RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Subsecretario General, Presidente del Comité y delegado del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital.

- Dr. Justo Germán Bermúdez Gross, Director de la Dirección de Gestión Corporativa.

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos.

- Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial.

- Dr. Harold Alzate Riascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, Asesora Dirección Jurídica Distrital.

- Dr. Dionisio Enrique Araujo Angulo, Director de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación.

- Dr. Camilo José Orrego Morales

2.1. Verificación del quórum.

2.2. Aprobación del orden del día.

2.3. Deliberación y discusión de los siguientes asuntos:

2.3.1.1 Lectura del orden del día, llamado a lista, verificación del quórum y aprobación del Orden del día.

2.3.1.2 Aprobación Actas 10 de 2004 y de la 1 a la 13 de 2005.

2.3.1.3 Presentación informe de gestión primer semestre 2005.

2.3.2.1 Política: La caducidad en las acciones de repetición, proyecto de Circular. Política: La procedencia de la acción de repetición por el pago del incentivo en las acciones populares.

2.3.2.2 Certificación compilación de las políticas de prevención del daño antijurídico aprobadas durante el primer semestre del año 2005.

2.3.2.3 Informe Sentencia C - 593 de 2005, Inexequibilidad Parcial Código de Policía, Reserva de Ley en caso de sanciones de policía versus facultad reglamentaria subsidiaria y residual de las corporaciones públicas territoriales. Abogado a cargo: Henry Alberto González Molina.

2.3.2.4 Proposición de correctivos de prevención de daños antijurídicos en los que se ha visto condenado el organismo o en los procesos que haya decidido conciliar, por parte de los miembros e invitados del Comité de Conciliación (Artículo 27 del Acuerdo 1 de 2005 del Comité de Conciliación).

2.3.3.1 Informe acción de repetición 2003-00147 del Distrito Capital contra Hilda María Pardo y 1999-00058 del Distrito Capital contra Juan Martín Caicedo Ferrer y otros. Dra. Nahir Lucía Zapata Arboleda.

2.3.3.2 Informe acción de repetición 2003-01350 del Distrito Capital contra Blanca Doris Useche Buitrago. Dra. Nahir Lucía Zapata Arboleda.

2.3.3.3 Informe acción de repetición 2004-00326 del Distrito Capital contra María Aguedita Ulloa Galvis.

2.3.3.4 Reconsideración decisión acción de repetición. Acción de fuero sindical 2001-00480, retiro del servicio Dila María Zúñiga de Torres, funcionaria del Concejo Distrital. Estudio acción de repetición. Hechos: Acción de fuero sindical 2001 - 480, retiro del servicio de Dila María Zúñiga de Torres, funcionaria del Concejo Distrital. Abogada a cargo: Nahir Lucía Zapata Arboleda.

2.3.4.1 Caso con política. Conciliación Extrajudicial de José Ricardo Molina Rodríguez contra Distrito Capital, EAAB y ETB. Abogado a cargo: Luis Alfonso Castiblanco.

2.3.4.2 Caso con política. Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2000-00869 de Mechtild Corredor Carrasco contra la Alcaldía Local de Engativá y el IDU. Abogado a cargo: Luis Alfonso Castiblanco.

2.3.4.3 Caso con política. Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2004-01383 de Maritza Mercedes Viana Díaz contra Ministerio del Interior, Distrito Capital y Secretaría de Gobierno. Abogado a cargo: Luis Alfonso Castiblanco.

2.3.4.4. Caso con política. Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2005-00538 de la Junta de Acción Comunal de Normandía contra el Distrito Capital, Secretarías de Obras Públicas y de Gobierno, el DAPD y el IDU. Abogado a cargo: Luis Alfonso Castiblanco.

2.3.4.5 Caso con política. Conciliación Extrajudicial de Germán Moreno Rodríguez contra Distrito Capital y EAAB.

2.3.4.6 Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2005-00239 de Jorge Ernesto Salamanca Cortés contra Distrito Capital - Secretaría de Salud. Abogado a cargo: Luis Alfonso Castiblanco.

2.3.4.7 Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2005-00778 de Diego Andrés Parra Millán y otro contra Distrito Capital - Secretarías de Gobierno y de Obras Públicas. Abogado a cargo: Luis Alfonso Castiblanco Urquijo.

2.3.4.8 Pacto de Cumplimiento. Acción Popular 2003-01565 de Juan Carlos López y otros contra Distrito Capital, Alcalde Local de San Cristóbal, DPAE, Av Villas, Liquidador de la Constructora Santa Rosa, Cafam, Colsubsidio y Compensar.

La sesión del 16 de agosto de 2005 se inició a las 7:30 A.M y se suspendió a la 1:30 P.M, al no haberse podido evacuar completamente la temática, razón por la cual los miembros del Comité de Conciliación decidieron continuar la sesión el 17 de agosto de 2005, a partir de las 7:30 A.M.

Por tanto, al momento de deliberar y decidir respecto de cada asunto se indicará a los miembros asistentes y la forma como expresaron cada uno su voto, para efectos del quórum deliberatorio y decisorio.

Finalmente, en la sesión del 17 de agosto de 2005, los miembros del Comité de Conciliación autorizaron al Secretario Técnico del Comité consolidar en una sola acta, la número 14, las memorias de las sesiones del 16 y 17 de agosto de 2005.

3.2 Verificación del quórum.

El Secretario Técnico informa que el Presidente del Comité y el Director de la Dirección de Gestión Corporativa, al igual que el representante del Ministerio del Interior y de Justicia han presentado excusa por razones del servicio, las cuales les impiden asistir a la sesión del Comité.

La Secretaría Técnica informa a los miembros del Comité que hay quórum para realizar la sesión toda vez que se encuentran presentes 3 de los 5 miembros del Comité.

A esta sesión asisten los siguientes miembros e invitados permanentes:

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital y Presidente del Comité, conforme al Acuerdo 1 de 2005, Reglamento Interno Comité de Conciliación.

- Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial.

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos

- Dr. Harold Alzate Riascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, Asesora Dirección Jurídica Distrital

- Dr. Camilo José Orrego Morales.

Los miembros del Comité aprueban el orden del día propuesto por la Secretaría Técnica del Comité. Procediendo a evacuarse el mismo.

El 16 de agosto de 2005, a las 7:30 A.M. instalada la deliberación por la Presidente del Comité, doctora Martha Yaneth Veleño Quintero, ésta somete a consideración y aprobación de los miembros del Comité de Conciliación los proyectos de acta 10 de 2004 y de la 1 a la 13 de 2005 elaborados por el Secretario Técnico y en los cuales se recogieron las inquietudes, aclaraciones y correcciones que solicitaron los miembros del Comité de Conciliación.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité de Conciliación somete a consideración de sus miembros los proyectos de acta 10 de 2004 y del 1 al 12 de 2005 para su aprobación.

Los miembros del Comité no efectúan comentarios.

La Presidente del Comité de Conciliación clausura la deliberación.

A continuación, los miembros del Comité de Conciliación aprueban los proyectos de actas 10 de 2004 y del 1 a 13 de 2005, así:

La Presidente del Comité propone a los miembros del Comité aplazar este informe hasta la próxima sesión, en la medida que se han excusado el Subsecretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y el Director de la Dirección de Gestión Corporativa.

A continuación, la Presidente del Comité somete a decisión de los miembros la anterior proposición:

-La Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

-El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

-El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

La Presidente del Comité informa a los miembros que se trata de una política que es de conocimiento de todos los miembros, ya que la misma había sido agendada para Comités de Conciliación pasados

Por lo antes expuesto, la Presidente del Comité considera que existe ilustración suficiente sobre el asunto y debe procederse a su aprobación para su posterior firma del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

El Subdirector de Conceptos considera que la política no debe tramitarse como Circular, sino como Directiva, en virtud a que la coordinación de los asuntos jurídicos le corresponde misionalmente al Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Los miembros del Comité están de acuerdo con ello.

El Secretario Técnico del Comité de Conciliación pregunta a la Presidente del Comité si luego de su aprobación la Directiva pasaría para firma del Secretario General o si iniciaría su trámite ordinario ante la Subdirección de Conceptos.

La Presidente del Comité considera que conforme lo dispone el Decreto 331 de 2003, el documento debe seguir el trámite ordinario, es decir, su revisión y aprobación por la Subdirección de Conceptos y la Dirección Jurídica Distrital para pasar luego a la firma del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Finalmente, el Secretario Técnico del Comité recuerda a sus miembros que la política hace relación a la armonización del término de caducidad de la acción de repetición, de 2 años contados a partir del pago total de la sentencia por parte de la entidad pública, con la sentencia C - 832 de 2001 proferida por la Corte Constitucional, en la cual la Alta Corporación Judicial dispuso que el anterior término era constitucional, siempre y cuando el pago total de la obligación se diera dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia a los que se refieren los artículos 176 y 177 del C.C.A, de no ser así, los 2 años deben computarse a partir del vencimiento de los 18 meses.

A continuación, la Presidente del Comité somete a decisión de los miembros la política relativa al cómputo del término de caducidad de las acciones de repetición, de cuyo proyecto se adjunta copia a la presente acta:

-La Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

-El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

-El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

3.4.3.2 Política: La procedencia de la acción de repetición por el pago del incentivo en las acciones populares.

La Presidente del Comité informa a los miembros que se trata, al igual de la anterior, de una política que es de conocimiento de todos los miembros, ya que la misma había sido agendada para Comités de Conciliación pasados.

