RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

DERECHO AL TRABAJO-Clases de estabilidad laboral

ALCALDE LOCAL-Es cargo de libre nombramiento y remoción

DEBIDO PROCESO-Imposición de sanciones

ACTO ADMINISTRATIVO-Motivación

DECLARACION DE INSUBSISTENCIA EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN-No motivación

HOJA DE VIDA-Actualización

HOJA DE VIDA-Actualización de insubsistencia y causas del retiro/DEBIDO PROCESO-Vulneración por no actualización de hoja de vida

Peticionario: Iván Martínez Rojas

Procedencia: Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá

integrada por los Magistrados Marco Gerardo Monroy Cabra quien la preside, Eduardo Montealegre Lynett y Alvaro Tafur Galvis, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

Dentro del proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá dentro de la tutela instaurada por Iván Mauricio Martínez Rojas contra la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

1. El señor Iván Mauricio Martínez Rojas fue nombrado alcalde de la localidad de Usme el 7 de diciembre de 2001. Tomó posesión del cargo el 10 de diciembre del mismo año.

2. El Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería de Bogotá D.C., mediante auto 026 del 7 de junio de 2002, pidió al Alcalde Mayor que suspendiera a Martínez Rojas del cargo de Alcalde Local y a los señores Luis Alfredo Jiménez Porras y Luis Alfonzo Velandia Palomares, en su condición de ediles de Usme, por el término de tres meses.

3. La investigación había sido abierta el día anterior, 6 de junio de 2002, con base en una información del noticiero City T.V., según la cual los tres funcionarios, en concurrencia, habrían incurrido en manejos indebidos. En el auto de la Personería se habla de celebración por parte del alcalde menor de un contrato con la Fundación "Avanzar" que subcontrataba con personas pertenecientes a las listas de los dos ediles antes mencionados. También dice la Personería que en un debate efectuado el 26 de marzo de 2002 el Alcalde Local, señor Martínez Rojas, le solicitó al edil Luis Alfonzo Velandia Palomares que le indicara quien tenía el perfil para nombrarlo jefe de máquinas. Según el auto 026, estos dos hechos demostraban el propósito de favorecer a terceros.

4. En el mencionado auto 026 de 7 de junio de 2002 se precisó que contra la decisión no procedía recurso alguno. Sin embargo, por mandato legal, se envió el expediente al Despacho del Personero Distrital para efectos de la consulta del auto sancionatorio.

5. El mismo día 7 de junio se remitió a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. copia del mencionado auto y el Alcalde Mayor, el 12 de junio de 2002, suspendió al funcionario "provisionalmente a partir de la fecha y por el término de tres meses..".

6. El 11 de julio de 2002 el Alcalde Mayor D.C., dos meses antes de que se venciera el término de suspensión, profirió el decreto 303, sin motivación alguna, pero invocando en su encabezamiento el decreto ley 1421 de 1993. Por medio de dicho decreto se declaró insubsistente el nombramiento de Iván Mauricio Martínez Rojas a partir del 11 de julio de 2002.

7. El mismo 11 de julio del 2002, el Personero de Bogotá D.C., resolvió la consulta mediante auto 090. Es una providencia extensa (aparece de folios 14 a 56 del informativo de la Personería) que revocó la determinación del inferior. Desde el folio 15 hasta el folio 35 el Personero Distrital hace el análisis de los alegatos y de las pruebas. Se reseña en el auto que el Alcalde Local alegó que según el Manual de Contratación de la Secretaría de Gobierno de Bogotá de 5 de abril de 2001 la función del Alcalde Local es solamente la de suscribir el contrato, que respecto al contrato de consultoría con una Fundación éste fue objeto de examen previo por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Bogotá y además fue la única propuesta que se presentó. Sobre estas afirmaciones no hubo opinión diferente por parte de la Personería. En cuanto a la otra acusación, quedó plenamente demostrado en el informativo que mal podía el 26 de marzo de 2001 el Alcalde Local pedirle al edil señor Velandia un posible candidato para maquinista, porque dicho edil ese día no asistió a la sesión, como consta en actas. Hubo sí un intercambio de palabras entre el Alcalde Local y otro edil (también esto consta en actas) y en la discusión se habló de perfiles no cumplidos por candidatos para el puesto de maquinista y la dificultad para encontrar al candidato apropiado.

