RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

SITIO DE LA REUNION: Bogotá Despacho de la Subsecretaria General

DIA: 05 de Mayo de 2004

HORA DE LA SESION: 7:00 a 8:30 a.m.

ASISTENTES:

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Subsecretario General

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital

- Dr. Justo Germán Bermúdez Gross, Director de Gestión Corporativa

- Dr. Luis Eduardo Sandoval, Subdirector de Conceptos (e)

- Dr. José Fernando Suárez Venegas, Subdirector de Gestión Judicial

INVITADOS ESPECIALES.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1214 de 2000, asistieron como invitados especiales con derecho a voz pero sin voto:

Dr. Harold Alzate Riascos Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Secretaria Técnica: Clara Mercedes Moreno Torres.

1. Verificación del quórum.

2. Relación y Discusión de las fichas.

1 Verificación del quórum.

Verificada la asistencia de los integrantes del Comité por parte de la Secretaría Técnica, se establece que hay quórum para realizar la sesión.

2 Relación y discusión de las fichas.

2.1 Proceso de HAZEL BUENO ESTRADA contra DISTRITO CAPITAL-PLANEACION DISTRITAL.

Apoderado del Distrito: Dra. Martha Alicia Giraldo Montoya, abogada de la Subdirección de Gestión Judicial, quien procede a presentar en su condición de apoderada de la Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.

Hechos: La apoderada procede a explicar al Comité que el 27 de abril de 1998 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, profirió sentencia contra el Distrito Capital ¿ Departamento Administrativo de Planeación Distrital donde se ordena reintegrar a la señora Hazel Bueno Estrada al cargo que venía ocupando que era el de profesional especializado grado 21 Arquitecta de la Planta Global del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y a que se le paguen los salarios, vacaciones, primas, bonificaciones y prestaciones a que tenga derecho y ordenó que sobre las sumas a pagar se le indexara la correspondiente liquidación de conformidad al I.P.C, el Consejo de Estado en segunda instancia mediante providencia del 12 de noviembre de 1998 confirma en todas sus partes la sentencia de primera instancia. La Alcaldía Mayor inicia el trámite administrativo para el pago de la sentencia y remite al Departamento Administrativo de Planeación Distrital la sentencia para que se efectúe la respectiva liquidación, esta liquidación se hizo tal como lo ordenó la sentencia es decir desde el 15 de diciembre de 1995 hasta el 14 de marzo de 1999, la liquidación arrojó la suma de Trescientos ocho millones ochenta y nueve mil doscientos veintitrés pesos mcte. ($308.089.223) por concepto de intereses la suma de treinta y siete millones cincuenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos mcte. ($37.058.435).

De la anterior liquidación el Alcalde Mayor expide la Resolución No. 133 del 26 de febrero de 1999, por medio de la cual se ordena dar cumplimiento al fallo proferido por el Consejo de Estado y se adoptan las medidas necesarias para el pago de dichas sumas de dinero con cargo al rubro presupuestal No. 10401310123, a su vez la Secretaría General de la Alcaldía expide dos Resoluciones la Resolución No. 133 del 26 de febrero de 1999 donde autoriza el pago de la suma de ($308.089.223) este pago se le hace al apoderado pues tenía la facultad de recibir, y la segunda Resolución No. 644 del 06 de octubre de 1999 donde autoriza el pago de la suma de ($37.058.435).

La Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Subdirección del Procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital inició una auditoria al pago de sentencias del Distrito Capital de Bogotá, el 10 de diciembre de 2001, dentro de sus observaciones habló del pago realizado a Hazel Bueno Estrada y determinó que "..por concepto de indexación se pagó en exceso la suma de doscientos cuarenta y nueve millones quinientos sesenta y cinco mil veinticinco pesos ($249.565.025) cifra esta que no incluye los intereses cancelados a la señora Bueno Estrada, los cuales fueron relacionados al igual que el exceso de la indexación...".