Por lo antes expuesto, la Presidente del Comité considera que existe ilustración suficiente sobre el asunto y debe procederse a su aprobación para su posterior firma del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

El Secretario Técnico del Comité de Conciliación recuerda a los miembros que esta política tiene como peticionario inicial el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, quien dado el volumen de acciones populares que tramita en materia ambiental, cuando le son adversas, debe decidir sobre si es procedente o no la acción de repetición.

El DAMA en su momento solicitó concepto al Ministerio del Interior y de Justicia quien mediante concepto le informó que dada la naturaleza del incentivo, que no constituye el resarcimiento de un daño antijurídico, no procede la acción de repetición.

Así las cosas, el DAMA solicita que este concepto sea elevado al estatus de política distrital, la cual debe ser impartida por este Comité.

A continuación, la Presidente del Comité somete a decisión de los miembros la política relativa a la procedencia de la acción de repetición, de cuyo proyecto de se adjunta copia a la presente acta:

-La Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

-El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

-El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

El Secretario Técnico del Comité manifiesta que ha efectuado una compilación informal de las políticas más importantes adoptadas por el Comité de Conciliación, las cuales, considera, deben circularizarse dada su importancia e impacto.

El Secretario Técnico propone entonces a los miembros la revisión de estas políticas y si así lo deciden, proceder a elaborar un proyecto de Circular.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

El Subdirector de Conceptos propone que se de un plazo de 5 días, siguientes a esta sesión, para que los miembros del Comité examinen si existen o no más políticas que incluir dentro de la Circular.

La Presidente del Comité considera oportuna esta proposición y estima que, una vez los miembros remitan al Secretario Técnico del Comité las políticas que tengan inventariadas, el Secretario Técnico las consolide y las proponga como una Circular para aprobación del Comité.

A continuación, la Presidente del Comité somete a decisión de los miembros el procedimiento de certificación de las políticas adoptadas por el Comité:

-La Presidente del Comité de Conciliación: Lo aprueba.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Lo aprueba.

-El Subdirector de Conceptos: Lo aprueba.

El apoderado de Bogotá, D.C., explica al Comité de Conciliación que a continuación presentará un informe y algunas conclusiones en relación con la Sentencia C-593 de 2005, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 241 del Código Nacional de Policía, Decreto 1355 de 1970.

En la citada disposición se señala que, en materia de contravenciones de policía, La medida correctiva aplicable será, en cada caso, la indicada en la ley o en el reglamento.

El actor, explica el apoderado, consideró que la disposición transgrede la reserva de ley que en materia de limitaciones a las libertades de los ciudadanos posee el legislador, máxime si se está en frente del ejercicio de una potestad punitiva.

La Constitución no otorga a las asambleas departamentales potestades legislativas, ni implícitas ni explícitas, para dictar preceptos sancionatorios, pues estas disposiciones se reservan al legislador.

Por tanto, los entes territoriales en ejercicio de su competencia subsidiaria para dictar normas de policía están excluidos de cualquier competencia para dictar preceptos sancionatorios y sólo el legislador, mediante ley, está legítimamente facultado para establecer el quantum punitivo y la dosimetría de las sanciones.

Adicionalmente, considera que se debe tener en cuenta que la disposición vulnera el principio de legalidad y de Estado Unitario que posee nuestro país.

El Ministerio de Defensa, por intermedio de apoderado, acude en defensa del acto atacado señalando en esencia que la finalidad de la norma acusada es la protección general de los derechos de los ciudadanos, por tanto, las instituciones deben contar con elementos jurídicos necesarios a fin de combatir eficazmente los hechos que impiden el normal desarrollo de la vida social, económica, cultural, jurídica etc. Con la norma atacada se pretende la creación de normas o mecanismos jurídicos para brindarle a las autoridades competentes los elementos necesarios para combatir de manera frontal y radical las conductas que atentan contra la sociedad, garantizando de esta manera los derechos de sus habitantes. En su concepto, el Procurador solicita a la Corte Constitucional que se declare la inexequibilidad parcial de la disposición acusada.

En primer término señala que las medidas correctivas de policía están dispuestas taxativamente en los artículos 185 y 186 del Código Nacional de Policía.

Además, indica que la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 27 de enero de 1977, declaró inexequibles los artículo 8 y 10 del mismo código por considerarlos contrarios al principio de legalidad, por cuanto el artículo 8° facultaba al Gobierno Nacional para reglamentar el ejercicio de la libertad en materias en que la ley no se hubiere ocupado y consagraba lo propio en relación con las asambleas departamentales y los concejos municipales respecto de la entidad territorial correspondiente.

A su turno, el artículo 10 facultaba a los intendentes y comisarios para dictar reglamentos de policía.

Señala, luego de referirse a algunas sentencias de la Corte Constitucional, que la expresión acusada es un vestigio de los artículos 8° y 10 declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, que la posibilidad de que por medio de reglamentos se determinen las medidas correctivas de policía desconoce abiertamente el principio de legalidad, el de separación de poderes, el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la igualdad.

Respecto al derecho a la igualdad, señala que la norma acusada conlleva que se produzcan discriminaciones injustificadas en contra de ciertos sectores e individuos ya que frente a la misma contravención pueden existir tantas y tan diversas medidas correctivas como reglamentos.

El apoderado del Distrito Capital explica que como problema jurídico central a resolver, la Corte formula el siguiente interrogante: "¿El principio de reserva de ley para la regulación de los derechos constitucionales, así como para el establecimiento de sanciones, prohíbe que en el ¿reglamento¿ se indiquen las medidas correctivas de policía aplicables en cada caso?"

Así mismo se pronuncia sobre las normas presuntamente violadas, esto es los artículos Constitucionales 6°, 121, 300-8150-1 y 150-2, 29 y 113.

Comienza, entonces, por referirse al poder de policía, entendido como la potestad de dictar normas generales que restringen el ejercicio de los derechos fundamentales, el cual radica en cabeza del Congreso de la República.

Acto seguido, con el fin de establecer un marco y dentro de este, comprender el alcance del poder de policía y las autoridades sobre las cuales recae por mandato expreso de la Constitución, cita la Sentencia C-825 de 2004 en la que la Corte expresó lo siguiente: "la preservación del orden público en beneficio de las libertades supone el uso de distintos medios, como pueden ser básicamente (i) el establecimiento de normas generales que limitan los derechos para preservar el orden público, (ii) la expedición de actos normativos individuales, dentro de los limites de esas normas generales, como la concesión de un permiso o la imposición de una sanción, y (iii) el despliegue de actividades materiales, que incluyen el empleo de la coacción y que se traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se ejecuta la función. Por eso esta Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha distinguido entre poder de policía (reglamentación general), función (adopción de medidas individuales) y actividad de policía (ejecución coactiva), para diferenciar esos distintos medios de policía, en lo cual ha reiterado la conceptualización realizada en tal sentido por la Corte Suprema de Justicia".

Explica que la incidencia de las regulaciones policivas sobre derechos y libertades de los asociados hace que sea el Congreso de la República el llamado a expedirlas como regla general, principalmente por su carácter democrático y representativo.

El orden público, entendido como el conjunto de condiciones que garantizan la plena vigencia de la dignidad humana y los derechos fundamentales, opera como el marco general dentro del cual ha de ejercerse el poder de policía. Al punto, en la misma Sentencia C-825-04 la Corte señaló que la preservación del orden público no puede lograrse mediante la supresión o restricción desproporcionada de las libertades públicas, puesto que el desafío de la democracia es permitir el más amplio y vigoroso ejercicio de las libertades ciudadanas.

Adicionalmente, la Corte reconoce que excepcionalmente y con estricto respeto por el marco dispuesto en las normas constitucionales y legales aplicables, también las asambleas y concejos distritales y municipales pueden, dentro de ámbitos normativos específicos y con sujeción a lo dispuesto por el legislador nacional sobre el particular, dictar normas de policía, con un alcance circunscrito tanto en lo territorial como en lo material.

Continúa señalando que sólo al Congreso de la República corresponde expedir las normas restrictivas de las libertades y derechos ciudadanos con base en razones de orden público e interés general, con pleno respeto por los límites establecidos en la Carta y en los tratados internacionales (se refiere específicamente al artículo 30 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos) que protegen los derechos humanos (art. 93 C.P.).

Ello implica que el poder de policía del que es titular el Congreso de la República "no puede coexistir (con) un poder de policía subsidiario o residual en cabeza de las autoridades administrativas, así éstas sean también de origen representativo como el Presidente de la República, los Gobernadores y Alcaldes y las corporaciones administrativas de elección popular -asambleas departamentales y concejos municipales-, pues, se repite, el órgano legislativo es quien detenta en forma exclusiva y excluyente la competencia para limitar tales derechos y libertades públicas." (Sentencia C-790/02).

Sin embargo, continúa la Corte, la imposibilidad de que coexista el poder de policía del Congreso de la República con otros poderes de policía "residuales" en cabeza de autoridades administrativas, no riñe con el hecho de que la Constitución Política también ha asignado a las corporaciones plurales representativas del orden territorial el poder de dictar normas de policía dentro de ámbitos específicos y concretos, con acatamiento de los dispuesto por el Legislador nacional en la materia, y únicamente dentro de las esferas materiales previstas por el Constituyente.

