RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

El día 20 de noviembre de 2001 la EAAB, notifica la presidente de la junta de acción comunal del barrio Tres Reyes de la existencia de una contrato para la construcción de redes de alcantarillado, sanitarios y pluvial en le sector Altos de la Instancia Localidad de Ciudad Bolívar.

La DPAE emite concepto técnico en el cual se incluyen 77 predios en zona de amenaza de alto riesgo no mitigable.

El 11 de mayo de 2004 la EAAB notifica al presidente de la Junta del barrio Tres Reyes que no puede adelantar obras de infraestructura de Acueducto y Alcantarillado hasta tanto no se tengan las obras de mitigación de riesgo las cuales son establecidas de acuerdo con los estudios que adelanta la DPAE.

A fecha 10 de junio de 2005 ninguna entidad ha iniciado las obras de mitigación y mucho menos la ejecución del proyecto y alcantarillado aprobados por la EAAB.

- Cese inmediato del cobro de facturas por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado.

- Ordene la destinación inmediata de los recursos para la ejecución del contrato del proyecto de Acueducto No 27/041, alcantarillado sanitario No 4358 y Alcantarillado Pluvial No 5499 aprobados por la EAAB.

3 La Subdirección de Gestión Judicial de conformidad con el Decreto 203 de 2005 contestó la demanda en nombre de las siguientes entidades del orden central:

- Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Departamento de Atención y Prevención de Emergencias de Bogotá.

La Posición de las entidades involucradas para la contestación de la demanda fue la siguiente:

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital nos informa:

a) "El DAPD mediante resolución 0459 de octubre 31 de 2000 legalizaron asentimientos de la Localidad de Ciudad Bolívar, entre ellos LOS TRES REYES, mediante Resolución 0436 de agosto 13 de 2004 se establecen categoría de suelo de protección en áreas de amenaza y alto riesgo no mitigable, actos administrativos que especifican las condiciones en que el DAPD autorizó la legalización del cuestionado barrio, fotocopia del plano CB 73/4-01 correspondiente al asentamiento los tres reyes, el cual muestra que los lotes no son aptos para el uso de vivienda, por tratarse de terrenos de alto riesgo no mitigable.". La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias manifiesta:

- El concepto técnico emitido por la DPAE para el barrio Los Tres Reyes corresponde al No 3899 del 27 de agosto de 2003 emitido con el propósito de modificar la Resolución de legalización No 459 del 31 de Octubre de 2000, en este concepto se recomienda la inclusión en el programa de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable en total son 77 familias.

- Vale la pena aclarar que estamos ante un fenómeno de unas características bien particulares y de alta complejidad que constituye el más extenso en el país (70 Ha) y posiblemente de sur América, que se gestó como resultado de la ocupación de una zona no apta para tal uso y sin el aval del Distrito.

- Es pertinente precisar que de ninguna manera se pueden hacer estimaciones o proyecciones de condiciones de amenaza cuando no se cuenta con indicios o elementos que sean identificables en alguna medida.

- El FOPAE-DPAE, ha ejecutado obras de emergencia en el sector de Altos de la Estancia con el fin de mitigar el riesgo en forma temporal en ciertas zonas que requieren acciones a corto plazo de ejecución. Es importante aclarar que el fenómeno de inestabilidad del terreno que afecta la zona se encuentra activo, es por esto que la DPAE continua interviniendo con estudios, monitoreos, asistencia técnica y social a las familias residentes en la zona con el fin de adoptar oportunamente las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los habitantes del sector.

- La DPAE se encuentra en la etapa de formulación de una propuesta del plan de Acción Integral para la Mitigación de Riesgos, donde se definirán las competencias y responsabilidades entre otros, dado el carácter interinstitucional que involucra la solución planteada en el estudio.

Como primera medida observamos que lo que se busca con esta acción popular es que se ordene la destinación de unos recursos para la ejecución de un contrato y el cese inmediato de unas facturas por parte de la EAAB.

Así las cosas tenernos que la entidad llamada a un eventual cumplimiento de lo pedido es la EAAB, por lo que la administración Central no estaría llamada a formular o no un pacto de cumplimiento.