8. Al folio 36, del auto del Personero Distrital por medio del cual se resolvió la consulta, se relata que "se tuvo conocimiento de que el doctor Iván Mauricio Martínez Rojas, fue declarado insubsistente por parte del Alcalde Mayor de Bogotá, mediante decreto # 303 de julio de 2002 por lo que por sustracción de materia no es del caso evaluar la legalidad de la suspensión provisional frente a él". No existe referencia alguna a prueba documental que se hubiere enviado a la Personería para sustentar la información de la declaratoria de insubsistencia, pero en el expediente de tutela si figura copia del mencionado decreto y en el se aprecia la falta de motivación .

9. En todo caso, en el auto que resolvió la consulta, considera el ad-quem que las pruebas y alegatos presentados dan base para la revocatoria de la sanción impuesta. "no puede mantenerse la medida provisional ordenada contra los ediles...y tampoco respecto del doctor Iván Mauricio Martínez Rojas por haber sido declarado insubsistente de su cargo por parte del Alcalde Mayor, a través del decreto 303 de julio de 2002". En consecuencia, el Personero revocó "la decisión adoptada mediante el auto # 026 del 7 de junio de 2002, proferida por la Unidad de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico, respecto de la suspensión provisional ordenada contra el doctor Iván Mauricio Martínez Rojas, en su calidad de Alcalde Local de Usme, y de los Ediles Luis Alfredo Jiménez Porras y Luis Alfonzo Velandia Palomares, conforme a la motivación presentada en este proveído".

10. El 27 de agosto de 2002 el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., mediante decreto 366, determinó: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el decreto 303 del 11 de julio de 2002, ordénase levantar la suspensión provisional al doctor Iván Mauricio Martínez Rojas, en cumplimiento del auto # 090 del 11 de julio de 2002, proferido por el Personero Distrital , a través del cual se revocó la decisión adoptada mediante auto # 26 del 7 de junio de 2002, del Jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería Distrital". Es decir, se revocó la sanción de suspensión provisional pero se mantuvo la declaratoria de insubsistencia.

11. Consta en el expediente que la comunidad de Usme respaldó masivamente al Alcalde Local y protestó porque se lo hubiera sancionado. Hay centenares de firmantes y numerosos escritos provenientes de directivos de acción comunal de los barrios de la localidad, dirigentes deportivos, culturales, religiosos, educadores, madres comunitarias y ciudadanía en general que alaban la gestión del señor Martínez Rojas. Algunos de ellos señalan a la concejal Lilia Camelo y a la Secretaria de Gobierno del Distrito como las instigadoras de la remoción del alcalde de Usme.

12. El periódico El Tiempo, el 7 de junio de 2002, en media página, reseñó los hechos que según Citynoticias motivaron la suspensión del Alcalde de Usme. La junta directiva de la Asociación Comunal de Juntas de Usme envió una protesta al informativo de televisión y pidió se les permitiera rectificar lo informado.

El señor Iván Martínez Rojas dice que se le han violado los siguientes derechos fundamentales: igualdad, buen nombre, honra, debido proceso y trabajo. Pone de presente que en un caso similar ( declaratoria de insubsistencia de la alcaldesa de la localidad de Los Mártires) por sentencia de la Corte Constitucional se ordenó el reintegro. Por consiguiente, solicita que se deje sin ningún valor el decreto de insubsistencia y consecuencialmente se lo reintegre al cargo.

