RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Artículo Primero. Ordénese a la administración distrital la realización de un estudio técnico encaminado a establecer la relación entre la demanda y las necesidades de movilización de la ciudadanía en la modalidad de transporte público individual, y la oferta real de vehículos legalmente autorizados.

Parágrafo. Con la verificación de los Órganos de Control, se llevará a cabo un censo del parque automotor que cuenta con Tarjeta de Operación vigente para la prestación del servicio de transporte público individual en Bogotá D.C., asignándole a cada automotor un nuevo Número de Orden.

Artículo Segundo. Bajo ninguna circunstancia se incrementará el número de taxis autorizado para operar en el Distrito Capital, el cual fue congelado con la expedición del Decreto 613 de 1993, hasta tanto que el estudio técnico de que trata el artículo anterior recomiende lo contrario.

Articulo Tercero. En un término máximo de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo, la Secretaría Distrital de la Movilidad implementará el sistema de registro de conductores al que se refiere el artículo 47 del Decreto 172 de 2001.

Articulo Cuarto. Las empresas de transporte público individual debidamente habilitadas, expedirán oportunamente la tarjeta de control para los conductores de vehículos a ellas vinculados y sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 49 del decreto 172 de 2001, exigirán a los conductores certificado de una institución debidamente autorizada que acredite que su titular ha recibido capacitación en Relaciones Humanas, Turismo Distrital, Primeros Auxilios y Educación Vial con una intensidad no menor a 20 horas, por cada área.

Articulo Quinto. Para que un vehículo de transporte público individual pueda prestar el servicio de taxi en Bogotá D.C., deberá contar con un equipo de comunicación bidireccional, que le permita establecer contacto con la empresa de transporte a la cual se encuentra vinculado.

Articulo Sexto. Todas las empresas de taxis que operen en la ciudad, deben vincularse a la Red de Apoyo y Solidaridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, D.C.

Articulo Séptimo. El servicio de transporte público individual sólo podrá ser prestado por vehículos registrados ante la Secretaria Distrital de la Movilidad y una vez cumplidos los diez (10) años de servicio deberán ser chatarrizados.

Articulo Octavo. El presente acuerdo rige a partir de su promulgación y deroga todas las normas que le sean contrarias.

Dado en Bogotá D.C. a los_________días del mes de_________de 2.007

Mejorar la movilidad, seguridad y efectivo control sobre con el servicio de transporte público individual en la Ciudad de Bogotá, D.C., mediante la adopción medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio y sobre todo, la seguridad de los capitalinos, la cual, se ve amenazada por hechos delincuenciales que en la mayoría de los casos vincula a quienes operan ilegalmente.

La actualidad de nuestra ciudad se ve marcada por la presencia de más de setenta mil vehículos que prestan el servicio público de transporte individual y otros miles que prestan el servicio público de transporte colectivo. Hemos visto en jornadas pedagógicas como la denominada Día sin Carro, la "Mancha Amarilla" que colma las vías en el Distrito Capital al igual de lo que se puede observar con el transporte público colectivo que congestionan las vías a pesar de no estar en circulación los vehículos particulares.

En los registros de la Secretaría de la Movilidad, figura un parque automotor de taxis que ronda por las 52.000 unidades, al paso que informes no oficiales aseguran que dicho número puede superar los 70.000 carros, lo cual, por si sólo denota una serie de irregularidades que deben ser corregidas.

1. En virtud del Decreto Distrital 613 de 1993, la administración distrital congeló el parque automotor de taxis en 36.500 unidades y hoy, según las cifras oficiales circulan más de 15.000 unidades adicionales que ingresaron pese a la restricción jurídica.

2. De los automóviles que sobrepasaron la restricción jurídica, más de 4.000 ingresaron vía reposición de vehículos chatarrizados sin estar amparados por tarjeta de operación. Cerca de 9.000 más, lo hicieron mediante la autorización para cambio de servicio publico individual, sin tener tarjeta de operación, a vehiculo de servicio particular, lo cual permitió la legalización de taxis para quienes se encontraban por fuera de los registros oficiales y fomentó un carrusel para el ingreso de nuevos vehículos.