Se oficio a las entidades demandadas para que expresaran su posición frente la pacto de cumplimiento.

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital nos informa: "Análisis del Comité de Conciliación: En opinión de este comité, el DAPD no debe proponer formula de Pacto de Cumplimiento, en razón de que el apoderado judicial del Distrito no tiene ninguna relación con el DAPD, ni jerárquica ni funcional. Por supuesto, queda libre el apoderado del Distrito de llevar el caso al comité de Conciliación de la Alcaldía Mayor."

"En los actos administrativos de legalización expedidos por el DAPD, los lotes que no fueron objeto de la misma, se debe a que sobre tales áreas pesan diversos factores, como riesgos no mitigables por deslizamiento, suelo protegido por tratarse de ronda de quebradas, o falta de infraestructura para prestación servicios domiciliarios, que impiden que sean utilizadas para uso tales como vivienda, comercio, industria o dotaciones"

"Mientras que los residentes en los lotes objeto de legalización, no podrían alegar que se trata de terrenos inestables, dado que fueron ellos mismos quienes los eligieron para ocuparlos y asentarse en ellos con sus viviendas, para luego solicitar a la autoridad de planeación su legalización, sin que durante el tiempo que duro el trámite pertinente se hubieran presentado reclamaciones por inestabilidad, y menos oposición al proceso de legalización.".

La Dirección de prevención y Atención de Emergencias nos manifestó:

"El Distrito Capital no se puede comprometer a adelantar obras pequeñas o locales ya sea de mitigación o de infraestructura de servicios públicos porque de acuerdo con los estudios adelantados, se requiere de la ejecución del plan de acción integral"

"Tampoco puede asumir el compromiso de hacer obras de mitigación en los sitios en los que técnicamente, según los estudios preexistentes, no son recomendables por ineficaces. La medida más eficaz para mitigar el riesgo por deslizamiento de los habitantes del citado barrio ya ha sido adoptada por la DPAE".

RECOMENDACIÓN: En este orden de ideas tenemos que no somos los llamados a dar cumplimiento a las pretensiones por ende se sugiere no conciliar.

Cordialmente,

- El 18 de febrero de 2004 se inició el servicio de las rutas alimentadores con buses provisionales, durante este periodo no se observó daño pues los buses eran de poco tamaño y peso.

- En mayo de 2004, los buses provisionales fueron reemplazados por los actuales (verdes) los cuales por su tamaño y peso han ocasionado graves daños a la malla vial, generando el hundimiento, agrietamiento y deterioro de la capa asfáltica en toda la vía Carrera 78 entre Av. Las Américas y la Calle 3^ª

- Antes de iniciar el servicio de las rutas alimentadores la vía Carrera 78 entre Av. Las Américas y la Calle 3^a. Se encontraba en excelentes condiciones, sin embargo su deterioro hoy en día es evidente.

- Se declare a las entidades demandadas directamente responsables de los daños ocasionados a la vía Carrera 78 entre Av. Las Américas y la Calle 3^a.

- Se ordene a la Secretaría de Transito imponer las multas y las sanciones pertinentes a Transmilenio respecto de los buses que van en contravía.

- Se realicen los estudios técnicos o actividades necesarias tendientes a establecer el impacto de los buses alimentadores sobre la vía Carrera 78 entre Av. las Américas y la Calle 3^a.

- Se realicen las obras necesarias tendientes a reparar los daños ocasionados por los buses alimentadores a toda la vía Carrera 78 entre Av. Las Américas y la Calle 3^a teniendo en cuenta los estudios técnicos necesarios.

1 Lo que busca el actor con esta acción popular es que se pavimente la Carrera 78 entre Av. las Américas y la Calle 3^a.

2 Quien es el competente para esta pavimentación:

La Carrera 78 entre Av. Las Américas y la Calle 3ª pertenece a la malla vial local.