La iniciación del trámite de la tutela fue puesta en conocimiento del Alcalde Mayor de Bogotá y de la Secretaria de Gobierno del Distrito Capital. Solamente respondió la Secretaría de Gobierno, oponiéndose al amparo. Sustenta su oposición en varias razones. Son dignas de mencionar:

1. Los Alcaldes Locales son de libre remoción en ejercicio de la discrecionalidad que tiene el Alcalde Mayor. Esa discrecionalidad del Alcalde Mayor permite prescindir de los servicios de un servidor público que ostenta un nombramiento ordinario, incluso cuando está en curso un proceso disciplinario en la Personería.

2. El precedente jurisprudencial citado por el peticionario de la tutela (T-713/99) corresponde a una situación diferente a la examinada en el presente caso.

3. Considera que por la declaratoria de insubsistencia, ningún derecho fundamental se le violó al señor Iván Mauricio Martínez Rojas.

4. Según la entidad demandada, la tutela solo procede por actos ilegítimos de la administración y existe ineptitud sustancial de la acción por ausencia de legitimación pasiva de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital.

Obran en el expediente las siguientes pruebas, aportadas tanto por el solicitante como por la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital:

1. Decreto 234 de junio 12 de 2002

2. Decreto 303 de julio 11 de 2002

3. Decreto 366 de agosto 27 de 2002

4. Decreto 911 de 2001 y acta de posesión

5. Auto 26 de 7 de junio de 2002

6. Auto 090 de 11 de julio de 2002

7. Notificaciones de autos y decretos

8. Ejemplar del periódico El Tiempo

9. Reclamación dirigida al noticiero de City T.V.

10. Numerosas copias de oficios y comunicaciones dirigidas a las autoridades respaldando al Alcalde Local de Usme.

El 28 de octubre de 2002 el Juzgado 32 Civil Municipal negó la tutela porque en su criterio existe otro medio de defensa judicial y al peticionario se lo podía retirar del cargo por cuanto era funcionario de libre nombramiento y remoción. Según el a-quo: "... no puede entenderse que la discrecionalidad que la misma ley le da a determinados funcionarios nominadores, para nombrar o remover libremente a servidores públicos designados en cargos que no son de carrera, pueda condicionarse y con ello discutirse en el ámbito de tutela, pues aun cuando la Corte Constitucional ha sentado que discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad, debe el fallador constitucional tener presente la prevalencia y naturaleza de esta facultad, de suerte que para tomar una determinación que la limite, debe tener la certeza de que la desvinculación en discusión, obedece a un claro acto arbitrario del nominador, lo que no puede presumirse, ni aún tenerse por sucedido, con las meras conclusiones que sobre el particular efectúe el servidor desvinculado".

El 9 de diciembre de 2002 el Juzgado 1° Civil del Circuito de Bogotá confirmó la decisión del a-quo por las mismas razones. Según el ad-quem, le corresponde al peticionario acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no puede acudir a procesos alternativos o sustitutivos de los contemplados en la legislación ordinaria. Igualmente considera que no se han quebrantado los derechos fundamentales invocados y que, tratándose de alcaldes locales, puede prescindir de ellos "en el momento que lo considere conveniente sin necesidad de motivar su decisión".

Esta Corte es competente para revisar los fallos de tutela de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional y el decreto 2591 de 1991; así mismo por la selección del respectivo expediente.

La presente tutela fue instaurada contra el Alcalde Mayor y la Secretaria de Gobierno del Distrito Capital. La acción no fue dirigida contra funcionarios de la Personería de Bogotá. Por consiguiente, serán las actuaciones del Alcalde y de su Secretaría de Gobierno, las que se examinarán. Concretamente se estudiará si la declaratoria de insubsistencia del Alcalde Local de Usme viola o no derechos fundamentales. Para resolver se considera:

En la sentencia T-047/95¹ se indicó que aún los derechos fundamentales son limitados. Se dijo lo siguiente:

Por consiguiente, el derecho al trabajo no se puede confundir con la estabilidad absoluta.