Se evidenció la expedición de certificados de chatarrización generados por montallantas, comercializadoras de vehículos, comercializadoras de autopartes y en general por personas jurídicas o naturales que no contaron con la debida vigilancia y control por parte de la autoridad competente. Es decir que las autoridades de transito sin verificar la destrucción del automotor, autorizaron el ingreso de nuevos vehículos y lo más grave, es que no cancelaron la licencia de transito del vehículo que salio del servicio.

3. En cuanto a los "registros oficiales", ha sido claro y siempre así lo han reconocido el SETT y la STT que cuando en el año 1998 el primero recibió las bases de datos de parte de la STT, estas contenían incongruencias insalvalbles, inclusive en el caso del MAETOP (Registro Maestro de Tarjetas de Operación), la relación de taxis entregada aparentemente no alcanzaba a 20.000 automotores.

4. Se observa una enorme presión de algunos empresarios del sector, que a través de argucias jurídicas y contando con la pasividad de la administración, lograron decisiones en su favor para ingresar nuevas unidades al parque automotor de taxis.

5. Hay protuberantes fallas en el control a la prestación del servicio, pues se denuncia un creciente numero de vehículos que sin estar autorizados laboran diariamente en la calles capitalinas. Me refiero a los particulares que en las noches citadinas, simulan ser vehículos de servicio público y deambulan transportando pasajeros. A los gemeleados, que infringiendo la ley penal, suplantan vehículos autorizados y circulan con placas falsas. A los que supuesta fueron chatarrizados, pero que como nadie verificó su destrucción real siguen impunemente laborando. A los matriculados en municipios vecinos que circulan con planillas en blanco, las cuales son diligenciadas sólo en caso de ser requeridos. Y a muchos más, que en forma ilegal, creen que ante la falta de autoridad pueden imponer su voluntad en la Capital de la República.

En referencia al servicio de transporte público individual podríamos plantearnos el interrogante de lo que sucedería si la administración distrital decidiese, en corto o mediano plazo, liberar la adjudicación de cupos para vehículos de servicio público individual, ad portas de un Tratado de Libre Comercio y con las tasas de desempleo que en la actualidad registra el país. Muy seguramente los taxis inundarían de manera mucho más acelerada las calles de Bogotá, Máxime cuando no existe ningún tipo de prohibición que le permita al señor alcalde liberar en cualquier momento la expedición de nuevos cupos.

Es preciso, entonces, traer las recomendaciones contempladas en el informe técnico más reciente producido por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, que en un pequeño aparte dedicado al transporte público individual reza: "... el índice de utilización promedio del transporte publico individual, tanto a la hora pico de la mañana como la de la tarde es del 50%, lo que constituye un indicador contundente de la sobreoferta existente en la prestación de este servicio, por lo anterior se recomienda no autorizar el incremento a mediano plazo del parque automotor del transporte público individual autorizado, prorrogando lo dispuesto en el Decreto Distrital 1029 de 2000."¹. Sin embargo, sobre tan escueta recomendación se edifica la política distrital para asumir este grave problema. Como vemos, la situación no ha sido abordada y diagnosticada con profundidad y la deja al libre albedrío del mandatario distrital. Todo ello ha desembocado en una sobreoferta que supera el 40%.

Este proyecto de acuerdo surge ante la inquietud de generar una herramienta que permita a la administración distrital concebir y adoptar una política clara y eficaz para enfrentar el problema del transporte público en la Ciudad, en uso de las atribuciones otorgadas al Concejo de Bogotá por el Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 12, numerales 1 y 19.