Las atribuciones que en materia policiva asigna directamente la Constitución a las asambleas y a los concejos municipales en los artículos 300-8 y 313 no pueden ser entendidas como el reconocimiento a dichas corporaciones de un poder de policía autónomo y absoluto para limitar de manera general derechos y libertades públicas, pues no puede olvidarse que en materia de derechos fundamentales el poder de policía está reservado al legislador, y además porque conforme a lo dispuesto en el artículo 287 Superior las competencias de las autoridades locales deben ejercerse dentro de los limites de la Constitución y la ley (C-790/02).

A continuación, enuncia el apoderado del Distrito Capital, la Corte procede a analizar el alcance de las competencias reglamentarias de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, y los límites constitucionales de imperativa observancia.

Con fundamento especial en las Sentencias C-790 de 2002, C-825 de 2004 y C-024 de 1994, la Corte arriba a la conclusión de que es únicamente el Congreso de la República el que está Constitucionalmente habilitado para dictar normas de policía que limiten o restrinjan los derechos fundamentales de los asociados, y que dentro del marco normativo que éste señale, las corporaciones de elección popular en las cuales el Constituyente radicó expresa y específicamente la atribución de dictar normas de policía en ciertos ámbitos pueden dictar normas generales y abstractas en la materia, sin exceder ni modificar lo establecido en la ley nacional.

Así, las Asambleas fueron investidas por el artículo 300-8 de la Carta de una facultad para "dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal". Esta disposición no faculta a estas corporaciones para (i) reglamentar aquellos asuntos que no han sido regulados en absoluto por el legislador, ni para (ii) reglamentar lo que el legislador ha regulado sólo parcialmente en aquellos ámbitos no regulados por éste; cualquiera de estas dos interpretaciones implicaría desconocer la reserva estricta de la ley que pesa sobre cualquier limitación o restricción normativa del ejercicio de los derechos fundamentales.

Esta disposición debe interpretarse como "una autorización para que las asambleas dicten reglamentos de policía en aquellos temas que no están sujetos a una reserva legal. Ello comprende, por ejemplo, los aspectos que son necesarios para responder a las especificidades departamentales, distritales o municipales , sin establecer limitaciones o restricciones adicionales a los derechos de los ciudadanos que no hayan sido previstas o autorizadas con anterioridad por el Legislador Nacional, y con pleno respeto por las normas legales y constitucionales pertinentes."

En ese orden de ideas, señala la Corte, corresponde al Congreso de la República dictar (a) las bases que deben respetar las asambleas al momento de dictar ordenanzas en materia de policía, (b) los ámbitos de acción dentro de los cuales las asambleas pueden ejercer la facultad normativa, así como los parámetros que deben observar, y (c) las prohibiciones a las que están sujetas las Asambleas en ejercicio de dicha facultad.

En ese mismo sentido, las atribuciones constitucionales a los concejos municipales en materia de policía (313-7 313-9), deben ser interpretadas como una autorización constitucional para establecer normas necesarias para responder a esos específicos ámbitos a las particularidades y necesidades concretas de sus respectivos municipios, y no como una potestad autónoma o residual para establecer limitaciones o restricciones a los derechos constitucionales, entre ellas sanciones policivas, que no han sido previstas por el Congreso de la República.

En consecuencia, corresponde al Congreso de la República establecer (a) las bases para que los concejos dicten acuerdos en estas dos esferas, (b) la delimitación concreta del alcance da cada uno de estos dos ámbitos de reglamentación, y (c) las prohibiciones a las que están sujetos los Concejos en ejercicio de dicha atribución.

En tal sentido y con fundamento en la doctrina constitucional citada, la Corte declara inexequible el parte demandado del artículo 226 del Código Nacional de Policía: "Artículo 226. La medida correctiva aplicable será, en cada caso, la indicada en la ley o en el reglamento."

Lo anterior, al considerar que el aparte destacado resulta contrario a la Constitución Política, en la medida en que es únicamente el Congreso de la República, como órgano democrático y representativo a quien se le ha confiado y reservado el poder de policía a nivel nacional, el que está constitucionalmente habilitado para dictar normas que limiten o restrinjan los derechos constitucionales de los asociados, función que no puede ser cumplida mediante un reglamento.

Por lo tanto, sólo el Congreso mediante leyes puede crear legítimamente este tipo de medidas, o autorizar su creación; una norma que, como la demandada, atribuye a las autoridades administrativas la facultad de establecer medidas correctivas adicionales mediante reglamento contraría la reserva de ley en este campo y resulta, por lo tanto, inconstitucional.

A continuación, el apoderado del Distrito Capital presente las siguientes conclusiones:

-En el fallo de la Corte Constitucional, quedó sentado que la regla ordinaria es que sólo el Congreso ejerce el poder de policía pues únicamente este órgano estatal puede, dentro del marco de los principios y valores consagrados por la Constitución, regular y limitar los derechos y libertades.

-En ese sentido, explica la Corte que la competencia asignada en la Constitución a las Asambleas Departamentales no constituye un poder de policía autónomo o residual en virtud del cual las asambleas pueden limitar o restringir derechos ciudadanos.

-Por tanto, no están facultadas para (i) reglamentar aquellos asuntos que no han sido regulados en absoluto por el legislador, ni para (ii) reglamentar lo que el legislador ha regulado sólo parcialmente en aquellos ámbitos no regulados por éste.

-Esta jurisprudencia, que posteriormente es ratificada en las Sentencias C-790 de 2002 y C-825 de 2004, conduce a la Corte a reiterar que es exclusivamente el Congreso de la República, como órgano democrático y representativo a quien se le ha confiado y reservado el poder de policía en el ámbito nacional, el que está constitucionalmente habilitado para dictar normas que limiten o restrinjan los derechos constitucionales de los asociados, función que no puede ser cumplida mediante un reglamento.

-Entre los aspectos novedosos de esta Sentencia (C-593-05), resulta de interés el que al parecer la Corte sugiere que para que las entidades territoriales señaladas anteriormente puedan dictar las normas de policía que les autoriza la Constitución y con el propósito de que las mismas no desborden los límites impuestos en esta y en la ley, es necesario que el Congreso de la República, a través del instrumento legal que corresponda, indique (a) las bases que deben respetar las asambleas y concejos al momento de dictar ordenanzas y acuerdos en materia de policía, (b) los ámbitos de acción dentro de los cuales las asambleas y concejos pueden ejercer la facultad normativa, así como los parámetros que deben observar, y (c) las prohibiciones a las que están sujetas las asambleas y concejos en ejercicio de dicha facultad.

Finalmente, el apoderado del Distrito Capital hace una comparación entre la jurisprudencia de la Jurisdicción Constitucional con la de lo Contencioso Administrativo, y enuncia los matices que, en uno y otro caso, gravitan en torno de la competencias de las autoridades de policía distritales en relación con el poder de policía.

El apoderado del Distrito Capital considera que debe trabajarse más a fondo para determinar la incidencia que tiene para las disposiciones del Código de Policía del Distrito el fallo de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, explica, que con el recuento anterior, se determina que la Jurisprudencia ha ido evolucionando, desde un primer criterio, de acuerdo con el cual, las asambleas departamentales (y aquí va introducido el Concejo Distrital por su régimen especial) pueden restringir derechos fundamentales en lo no regulado por la ley, hasta llegar al último criterio de acuerdo según el cual, el único que puede restringir derechos fundamentales es el legislador, y eventualmente las autoridades administrativas, por autorización de la ley, para casos específicos, concretos y delimitados.

Por lo tanto, consecuencia del desarrollo jurisprudencial, es que no se puede interpretar la facultad otorgada a las asambleas departamentales por la Constitución Nacional, como una cláusula abierta para restringir los derechos, sino, una facultad para conservar derechos.

Así, el Código Distrital de Policía perdería su sustento en lo que se reglamenta, restringiendo derechos fundamentales sin una autorización clara, concreta y específica de la ley.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité agradece al apoderado del Distrito Capital su exposición y abre la deliberación.

El Subdirector de Conceptos considera que el estudio del doctor Henry Alberto González debe ser armonizado con otros dos elaborados por las Subdirecciones de Estudios y de Conceptos, para lo cual propone la instalación de una mesa de trabajo conjunta, para unificar la posición jurídica.

Advierte además que la Secretaría de Gobierno se encuentra trabajando igualmente un análisis de la decisión de la Corte Constitucional y las consecuencias que traería para el Código Distrital de Policía.

De otra parte, considera que la defensa de la norma por parte de las autoridades nacionales no fue la más idónea, ya que no explicaron la distribución de competencias entre el legislador y las corporaciones públicas territoriales, las cuales habían sido decantadas por la misma Corte y el Consejo de Estado.

La Asesora de la Dirección Jurídica está de acuerdo con esta propuesta y anota que la Subdirección de Estudios suministrará el apoyo necesario para evacuar el análisis.

El Secretario Técnico del Comité solicita que dentro del concepto al que se arribe se debe considerar el riesgo judicial que conllevaría adoptar una posición respecto de las demandas judiciales que se tramitan ante el Contencioso Administrativo respecto de las normas de policía.

La Presidente del Comité considera que el asunto debe mirarse igualmente a la luz del concepto de Estado Unitario de la República de Colombia, ya que es frecuente que los ciudadanos no tengan suficiente certeza respecto de las normas de policía que limitan sus libertades en distintos municipios y departamentos.

