RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 70 (parcial) del decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía)

Demandantes: Sandra Lorena Guacaneme Urueña y otros.

en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, las ciudadanas Sandra Lorena Guacaneme Urueña y Claudia Yanet Rendón Barrero y el ciudadano Hector Fabio Balcero Castillo instauraron individualmente demanda contra el Art. 70 (parcial) del Decreto Ley 1355 de 1970.

Mediante auto de cuatro ( 4 ) de febrero del presente año, fueron admitidas por el Despacho las demandas presentadas.

Así entonces, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inexequibilidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia.

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 33.139 del cuatro (4) de septiembre de mil novecientos setenta (1970) y se subraya el aparte demandado:

Los demandantes consideran que la norma parcialmente demandada vulnera el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 24, 28, 29 y 33 de la Constitución Política así como diferentes compromisos internacionales adquiridos por el Estado Colombiano en virtud de Tratados y Convenios sobre Derechos Humanos en los que se consagra el derecho a la libertad personal. Como sustento y desarrollo de estos cargos cada una de las personas demandantes expuso los siguientes argumentos:

La ciudadana Guacaneme afirma que acorde con los principios, valores y fines que rigen y orientan el accionar del Estado colombiano, particularmente los consagrados en el preámbulo y los artículos 1, 2 y 5 Superiores, resulta inadmisible toda captura que no encuentre sustento en una orden judicial o en una situación de flagrancia, más aún teniendo en cuenta que el ordenamiento constitucional vigente otorga primacía a los derechos inalienables de la persona, entre los cuales reviste especial importancia la libertad personal

En el mismo sentido, agrega que el propio Texto Fundamental es claro al definir los requisitos para privar de la libertad a una persona, a saber: a) la expedición de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente; b) la observancia de las formalidades legales; y c) la existencia de un motivo previamente establecido en la ley; fuera de estos ¿concluye la accionante- se configura una captura ilegal producto de la actuación irregular y arbitraria de funcionarios de seguridad del Estado; como lo escribiera en su libelo: "Por eso es importante hacer cumplir el mandato constitucional y las garantías establecidas en el artículo 28 de la Carta Magna, para evitar los abusos y desafueros que se pudieran presentar por parte de los funcionarios uniformados de las Policía Nacional".

La ciudadana Rendón manifiesta que la norma parcialmente demandada contraría el artículo 33 Superior al no contemplar una hipótesis de excepción que se aplique en todos aquellos eventos en los cuales el contraventor sea cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil respecto del testigo renuente a comparecer ante el Jefe de Policía respectivo.

El ciudadano Balcero sostiene que el artículo 70 parcial del Código Nacional de Policía desconoce la reserva legal y el monopolio judicial que en materia de privación de la libertad personal consagra el artículo 28 de la Carta Política sin que pueda ubicársele dentro de una hipótesis de flagrancia ni de detención preventiva gubernativa. En sus propios términos: "Los límites que se imponen al derecho de libertad personal solo pueden derivarse de la Constitución, la Ley y de la aplicación de esa ley por parte de autoridad judicial competente, observándose las garantías propias del debido proceso".

Para el demandante, tal situación vulnera no solo los principios constitucionales básicos del Estado colombiano sino además las obligaciones contraídas por este, a propósito de tratados Internacionales sobre derechos humanos en los que se contempla el respeto y la garantía al debido proceso y a la libertad personal, verbo y gracia, la Declaración Universal de Derechos humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José de Costa Rica.

Por último, en el escrito de demanda en comento se lee a manera de conclusión: "En mi opinión, la expresión "el testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado", consagrada en el inciso segundo del artículo 70 del Decreto 1355 de 1970, quebranta el derecho de libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, porque la norma acusada permite que una autoridad de policía pueda capturar u ordenar captura a una persona que ha sido simplemente testigo de un hecho contravencional, convirtiéndose dicha captura en ilegal; pues si bien dichas autoridades están facultadas para realizar captura administrativa, la misma debe operar solamente para los presuntos infractores o partícipes de una infracción penal o contravencional y jamás contra personas que han sido testigos de esos hechos".