Mantener la suspensión en la expedición de nuevos cupos para la prestación del servicio de transporte público individual en la Ciudad de Bogotá, D.C. constituye una medida eficaz para mejorar la movilidad en la ciudad y garantizar mejores condiciones de seguridad tanto a los usuarios de este medio de transporte individual como a los ciudadanos en general.

Actualmente, según proyecciones establecidas a partir de los informes oficiales, en Bogotá, que cuenta con una población estimada en 7.056.219 habitantes², ruedan cerca de 50.000 taxis autorizados, es decir, un taxi por cada 141 habitantes cuando, de acuerdo con el margen de utilización del servicio y los estándares internacionales, el parque automotor para ofrecer este servicio debería estar en la actualidad en un taxi por cada 252 habitantes.

Es preciso recordar que el proyecto tiene principalmente tres enfoques: Primero legalizar la congelación de la expedición de cupos para parque automotor de servicio público individual en la Ciudad, segundo proyectar mecanismos de apoyo al control de actos que posibiliten hechos de corrupción al interior de las diferentes entidades encargadas de este sector y tercero la creación de un registro distrital del número real de vehículos que circulan en la ciudad que permitan la unificación de información entre otros y a partir de allí, establecer los correctivos a que haya lugar frente a la desmedida proliferación de vehículos y estructurar políticas serias y de largo aliento que solucionen la problemática generada e institucionalicen un control y seguimiento efectivo a las actividades relacionadas con este asunto de particular importancia para Bogotá.

Dichas estrategias permitirán a la administración, por ejemplo, identificar y aplicar las medidas sancionatorias a que haya lugar frente a maniobras ilegales en la prestación del servicio como el llamado "gemeleo" de vehículos de servicio público individual y colectivo.

La laxitud de la administración frente a este fenómeno conduce, por una parte, al deterioro de un gremio de particular importancia para el desarrollo de la Ciudad y, por la otra, quizás la más importante, a la vulneración de las condiciones de seguridad de los ciudadanos pues, es de conocimiento público la utilización de este tipo de vehículos, bajo artimañas como la descrita, para cometer varios tipos de delito contra la integridad personal, Sin embargo debo reconocer que la administración distrital como resultado de la presente iniciativa que se presento a través del proyecto de acuerdo 206 de 2005 adelanto operativos en aras de contrarrestar este flagelo, prueba de ellos el operativo adelantado el día 09 de Agosto de 2005 en el que se inmovilizaron 569 taxis de los cuales 209 se pusieron a disposición inmediata de la fiscalía general de la nación para su judicialización por falsedad, cifra que resalta la importancia de la aprobación de esta iniciativa para el distrito, así como la intervención del señor Alcalde Mayor el 2 de febrero de 2006 en la que manifestó la necesidad de reducir la oferta del transporte público en la ciudad.

Los taxistas son en buena medida el reflejo de la ciudad, a diario en sus vehículos se transporta un sinnúmero de ciudadanos y otros tantos de extranjeros y visitantes. Corresponde, entonces, a esta Corporación, velar por la seguridad de todos, así como por la protección integral de la Ciudad y su medio ambiente. El proyecto en su artículo cuarto, precisamente, estipula la prohibición para prestar el servicio de transporte público individual y colectivo a los vehículos que superen los diez años de antigüedad, disposición que está encaminada a preservar la vida, salud y la integridad de conductores y usuarios pues los automotores sometidos a tan fuerte trajín durante una década, trae como consecuencia un evidente deterioro que impide la prestación del servicio en optimas condiciones.

Este proyecto encuentra claro soporte en el artículo 7 del Estatuto Orgánico de Bogotá -Decreto Ley 1421 de 1993- que señala que las atribuciones administrativas que la Constitución y las leyes confieren a las Asambleas se entienden otorgadas al Concejo Distrital, por tal motivo y de conformidad al numeral segundo del articulo 300 de la Constitución Política, el Concejo de Bogotá puede expedir disposiciones relacionadas con el transporte.