El Subdirector de Gestión Judicial considera importante que luego del estudio el Comité adopte una línea de defensa para estos procesos judiciales, ya que es imprescindible que los abogados de la Subdirección tengan una posición unificada en la materia.

A continuación, la Presidente del Comité somete a decisión de los miembros la proposición de instalación de una mesa de trabajo conjunta entre las Subdirecciones de Gestión Judicial, de Conceptos y de Estudios, a la cual el Comité solicita que presente sus consideraciones en sesiones siguientes del Comité:

-La Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

-El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

-El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

El Secretario Técnico del Comité informa a los miembros que conforme al Reglamento Interno, en este Comité de Conciliación los miembros e invitados al mismo podrán proponer los correctivos de prevención de daños antijurídicos respecto de los procesos que haya decidido conciliar la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité considera que los correctivos de prevención de daño antijurídico y de defensa judicial del Distrito Capital han sido plasmados en las diferentes Directivas, Circulares y Políticas aprobadas por el Comité a lo largo del año.

Por tanto, considera que este punto debería evacuarse con el trabajo de compilación de las políticas de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico que elabore el Secretario Técnico del Comité, con base en la información que le remitan los miembros e invitados del Comité.

A continuación, la Presidente del Comité somete a decisión de los miembros la proposición de unificar el trámite de este asunto al procedimiento de compilación de las políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, decido anteriormente:

-La Presidente del Comité de Conciliación: La aprueba.

-El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

-El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

La apoderada del Distrito Capital expone que el Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., decidió iniciar acción de repetición a raíz de la declaratoria de la nulidad y restablecimiento del derecho de la Resolución 959 del 17 de junio de 1991 que declaró insubsistente el nombramiento realizado a MARÍA CRISTINA RUÍZ BETANCUR, en el cargo que ocupaba de Profesional Especializado XI A Analista Financiero - Unidad de Operación Bancaria.

El acto administrativo fue suscrito por el entonces Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., Juan Martín Caicedo Ferrer, la ex Secretaria de Hacienda, Sonia Durán de Infante, y la Tesorera Distrital, Hilda María Pardo Hasche.

En su sentencia, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del 17 de octubre de 1996, declara la nulidad del acto por desviación de poder.

El Distrito Capital cumple la sentencia inicialmente en 2 pagos; el 18 de julio de 1997, por la suma de $97.434.323, y el 20 de marzo de 1998, por la suma de $16.280.769. Total $113.715.092, por concepto de los salarios dejados de percibir y demás emolumentos desde el momento del retiro del servicio hasta la fecha del reintegro.

Así entonces, el Comité de Conciliación decide iniciar acción de repetición en contra del Alcalde Mayor, la Secretaria de Hacienda y la Tesorera Distrital, acción que se tramita ante el Consejo de Estado bajo el radicado 1999-00058 y se encuentra al Despacho para fallo.

El asunto estuvo a cargo de la doctora Claudia Patricia García, quien sustituyó en la doctora Waldina Gómez Carmona, y actualmente la representación judicial del asunto la lleva la doctora Nahir Lucía Zapata Arboleda, en quien se han concentrado las acciones de repetición.

Posteriormente, la Secretaría General realizó un pago posterior el 21 de diciembre de 2000 por valor de $4.090.132, este último pago correspondió a los aportes desde el año 1996 hasta la fecha del reintegro, por concepto de los aportes a pensión al ISS.

A raíz de este pago, el asunto se presentó nuevamente al Comité de Conciliación, recomendándole iniciar acción de repetición por similares razones pero sólo contra Hilda María Pardo Hasche y por la totalidad de todos los pagos efectuados por la entidad: $117.805.240, sin que se le hubiera advertido al Comité de Conciliación el inicio de la primera acción judicial.

La nueva acción judicial se identifica bajo el radicado 2003-00147 y se encuentra en trámite de notificación a la demandada.

Así entonces, la apoderada del Distrito Capital explica que el Comité no fue avisado de que con la segunda decisión iniciaría 2 acciones por los mismos hechos y cuantía, la primera, contra el ex Alcalde Mayor, la ex Secretaria de Hacienda y la ex Tesorera, la segunda, sólo contra la ex Tesorera.

La apoderada expresa que cuando se percató de la existencia de las 2 acciones de repetición, solicitó al Tribunal la expedición de una certificación de la existencia de los 2 procesos, con el propósito de presentar al Consejo de Estado solicitud de acumulación.

Posteriormente, el Tribunal requiere a la apoderada para que notifique la demanda y de impulso al proceso. La apoderada expresa que solicitó al DAS, en diciembre de 2004, la certificación de la dirección de la demandada, oficio que llegó el 16 de febrero de 2005, poniéndole en manos del Tribunal esta información el 28 de febrero de 2005.

El 5 de abril de 2005 el Tribunal profirió auto que ordenó notificar a la demandada en la nueva dirección, la apoderada explica que no se pagó la notificación por cuanto la Secretaría General remitió la comunicación por ADPOSTAL, para informarle a la demandada sobre la existencia del proceso, con reporte del 6 de abril, que indica que la demandada, Hilda María Pardo Hasche, no reside allí.

El 30 de junio de 2005, el Tribunal decidió entender por no presentada la demanda, en la acción de repetición 2003-00147, toda vez que no se había podido notificar la demanda y la apoderada presentó recurso de súplica, porque considera que ha realizado todas las gestiones para impulsar el proceso y no procede la sanción de entender por no presentada la demanda.

La apoderada del Distrito Capital solicita autorización para retirar la demanda presentada el pasado 16 de diciembre de 2002, bajo radicación 2003-00147, habida cuenta de que la acción de repetición no es desistible.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité expresa que frente a los errores procesales que pudiere haberse cometido, el Comité no es competente para darle instrucciones a la apoderada, ya que este es un asunto propio del resorte de la Subdirección de Gestión Judicial y de la apoderada contratista.

De otra parte, la Presidente del Comité expresa su gran preocupación con este asunto, ya que al Comité, cuando se le presentó por segunda vez el tema, no se le informó de la existencia de la primera acción de repetición.

Manifiesta no estar de acuerdo con la posición de la apoderada, toda vez que con esta tesis se estarían dejando de repetir $4.090.132 y pregunta a la apoderada si la primera demanda presentada, acción de repetición 1999-00058, podría reformarse adicionando los $4.090.132.

La apoderada del Distrito Capital manifiesta que no, en la medida que el proceso ya se encuentra al Despacho para dictar sentencia.

El Subdirector de Conceptos insiste en la necesidad de que exista un sistema de información que permita hacer una relatoría de las decisiones del Comité de Conciliación, ya que cuando se presentó la segunda vez al Comité el asunto el mismo no fue informado de su decisión anterior.

El Secretario Técnico del Comité de Conciliación informa al Subdirector y demás miembros del Comité que se está adelantando el diseño e implementación de un módulo dentro del SIPROJ relativo a los Comités de Conciliación y sus decisiones.

El Secretario Técnico del Comité expresa que existe el riesgo para la Secretaría General de obtener una sentencia adversa en este proceso y ser condenada en costas por una práctica obstructiva de la justicia.

Expresa además, que tampoco comparte la recomendación de la apoderada, ya que esto implicaría en últimas desistir de una acción que la ley ha regulado como no desistible.

La Asesora de la Dirección Jurídica recomienda que la segunda acción de repetición se reforme por la cuantía que en realidad falta por recuperar y que no se tuvo en cuenta para la primera acción.

El Subdirector de Gestión Judicial expresa que el asunto se trae al Comité de Conciliación por 2 razones fundamentales: La primera, ponerlo al tanto de la existencia de las 2 acciones de repetición. La segunda, proponerle una fórmula de modificación de su segunda decisión, compartiendo la fórmula de la Asesora de la Dirección Jurídica.

La Presidente del Comité expresa que además de reformar en la segunda acción de repetición la cuantía de la demanda, debería igualmente reformarse los demandados e incluir los mismos de la primera acción de repetición, ya que no es coherente que por los mismos hechos en una se inicie la acción de repetición contra 3 funcionarios y en la segunda sólo contra 1 funcionario.

En tal sentido unifica las dos propuestas.

La Presidente del Comité de Conciliación somete a consideración de los miembros la proposición de modificar la decisión del 12 de agosto de 2002 en el sentido de pretender mediante la acción de repetición la recuperación de $4.090.132, por concepto del último pago efectuado por la Secretaría General dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la ciudadana María Cristina Ruíz Betancur, al igual que modificar los demandados, incluyendo a los mismos demandados de la acción de repetición 1999-00058.

La Presidente del Comité: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

El Secretario Técnico del Comité manifiesta que la apoderada del Distrito Capital ha considerado importante presentar un análisis jurisprudencial a raíz del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso 2003-01350.

Este proceso se inició en contra de la Jefe de Personal de la Secretaría de Gobierno, doctora Blanca Doris Useche Buitrago, por la condena proferida por el Tribunal dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la ciudadana Raquel Orlando Vargas, radicado 1998-48030.

El acto demandado por el citado ciudadano fue la Resolución 1370, suscrito por la Secretaría de Gobierno, doctora Alicia Eugenia Silva Nigris, quien declaró vacante el cargo del actor por abandono del mismo, ordenado posteriormente la apertura de una investigación disciplinaria.

El Jefe inmediato el actor era la entonces Alcaldesa Local de Tunjuelito, Betty Romero Moreno, quien informó la inasistencia injustificada de la funcionaria declarada insubsistente.