Existen varias clases de estabilidad laboral:

1. La estabilidad impropia (pago de indemnización)

2. La estabilidad "precaria" (caso de los empleados de libre nombramiento y remoción que pueden ser retirados en ejercicio de un alto grado de discrecionalidad),

3. La estabilidad absoluta (reintegro derivado de considerar nulo el despido).

No se puede afirmar de manera tajante que un retiro del servicio implica la prosperidad de la tutela, porque si ello fuera así prosperaría la acción en todos los casos en que un servidor público es desligado del servicio o cuando a un trabajador particular se le cancela el contrato de trabajo.

El artículo 323 de la Constitución en uno de sus apartes dice: "Los alcaldes locales será designados por el alcalde mayor de terna enviada por la correspondiente junta administradora".

La sentencia C-368 de 1999 hizo la caracterización del Alcalde Local: " Este cargo existe únicamente en el distrito capital de Santafé de Bogotá. El distrito está dividido en distintas localidades, las cuales están sometidas a "la autoridad del alcalde mayor, de una junta administradora y del respectivo alcalde local", como lo establece el artículo 61 del Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá (decreto 1421 de 1993)."

En cuanto a la pregunta de si tales funcionarios son de libre nombramiento y remoción, el artículo 84 del decreto 1421 de 1993 establece:

"Nombramiento. Los alcaldes locales serán nombrados por el Alcalde Mayor, de terna elaborada por la correspondiente junta administradora. Para la integración de la terna del empleará el sistema del cuociente electoral. Su elaboración tendrá lugar dentro de los ocho días iniciales del primer período de sesiones de la correspondiente junta.

No podrán ser designados alcaldes locales quienes estén comprendidos en cualquiera de las inhabilidades señaladas para los ediles. Los alcaldes locales tienen el carácter de funcionarios de la Administración Distrital y estarán sometidos al régimen dispuesto para ellos". (Subraya fuera de texto).

Puede surgir alguna duda porque en el artículo 38 del decreto 1421/93, Estatuto de Bogotá, los alcaldes locales no quedaron incluidos dentro del listado de los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Dice la norma:

"Son atribuciones del Alcalde Mayor:

Sin embargo, con posterioridad al decreto 1421/93, se expidió la ley 443 de 1998 que dice lo contrario porque reseñó a los alcaldes locales dentro de los funcionarios de libre nombramiento y remoción.

El artículo 5° de dicha ley indica:

Secretario General; Secretario y Subsecretario de Despacho; Veedor Distrital; Director y Subdirector de Departamento Administrativo; Director y Subdirector Ejecutivo de Asociación de Municipios; Director y Subdirector de Area Metropolitana; Subcontralor, Vicecontralor o Contralor Auxiliar; Jefe de Control Interno; Jefe de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de Comunicaciones; Alcalde Local, Corregidor e Inspector de Tránsito y Transporte o el que haga sus veces, y Personero Delegado de los municipios de categoría especial y categorías uno, dos y tres. (Lo resaltado es fuera de texto).

En la sentencia C-368/99 se declaró constitucional tal caracterización. Se dijo en el fallo:

Las normas y la jurisprudencia no dejan duda alguna sobre la facultad que el Alcalde Mayor tiene de remover a los alcaldes locales. Debe admitirse entonces, que son de libre nombramiento y remoción, aunque de una categoría especialísima porque la designación, por mandato constitucional y legal, no puede apartarse de una terna que responda al sistema del cuociente electoral, y una vez designado el alcalde local, él queda sometido al régimen de los funcionarios de la administración distrital. Lo anterior indica que para efectos de faltas disciplinarias debe actuarse según un debido proceso.

Toda imposición de sanciones, debe estar precedida de la realización de un procedimiento en el cual se permita al implicado el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción. La garantía del debido proceso ha sido establecida a favor de la persona, cuya dignidad exige que si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento jurídico, tiene derecho a que se le oiga y se examinen y evalúen las pruebas que obran en su contra y también las que constan en su favor.²

Tratándose de la suspensión provisional en razón de una investigación, la ley 734/02, establece:

Parágrafo. Cuando la sanción impuesta fuere de suspensión e inhabilidad o únicamente de suspensión, para su cumplimiento se tendrá en cuenta el lapso en que el investigado permaneció suspendido provisionalmente. Si la sanción fuere de suspensión inferior al término de la aplicada provisionalmente, tendrá derecho a percibir la diferencia."