Adicionalmente a lo anterior el Decreto - Ley 1421 de 1993, en su articulo 12 numeral 1 dispone que corresponde al Concejo "Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito", para reforzar lo anterior y despejar cualquier duda acerca de la competencia del Concejo Distrital, el numeral 19 "Dictar normas de tránsito y transporte" de la norma en comento señala que es facultad autónoma y no esta supeditada a iniciativa del Alcalde Mayor.

Si bien el presente proyecto de acuerdo genera algún gasto según lo establecido en el articulo 7º de la Ley 819 de 2003 porque ordena a la administración distrital la realización de un estudio técnico encaminado a establecer la relación entre la demanda y las necesidades de movilización de la ciudadanía en la modalidad de transporte público individual y la oferta real de vehículos legalmente autorizados e igualmente a la Secretaría Distrital de la Movilidad la implementación del sistema de registro de conductores al que se refiere el artículo 47 del Decreto 172 de 2001, de registro de conductores al que se refiere el artículo 47 del Decreto 172 de 2001, es posible que el mencionado gasto no tenga mayores impactos que afecten las finanzas del distrito y por tal motivo corresponde al Alcalde Mayor hacer las asignaciones o traslados presupuestales pertinentes a fin de llevar a cado la ejecución del proyecto.

El presente proyecto se ha presentado a consideración del Concejo de la Ciudad, pero no ha sido debatido por circunstancias de tiempo. Como resultado de ese proceso se tuvo la oportunidad de recoger sugerencias que han enriquecido el texto, por ejemplo de la ponencia presentada por el entonces Concejal David Luna, cuyos aportes fueron incorporados al proyecto. Otras posiciones de los ponentes argumentan que la iniciativa resultaría innecesaria dada la existencia del Decreto 519 de 2003, que dispuso prorrogar indefinidamente la suspensión del ingreso de vehículos para el servicio público colectivo e individual de pasajeros a la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. No obstante, como autor del proyecto deseo aclarar que si bien el espíritu de esa norma es la suspensión del aumento de cupos, bajo esa misma figura podría, en cualquier momento, el Alcalde Mayor liberar dicha restricción, incluso sin la consulta de estudio técnico que determine la necesidad de incrementar el parque automotor y que concluya con nuevas sobreofertas, en detrimento mayor de las condiciones de movilidad, que ya han alcanzado un punto critico en la ciudad, como ya fue ampliamente expuesto.

Bogotá D. C., Julio 19 de 2007

Doctora

Secretaria General

Concejo de Bogotá

Ciudad

Ref: "Por el cual se dictan algunas medidas relacionadas con el servicio de transporte público individual en la Ciudad de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones.

Respetada doctora:

Cordialmente remito a su despacho el Proyecto de Acuerdo de la referencia, en ocho (8) folios y copia magnética, con el propósito de que surta el trámite pertinente durante el presente período de sesiones ordinarias de esta Corporación Pública.

De conformidad con el articulo 63 del Acuerdo 95 del 2003, solicito que en el termino de tres (3) días calendario siguientes a su radicación se designen los respectivos ponentes.

Agradezco la atención.

Cordialmente

Concejal de Bogotá D.C.

Bogotá D. C., Julio 19 de 2007

Doctora

Secretaria General

Concejo de Bogotá

Ciudad

Ref: "Por el cual se reviste al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C, de facultades para incrementar el pie de fuerza policial en la ciudad y se dictan otras disposiciones.

Respetada doctora:

Cordialmente remito a su despacho el Proyecto de Acuerdo de la referencia, con el propósito de que surta el trámite pertinente durante el período de sesiones ordinarias de esta Corporación Pública.

De conformidad con el articulo 63 del Acuerdo 95 del 2003, solicito que en el termino de tres (3) días calendario siguientes a su radicación se designen los respectivos ponentes.

Agradezco la atención.

Cordialmente

Concejal de Bogotá D.C.