El ciudadano Fernando Gómez Mejía, actuando como apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, en su calidad de Director de Ordenamiento Jurídico, cita en su escrito los apartes de la sentencia C-024 de 1994 referidos a la constitucionalidad del artículo 70 del Código Nacional de Policía para, con base en ellos, pedirle a esta Corporación que se declare Inhibida para resolver las pretensiones de los accionantes por cuanto existe cosa juzgada constitucionalidad sobre las expresiones de la norma objeto de análisis.

La ciudadana Sandra Marcela Parada Aceros, en su calidad de apoderada especial de la Nación Ministerio de Defensa nacional, presenta oportunamente escrito de intervención en el que solicita se declare la constitucionalidad de los apartes del artículo 70 de l Código Nacional de Policía demandados en el proceso con radicación Nº D-5599 con base en los siguientes considerandos:

Primero, que las instituciones estatales deben de las herramientas jurídicas necesarias a efectos de cumplir con sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial en lo relativo a la protección y garantía de los derechos y libertades fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional; al respecto expresa literalmente que: "para el cumplimiento y logro de los cometidos estatales, las instituciones deben contar con los instrumentos jurídicos necesarios a fin de combatir eficazmente, los hechos que impiden el normal desarrollo de la vida, social, económica, cultural, jurídica, etc, de los habitantes y entidades del territorio nacional, brindándole a aquellas las facultades que requieren para el cumplimiento ágil, eficiente y seguro de sus funciones, Más aún si tenemos en cuenta que las instituciones tiene como tarea fundamental, la satisfacción de las necesidades sociales".

Segundo, que la Policía Nacional como cuerpo civil y autoridad administrativa, cumple funciones preventivas y no represivas, exceptuando el caso en que se desempeñe como colaboradora de las autoridades judiciales en ejercicio de la función de policía judicial; en este sentido, cita la jurisprudencia de esta Corte: "Así, las autoridades de policía de los diferentes niveles tienen ciertas competencias de acuerdo con sus funciones. Por tanto, la Corte Constitucional ha entendido que la función preventiva de la policía consiste en buscar los medios para que los derechos y libertades sean ejercidos sin afectar el orden público (sentencia C-024 de 1994)".

Tercero, que en el presente evento ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal conforme con lo establecido en los artículos 20 y 21 del decreto 2067 de 1991 por cuanto en la sentencia que se acaba de referenciar, esta misma Corporación examinó la constitucionalidad de la norma en cita de acuerdo con una serie de cargos formulados en su contra, afines con los alegados en la presente acción, concluyendo con la declaratoria de exequibilidad de las expresiones legales objeto de estudio.

Cuarto, que sobre la conducción forzosa del testigo renuente a comparecer, la sentencia C-280 de 1996 hace referencia expresa al tema y concluye que esta práctica de carácter excepcional resulta admisible dentro de estrictos límites legales y fácticos en desarrollo del deber Superior de cooperar con la Administración de Justicia a fin de favorecer investigaciones rápidas, facilitar la recolección de pruebas y, en definitiva, procurar el alcance de la verdad real.

Por último, la Señora Parada, es enfática al afirmar que : "existe plena certeza y convicción que ninguna autoridad de policía puede expedir órdenes de captura, y que las solicitudes de conducción de personas hechas por determinadas autoridades administrativas a los miembros de la Policía Nacional, solo tiene como fin la comparecencia del sujeto ante el despacho del funcionario que lo requiera, cuando este ha sido renuente a cumplir con su deber de comparecer."

Al escrito remitido por el Señor Alfonso Quintero García, no se anexa documento alguno que soporte la condición de Secretario General de la Policía nacional pretendida por esta persona; en consecuencia, su intervención dentro de términos será atendida y valorada a título personal, en su calidad de ciudadano, sin que la misma represente o comprometa, en medida alguna, el concepto institucional de la Policía Nacional sobre la norma bajo estudio.