Las autoridades en un Estado Social de Derecho no pueden sustraerse del respeto a los derechos fundamentales³. No se pueden imponer sanciones disciplinarias sin garantizar el debido proceso⁴, o cuando interpretan las normas de los reglamentos internos de forma incompatible con la Constitución⁵.

Pero, si en la investigación se escuchó al afectado, se recibieron las pruebas de descargo y se revocó la sanción que inicialmente se le impuso, no se puede hablar de violación al debido proceso en dicha investigación. Máxime si la actuación la adelantó una autoridad diferente a aquella contra quien se dirige la tutela; y, el proceder de la entidad demandada, en cuanto a la sanción provisional, se limitó a cumplir con lo pedido por el investigador.

Por lo tanto, en el caso que motiva la presente acción de tutela el examen se limitará a examinar la actuación del Alcalde Mayor, para ver si en la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del demandante se violaron derechos fundamentales.

En la sentencia de segunda instancia, proferida en el presente caso, se dice que la declaratoria de insubsistencia no requiere de motivación.

Se analizará a continuación la posición jurisprudencial:

a. La sentencia SU-250/98 dijo que la motivación de los actos administrativos es una elaboración jurídica relativamente actual. Se mencionó en dicho fallo la crítica que hizo Eduardo García de Enterría a la discrecionalidad: "Particularmente importante es la exigencia de motivación de los actos discrecionales, que ha establecido la nueva LPC, corrigiendo en este punto con acierto el antiguo artículo 43 LPA, que la omitía"⁶. Resaltó la Corte que la discrecionalidad no se puede confundir con la arbitrariedad. Por eso el actual Código Contencioso Administrativo colombiano estableció la razonabilidad de las decisiones discrecionales en el artículo 36 : "En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa".

En octubre de 1975 la Sala de Consulta del Consejo de Estado aceptó la tesis de que un Estado de Derecho no hay facultades puramente discrecionales:

b. En la Constitución de 1991, la motivación de los actos administrativos, como expresión del principio de publicidad, surge del artículo 209 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad¿".

En la sentencia SU-250/98 se explicó que la motivación hace parte de la necesaria publicidad de los actos administrativos.⁸ Se dijo:

"La motivación responde al principio de publicidad, entendiendo por tal la instrumentación de la voluntad como lo enseña Agustín Gordillo⁹ quien resalta su importancia así:

c. Pese a lo anteriormente indicado, se ha dicho que existe una excepción a la motivación y que esto acontece en la declaratoria de insubsistencia, ya que la declaratoria de insubsistencia (decreto 1950 de 1973, artículo 107) responde a "la facultad discrecional que tiene el Gobierno de nombrar y remover libremente sus empleados". A su vez, el artículo 26 del decreto 2400 de 1968, que es precisamente el que permite la declaratoria de insubsistencia. dice:

En la sentencia de constitucionalidad C-734/00 se declaró exequible dicho artículo.

Además, al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 34 del Decreto 2146 de 1986, la Corte, considerando también que la desvinculación inmotivada de funcionarios de libre nombramiento y remoción no vulnera la Constitución, expresó:

En conclusión, resulta claro que la Corte ha admitido, en varias ocasiones, que la autorización dada por el legislador para no motivar los actos de desvinculación de funcionarios que ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, no desconoce la Constitución, lo cual, de otro lado, no significa que tal autorización sea una patente de corso para proceder arbitraria o caprichosamente en estos casos.

d. Sin embargo, la jurisprudencia hace esta aclaración respecto al artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968 (sentencia C-734/00):

(...)

Esta jurisprudencia sobre el alcance de la discrecionalidad es predicable para los nombramientos y remociones que hacen todos los funcionarios públicos.