De acuerdo a lo anterior y después de estudios sobre el pago y la reliquidación, el Subdirector Administrativo y Financiero del Departamento Administrativo de Planeación Distrital solicitó a la señora BUENO ESTRADA su consentimiento para realizar una nueva revisión del acto administrativo por medio del cual se liquidó el pago de lo ordenado judicialmente, de acuerdo a lo requerido por la Contraloría Distrital; la señora mediante comunicación del 27 de mayo de 2002 da respuesta y manifiesta no dar su consentimiento para la citada revisión.

El Departamento Administrativo de Planeación realiza una nueva reliquidación, utilizando los índices indicados por el DANE y liquidando la indexación mes a mes y año por año determinando que, en la liquidación anterior se tomó como índice la columna de variación mensual indicada en la certificación expedida por el DANE y según la Contraloría Distrital se aplicó mal al confundirla con el INDICE, fue así como el valor a reintegrar después de realizar la reliquidación, tomando en consideración el valor neto a pagar y valor neto sobre los intereses causados, asciende a la suma de doscientos cincuenta y siete millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y nueve pesos ($257.738.679).

Se explica al comité que la señora HAZEL BUENO ESTRADA desde abril de 1999 hasta la fecha se encuentra reintegrada y laborando en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en el cargo de Profesional Especializado grado 22, y ha sido renuente a colaborar con los funcionarios de la División Financiera para subsanar el error.

Es así como, por la conducta asumida por la señora HAZEL BUENO se ha ocasionado un detrimento al patrimonio público de carácter distrital y un enriquecimiento para la hoy demandada, sin justa causa que lo permita.

Mediante poder, la Subdirección de Gestión Judicial, incoa demanda Civil Ordinaria de Enriquecimiento sin Justa Causa, ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito; demanda esta, que fue rechazada por no haberse agotado la conciliación prejudicial de que trata la ley 640 de 2001.

Discusión del tema: Interviene el Doctor José Fernando Suárez y manifiesta a los demás miembros del comité que se deja presente que la Subdirección a su cargo le informó en su tiempo a Planeación Distrital cuál podía ser el procedimiento para recuperar el dinero y se les sugirió que iniciaran un proceso de Jurisdicción Coactiva, así mismo se explica que el Departamento Administrativo de Planeación a través de su oficina Financiera habló con la señora Bueno Estrada y le solicitó que devolviera el dinero aduciendo que el error había sido de la administración. A pesar de que el error fue detectado por la Contraloría mas no por la misma administración. A pesar de que Planeación también argumenta que el acto que reconoció ese dinero de más no ha sido objeto de ninguna controversia, pues el hecho es que hubo un hallazgo fiscal y se le ha solicitado a la Contraloría que certifique el pago pero este ente de control no certifica pues se sostiene en que es un hallazgo.

Se pregunta a la apoderada por parte de los miembros del comité sobre los términos para poder interponer la demanda y ella explica que aunque el error lo detectó la Contraloría después de dos años de efectuado el pago no hay problema pues aquí no se habla de caducidad, ya que esta es una acción civil que tiene una prescripción de 10 años y dentro de la demanda se solicitan medidas cautelares, se van a solicitar los embargos tanto del sueldo como de una vivienda que posee y dentro del mismo proceso se va a solicitar la conciliación.

El Doctor Germán Bermúdez en su calidad de Director Corporativo manifiesta que tiene una duda en el sentido de que si la Conciliación es un mandato legal que pertenece a la ley 640 porque debe pasar por el Comité? Además agrega que en su concepto aquí no se debe discutir el valor a conciliar pues se habla es de un total que no debe variar. Se explica por los demás miembros que lo que aquí se esta cumpliendo es un requisito de procedimiento y es que antes de someter a conciliación algún asunto las normas en materia de conciliación dicen que todo debe ser sometido antes al estudio de un comité debidamente integrado quien será el que avale la decisión, por lo demás se apoya la idea de no negociar el valor a conciliar.

El Jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. Harold Alzate manifiesta que pese a insistir en que se concilie, no obstante el proceso ordinario es necesario solicitar a la Contraloría que dentro el proceso de Responsabilidad Fiscal por un mayor valor pagado se vincule a la hoy funcionaria, señora Hazel Bueno esto con base en la norma (Manual de Control Fiscal) .." En la responsabilidad fiscal por un valor mayor pagado se deducirá responsabilidad fiscal, en forma solidaria a los servidores públicos, o particulares que en desarrollo de la gestión fiscal, dieron lugar sin justa causa al pago de un mayor valor que cause detrimento al patrimonio Distrital, se deducirá igualmente para el que recibe el mayor valor sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar..".

Interviene la Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica y manifiesta que aunque en su sentir Planeación nos dejo como Secretaria General el camino más largo y dispendioso, hay que continuar con la demanda dentro del proceso civil y además oficiar a la Oficina de Control Disciplinario de esa entidad para que se inicien las investigaciones pertinentes a la señora HAZEL BUENO y sea vinculada al proceso de responsabilidad Fiscal por parte de la Contraloría.

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General y quien preside el comité manifiesta estar de acuerdo con lo dicho por la Doctora Martha Veleño y además agrega que el comité también debe autorizar por el rubro de sentencias los gastos que ocasione la solicitud de conciliación ante la Cámara de Comercio.

Una vez escuchados los planteamientos y absueltas las dudas por parte de los miembros del Comité se procede a la votación así:

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

La Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica Distrital manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

El Doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en su calidad de Director Corporativo manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

El Doctor Luis Eduardo Sandoval, en su calidad de Subdirector (e) de Conceptos manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

El Doctor José Fernando Suárez Venegas, en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

Decisión: Así las cosas los (5) miembros del comité deciden iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

2.2 Conciliación Prejudicial - Cámara de Comercio PEDRO IGNACIO APARICIO LOPEZ contra DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA.

Apoderada del Distrito: Dra. Martha Alicia Giraldo Montoya, Abogada de la Subdirección de Gestión Judicial, quien hace la reseña de los hechos de la forma que a continuación se transcribe:

Solicitud: Se Pretende instaurar demanda a través de un proceso ordinario de enriquecimiento sin justa causa a fin de recuperar los pagos que se efectuaron por más valor dentro de la condena proferida en el proceso de Pedro Ignacio Aparicio López, se trae a estudio del Comité porque previo a esta demanda se debe presentar conciliación prejudicial ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

Hechos: Manifiesta la apoderada que el Juez Octavo Civil del Circuito de Bogotá, profirió sentencia condenatoria dentro del proceso Ordinario de responsabilidad Civil Extracontractual instaurado por Pedro Ignacio Aparicio López contra el Distrito Capital de Bogotá y Juan Isidro Méndez, por un choque simple entre un automotor particular y una volqueta de la Secretaría de Obras Públicas, como no se pagaron los daños se inicio una demanda de responsabilidad civil extracontractual, se anota que el conductor fue despedido y en la actualidad hace más de siete años que no aparece, aquí se condena solidariamente al pago de ochocientos cincuenta y tres mil pesos ($853.000) sentencia de fecha 21 de junio de 1996, ésta fue objeto de impugnación ante el Tribunal Superior, el cual en providencia del 12 de noviembre de 1998 determina modificar la sentencia y ordena que se le pague al demandante la suma de seiscientos setenta y tres mil pesos ($673.000) y sobre esta suma se pague al demandante un interés del 6% anual desde la ejecutoria de la sentencia hasta que el pago se haga efectivo.