Hecha la anterior aclaración, procede ahora reseñar que el Señor Quintero solicitó declarar exequibles los apartes del artículo 70 del decreto 1355 de 1970 impugnados por los accionantes argumentando que esta Corporación mediante sentencia C-024 de 1994, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, ya se había pronunciado respecto a la exequibilidad de las expresiones demandadas.

Sostiene, entonces, que los cargos formulados en aquella ocasión son afines con los reproches de constitucionalidad formulados ahora por las ciudadanas Guacaneme y Rendón y por el ciudadano Balcero "absolviéndolos uno a uno e indicando el sentido y criterio de aplicación de la norma, así como el por qué de su conformidad con la Constitución Política".

Igualmente, cita la sentencia C-280 de 1996 en la que se considera admisible la conducción forzada del testigo renuente a comparecer, a fin de que rinda el respectivo testimonio como desarrollo del deber Superior de colaborar con la efectiva administración de justicia; como se lee en su escrito de intervención: "Se deduce, de acuerdo con los postulados de la H. Corte Constitucional, que estas conducciones no implican formalmente una privación de la liberta y solo buscan desarrollar los principios de eficacia y celeridad en la administración, la cual se ve truncada por la renuencia del individuo a comparecer, cuando la presencia de este, es indispensable para dar trámite o proseguir la actuación administrativa".

Finalmente, pide que se tenga en cuenta al momento de fallar el presente caso que, atendiendo a sus consideraciones, ya ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional formal por existir una decisión previa del Juez Constitucional en relación con la norma bajo estudio.

La ciudadana María Rojas Maldonado, en su calidad de Directora del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derechos de la Universidad Santo Tomás, presentó escrito en marzo 7 de 2005 el cual no será tenido en cuenta por ser extemporáneo.

Mediante el Concepto No. 3772 presentado el ocho ( 8 ) de Marzo de 2005, el Procurador General de la Nación, Doctor Edgardo José Maya Villazón , solicita a la Corte que declare inexequible los apartes de la norma acusada, con fundamento en lo siguiente:

Afirma el Ministerio Público que corresponde a este determinar, si la facultad que otorga el artículo 70 del Decreto 1355 de 1970, a la Policía Nacional para conducir a los testigos que se resistan por la fuerza, y para capturar a los testigos que no comparezcan luego de haber sido citados mediante orden de comparendo, viola el principio constitucional de que nadie puede ser privado de su libertad sino en virtud de un mandamiento escrito que provenga de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por la ley.

Así las cosas, afirma el Señor Procurador General de la Nación, en relación con la norma acusada, el Ministerio Público tuvo oportunidad de pronunciarse en el concepto No. 3697, emitido dentro del expediente D-5401. Se agrega que para la fecha en que el proceso de la referencia deba ser resuelto por la Corte Constitucional, es posible que pueda presentarse el fenómeno de la cosa juzgada, de ser así, le solicitará a esta Corporación estarse a lo que decida en la providencia correspondiente.

Considera el Ministerio Público, que el poder de policía es la facultad que tienen las autoridades para limitar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, con el propósito de mantener el orden público en el territorio, entendido éste, como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que facilitan la prosperidad general y el desarrollo de los derechos humanos.

Manifiesta el Señor Procurador General de la Nación, que una de las grandes diferencias entre la policía administrativa y la judicial , es que la labor de la policía administrativa es eminentemente preventiva y la de la policía judicial es detener atentados contra el orden público una vez que ellos han acaecido.( sic )

Señala el Señor Procurador General de la Nación, que el derecho a la libertad personal se encuentra ampliamente protegido y desarrollado a partir de la normativa y doctrina internacional acogida por el régimen jurídico Colombiano, desde sus inicios ha sido tutelado en el art. 9 de la declaración de los derechos humanos, en donde se prohíbe expresamente cualquier forma de detención arbitraria , más recientemente en 1972 en la Convención Americana de derechos humanos , se protegió expresamente el derecho a la libertad personal. Igualmente, este derecho goza de protección internacional a partir de diferentes documentos adoptados por Colombia tales como el Convenio II y IV de Ginebra, ley 5 de 1960; el protocolo I de Ginebra, ley 11 de 1992 , protocolo II de Ginebra, entre otros.