A la Secretaria de Gobierno le correspondió suscribir el acto que se preparó por la Jefe de Personal.

A la Jefe de Personal le correspondió convocar y presentar el caso ante la Comisión de Personal. La Jefatura de Personal conoció del recurso de apelación interpuesto por la demandante por su desvinculación, el cual rechazó por extemporáneo.

A la Comisión de Personal, integrada por el Subsecretario de Asuntos para la Convivencia Ciudadana, el Director de la Oficina Jurídica, el representante de los trabajadores, el Secretario Ad Hoc y la Jefe de la División de Recursos Humanos, conceptuaron que se debía declarar la vacancia del cargo ocupado por la funcionaria Raquel Orlando Vargas, por abandono del mismo.

El Tribunal negó las súplicas de la demanda, por cuanto consideró que la Jefe de Personal había sido inducida al error, ya que el Tribunal concluyó que "si bien la decisión de la Comisión de Personal, a la cual pertenecía la demandada fue desacertada, ésta se basó en información imprecisa proveniente de la Alcaldía Local de Fontibón, cuando afirmó que Raquel Orlando Vargas no había asistido a trabajar el 19 de abril de 1997, cuando lo cierto es que para ese día no le correspondía turno laboral, situación que estaba en capacidad de advertir la misma Alcaldía Local. Además informó correctamente que la citada funcionaria había faltado a su trabajo injustificadamente durante los días 21, 23 y 24 de abril cuando en el proceso de nulidad y restablecimiento se demostró que sí había asistido, según pudo verificar el Tribunal con copias del libro de registro de asistencias, al cual debió permitirse la misma Alcaldía Local antes de suministrar la información a la Jefe de Personal Blanca Doris Useche

Así las cosas la Comisión de Personal no recibió una información precisa y cierta acerca de la inasistencia de Raquel Orlando Vargas por parte de la Alcaldía Local de Fontibón, lo cual indujo a la declaratoria de vacancia del cargo".

Así las cosas, la apoderada considera que el fallo del Tribunal trae consigo una tesis jurídica importante: "no existe responsabilidad jurídica patrimonial a título de culpa grave cuando se advierte que se ha inducido en error al funcionario que tenía que preparar o tomar una decisión".

Por el contrario, afirma, que esta tesis en sentido contrario establecería que "hay responsabilidad a título de culpa grave o dolo en cabeza de quien induce en error a la administración para tomar una decisión".

Finalmente, la apoderada manifiesta que actualmente la decisión se encuentra apelada, pendiente de la admisión del recurso.

El Secretario Técnico informa a los miembros del Comité que en este asunto no existe recomendación del apoderado, ya que se trata de un informe jurisprudencial para que el Comité de Conciliación conozca el comportamiento jurisprudencial que incide en su línea de decisión respecto de las acciones de repetición.

En efecto, en sesión del 14 de abril del 2004, se ordenó el inicio de una acción de repetición en contra de los funcionarios que suscribieron el acto (Caso de Jaime Hernando Cortés Casas), la línea fue ratificada en sesión del 2 de junio del 2004 (Caso de Etelvina Ruiz, nota: se inició contra la Secretaria General, pero no contra el Alcalde).

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité agradece la información suministrada al Comité de Conciliación y manifiesta que dada la tesis del Tribunal, que fijó la responsabilidad varios niveles administrativos inferiores a quien finalmente adopta la decisión.

Por lo tanto, considera pertinente que en los estudios de repetición se haga una profunda indagación respecto de los antecedentes administrativos que dieron origen a la decisión y los funcionarios que intervinieron en los mismos, al igual que su incidencia en la decisión.

El Subdirector de Conceptos considera que dentro de las políticas que se están consolidando debería hacerse mención a esta jurisprudencia y su impacto para los análisis que igualmente efectúan los demás Comités.

El Secretario Técnico toma nota para incluir este punto en la consolidación de las políticas del Comité de Conciliación.

La Asesora de la Dirección Jurídica considera que la línea del Comité de Conciliación debe mantenerse, pero previo estudio detallado que se haga de los antecedentes.

La Presidente del Comité presenta como proposición la inclusión de este asunto en la consolidación de las políticas que efectúa el Secretario Técnico y que en los estudios técnicos de repetición debe realizarse un análisis detallado de los antecedentes administrativos que rodearon la decisión, los funcionarios que intervinieron y la incidencia de las actuaciones de los mismos en aquella.

La Presidente del Comité somete a consideración la proposición de incluir este asunto en la consolidación de las políticas que efectúa el Secretario Técnico y que en los estudios técnicos de repetición debe realizarse un análisis detallado de los antecedentes administrativos que rodearon la decisión, los funcionarios que intervinieron y la incidencia de las actuaciones de los mismos en aquella.

La Presidente del Comité: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

La apoderada del Distrito Capital informa que el estudio técnico de repetición fue realizado por el doctor Germán Medina, quien recomendó no iniciar acción de repetición.

No obstante, se partió de su análisis del presupuesto que no se había realizado por parte del funcionario de la Secretaría de Obras Públicas contrato de trabajo a término fijo tal y como lo señala el Decreto Nacional 2127 de 1945.

En efecto, la acción de repetición tuvo su origen en el proceso laboral ordinario de Héctor Santiago Alvarado contra Bogotá, Distrito Capital, por su retiro del servicio el 31 de diciembre de 1994, por terminación del plazo legal del contrato a término fijo.

Por concepto de indemnizaciones, al actor se le pagaron $28.032.058.

La Jurisdicción Laboral concluyó que el despido no había sido acorde al ordenamiento jurídico ya que no existió prueba por escrito del contrato laboral a término fijo, el cual no puede ser demostrado por testimonios.

Así entonces, el juez entendió que el contrato laboral era a término indefinido y condenó a la indemnización.

La apoderada informa que actualmente el proceso de Acción de Repetición 2004 0326 se encuentra en traslado para alegar de conclusión, no encontrando muchas probabilidades de éxito, toda vez que en el período probatorio la demandada, María Aguedita Ulloa, en su calidad de ex Jefe de Personal de la Secretaría de Obras Públicas, aportó el escrito contentivo del contrato laboral a término fijo, expresando que no sabría, qué alegar de conclusión en este caso.

El Secretario Técnico informa a los miembros del Comité que en este asunto no existe recomendación del apoderado, ya que se trata de un informe respecto del comportamiento de los procesos de acción de repetición ordenados por el Comité.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité de Conciliación considera que el Comité de conciliación no es el escenario para que los apoderados del Distrito Capital, máxime abogados externos, indaguen al Comité sobre que deben o no alegar de conclusión.

En segundo lugar, considera que el estudio de acción de repetición presentado en su oportunidad al Comité no analizó profundamente los antecedentes administrativos del caso, ya que lo que al parecer ocurrió fue un error en la defensa judicial del asunto a nivel probatorio.

El Subdirector de Gestión Judicial está de acuerdo con las consideraciones de la Presidente del Comité, manifiesta que la apoderada debe indagar en la Secretaría de Obras Públicas si la Justicia Laboral Ordinaria o el apoderado del Distrito Capital del proceso laboral solicitaron copia del contrato laboral a término fijo, quién atendió la solicitud y cuál fue el trámite dado a la misma.

Lo anterior, para descartar que la remisión de la copia del contrato no hubiere estado a cargo de la demandada, doctora María Aguedita Ulloa.

El Jefe de la Oficina de Control Interno considera importante que en los estudios técnicos de repetición se incluya un capítulo de análisis de la defensa del Distrito Capital, si hubo fallas o deficiencias probatorias.

La Presidente del Comité somete a consideración la proposición del Subdirector de Gestión Judicial y del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

La Presidente del Comité: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

La apoderada del Distrito Capital manifiesta que el asunto se trae a deliberación del Comité de Conciliación a raíz de la solicitud del Secretario Técnico de analizarlo a la luz de la última Circular del Contralor de Bogotá, D.C., y de los fallos del Consejo de Estado, en acción de cumplimiento por parte de la Sección IV y de la Sala de Consulta y del Servicio Civil y por la investigación que actualmente ha iniciado la Procuraduría General de la Nación, en contra del Presidente del Consejo por no haber iniciado la acción de repetición en este caso.

Este asunto se había traído por primera vez al Comité de Conciliación el 6 de octubre de 2004, en el cual se decidió no iniciar la acción de repetición, argumentando que no hay culpa grave o error inexcusable sino falta de interpretación contextual de las normas por parte del funcionario o funcionarios que privilegiaron el factor de edad de retiro forzoso al fuero.

El caso, es de recordar, gravita en torno del retiro de una funcionaria del Concejo de Bogotá, D.C., quien superó la edad de retiro forzoso de 65 años y se encontraba aforada.

En su sentencia, el Juzgado 18 Laboral del Circuito consideró que el despido fue contrario al ordenamiento jurídico ya que estando aforada, el empleador para poder desvincularla del cargo debía haber solicitado el levantamiento judicial del fuero sindical de la actora, por tanto el despido devino ilegal e injusto.

Determina que se han violado la Constitución y las normas legales que protegen el fuero.

El Tribunal Administrativo anotó que no se oponen a las garantías que consagran la Constitución Nacional y la Ley respecto al fuero sindical y la edad de retiro forzoso, razón por la cual el empleador debió haber solicitado el levantamiento judicial del fuero sindical. La tesis del interés general no es aplicable, ya que en estos casos el fuero sindical es, al igual de la edad de retiro forzoso, norma de orden público indisponible por las partes.