Dentro del trámite administrativo para el pago la Alcaldía Mayor envió a la Secretaría de Obras Públicas la sentencia para que ésta procediera a efectuar la respectiva liquidación para el pago, liquidó desde el 10 de febrero de 1999 hasta el 30 de mayo de 2000, incluyendo los intereses del 6% anual a partir del 11 de febrero de 1999 hasta el 30 de mayo de 2000, la liquidación arrojó una indemnización de un millón cero ochenta y dos mil setecientos dieciocho pesos ($1.082.718) de esta liquidación el Alcalde Mayor de Bogotá expide la Resolución No. 278 del 23 de mayo de 2000, por medio de la cual se ordena dar cumplimiento al fallo con cargo al rubro presupuestal 104-01-3110207.

La Secretaría General mediante Resolución No. 425 del 8 de junio de 2000, autoriza el pago de la suma de dos millones ochocientos cincuenta y tres mil ($2.853.661.25) para cancelar al abogado del señor Aparicio, Dr. Ángel María Martínez Martínez quien mediante poder estaba facultado para recibir y con la orden de pago No. 442 del 12 de Julio de 2000 se canceló la suma de ($2.853.661,25); después de efectuado el pago al apoderado se pudo establecer que se pagó en exceso la suma de un millón setecientos setenta mil novecientos cuarenta y tres mil pesos ($1.770.943.25), el apoderado del actor Dr. ANGEL MARTINEZ MARTINEZ se ha negado a devolver la suma que se le pago de más.

Mediante poder, la Subdirección de Gestión Judicial incoa demanda Civil Ordinaria de Enriquecimiento sin justa causa, ante el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito; demanda esta que fue rechazada mediante auto del 20 de marzo de 2004 por no haberse agotado la Conciliación Prejudicial de que trata la ley 640 de 2001.

Discusión del Tema: Se discute por los miembros del comité la necesidad de que se inicie por parte de la apoderada el proceso ordinario civil de enriquecimiento sin justa causa.

Interviene la Doctora Martha Veleño Quintero en su calidad de Directora Jurídica y pregunta si se le ha requerido al apoderado del señor para que devuelva el dinero, la apoderada contesta que en repetidas ocasiones se le ha oficiado y se le ha requerido pero el abogado manifiesta que la culpa es de la administración por haber pagado de más.

Interviene el Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General y pregunta si existe actualmente alguna investigación por el pago mal realizado, se explica que en la actualidad existe investigación por parte de la Personería contra los funcionarios que hicieron el pago.

Así mismo la apoderada explica al comité que mediante poder, la Subdirección de Gestión Judicial incoa demanda Civil Ordinaria de Enriquecimiento sin justa causa, ante el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito; demanda esta que fue rechazada mediante auto del 20 de marzo de 2004 por no haberse agotado la Conciliación Prejudicial de que trata la ley 640 de 2001, por tanto el comité autoriza a la apoderada que agote esta conciliación y que por el rubro de pago de sentencias se paguen los gastos que esta conciliación ocasione.

Una vez escuchados los planteamientos y absueltas las dudas por parte de los miembros del Comité se procede a la votación así:

El Doctor Luis Miguel Domínguez, en su calidad de Subsecretario General manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

La Doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, en su calidad de Directora Jurídica Distrital manifiesta que no encontrándose inhabilitada ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

El Doctor Justo Germán Bermúdez Gross, en su calidad de Director Corporativo manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

El Doctor Luis Eduardo Sandoval, en su calidad de Subdirector (e) de Conceptos manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

El Doctor José Fernando Suárez Venegas, en su calidad de Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que no encontrándose inhabilitado ni en causal de impedimento que invalide su actuación vota por iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

Decisión: Así las cosas los (5) miembros del comité deciden iniciar la acción de enriquecimiento sin justa causa y autorizar que se concilie como requisito previo siempre y cuando sea sobre el valor total.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma como aparece, una vez leída y aprobada por los que en ella intervinieron.

Las fichas correspondientes a las solicitudes de conciliación y acciones de repetición hacen parte integrante de la presente acta.