamiento y esta se adelantará con su abogado.

 

20. Protección e información a las personas que estaban bajo la custodia de la víctima. Ante la consumación de un feminicidio, los fiscales delegados deben informar a los niños, niñas, adolescentes o adultos mayores que se encontraban bajo custodia de la mujer víctima sobre las entidades y mecanismos a las que pueden acceder, los servicios que estas ofrecen y sus condiciones, ya sean en materia de apoyo, asistencia jurídica, psicológico o de cualquier otro tipo encaminados a su protección, a fin de evitar su desprotección y desamparo. En casos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia de la víctima del feminicidio, los fiscales delegados deberán garantizar la protección y el restablecimiento de sus derechos en articulación con el ICBF. De igual manera, de advertir la existencia de elementos constitutivos de otros delitos cometidos por el agresor en contra de las personas bajo custodia de la víctima, como p.ej.j. la violencia intrafamiliar, deberán adelantar la investigación de oficio o informarles los canales de denuncia si dado el caso se trata de un tipo penal que exige la presentación de querella.

 

21. Menciones a la vida privada de la mujer. Los fiscales delegados podrán hacer alusión a los antecedentes de la vida privada de la mujer solamente cuando ello resulte útil para demostrar que el presunto agresor ejerció previamente actos de violencia en contra de la víctima. Esto permitirá acreditar los antecedentes y el contexto de violencia a los que el agresor sometió a la mujer víctima antes de cometer el feminicidio o su tentativa. No obstante, no podrán hacer uso o mención a los antecedentes de la vida privada de la mujer con el propósito de atenuar la responsabilidad del agresor en la ocurrencia del feminicidio o de su tentativa, pues esta clase de interpretaciones constituye un estereotipo patriarcal y discriminatorio que desconoce los derechos fundamentales de las mujeres[96]

 

22. Investigación de oficio y oportuna. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley 1761 de 2015, la investigación del delito de feminicidio debe ser adelantada de "oficio y llevarse a cabo inmediatamente y de modo exhaustivo", pues los actos de violencia contra la mujer son un asunto que constituye una violación de sus derechos humanos y libertades fundamentales, por lo que no pueden considerarse como "conflictos domésticos, privados y no prioritarios[97]. En ningún caso puede concluirse que el feminicidio o su tentativa no ocurrieron a partir del hecho que la o las víctimas no hubiesen interpuesto la denuncia[98]

 

No se debe olvidar que el "retiro de una denuncia por una presunta víctima no se constituirá en elemento determinante para el archivo del proceso[99] Por su parte, el estándar de una investigación oportuna exige que una vez se han realizado las primeras labores de investigación se evite el retraso injustificado en su adelantamiento[100] e, igualmente, impone la obligación de que dichas labores estén libres de "patrones socioculturales discriminatorios[101] que descalifiquen a las víctimas[102]

 

23. Investigación en el marco de la debida diligencia. Además de las pautas fijadas en el lineamiento 5 respecto al deber de adelantar la investigación observando el principio de ebida diligencia, el fiscal delegado, ante el conocimiento o sospecha sobre la ocurrencia de hechos constitutivos del delito de feminicidio o de su tentativa, debe ordenar la realización de las diligencias de investigación pertinentes que permitan recaudar los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas necesarias para determinar la existencia de la conducta delictiva, su móvil y la identificación de sus responsables[103] La "alteración, destrucción, negligencia o falta de cuidado" en esta labor puede acarrear responsabilidad del Estado por conducir al fracaso de la investigación[104]

 

24. Debida diligencia en casos de mujeres reportadas como desaparecidas. Se destaca que cuando las mujeres son reportadas como desaparecidas en contextos con un riesgo real e inminente para su vida e integridad, surge un deber de diligencia estricta que exige la obligación de ejecutar de manera inmediata todas las actividades tendientes a su busqueda[105] siempre bajo el supuesto de que la mujer sigue con vida hasta que no exista certeza de lo contrario[106], Las labores de búsqueda no deben dilatarse o descartarse bajo hipótesis asociadas a rebeldía juvenil, escapes amorosos, existencia de relaciones extramatrimoniales o similares.