A las Alcaldías Locales les corresponde de conformidad con el Acuerdo 6 de 1992 entre otras la siguientes función:

Efectuar la construcción y mantenimiento de las obras y proyectos locales tales como: vías y zonas verdes, con excepción de las vías de carácter metropolitano y las zonas verdes ubicadas sobre las vías V - O a V - 4, parques locales, redes locales de distribución de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y teléfonos, servicios de salud, ancianatos, centros de asistencia social, plazas de mercado, instalaciones deportivas, centros culturales, salones comunales y centros educativos. De estas atribuciones hará uso previa aprobación de la entidad a la cual se encuentre asignado la correspondiente función.

Por tanto la pavimentación de la vía objeto de la acción popular es competencia de la Alcaldía local de Kennedy

3 Como primera medida debemos tener en cuenta la improcedencia de la acción popular frente a entidades sometidas a planeación del gasto público. La ordenación del gasto con arreglo a los recursos y normas presupuéstales de Planeación, constituyen un deber ineludible en el seno del Estado Social de Derecho, en forma tal que su desconocimiento conllevaría a la desarticulación misma de aquel y por ende imposibilitaría que se alcanzara los fines y competidos que le son propios.

4 Consultada la Alcaldía Local de Kennedy sobre el tema nos informa que para intervenir de manera adecuada la malla vía de la localidad se requiere la suma aproximada de doscientos mil millones de pesos, y que consecuente con los recursos que recibe el Fondo de Desarrollo Local aproximada de cuatro mil millones de pesos se dan solución a un 2% de las vías y las que no se logran atender sufren el deterioro lógico del trafico vehicular.

5. Por lo anterior se debe realizar un ejercicio de priorización en todas las vías de la localidad.

Se oficio a las entidades comprometidas para saber su posición respecto del pacto.

La Alcaldía Local de Kennedy manifiesta "está administración incluirá la Cra 78 entre la Av. Américas y Calle 3 A en el inventario de vías de la Alcaldía Local que se tiene en cuenta para autorizar visitas de campo y diagnosticarlas de tal forma que se defina si cumplen o no con los requerimientos para ser tenidas en cuenta al momento de ejecutar recursos, es decir clasificarlas ya que se deberán incluir como intervenciones mediante el sistema de reparcheo o en su defecto intervenciones de recuperación total".

RECOMENDACIÓN: Por lo anteriormente expuesto sugiero al Comité presentar formula de pacto de cumplimiento que la vía se incluirá en el inventario de vías que tiene la Alcaldía Local.

Cordialmente,

- Por medio de la licencia LC 03-2-0615 del 30 de octubre de 2003 expedida por la curaduría urbana no 2 se concedió licencia de construcción en modalidad de obra nueva para el predio ubicado en la Transversal 6 No 123a -02/74.

- Por medio de la Licencia No LC 04-2-0211 del 26 de marzo de 2004, expedida por la Curaduría No 2 se concedió otra licencia de construcción en modalidad de obra nueva para el predio ubicado en la Transversal 6 No 123ª No.02/74.

- Existen muchas irregularidades en el proceso de aprobación de las dos licencias mencionadas ya que no tuvieron en cuenta el trazado de la carrera 5 ni su prolongación por tanto existe una superposición de las edificaciones sobre el trazado de la carrera 5.

- La aprobación de las licencias ya eludidas generó la modificación del perfil vial de la carrera 5 con calle 123, zona de cesión ya escriturada al Distrito Capital.

- Con el fin de verificar la presunta ocupación se contrato a una especialista en materia urbana, quien en conclusión de los hechos puestos a su consideración estableció la evidente violación de normas urbanas como consecuencia de la indebida expedición de la licencia.

- Se ordene la revocatoria de la licencia de construcción No LC 04-0211.

- Se disponga la recuperación inmediata del trazado vial de la carrera 5 entre 123 y 123a ocupada ilegalmente por el conjunto Residencial Entremontes.

- Tase el incentivo económico.

3. La Subdirección de Gestión Judicial de conformidad con el Decreto 203 de 2005 contestó la demanda en nombre de las siguientes entidades del orden central:

- Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público.

- Alcaldía Local de Usaquen.