El Tribunal determina que se han violado la Constitución y las normas legales que protegen el fuero.

Respecto de la participación de los funcionarios en la adopción de la decisión, la apoderada explica que en este caso le correspondía al Director de Relaciones Industriales la función administrativa de personal y la Comisión de Personal.

La Mesa Directiva fue quien suscribió los actos administrativos de desvinculación.

La apoderada analiza los pronunciamientos del Consejo de Estado, Sección Quinta del 22 de abril del 2005 y de la Sala de Consulta del Servicio Civil, al igual que las Circulares del Contralor, concluyendo que a los Comités les corresponde evaluar la procedencia de la acción de repetición, no la responsabilidad del agente estatal, por tanto, cuando el juez de la causa determina que ha existido una de las presunciones de dolo o culpa grave de la Ley 678 de 2001, el Comité de Conciliación no puede desatender tal situación, debiendo iniciar la acción de repetición si se cumplen los demás requisitos de procedibilidad del caso.

Bajo esta circunstancia, se haría recomendable iniciar la acción de repetición, la cual no ha caducado, ya que esta institución procesal operaría el próximo 30 de abril de 2006.

La apoderada del Distrito Capital considera que siguiendo el lineamiento del Consejo de Estado y del Contralor de Bogotá, D.C., debe iniciare acción de repetición en contra de los miembros de la Mesa Directiva del Concejo de Bogotá, D.C., doctores María Victoria Vargas Silva, Flavio E Maya Escobar y Fabiola E Posada Pinedo; Manuel Vicente López López, Secretario General y Elemir Eduardo Pinto Díaz, Director de Relaciones Industriales, por haber preparado, proyectado y revisado y/o suscrito el acto administrativo que ordenó el retiro de la señora Dila María Zúñiga, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso ante el Juez Laboral, al estar amparada la funcionaria en calidad de fundadora del Sindicato del Concejo Distrital.

La imputación sería a título de culpa grave por infracción directa e inexcusable a la Constitución Política, Artículo 4, 39; los Convenios Internacionales del Trabajo 98, Código Sustantivo del Trabajo artículos 408 y artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-La Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

La Presidente del Comité instala la deliberación.

La Presidente del Comité considera que el asunto es importante ya que del mismo dependería la política que está trabajando la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

El Subdirector de Conceptos pregunta a la apoderada si para la elaboración de la ficha ha tenido en cuenta los recursos administrativos y antecedentes relativos al retiro del servicio de la funcionaria.

La apoderada del Distrito Capital informa que ha examinado los fallos judiciales y las pruebas dentro de estos procesos.

El Subdirector de Conceptos considera que debe solicitarse al Concejo de Bogotá, D.C. la remisión de todos los antecedentes de la vinculación y desvinculación de la servidora pública para que no ocurran situaciones similares a las expuestas por la apoderada en los informes de los puntos anteriores del orden del día.

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno pregunta sobre si se ha efectuado el cómputo de la caducidad de la acción de repetición a la luz de la Sentencia 832 de 2001.

La apoderada del Distrito Capital explica que tiene una dificultad para hacer el cómputo, ya que existen dos decisiones judiciales a partir de las cuales se podría computar el mismo: la ejecutoria de la sentencia de 2ª instancia o la ejecutoria del auto que aprueba la liquidación de las costas y procede a efectuar el cálculo:

La sentencia quedó ejecutoriada el 8 de noviembre de 2002.

Los 18 meses para el pago oportuno se vencieron el 8 de mayo de 2004.

El último pago se efectúo el 25 de noviembre de 2004, por fuera de los 18 meses.

Caducidad: 8 de mayo de 2006.

El auto aprobatorio de las costas quedó ejecutoriado el 14 de abril de 2003.

Los 18 meses para el pago oportuno se vencieron el 14 de octubre de 2004.

El último pago se efectuó el 25 de noviembre de 2004, por fuera de los 18 meses.

Caducidad: 14 de octubre de 2006.

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno manifiesta que con tal información la fecha de 30 de abril de 2006, plasmada en la ficha, estaría equivocada.

La Presidente del Comité considera que es a la apoderada a quien le corresponde hacer este análisis técnico y debe recomendar cuál de las dos fechas debe emplear el Comité.

La apoderada del Distrito Capital considera que debe emplearse la fecha menos favorable, es decir, la del 8 de mayo de 2006.

La Presidente del Comité considera que dado lo avanzado de la sesión y que aún faltan más temas por evacuar, el asunto debe, adicionarse con la información solicitada por el Subdirector de Conceptos, y presentarse en otra fecha al Comité.

La Presidente del Comité somete a consideración la proposición de aplazar el asunto y presentarlo nuevamente en otra sesión, adicionando la información y antecedentes administrativos solicitados por el Subdirector de Conceptos:

La Presidente del Comité: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

Dado lo avanzado de la sesión y por razones del servicio, en la medida que los miembros han adquirido compromisos con anterioridad, la Presidente del Comité propone continuar con la sesión del Comité el 17 de agosto de 2005, a partir de las 8:00 A.M.

La Presidente del Comité: Aprueba la suspensión de la sesión.

El Subdirector de Gestión Judicial: Aprueba la suspensión de la sesión.

El Subdirector de Conceptos: Aprueba la suspensión de la sesión.

3.6 El Secretario Técnico informa que el Ministerio del Interior y de Justicia y el Director de la Dirección de Gestión Corporativa han presentado excusa por razones del servicio, las cuales les impiden asistir a la sesión del Comité.

La Secretaría Técnica informa a los miembros del Comité que hay quórum para realizar la sesión toda vez que se encuentran presentes 4 de los 5 miembros del Comité.

A esta sesión asisten los siguientes miembros e invitados permanentes:

- Dr. Luis Miguel Domínguez García, Presidente del Comité y delegado del Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

- Dra. Martha Yaneth Veleño Quintero, Directora Jurídica Distrital.

- Dr. Héctor Díaz Moreno, Subdirector de Gestión Judicial.

- Dr. Manuel Ávila Olarte, Subdirector de Conceptos

- Dr. Harold Alzate Riascos, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno.

- Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, Asesora de la Dirección Jurídica.

- Dr. Camilo José Orrego Morales.

Los miembros del Comité aprueban continuar con la sesión, evacuando los asuntos del orden del día aprobado en la I parte de la Sesión del 16 de agosto del 2005.

Los hechos se refieren al accidente ocurrido el pasado 13 de abril de 2005, en la Avenida 68 con Calle 80, en el cual el ciudadano José Ricardo Molina Rodríguez se transportaba en una moto cuando se accidentó por la falta de tapas de dos alcantarillas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.C., y de la ETB.

A raíz del accidente, el solicitante resultó con fractura de húmero y varias heridas en su cuerpo.

Pretende que se le paguen $1.400.000 por los salarios dejados de percibir, lucro cesante, y $701.500 por los arreglos de la moto, daño emergente, y pide valoración del perjuicio moral y fisiológico.

La ETB solicitó la vinculación de LA PREVISORA a la audiencia de conciliación.

Por tratarse de hechos imputables a la EAAB y la ETB, solicita aplicar la política del 4 de mayo de 2004, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

-La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que debe aplicarse la política y salvo alguna objeción o comentario adicional de alguno de los miembros o invitados a la sesión, procederían a votar la aplicación de la política.

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros del Comité la proposición del apoderado del Distrito Capital de aplicar la política adoptada el 4 de mayo, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Presidente del Comité: La aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

La ciudadana pretende que el IDU y la Alcaldía Local de Engativá adopten las medidas necesarias para que cese el peligro inminente en el puente peatonal de la Carrera 50 con Avenida El Dorado, ya que dado su deterioro genera peligros para los peatones.

El apoderado explica que conforme a los Decretos Distritales 990 de 1997 y 656 de 1999, le corresponde al IDU el mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares, por tanto los hechos y peticiones de la ciudadana son atribuibles exclusivamente a este Instituto.

No obstante ello, el IDU, quien no ha sido vinculado al proceso, pero ha manifestado que el puente no reviste peligro y que no debería construirse uno nuevo hasta tanto no se termine con la adecuación de la Avenida El Dorado al Sistema Transmilenio.

Adicionalmente, la Secretaría de Gobierno informa que el puente a finales del año pasado tuvo un reforzamiento estructural.

Por tratarse de hechos imputables al IDU, solicita aplicar la política adoptada el 4 de mayo de 2005, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que debe aplicarse la política y salvo alguna objeción o comentario adicional de alguno de los miembros o invitados a la sesión, procederían a votar la aplicación de la política.

El Subdirector de Conceptos considera que debe vincularse al proceso al IDU, ya que de probarse el riesgo del puente el que resultaría condenado sería Bogotá, D.C., y el IDU muy seguramente afirmaría que no cumpliría el fallo judicial por cuanto no fue parte en el proceso.

El Presidente del Comité considera que esto no es procedente, dado que el IDU es una entidad del Distrito Capital y la Secretaría General se ha propuesto como bandera evitar que las entidades del Distrito Capital se auto incriminen entre sí, se denuncien el pleito o se llamen en garantía.

Que, en tal sentido, podría, en la audiencia, dejarse constancia que es al IDU y no al sector central del Distrito Capital a quien corresponde efectuar las reparaciones y mantenimientos de los puentes peatonales y vehiculares de la Ciudad.