 

24.1. Mecanismo de Búsqueda Urgente - MBU. Cuando se tenga conocimiento de la presunta desaparición de una mujer, los fiscales deben activar de manera inmediata, a petición de parte o de oficio y con independencia de las labores investigativas[107] el mecanismo de búsqueda urgente[108] con el propósito de encontrar a la persona desaparecida y así evitar la consumación del delito, mediante el impulso de todas las acciones necesarias encaminadas a ubicar a la víctima. No se debe exigir el transcurso de setenta y dos (72) horas desde el momento de la presunta desaparición ni formalidad alguna para activar el mecanismo.

 

25. Investigación en contexto. En la investigación del delito de feminicidio se debe indagar sobre el contexto en el cual se desarrollaron los hechos constitutivos de este tipo penal, teniendo en cuenta las circunstancias a las que hace referencia el numeral 9 de esta Directiva. Lo anterior, con el propósito de comprender los móviles que llevaron al agresor a ejecutar la conducta, la existencia de actos previos y diversos de maltrato (fisico, psicológico, sexual y económico) y asociar hechos constitutivos de violencia contra la mujer en los cuales pueda identificarse un patrón de violencia de género en el agresor, sin afectar el derecho constitucional al debido proceso. Así mismo, la investigación en contexto permitirá demostrar la sistematicidad del maltrato o su dinámica cíclica.

 

26. Actividades de investigación que permiten identificar un contexto discriminatorio y de violencia en contra de la mujer. Se sugiere que el fiscal delegado ordene actividades investigativas tendientes a la identificación de manifestaciones previas de violencia, así como la existencia de un contexto misógino o discriminatorio en el que fue perpetrado el feminicidio o su tentativa. Para este fin, podrá ordenar las siguientes actividades y actos urgentes[109].

 

(i) La verificación del registro de denuncias de violencia previas presentadas por la víctima en contra del agresor ante la Fiscalía, la policía o autoridades administrativas, así como los reportes de comisarías de familia, llamadas a líneas de emergencia, a canales institucionales o solicitudes de ayuda a líneas de atención a mujeres realizadas por la víctima. Así mismo, verificar si el agresor ha sido objeto de denuncias por violencia de género instauradas por personas distintas a la víctima del feminicidio o de su tentativa;

 

(ii) La inspección del lugar de los hechos o donde se halló el cuerpo[110]

 

(iii) Realizar labores de campo como la inspección a lugares distintos al hecho[111] como p.ej. en los CAI o en las inspecciones de policía y comisarías de familia competentes y cercanas al lugar de domicilio de la víctima;

 

(iv) La toma de declaraciones de familiares, vecinos(as), amigos(as) y compañeros(as) de trabajo que brinden elementos para la identificación del entorno social de la de la víctima y el mapa de relaciones entre esta con sus familiares y su agresor;

 

(v) La obtención de grabaciones de cámaras de seguridad de los lugares de residencia de la víctima, del agresor, de lugares públicos[112]

(vi) Evaluaciones psicológicas, trabajo social o antropológico realizadas a la víctima, así como su historial clínico y demás análisis que permitan dilucidar elementos de la relación de la víctima con su agresor, el contexto de las agresiones y las circunstancias en las cuales se desenvolvieron los hechos materia de investigación;

 

(vii) La realización de exámenes médico legales al cuerpo de la víctima, así como a la ropa y elementos que esta portara al momento de los hechos;

 

(viii) Las demás actividades pertinentes que permitan advertir que existió cualquier tipo de coacción, agresión, control, manipulación, intimidación o restricción a la libertad de la mujer o escenario de violencia. En ese sentido, se sugiere ordenar la incautación de elementos electrónicos de la víctima y del agresor (teléfonos celulares, computadores portátiles, tabletas, etc.), previo cumplimiento de los requisitos y controles legales, con el fin de someterlos a análisis y recuperar información útil (p.ej. videos, fotos, mensajes almacenados) que dé cuenta de hechos o del contexto de discriminación, violencia, intimidación, amenazas, intromisiones arbitrarias a su intimidad a través de medios electrónicos, redes sociales o en su línea telefónica fija y celular[113] . Lo anterior, sin perjuicio de que haya ausencia de signos de resistencia, forcejeo o lucha en la víctima previos al momento de la ocurrencia del feminicidio o de su tentativa. Esto se debe a que existen casos en los que, por tratarse de ataques sorpresivos o por temor o docilidad de la víctima, causadas por el síndrome de indefensión aprendida[114] es posible que no haya ejercido resistencia[115]

 

26.1. Guías orientadoras sobre contextos subyugación y subordinación. Se podrá tener en cuenta como guías orientadoras de las actividades de investigación sobre el contexto de subyugación y subordinación de la víctima los criterios enunciativos establecidos jurisprudencialmente por la Corte Constitucional. Ejemplos de estos son los señalados en la sentencia C-539 de 2016, para determinar si la violencia ocurre por "el hecho de ser mujer" relativos a la existencia previa de antecedentes de violencia, su intensidad y frecuencia, así como la presencia de ataques verbales o de humillaciones, ridiculizaciones, insultos o actos de menosprecio que podrían pasar desapercibidos frente a otros actos violentos de apariencia mucho más grave, como las agresiones físicas.