La Posición de las entidades involucradas para la contestación de la demanda fue la siguiente:

El Departamento Administrativo de Planeación Distrital nos informa:

a) "El actor popular se refiere a actuaciones, más no a omisiones del DAPD que fueron dictadas para planificar, diseñar y definir el trazado y continuidad de la carrera 5 junto con sus secciones viales, a la altura de la calle 121 y 123. Indica lo anterior, que las actuaciones del DAPD antes que vulnerar o amenazar violar el derecho al espacio público en el sector, por falta de diseño y definición; lo que conllevan sus actuaciones es a que existan los espacios públicos para la infraestructura de la malla vial del sector. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público manifiesta:

- La constructora del Conjunto Residencial Entremontes está vulnerando el espacio público por el cerramiento en cerca de alambre de púas en la Carrera 5a a la altura de la Calle 121.

- No obstante lo anterior, la Vía Carrera 5a entre Calle 121 y Transversal 6a, vía denunciada por los demandantes como pública la que se encuentra dentro del limite norte de la urbanización Centro Norte Usaquén y contenida en el plano urbanístico No. U. 173/4-3 en terreno no se encuentra construida. La mencionada proyección de la carrera 5a, no aparece incluida en el cuadro de zonas de cesión obligatorias gratuitas al Distrito Capital, y dicha proyección no se encontró en el plano urbanístico aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

- Así las cosas, corresponde a la Curaduría Urbana No. 2 asumir la responsabilidad a que haya lugar por la aprobación de la licencia de construcción de la Urbanización Entremontes de probarse que no tuvo en cuenta el plano urbanístico que contempla la proyección de la carrera 5a, esto es, el Plano No. U. 173/4-3

La Alcaldía Local de Usaquén nos informó;

- Dentro del control urbanístico que se hace, inició la actuación administrativa 3880-2004 para realizar el mencionado control a la obra de construcción realizada en el inmueble de la Transversal 6 No 123-03/74.

- Del díligenciamiento anotado se pudo determinar que la construcción está de acuerdo a la documentación y no existe contravención alguna.

- Si se cometió alguna irregularidad en la expedición de las licencias objeto de la acción popular que nos ocupa, es a la veeduría de curadurías la encargada de vigilar las posibles irregularidades en que haya podido incurrir la Curaduría urbana No 2.

Así las cosas se informó al Tribunal de todo lo anterior y se demostró que no ha existido la omisión que alega el accionante.

Como primera medida observamos que lo que se busca con esta acción popular es que se revoque un acto administrativo con presunción de legalidad, y la recuperación inmediata del trazado vial de la carrera 5 entre carreras 123 y 123ª.

Así las cosas tenemos que la entidad llamada a presentar un eventual pacto de cumplimiento es la Curaduría Urbana No 2 y el Conjunto Residencial Entremontes, pero no la Administración.

Se oficio a las entidades demandadas para que expresaran su posición frente la pacto de cumplimiento.

El Departamento Administrativo de Planeación distrital nos informa: " Análisis del Comité de Conciliación: En opinión de este comité, el DAPD no debe proponer formula de Pacto de Cumplimiento, en razón de que el apoderado judicial del Distrito no tiene ninguna relación con el DAPD, ni jerárquica ni funcional. Por supuesto, queda libre el apoderado del Distrito de llevar el caso al comité de Conciliación de la Alcaldía Mayor."

"En el caso que nos ocupa, en el evento que la jurisdicción contenciosa decidiera acoger las pretensiones del demandante, en el sentido que la administración debe recuperar el espacio público ocupado, quitando los cerramientos que lo afectan, tal decisión no le corresponde cumplirla al DAPD".

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público nos manifestó:

" La DADEP no está interesada en presentar una formula de pacto de cumplimiento, obedece lo anterior de una lado a que los hechos objeto de la demanda han sido ocasionados por un tercero, esto es, la curaduría Urbana No 2 quien aprobó la licencia de construcción sin tener en cuenta el plano urbanístico que contempla la proyección de la carrera 5a esto es, el plano No U. 173/4-3."

"De otra parte, no existe certeza sobre la invasión al espacio público".

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que no ha existido omisión por parte de las autoridades respectivas, no es del caso que la presente formula de pacto ya que los llamados a responder son terceros para el caso la Curaduría Urbana No 2 y el Conjunto Entremontes.