Se agrega, que en nuestra Constitución el art. 28 protege dicha libertad personal. Así las cosas, es evidente el rango constitucional y prevalente del derecho fundamental a la libertad individual, y su garantía está precisamente en el mismo precepto cuando señala los requisitos que deben cumplirse por parte de las autoridades para detener o reducir a prisión o arresto a cualquier persona, éstas son : i) La existencia de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente ; ii ) el respeto a las formalidades legales y iii ) la existencia de un motivo previamente definido por la ley.

Lo anterior, se manifiesta, ratifica el hecho de que el ejercicio del poder de policía se encuentra limitado por los preceptos constitucionales que se desarrollan en armonía con el fin último del poder de policía que es la protección de los derechos humanos, que son en esencia el fundamento y el límite de este poder cuyo objetivo es mantener el orden público como condición para el libre ejercicio de los derecho y libertades democráticas.

Se manifiesta por parte del Ministerio Público, que el ejercicio de las facultades otorgadas a la policía en cumplimiento de su deber en todo momento deben obedecer a los principios de necesidad, eficiencia, proporcionalidad y racionabilidad , respecto de las medidas que se tomen con el fin de proteger el fin perseguido que no es otra cosa que el mantenimiento del orden público.

Asevera el Ministerio Público, que la captura del testigo por el incumplimiento de la orden de comparendo ante la autoridad de policía dentro de las 48 horas siguientes, es violatoria de los principios constitucionales contenidos en el artículo 28 Superior, puesto que en dicho evento el incumplimiento de una orden de policía por parte de un testigo puede facultar a la autoridad de policía a proceder a la captura de esta.

Concluye el Ministerio Público, que la captura del testigo que previa orden de comparendo no cumple la citación, es contraria al derecho fundamental de la libertad individual, previsto en el art. 28 superior, razón por la que solicita su inexequibilidad.

1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley.

2. Los demandantes consideran que la norma acusada podría ser contraria a la Constitución por cuanto la conducción a la fuerza y la captura a que hace referencia el artículo demandado vulneran el principio establecido en el artículo 28 Constitucional. Así las cosas, dicha conducción y dicha captura no estarían precedidas de los requisitos que tanto la Constitución como la Jurisprudencia de esta Corporación han establecido.

Por consiguiente, esta Corte analizará en una primera parte ( I ), si sobre el contenido normativo demandado esta Corporación ya se ha pronunciado, para determinar en una segunda parte ( II ) si sobre alguno de los apartes acusados se debe realizar la confrontación con el artículo 28 Constitucional.

De un lado , se estudiará el artículo demandado y su contenido normativo en relación con la Sentencia C-024 de 1994 y de otro lado, se analizará si respecto de algunos de los apartes demandados a operado el fenómeno de la Cosa Juzgada Constitucional.

Primeramente, encuentra esta Corporación , que el contenido normativo y el artículo 70 acusado versa sobre la posibilidad de que autoridades administrativas, en este caso autoridades de policía , puedan conducir a la fuerza o capturar a testigos de contravenciones para trasladarlos ante el jefe de policía . En otras palabras, que exista privación de la libertad por parte de autoridades administrativas.

La Corte constata, que respecto del mismo artículo y el mismo contenido normativo demandado en esta oportunidad , la Corte Constitucional se pronunció a través de la Sentencia C- 024 de 1994.