 

27. Solicitud de práctica de prueba anticipada. La solicitud de práctica de prueba anticipada es procedente en las investigaciones por el delito de feminicidio o tentativa de feminicidio, por lo que se recomienda a los fiscales delegados acudir a ella de considerarlo necesario según las circunstancias del caso. Esta figura, regulada en el artículo 284 de la Ley 906 de 2004, tiene por finalidad la de "asegurar una prueba que después, al adelantarse el proceso correspondiente y por el transcurso del tiempo y el cambio de los hechos y situaciones, no podría practicarse, o su práctica no arrojaría los mismos resultados[116]. Adicionalmente, tiene por objeto prevenir la revictimización, el riesgo de manipulación o afectación del testigo por parte del agresor, escenarios que cobran especial relevancia en el contexto del delito de feminicidio o de su tentativa[117]

 

28. Actos de investigación en casos de capturas en flagrancia. En supuestos de capturas en flagrancia por feminicidio o tentativa de feminicidio, se sugiere a los fiscales delegados que, de considerarlo pertinente y necesario para los fines de la investigación, soliciten en la audiencia de legalización de captura al juez de control de garantías autorización para realizar el registro personal[118] del agresor en los términos del artículo 248 Ley 906 de 2004 y bajo las condiciones fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-822 de 2005[119] . De igual forma, si en esa misma audiencia se formula imputación al agresor, de considerarlo necesario, podrá el fiscal también solicitar al juez de control de garantías autorización para la inspección corporal[120] y la obtención de muestras que involucren al imputado[121] en los términos de los artículos 247 y 249 de la Ley 906 de 2004, y bajo los bajo los derroteros lijados al respecto por la Corte Constitucional.

 

También, se sugiere que ordenen la inspección a lugares distintos al hecho[122] con el propósito de recaudar registro videográfico del procedimiento policivo[123] de aprehensión en situación de flagrancia, si lo hubiere y no haya sido entregado. Esto permitirá obtener información precisa sobre el desarrollo del procedimiento y las condiciones en las que se encontraba la víctima y el agresor al momento de la captura. Así mismo se recomienda, en aras de salvaguardar la memoria de lo ocurrido, se indague y realice entrevista al ciudadano o al agente de policía que realizó la captura sobre lo que pudo percibir en relación con las condiciones fisicas en las que se encontraba la víctima, así como el estado del lugar en el que se produjo la captura. En todo caso, con posterioridad a la captura en flagrancia, se deben ordenar los actos urgentes que aún no se hayan realizado, con el fin de recolectar todos los elementos materiales probatorios y evidencia fisica a los que haya lugar, que sean de valor para la investigación y que no hayan sido recolectados durante la captura en flagrancia. Por ejemplo, entrevistas a testigos, labores de vecindario e incluso si fuere necesario inspeccionar la escena o realizar allanamientos y registros[124] según corresponda.

 

29. Reglas específicas para la celebración de preacuerdos en casos de feminicidios. El artículo 5° de la Ley 1761 de 2015 dispuso la prohibición expresa de celebrar preacuerdos sobre los hechos imputados y sus consecuencias. En ese sentido, la adecuación típica de la conducta, lo que incluye las circunstancias de agravación específicas, de mayor y menor punibilidad, deben corresponder con los hechos. Así mismo, estableció que la persona que incurra en este delito, en caso de allanarse a los cargos imputados, solo podrá acceder a la mitad del beneficio consagrado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, regla que se extiende si el imputado se allana a cargos en las siguientes etapas del proceso penal en las que procede de acuerdo con el porcentaje previsto para la etapa correspondiente[125]

 

En los anteriores términos, la presente Directiva establece los lineamientos para la investigación y judicialización del feminicidio, y deja sin efectos la Directiva 014 de 2016.

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dado en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de mayo del año 2023.

 

FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO

 

Fiscal General de la Nación

 

Nota: Ver norma original en Anexos.

 

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