El Subdirector de Conceptos está de acuerdo con esta estrategia propuesta por el Presidente del Comité.

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros del Comité la proposición del apoderado del Distrito Capital de aplicar la política adoptada el 4 de mayo, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Presidente del Comité: La aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

La Ciudadana interpone demanda contra el Distrito Capital pretendiendo que se ordene dotar al Cuerpo Oficial de Bomberos, COB, de los recursos humanos y técnicos necesarios que permitan evitar o reducir los efectos de un desastre natural o una calamidad.

Que existen problemas de infraestructura en algunas edificaciones del COB, en Puente Aranda, Bellavista, Garcés Navas y Marichuela y que el número de bomberos por habitantes no se ajusta a los parámetros de la National FIRE Protection Association que recomienda 1 bombero por cada 1000 habitantes, y no 1 por cada 16.836 personas, como ocurre en la actualidad.

La Secretaría de Gobierno, consultada para el pacto y para la contestación de la demanda, informó que el número de bomberos en Bogotá, D.C., es de 359 hombres, adecuadamente capacitados, suficientes, que incluso permiten apoyar otros municipios en caso de conflagraciones.

Respeto del deterioro de las estaciones del COP, afirma que a 3 de ellas ya se les efectuaron las obras de reforzamiento estructural y la última, la de Bellavista, será reubicada, y próximamente se inaugurará la nueva estación en La Candelaria.

Por tanto recomienda a la Secretaría General no presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

El apoderado recomienda no presentar fórmula de pacto de cumplimiento y acoger la recomendación de la Secretaría de Gobierno.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

-La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

La Directora Jurídica Distrital propone acoger la posición de la Secretaría de Gobierno, ya que es este organismo quien posee los conocimientos técnicos y recursos para poder informar al Comité si existe o no alguna deficiencia a nivel del COB.

El Subdirector de Gestión Judicial manifiesta estar de acuerdo con esta propuesta, ya que, como bien lo afirmó la Directora Jurídica Distrital, es la Secretaría de Gobierno la que misionalmente conoce el asunto desde el punto de vista técnico.

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros la proposición del apoderado de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, conforma la posición expresada por la Secretaría de Gobierno:

El Presidente del Comité: La aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El apoderado del Distrito Capital explica que la Junta pretende que las entidades públicas demandadas adopten las medidas necesarias para que cese el peligro inminente en el puente peatonal de la Avenida Boyacá con Calle 53, instalando rampas de acceso peatonal y con ascensores en lo posible y se ordene su mantenimiento.

Respecto de este mismo asunto, sostiene que ya hay pronunciamiento en firme de la Justicia Contenciosa, radicado 2002 ¿ 1368, en el cual el Consejo de Estado negó las mismas pretensiones por cuanto a menos de 50 mt del puente peatonal existía un paso de semáforos que garantizaba el cruce de todas las personas, sin problema alguno, por tanto considera que no debe presentarse fórmula de pacto por haber cosa juzgada.

El apoderado explica que conforme a los Decretos Distritales 990 de 1997 y 656 de 1999, le corresponde al IDU el mantenimiento de los puentes peatonales y vehiculares, por tanto los hechos y peticiones de la ciudadana son atribuibles exclusivamente a este Instituto.

En su contestación, el IDU expresa que el paso de personas discapacitadas está garantizado con el cruce de semáforos que se encuentra a menos de 50 metros del puente peatonal, y que la instalación de las rampas para un puente vehicular es de aproximadamente $800.000.000.

Por tratarse de hechos imputables al IDU, solicita aplicar la política adoptada el 4 de mayo de 2005, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

-La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que debe aplicarse la política y salvo alguna objeción o comentario adicional de alguno de los miembros o invitados a la sesión, procederían a votar la aplicación de la política.

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros del Comité la proposición del apoderado del Distrito Capital de aplicar la política del 4 de mayo, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Presidente del Comité: La aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

Los hechos acontecen en relación con el accidente ocurrido el 12 de octubre de 2003, en la Calle 74 C Sur entre Calles 88 I y 88 H, del Barrio Villa Emma, cuando el ciudadano Germán Moreno Rodríguez se transportaba en una bicicleta hacia su casa y cayó dentro de un hueco generado por unos trabajos públicos realizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, D.C., y el demandante manifestó que no habían las señalizaciones del caso.

El ciudadano tuvo un trauma diagnosticado como trauma medular cervical al caer de dos metros de altura, presentando cuadrapesia progresiva y pérdida de control de esfínteres.

El actor está internado en un albergue, al no poder caminar, cuya pensión le cuesta $300.000 mensuales y solicita el daño emergente, lucro cesante por $42.972.088, solicita como daño moral 4.000 gramos oro y perjuicio fisiológico igual suma.

Por tratarse de hechos imputables a la EAAB, solicita aplicar la política adoptada el 4 de mayo de 2005, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

-La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Presidente del Comité considera que debe aplicarse la política adoptada tantas veces citada y salvo alguna objeción o comentario adicional de alguno de los miembros o invitados a la sesión, procederían a votar la aplicación de la política.

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros del Comité la proposición del apoderado del Distrito Capital de aplicar la política del 4 de mayo, según la cual, el Distrito Capital, sector central, concurrirá sin fórmula de conciliación cuando los hechos sean imputables a entidades descentralizadas de Bogotá, D.C., las cuales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal, personalidad jurídica y se representan judicialmente a través de sus representantes legales, conforme a los estatutos.

El Presidente del Comité: La aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

El apoderado del Distrito Capital explica que la demanda la inicia el Concejal Jorge Ernesto Salamanca quien argumenta que las ESE de Bogotá, D.C., previos contratos con la Secretaría de Salud han atendido a la población vinculada sin capacidad de pago residentes en la Ciudad y a la población afiliada al régimen subsidiado que demandan servicios que no estén en el POS.

Los contratos son suscritos entre el Secretario de Salud y los gerentes de los hospitales con fundamento en el Decreto Distrital 854 de 2001.

En el año 2001, la Secretaría de Salud implementó un nuevo modelo de contratación con las ESE denominado pago fijo global prospectivo, PFPG, mediante el cual se define una meta de producción, o techo de facturación, que no puede sobrepasarse, so pena de no reconocer dicho valor, si no se llega al tope se cancela el valor facturado, constituyéndose en una relación desigual en desmedro de la salud pública.

Al proceso comparecen la Secretaría General y la Secretaría de Salud, afirmando que en este asunto le corresponde a la Secretaría de Salud la representación judicial del Distrito Capital.

En su contestación de la demanda, la Secretaría de Salud excepcionó la ineptitud sustantiva de la demanda porque no hay razones de hecho ni de derecho para estimar que se hayan violado o amenazado los derechos colectivos, la improcedencia de la acción, por cuanto el sistema de pago fijo global prospectivo se implementó en el año 1999 y no es por vía de la acción popular como se puede pretender el desmonte del sistema financiero, el cual ha venido operando normalmente.

Por tanto, se puede entrever que la acción busca que la Secretaría de Salud redefina su política de contratación con los hospitales públicos del Distrito Capital.

La Secretaría de Salud no presentará fórmula de pacto de cumplimiento ya que las dependencias técnicas han recomendado continuar con la implementación del sistema de pago fijo global.

El apoderado del Distrito Capital recomienda que el Comité se inhiba de presentar fórmula de pacto de cumplimiento en la medida que, en este caso, la representación judicial del Distrito Capital la ejerce la Secretaría de Salud, organismo que se encuentra compareciendo al proceso.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

-La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Subdirector de Conceptos manifiesta que el Concejal Salamanca ha ventilado este asunto en diversos escenarios, en los cuales ha argumentado los perjuicios que la causa a la cobertura de salud en el Distrito Capital el sistema implementado por la Secretaría de Salud respecto de las ESE.

Por lo tanto, considera que debe hacerse un control de riesgo, en el sentido de que la Secretaría de Salud examine los riesgos que podría representarle a la salud pública su forma de contratación, para lo cual considera oportuno que la Secretaría de Salud se reúna con las ESE para evaluar el análisis presentado por el Concejal.

De otra parte, considera que en este caso el Comité debe inhibirse de presentar fórmula de pacto de cumplimiento, en la medida que le corresponde a la Secretaría de Salud la defensa de los intereses públicos de la Ciudad en este proceso judicial, conforme al Decreto 203 de 2005

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros del Comité la proposición del apoderado del Distrito Capital de inhibirse de presentar fórmula de pacto de cumplimiento, en la medida que la Secretaría de Salud comparece al proceso y le corresponde representar, en este asunto, los intereses de la Ciudad, y el control de riesgo propuesto por el Subdirector de Gestión Judicial.

El Presidente del Comité: Los aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: Los aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: Los aprueba.

El Subdirector de Conceptos: Los aprueba.

El apoderado del Distrito Capital expone que mediante la acción popular se pretende que las Secretarías de Tránsito y Transporte y de Obras Públicas apliquen con pintura antideslizante todas las marcas peatonales con el fin de evitar accidentes que puedan llegar a sufrir los usuarios de las vías.

A juicio del acto, la pintura no cumple con las especificaciones técnicas necesarias.

En la medida que le corresponde a la Secretaría de Tránsito y Transporte la señalización, semaforización y demarcación de las vías en la Ciudad, conforme al Decreto 449 de 2002.