Por ser importante, se transcriben los apartes sustanciales de la Sentencia C- 024 de 1994:

"

( ¿ )

Así las cosas, en segunda medida, esta Corte constata que el artículo 70 del Decreto ley 1355 de 1970 ya efectivamente fue demandado en ocasión anterior y por el cargo de violación del artículo 28 Constitucional. En aquella ocasión la Corte resumió la demanda de la siguiente manera:

"

Acerca del artículo 71( sic ), el actor afirmó que "viola la Constitución en su artículo 28 por cuanto autoriza a llevar los testigos por la fuerza, y también que se pueden capturar los testigos que no cumplan con una orden de comparendo".

No obstante, evidencia esta Corporación que el estudio realizado en la Sentencia C- 024 de 1994 sobre el artículo 70 mencionado no fue el mismo respecto de los dos apartes demandados, es decir respecto de " El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza " y "El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado."

Así entonces, se analizará en primer lugar , las razón de la decisión tomada en la Sentencia C-024 de 1994 en relación con el primer aparte demandado y en un segundo lugar , se estudiará la última sección.

A. Razón de la Decisión en la Sentencia C-024 de 1994 en relación con el aparte del artículo 70 del Decreto ley 1355 de 1970 que determina " El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza "

La Sentencia referida y respecto del aparte mencionado no efectuó un análisis con relación al artículo 28 Constitucional y la reserva judicial en materia de privación de la Libertad. Por el contrario, el estudio realizado en dicha ocasión giro en torno al derecho de no autoincriminarse y al deber ciudadano de declarar , establecidos en los artículos 33 y 95 de la Constitución. Veamos:

"

( ¿ )

De lo transcrito no cabe dudas, que la Sentencia C- 024 de 1994 , no evaluó el aparte demandado a la luz del artículo 28 Constitucional que establece la reserva judicial en materia de privación de la libertad, sino que lo hizo desde la óptica de los artículo 33 ( derecho de no autoincriminación ) y 95 ( deber de declarar ) de la Constitución Política.

En este orden de ideas, en cuanto se refiere a la frase demandada del inciso primero del art. 70 del Código Nacional de Policía , existe Cosa Juzgada relativa implícita , toda vez que si bien en el caso fallado en la sentencia C-024 de 1994, el demandante había formulado cargos por violación entre otras normas, del artículo 28 de la Constitución, la Corte únicamente se pronunció frente al derecho a la no autoincriminación (art. 33 C.P.) y al deber ciudadano de rendir testimonio (art. 95-7 C.P.). Por consiguiente, en relación con la expresión "El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza", no opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, por la posible vulneración del principio de reserva judicial en materia de libertad personal consagrado en el artículo 28 de la Carta.

B. Razón de la Decisión en la Sentencia C-024 de 1994 en relación con el aparte del artículo 70 del Decreto ley 1355 de 1970 que determina "El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado. "

La Sentencia ya anotada efectivamente realizó un análisis del aparte señalado y respecto del artículo 28 Constitucional. Veamos:

" Cosa distinta es la negativa a una orden de comparendo para rendir testimonio. En este caso, si el funcionario judicial -y sólo el funcionario judicial- estima necesario la presencia del testigo, puede expedir una orden de captura. Es en este sentido que la norma estudiada es constitucional. En ninguna de las dos hipótesis se consagra facultad administrativa para expedir órdenes de captura. En este orden de ideas, también la parte acusada de esta disposición es constitucional."

De lo transcrito, se extrae que el condicionamiento efectuado de constitucionalidad surge de la confrontación con el artículo 28 Constitucional, así entonces respecto de la expresión " El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado. " debe operar el fenómeno de la Cosa Juzgada Constitucional por cuanto en la Sentencia referida se estudió el aparte demando bajo los mismo cargos esgrimidos en las presentes demandas.

II. Análisis de la expresión " " El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza " a la luz del artículo 28 Constitucional. El caso Concreto.