RECOMENDACIÓN: En este orden de ideas se sugiere no conciliar.

Cordialmente,

1. Que se declare administrativamente responsable al Distrito Capital de Bogotá por la Desviación de Poder cometida por uno de sus agentes concretamente, la INSPECCIÓN 10 E DE POLICÍA DE ENGATIVA.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al Distrito capital a repara en forma directa el valor del Daño causado a la demandante según apreciación pericial que se realizara dentro del proceso.

- Dentro del proceso se presento dictamen pericial del terreno, el cual fue avaluado en $375.960.000.oo

Manifiesta la demandante que es poseedora del lote de terreno irregular ubicado en la calle 81 N° 66-28 interior 2 de la ciudad de Bogotá con una extensión aproximada de cien a ciento cinco metros a cuyos linderos rezan en la demanda.

Añade que el terreno forma parte de uno de mayor extensión de la cual era propietaria la señora Margoth Villa Gómez y otros, en la actualidad figurando como propietarios Polonia Rodríguez Vda de Lugo, Ricardo Lugo Rodríguez, José Gabriel Lugo Rodríguez, Miguel Antonio Lugo Rodríguez, Honorio Rodríguez y Aura Maria Rodríguez.

Dice que a pesar de que allí vivía la demandante y su familia desde el año de 1.955, fue arbitrariamente desposeída del terreno por una actuación constitutiva de DESVIACIÓN DE PODER realizada por la Inspectora de Policía 10 E de la Alcaldía Local de Engativa María Inés Forero Martínez.

Señala además que cometiendo fraude procesal el señor Ricardo Lugo Rodríguez apareció como arrendador de parte del lote de terreno que poseía la señora Rosalba Ramírez siendo arrendatario Manuel Ignacio Ussa aparentando una relación jurídica que no ha existido.

Con base en lo anterior se indujo en error al Juzgado 28 Civil Municipal de Bogotá quien comisiono al a Inspección 10E de Engativa la cual dice la actora se extralimito en sus funciones quien no solo desalojo al señor MANUEL IGNACIO USA sino también a ella quien no tenía vinculación jurídica con el contrato de arrendamiento.

Como consecuencia del desalojo el terreno esta siendo utilizado por los señores Lugo Rodríguez.

El Distrito se opone a las pretensiones de la demandante sustentando que no se encuentran sustentados los hechos presentados por la actora haciendo énfasis en que las actuaciones de la Inspectora de Policía consistieron en dar cumplimiento a unas orden impartida por el Juez 28 Civil Municipal por lo cual no constituye una conducta arbitraria que no cobija una vía de hecho o acto delictuoso o culposo.

Igualmente se señala que la debió cuestionar y demandar el proceso ante la Jurisdicción Ordinaria Civil.

Se proponen las excepciones de INEPTA DEMANDA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA por cuanto la accionante no muestra su interés en su legitimidad para actuar en este juicio ya que no se presento al Juicio Civil y FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA al considerar que la acción de reparación directa no es la procedente para cuestionar una operación material y una decisión judicial ya ejecutoriada toda vez que la jurisdicción para conocer de este asunto es la Jurisdicción Civil.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sentencia del 18 de marzo de 2004Magistrado Ponente Patricia del Pilar Romero Ángulo declara probada la excepción de FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA propuesta por el Distrito Capital.

En su fallo considera el Tribunal que la jurisdicción competente para conocer del caso es la Ordinaria toda vez que la demandada para proteger el derecho de posesión que alegaba debió interponer las acción posesoria señalada en el artículo 972 del código civil y por otro lado el conflicto es entre particulares originado en el derecho de propiedad por lo tanto de derecho privado el cual debe ser llevado por la Jurisdicción Civil.