Al proceso comparece el Distrito Capital a través de 2 de sus Secretarías: la Secretaría de Tránsito y la de Obras Públicas.

Para preparar el Comité, el apoderado explica que consultó a la Secretaría de Tránsito quien considera que la señalización relacionada con la pintura en las vías de Bogotá, D.C., ofrece las garantías técnicas, ya que sus características cumplen con los parámetros señalados en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.

Por lo tanto, no hay necesidad de presentar fórmula de pacto de cumplimiento.

El apoderado del Distrito Capital recomienda que el Comité se inhiba de presentar fórmula de pacto de cumplimiento en la medida que, en este caso, la representación judicial del Distrito Capital la ejerce la Secretaría de Tránsito, organismo que se encuentra compareciendo al proceso.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

-El Presidente del Comité de Conciliación: Manifiesta no estar inhabilitado.

-La Directora Jurídica Distrital: Manifiesta no estar inhabilitada.

-El Subdirector de Gestión Judicial: Manifiesta no estar inhabilitado.

-El Subdirector de Conceptos: Manifiesta no estar inhabilitado.

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Subdirector de Conceptos manifiesta que el Concejal Salamanca ha ventilado este asunto en diversos escenarios, en los cuales ha argumentado los perjuicios que le causa a la cobertura de salud en el Distrito Capital el sistema implementado por la Secretaría de Salud respecto de las ESE.

Por lo tanto, considera que debe hacerse un control de riesgo, en el sentido de que la Secretaría de Salud examine los riesgos que podría representarle a la salud pública su forma de contratación, para lo cual considera oportuno que la Secretaría de Salud se reúna con las ESE para evaluar el análisis presentado por el Concejal.

De otra parte, considera que en este caso el Comité debe inhibirse de presentar fórmula de pacto de cumplimiento, en la medida que le corresponde a la Secretaría de Salud la defensa de los intereses públicos de la Ciudad en este proceso judicial, conforme al Decreto 214 de 2005

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros del Comité la proposición del apoderado del Distrito Capital de inhibirse de presentar fórmula de pacto de cumplimiento, en la medida que la Secretaría de Tránsito y Transporte comparece al proceso y le corresponde representar, en este asunto, los intereses de la Ciudad.

El Presidente del Comité: Los aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: Los aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: Los aprueba.

El Subdirector de Conceptos: Los aprueba.

Los hechos acontecen en relación con los deterioros de las viviendas ubicadas en la Urbanización Santa Rosa, ubicada en la Localidad de Santa Rosa.

El valor pagado en promedio por los ciudadanos fue de $20.000.000 por vivienda, con recursos propios, hipotecas y $12.000.000 de subsidio, la entidad financiera que apalancó el proyecto fue AV. VILLAS.

Los actores consideran que las viviendas no presentan una estabilidad adecuada y están pagando unas hipotecas cuantiosas por unas viviendas que no pueden utilizar.

El apoderado relata que concomitante con la ocupación de cada casa o apartamento, por el sólo hecho de haber movimiento y carga fija, las viviendas comenzaron a sufrir agrietamientos en toda su fachada, pisos, patios, habitaciones, paredes, ruptura de los tubos de agua y gas.

La Constructora afirmó que las fisuras se debían al exceso de peso de las viviendas, sin embargo, trataron de maquillar el verdadero problema de la construcción y del terreno empotrando ganchos de hierro y para que el agrietamiento no continuara, pañetaron, resanaron y pintaron dando por subsanados los hechos.

Las gestiones del constructor no sirvieron, ya que los daños se incrementaron y las viviendas generan peligro para las vidas de los residentes.

El DAPD expidió licencia para urbanizar No 398 el 29 de mayo de 1992, expidió la licencia de construcción No 6866 del 22 de junio de 1994 Urbanización los Alpes del Zipa, hoy Santa Rosa.

La Curaduría Urbana No 1 expide la resolución 9710022 por la cual se revalida la licencia de construcción otorgada por el DAPD.

La Subdirección de Control de Vivienda concedió permiso para anunciar y enajenar, mediante la Resolución 85 del 14 de mayo de 1993.

La constructora fue Constructora Santa Rosa S.A.

AV Villas financió la obra, otorga los créditos mediante pagarés e hipotecas.

CAFAM, COLSUBSIDIO y COMPENSAR otorgaron los subsidios de vivienda.

Las entidades públicas efectuaron las siguientes gestiones:

Actualmente en el Tribunal, vía acción de grupo, 2001-00029, se persigue una finalidad similar a la que hoy nos ocupa, por lo que la presente acción sería improcedente al haberse agotado con la primera acción la Jurisdicción.

La Constructora se encuentra actuando en el proceso por medio de Curador Ad Litem al estar en liquidación, el Curador excepcionó legalidad de los actos administrativos y prescripción.

El apoderado aduce que ha encontrado que las entidades públicas actuaron diligentemente y por tanto, el Distrito Capital no ha vulnerado los derechos de los actores.

De otra parte, las pretensiones económicas de los actores no son procedentes por vía de una acción popular, ya que las mismas serían objeto de una acción de grupo, la cual se está tramitando actualmente.

La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias, en escrito del 18 de enero de 2005, dirigido al Magistrado conceptuó:

-No se observan cambios notorios en las condiciones de estabilidad de la ladera o de las condiciones estructurales de las casas y apartamentos.

No se evidencian problemas de estabilidad del terreno.

-Se evidencia la existencia de dilataciones en elementos estructurales independientes como en los muros de cerramientos, ocasionados por la pérdida de resistencia y aumento de la deformabilidad del suelo de fundación y a las falencias de tipo constructivo de las edificaciones.

-No se considera probable un colapso súbito de las edificaciones.

-Las viviendas se ubican en una zona de riesgo medio, o sea que puede ser urbanizable siempre y cuando se cumplan los condicionamientos que se definen en el artículo 85 del POT, tal como la elaboración de estudios de amenaza por fenómenos de remoción en masa y sus respectivas obras de mitigación.

Finalmente, el apoderado del Distrito Capital manifiesta que consultó a las entidades y organismos involucrados, quienes contestaron que no debía presentarse fórmula de pacto de cumplimiento, dado que las entidades públicas actuaron diligentemente y a su actuar no es imputable el daño.

El apoderado del Distrito Capital recomienda no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, dada la posición expresada por las otras entidades y organismos públicos con interés en el proceso, y por cuanto las pretensiones patrimoniales de los actores persiguen fines similares a la acción de grupo 2001-00029, en la cual los actores podrían demandar la correspondiente indemnización de perjuicios.

El Secretario Técnico pregunta a los miembros del Comité de Conciliación si luego de la ilustración efectuada del asunto se encuentran inhabilitados para entrar a deliberar y decidir sobre el mismo, conforme al artículo 6 del Acuerdo 1 de 2005 "Por el cual se expide el Reglamento Interno del Comité e Conciliación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C":

El Presidente del Comité instala la deliberación.

El Subdirector de Conceptos pregunta al apoderado cuál es el estado actual de la acción de grupo 2001-00029.

El apoderado del Distrito Capital manifiesta que está pendiente de fallo.

El Subdirector de Gestión Judicial manifiesta que dada la existencia de la acción de grupo, idónea para tramitar las pretensiones indemnizatorias de los actores, esta acción de grupo se tornaría improcedente con iguales fines.

No obstante ello, conforme al estudio técnico de pacto de cumplimiento, encuentra que la Administración Distrital cumplió con sus funciones y obró de manera diligente.

El Subdirector de Conceptos considera necesario que la DPAE informe si el constructor efectuó o no las obras de mitigación y si las licencias de urbanismo y construcción condicionaron tales actividades a la elaboración de tales obras.

Los miembros del Comité están de acuerdo con esta propuesta.

El Presidente del Comité somete a consideración la fórmula de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento, dada la posición expresada por las otras entidades y organismos públicos con interés en el proceso, y por cuanto las pretensiones patrimoniales de los actores persiguen fines similares a la acción de grupo 2001-0029, en la cual los actores podrían demandar la correspondiente indemnización de perjuicios.

Adicionando la propuesta del Subdirector de Conceptos de oficiar a la DPAE.

El Presidente del Comité: Los aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: Los aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: Los aprueba.

El Subdirector de Conceptos: Los aprueba.

El Secretario Técnico considera que se hace pertinente, no a raíz de este caso, pero si de muchos otros en trámite, que se realice un estudio respecto a la aplicación absoluta o relativa de la cosa juzgada en relación con las acciones constitucionales, que como las populares, buscan hacer cesar la vulneración de derechos colectivos.

La Directora Jurídica manifiesta estar de acuerdo, y considera que este estudio debe ser realizado por el Coordinador de Acciones Constitucionales, en coordinación con los apoderados que tienen a su cargo el trámite de estos procesos.

El Presidente del Comité somete a consideración de los miembros la propuesta del Secretario Técnico, con la modificación de la Directora Jurídica:

El Presidente del Comité: La aprueba.

La Directora Jurídica Distrital: La aprueba.

El Subdirector de Conceptos: La aprueba.

El Subdirector de Gestión Judicial: La aprueba.

En estas sesiones no se trabajaron proposiciones y varios.

No siendo otro el objeto de las presentes sesiones del Comité de Conciliación, se dan por terminadas las mismas.

La presente acta se discutió y aprobó en sesión del Comité de Conciliación, sus miembros la suscriben en constancia de aprobación a los