Por supuesto que lo normal es que la motivación sea concomitante con el acto administrativo y esté incluida la motivación dentro de aquél para que así sea más claro el principio de publicidad. Sin embargo, está el caso ya expresado del artículo 26 del decreto 2400 de 1968 que exige dejar constancia del hecho y de las causas del retiro en la respectiva hoja de vida del servidor público de libre nombramiento y remoción a quien se declara insubsistente, que armoniza con las disposiciones de la ley 190/95. Esta determinación evita el abuso del derecho y la desviación del poder. ¹²

La ley 190 de 1995, "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la Administración Pública y se fijan disposiciones para erradicar la corrupción administrativa", en su artículo 1° obliga a la presentación de un formato único de la hoja de vida y crea el sistema único de información personal respecto de los funcionarios públicos. La Corte Constitucional, en la sentencia C-567/97¹³ analizó el artículo 1° de la ley 190 de 1995, declaró la inexequibilidad de su numeral 5°¹⁴, pero resaltó que la persona tiene derecho a que se actualice su hoja de vida, porque puede haber un flujo de datos y por consiguiente la información debe ser veraz y completa. dijo al respecto:

Ya la Corte ha señalado que las piezas de información sobre las que ejerce variadas formas de control el individuo, no son únicamente aquellas que pertenecen a su intimidad, las cuales por su naturaleza difícilmente pueden incorporarse al torrente circulatorio de la información pública, salvo que se haga de manera restringida y garantizando su clausura, dado su carácter sensible. El dato personal corresponde a un elemento que, unido al conjunto más o menos amplio de otros datos que emigran fuera del sujeto y que son susceptibles de tratamiento informático, gracias a la tecnología moderna, puede contribuir a configurar un perfil virtual del sujeto o a generar una cierta impresión social con fundamento en la aplicación de estereotipos o etiquetas de distinta índole. " (Lo resaltado es fuera de texto).

Esta posición ya la había planteado la sentencia C-038 de 1996¹⁵. En ella se indicó que la persona tiene derecho, en los términos del artículo 15 de la C.P., a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en la hoja de vida y a hacer uso de la información para efectos judiciales. Por eso, el fallo determinó:

Las razones para tomar tal determinación fueron las siguientes:

En consecuencia, la no actualización de una hoja de vida que podría servir de prueba para procesos pone en indefensión al afectado y por lo tanto constituye una violación al debido proceso.

Está demostrado en el expediente lo siguiente:

1. La Personería del Distrito Capital solicitó la suspensión provisional de un alcalde local y de dos ediles, incursos todos ellos en los mismos hechos. El Alcalde Mayor fue informado de la determinación en cuanto al alcalde local y procedió a dictar el decreto correspondiente de suspensión del cargo, como era su deber, por ser el nominador. La sola iniciación del procedimiento no puede considerarse como violación al debido proceso.

2. La determinación de la suspensión, pedida por la Unidad de Investigaciones Especiales y Apoyo Técnico de la Personería Distrital, tiene consulta ante el Personero, previa recepción de pruebas y pudiendo los interesados presentar sus puntos de vista. Todo esto ocurrió. Tan es así que el peticionario no instauró la acción contra las actuaciones de la Personería.

3. El señor Martínez Rojas tenía el derecho a que el Personero le definiera si había incurrido o no en conductas indebidas. Su defensa apuntaba a la inexistencia de los hechos que habían dado lugar a la suspensión provisional.

4. Se revocó la sanción de suspender del cargo de alcalde local al señor Martínez y de los cargos ediles a los señores Jiménez y Velandia. Tal acto administrativo fue proferido por el Personero del Distrito. El Personero hizo un análisis pormenorizado de la prueba recaudada y llegó a la conclusión de que no había base para la sanción. Sin embargo, respecto del alcalde local, Ivan Mauricio Martínez Rojas, quien es el único que interpuso la tutela, la revocatoria tuvo como fundamento principal la sustracción de materia. Se dijo que como el Alcalde Mayor, produjo la declaratoria de insubsistencia del señor Martínez Rojas, esa declaratoria de insubsistencia era la causa determinante para revocar la suspensión.