La Corte Constitucional plasmó en la Sentencia C- 237 de 2005, M.P Jaime Araújo Rentaría , un estudio sobre la concepción de la libertad personal al interior del Estado de Derecho, por ser de interés se señalan los apartes pertinentes:

"

Ahora bien, de un lado , la expresión demandada establece que "El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza ". De otro lado, el contenido completo de inciso primero determina que " En el caso del artículo anterior si el contraventor fuere capturado para llevarlo inmediatamente ante el Jefe de Policía, los testigos, si los hubiere, deberán ser trasladados junto con el contraventor. El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza."

De lo anterior se colige, que en el evento que un contraventor sea capturado para llevarlo ante el jefe de policía , existe la posibilidad que los testigos que hubiere sean trasladados junto con el contraventor. Es decir, no obstante que el testigo no es el contraventor puede ser trasladado ante el jefe de policía de la misma forma que el contraventor, o sea a través de la fuerza. Téngase presente que el testigo no es el autor material ni intelectual de la contravención, ni es el cómplice en ninguna de sus formas , ni frente a él se está en presencia de flagrancia o cuasiflagrancia; es simplemente un testigo de la contravención sin tener participación alguna en su acaecimiento. No obstante, el inciso demandado permite que sea capturado y llevado a la fuerza ante el jefe de policía.

Así las cosas, examinada la disposición contenida en el inciso primero del artículo demandado, esta Corte encuentra que la frase demandada está ligada al resto del inciso que regula el traslado del contraventor capturado en flagrancia , por tal razón se procederá a integrar la unidad normativa, con la totalidad del inciso primero del artículo 70 del Código Nacional de Policía.

Pues bien, las expresiones contenidas en el inciso primero de la norma referida permiten que los testigos de una contravención puedan ser obligados por la fuerza a ser trasladados ante el jefe de policía si se resisten a ello.

De lo anterior se desprende, que dicho traslado a la fuerza es una clara privación del derecho de libertad consagrado en la Constitución Nacional. Las condiciones de dicho traslado implican para el testigo la imposibilidad de ejercer su libertad personal.

Ahora bien, la libertad como derecho fundamental es la cláusula general protegida por la Constitución , no obstante su límite solo puede ser efectuado por intermedio de orden judicial, situación no contemplada en la frase acusada, sino que por el contrario se deja al arbitrio de una autoridad administrativa, en este caso las autoridades de policía, la conducción a la fuerza de los testigos que hayan presenciado una contravención. Esta situación constata una privación de la libertad violatoria del artículo 28 Constitucional , por cuanto se quebranta el principio de reserva judicial como límite de la libertad personal.

Lo anterior, no significa que el testigo de la ocurrencia de una contravención no tenga el deber de declarar cuando se le cite para ello y que también puede hacerlo inmediatamente después de ocurridos los hechos , si lo quiere. Así entonces, una cosa es que el testigo asista voluntariamente a una citación pero sin ser privado de la libertad. La regla general es la citación de los testigos . Si el testigo citado no asiste puede justificar su no asistencia , existiendo la posibilidad de que sea conducido cuando no medie justificación o haya sido renuente , esto siempre que medie la orden de un juez.

En consecuencia, el inciso primero del artículo 70 del Decreto ley 1355 de 1970 será declarado inexequible.

En conclusión, en primer lugar, esta Corte declarará la inexequibilidad de la expresión " El testigo que se resista podrá ser obligado por la fuerza "contenida en el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 por ser violatoria del artículo 28 Constitucional. En segundo lugar, esta Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 024 de 1994 con relación a la expresión "El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado. "contenida en el artículo 70 del Decreto Ley 1355 de 1970 . Lo anterior, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional , en los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

1. Declarar INEXEQUIBLE , el inciso primero del Art. 70 del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970 , por los cargos analizados.

2. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C- 024 de 1994 , en relación con expresión "El testigo que no cumpla esta orden deberá ser capturado" contenida en el Art. 70 del Decreto ¿ Ley 1355 de 1970.

Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.

Que el H. Magistrado doctor MARCO GERARDO MONROY CABRA, no firma la presente sentencia por encontrarse en comisión debidamente autorizada por la Sala Plena.