RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Articulo 1º. El Concejo de Bogotá, a través de la Mesa Directiva de la Corporación, deberá ejecutar las medidas necesarias para divulgar sus actuaciones a través de los medios masivos de comunicación, en virtud del principio de publicidad que asiste a todas las actuaciones administrativas. Para tal efecto, buscará que las sesiones de la Corporación sean trasmitidas en directo ó en diferido, a través de los medios de comunicación que considere pertinente.

Articulo 2º. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.

Algunos Concejales de Bogotá, a pesar de ser elegidos democráticamente, son percibidos en amplios sectores de la ciudad como ineptos, inescrupulosos, perezosos, corruptos y ajenos a las necesidades de la ciudadanía. La anterior afirmación, se desprende incluso, del análisis de la misma campaña electoral pasada, donde aspirantes al Cabildo Distrital, hoy Concejales de la ciudad, manifestaban a través de los diferentes medios de comunicación, su intención de acabar con la corrupción imperante en el Concejo.

El Concejo de Bogotá ha sido percibido por la ciudadanía como una corporación que actúa a espaldas de los intereses ciudadanos. Debido a actuaciones aisladas de algunos de sus miembros, que incluso han dado lugar a sanciones de tipo penal, sus determinaciones se miran con sospecha, como si fueran el resultado de relaciones al margen de la ley y provenientes de intereses particulares, en detrimento del bien general.

Esa idea se le vende a la opinión pública que termina obteniendo una información sesgada de lo que ocurre en el Concejo de la ciudad. Y la misma, es decir la idea de que los Concejales son corruptos, proviene de las decisiones que los mismos toman sobre diferentes temas de interés general.

Lo ideal sería que las decisiones se adoptaran a través de bancadas, pero como eso no ocurre, cada Concejal asume posiciones propias, producto del estudio que hace de los diferentes proyectos y temas sometidos a su consideración.

Es una información deficiente y sesgada sobre las actuaciones del Concejo, lo cual conduce a interpretar erróneamente sus determinaciones. Lo anterior se presenta, porque el Concejo no dispone de canales de comunicación e información inmediata, que le lleguen de manera oportuna a la ciudadanía, quien tiene todo el derecho de saber como votan sus representantes en el Cabildo Distrital.

En otro orden de ideas, a pesar de que el Concejo de Bogotá es la "suprema autoridad del Distrito Capital" tal como lo establece el articulo 8º del Estatuto Orgánico de Bogotá, sus relaciones con la Administración Distrital, no han estado exentas de roces y malos entendidos durante los últimos años. Tanto el Concejo como la Administración le atribuyen a su contraparte responsabilidades cuando las cosas no salen de la mejor manera, generando de esa manera incertidumbre en la ciudadanía.

La mala imagen que tiene el Concejo, en muchas oportunidades ha sido impulsada, espero que de manera involuntaria, por parte de la Administración Distrital. Hay que ver los pronunciamientos del Alcalde Mayor y del Secretario de Hacienda, cuando el Concejo les ha negado de manera reiterada su solicitud de aprobar el cobro del Alumbrado Público, de los peajes, del aumento en el Impuesto Predial etc., que golpean directamente a los más necesitados de la ciudad. Inmediatamente se le informa a la opinión pública, que el Concejo ha cercenado la posibilidad de aumentar los cupos escolares en la ciudad, o que el Concejo se opone a los programas sociales de la Administración. No se dice, por ejemplo, que el Concejo ha defendido la capacidad de compra de los agobiados trabajadores de la ciudad. Es decir, es una información sesgada.

Por lo tanto, es imperioso que la ciudadanía sepa de primera mano lo que hace el Concejo de Bogotá. Y la mejor manera, es a través del registro directo de sus actuaciones. La gente tiene todo el derecho de saber que hacen sus voceros, tal como lo establece el Plan de Desarrollo en el numeral 10 del articulo 3º: "Los miembros de las corporaciones de elección popular serán reconocidos como voceros de la comunidad en el trámite de la demanda pública, en condiciones de equidad y de respeto por las políticas nacionales, distritales y de este plan".

El presente Plan de Desarrollo, Acuerdo 119 de 2004 "Bogotá sin indiferencia un compromiso social contra la pobreza y la exclusión", en el titulo IV (Objetivo de Gestión Pública Humana) plantea la importancia de "adecuar y desarrollar la organización Distrital y de preparar la institucionalidad para avanzar decididamente hacia la inclusión social y la satisfacción progresiva de los derechos.", adicional a ello, dentro de las políticas del Objetivo se encuentra: ".7. La información disponible, suficiente y veraz será un soporte fundamental para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control social".

Con la aplicación del programa "Comunicación para la solidaridad" en el cual se busca la construcción de ciudadanía y el ejercicio del derecho fundamental a la libre expresión; fortalecer la cultura organizacional, el presente y el compromiso de los servidores públicos.

Ni las decisiones adoptadas por las diferentes instituciones Distritales, ni mucho menos las actuaciones de los servidores públicos, son conocidas oportuna y suficientemente por la ciudadanía, impidiendo de esa manera que el constituyente primario pueda manifestarse sobre las mismas, generando un vació en la interlocución que debe existir entre sociedad y administración.

La ciudadanía se pronuncia cuando los hechos están cumplidos. Por ejemplo, decisiones en materia tributaria, tan sensibles para la ciudadanía, se adoptan sin que esta sepa cabalmente cual ha sido su proceso normal: el Alcalde presenta un Proyecto de Acuerdo al Concejo Distrital que lo estudia y aprueba o niega. Sin embargo, ese proceso no lo conoce a fondo la comunidad, que posteriormente se entera por los medios de comunicación.

El Concejo de Bogotá puede acometer el estudio del Proyecto en mención, tal cual se desprende de la atribución prescrita en el numeral 1 del articulo 12 del Decreto 1421 que a la letra dice:

"Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito".

En efecto, la información es un servicio que debe prestar eficientemente la Administración tal como se colige de lo contemplado en el Plan de Desarrollo de Bogotá.

Con respecto al tema que nos ocupa, en la Constitución Política de Colombia se han consagrado los siguientes principios:

Articulo 2º. "Son fines esenciales del Estado:...facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación".

Articulo 20. "Se garantiza a toda persona la libertad de ...recibir información veraz e imparcial..."

Igualmente, las leyes 14 de 1991 y 182 de 1995 han reglamentado lo concerniente al funcionamiento de los Canales Regionales, otorgándoles la potestad de orientar el desarrollo cultural, humano, recreativo y social.

El presente Proyecto de Acuerdo tiene efectos en materia de costos por un valor de cerca de $320 millones, según lo pactado entre el Concejo de Bogotá, Canal Capital y el Gobierno Distrital.

De este monto total $160 millones serán cancelados a través del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá y los restantes $160 millones a través de la Secretaria de Hacienda según acuerdo e información presentado verbalmente por el Dr. Enrique Borda Secretario General Distrital.

Por otra parte se vienen adelantando convenios con la Comisión Nacional de Televisión para poseer un espacio televisivo en el Canal 9 o Canal Institucional.

Por lo anterior, pongo a consideración de los Honorables Concejales de Bogotá, el presente Proyecto de Acuerdo "por medio del cual se reglamenta la difusión de las sesiones plenarias del Concejo de Bogotá a través del Canal Capital", convencido de que de esa manera se elimina la posibilidad de que existan relaciones inadecuadas entre concejales y comunidad.

Cordialmente

Concejal de Bogotá.