Conforme a lo expuesto en la contestación de la Demanda y lo enunciado por el Honorable Tribunal de Cundinamarca obtenemos que en el presente caso el Distrito Capital de Bogotá es ajeno a cualquier responsabilidad que se le pretenda endilgar ya que este es el resultado de la indebida utilización de la justicia por parte del actor utilizado para convalidar su negligencia ante la jurisdicción competente como se desprende del siguiente análisis :

1 Hechos Probados y Debido Proceso

Del análisis del expediente y las acciones desplegadas en la diligencia llevada a cabo por la Inspección de Policía se encuentra probado

- En la iniciación de la diligencia llevada a cabo el día 13 de abril de 1.996 presento únicamente oposición el señor Manuel Ignacio Ussa quien solicito un tiempo para desocupar el terreno a lo cual accedió la inspectora dejando la respectiva constancia " Teniendo en cuenta que no hay oposición legal alguna para resolver declara legalmente restituido el lote de terreno ".

- En la continuación de la diligencia realizada el día 2 de mayo de 1.996 presenta oposición la señora Ramírez de Castañeda y la Fundación Niño Jesús por lo que se suspende la diligencia teniendo en cuenta que la señora Castañeda había interpuesto querella de perturbación el día 26 de Abril de 1.996.

- Posteriormente en la continuación de ña diligencia el día 4 de Septiembre de 1.996 una vez resueltas las oposiciones nuevamente la actora manifiesta con nuevos documentos que ejercía una posesión de mas de 35 años por lo que en debida forma y dado que se habían agotado las instancias la inspectora deniega su solicitud atendiendo que no era el momento ni la persona competente para dilucidar sobre la propiedad del predio por lo que se continuo con la diligencia de desalojo.

- La actora debió acudir a esta vía (reparación directa), ya que el Juzgado 28 Civil Municipal le negó el Incidente de Restitución del Predio así como la reposición de la decisión, por extemporaneidad de la acción a través del auto de fecha 6 de febrero de 1.997, el cual fue incorporado al expediente.

- Se deduce que se respetaron las garantías procesales a la actora y la diligencia se llevo a cabo cumpliendo los procedimientos de ley.

- No hay indicios de la supuesta arbitrariedad de la inspectora.

-Si la actora estaba inconforme debió de haberse quejado ante el superior de la Inspectora haber recurrido la Sentencia cuestionar las actuaciones judiciales por constituir Via de Hecho o en último caso acudir a una acción de tutela pero la acción escogida es la menos apropiada.

2.Falta de Jurisdicción y Competencia

La intención del actor desde el principio de las actuaciones procesales era la de convalidar su supuesto derecho de posesión desafortunadamente en lugar de recurrir a la acción posesoria pertinente (art.972 C.P.CI) pretendió erróneamente demandar los actos de la Inspectora de Policía 10 E de Engativa quien simplemente cumplía con sus deberes y funciones legales.

El yerro de la elección de las acciones tomadas por el demandante no se le puede enmendar al Distrito Capital .

Si la actora tenía algún derecho sobre el inmueble la diligencia de desalojo no era el escenario pertinente para hacerlos valer a que este era la culminación de todo un proceso de restitución llevado en el Juzgado 28 Civil Municipal.

El conflicto de pertenencia o si se quiere en su defecto perturbación a la posesión dada la calidad de las partes intervinientes (particulares) en el presente evento es exclusiva de la Jurisdicción Ordinaria conforme a la competencia expresada en el artículo 1 del Código Civil.

3.Desviación de Poder o Extralimitación de Funciones

Manifiesta la actora que la Inspectora de Policía 10E de Engativa incurrió en abuso y desviación de poder y ejercicio arbitrario de sus propias razones. Se debe anotar que la funcionaría actuó de acuerdo a sus atribuciones legales en cumplimiento de la función delegada validamente por el Juzgado 28 Civil Municipal por intermedio del despacho comisorio N° 729 que se dio en cumplimiento de la Sentencia del 28 de Octubre de 1.995. Si esta acción se considerara arbitraria nunca se podrían llevar acabo las diligencias de desalojo.

En el expediente no aparece comprobada la existencia de algún hecho u omisión que pusiera en duda la conducta desplegada por la inspectora de policía y que se le pudiere imputar como culposa o mucho menos dolosa.

Por lo tanto no se le puede solicitar una indemnización al Distrito cuando su agente ha actuado en cumplimiento de la Ley.

Por lo esbozado anteriormente pongo el caso en consideración del honorable comité sugiriendo No presentar formula conciliatoria.

Cordialmente,