5. Cuando, se le comunicó por escrito al Alcalde Mayor que la sanción de suspención había sido revocada, entonces, el Alcalde Mayor determinó, por decreto 366 de 27 de agosto de 2002, levantar la suspensión provisional. Este decreto tiene unos considerandos que explican la necesidad de levantar la medida. Pero, el mismo decreto confirmó la decisión de la declaratoria de insubsistencia, sin dar ninguna explicación diferente a que ya existía un decreto que había declarado la insubsistencia.

6. Esta Sala de Revisión reitera que es legal que el Alcalde pueda declarar la insubsistencia en cualquier momento. El hecho de hacerlo antes de decidida la consulta en la Personería, estando el funcionario en suspensión provisional, no es obstáculo para la discrecionalidad del retiro.

7. Pero, por otro aspecto se aprecia que no hay constancia alguna que permitiera clarificar la conducta del señor Iván Mauricio Martínez Rojas, porque no hubo motivación. Se dirá que el acto de declaratoria de insubsistencia, no requería necesariamente ser motivado. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha señalado la importancia de la inclusión en la hoja de vida del afectado de todas aquellas circunstancias que permitan conocer, actualizar y rectificar informaciones. Y esto no ha ocurrido en el presente caso.

8. Es necesario incluir en la hoja de vida no solo el resultado (declaratoria de insubsistencia) sino las razones que llevaron a la determinación del nominador. Se deben reseñar la totalidad de las causas que llevaron al nominador para retirar del servicio a un empleado ya que esto hace parte de un flujo de datos veraz. En el presente caso ello era indispensable, sobre todo ante la existencia de un segundo decreto que levantó la sanción pero ratificó el despido. La violación al debido proceso consiste en que el alcalde Mayor no dejó constancia en la hoja de vida del demandante de su insubsistencia y de las causas del retiro, lo que era deber suyo conforme se expuso en el texto de la presente sentencia. Por esta razón prosperará la acción de tutela instaurada.

En el presente caso, la petición formulada en la solicitud de tutela es la de que se reintegre al cargo de alcalde menor al señor Martínez Rojas. Se dice que existe un precedente en la sentencia T-713/99, que ordenó el reintegro de la alcaldesa de la localidad de Los Mártires. En aquel fallo la Corte consideró que la violación del debido proceso ocurrió porque no hubo posibilidad de defensa en la investigación que adelantó la Veeduría del Distrito. En el presente caso no se ha instaurado la tutela contra la Personería, que fue la entidad encargada de hacer la investigación. La acción se presentó contra la Alcaldía Mayor de Bogotá, por haber proferido la declaratoria de insubsistencia del alcalde local señor Martínez Rojas. Por consiguiente, no es válida la invocación del precedente jurisprudencial señalado por el demandante.

Esta Sala de Revisión advierte que la declaratoria de insubsistencia se hizo sin que se hubiere anotado en la hoja de vida del accionante las causas del retiro. Por tanto, la orden a dar será la de anotación en la hoja de vida conforme a lo previsto en el artículo 26 del decreto ley 2400 de 1968, en armonía con la ley 190 de 1995 y la jurisprudencia constitucional referente a la hoja de vida, a fin de que el afectado instaure las acciones a que hubiere lugar.

En mérito de lo expuesto la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución

PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia de segunda instancia, proferida en la tutela de la referencia. En su lugar se CONCEDE la tutela por las razones expuestas en la parte motiva. En consecuencia, SE ORDENA al Alcalde Mayor de Bogotá que en el término de cuarenta y ocho (48) horas deje constancia en la hoja de vida del solicitante Iván Mauricio Martínez Rojas, en forma explícita y concreta, de la insubsistencia y de las causas de dicho retiro.

SEGUNDO. Por Secretaria, LÍBRESE la comunicación prevista por el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.

Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.