RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Este postulado que sería la frase de batalla de quienes defienden el escenario económico y al mercado como el camino propicio para la generación de riqueza de una región o país, en un contexto de políticas públicas regidas bajo principios de interés general, solidaridad y justicia social, debe articularse con la teoría del desarrollo, entendida como:

Por su parte, para el Premio Novel de Economía, Amartya Sen:

Amartya Sen, Desarrollo y Libertad, Editorial Planeta, México, 2000, 19.

En esta doble dimensión es donde se contextualiza la teoría del desarrollo productivo y competitivo, que no solamente incluye el posicionamiento de los países, si no también de las regiones y las ciudades.

Es así como las políticas públicas en sus diferentes niveles han empezado a implementar mecanismos de desarrollo económico a la luz de los temas que enmarcan los procesos de globalización, articulando factores sociales y culturales con estructuras económicas y financieras en un plano de red de instituciones e interdependencias progresivas.

La CEPAL (COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA LATINA), plantea en su documento "Estrategias de Desarrollo Productivo en Economías Abiertas", que el mundo esta cada vez mas signado por procesos de globalización y creciente gravitación de dinámicas económicas, sociales y culturales de carácter mundial que tiene implicaciones a nivel nacional y regional. Esta globalización si bien, por una parte, conlleva a oportunidades, también implica riesgos en diversos planos, ya que existe la opción de marginarse de los procesos y por lo tanto desaprovechar oportunidades.

Los riesgos de exclusión son demasiado altos, lo que puede acentuar el rezago entre los sectores sociales y las regiones, por lo que el mensaje es claro: "Las naciones y regiones deben establecer estrategias de inserción a los procesos de productividad, competitividad y desarrollo económico asociados a un mundo globalizado, que propicien los indicadores socioeconómicos y el bienestar colectivo".

En un contexto Distrital, el análisis debe confluir hacia los factores macroeconómicos, microeconómicos, capacidades del sector privado y dinámicas de políticas publicas que generen un ambiente propicio para el desarrollo y crecimiento a través de variables como la infraestructura, tecnología, lo social, ambiental e instituciones que favorezcan el desarrollo de actividades económicas productivas que redunden en riqueza y empleo.

Desde una perspectiva política que le de el marco social al discurso de la productividad y competitividad, a nivel distrital, se posiciona la problemática de la pobreza, el desempleo, la inequidad, los bajos índices de bienestar, la baja competitividad y el débil crecimiento económico como los retos de políticas de desarrollo y planes a mediano y largo plazo.

Esto en plena concordancia con postulados teóricos sobre el subdesarrollo que se focalizan sobre restricciones, como rezagos tecnológicos, bajas tasas de crecimiento económico y poca productividad de las empresas, en medio de la competencia ineludible de la globalización e internacionalización de la economía.

Lo que nos lleva a plantear el imperativo histórico, que hoy es inevitablemente necesario un marco político e institucional de productividad, competitividad y desarrollo económico distrital, ya que de continuar con la pobreza y la desigualdad en la redistribución de los resultados del progreso y crecimiento, serán más evidentes sus potenciales efectos negativos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Un corte de cuentas sobre el posicionamiento de las políticas de productividad, competitividad y desarrollo económico de la ciudad, indicaría que durante los diez últimos años el tema se ha abordado en dos etapas o escenarios complementarios:

a). Conceptualmente: Por una parte, el discurso de la competitividad teórica y conceptualmente se desarrolla impulsado por actores académicos y técnicos como las universidades, la Cámara de Comercio, los gremios y las consejerías especializadas a nivel nacional.

Este desarrollo conceptual se traduce en programas de formación y sensibilización del sector productivo existente sobre variables de competitividad y productividad, que asignan a la iniciativa privada las estrategias de generación de riqueza, producción y empleo. El papel gubernamental se limitaba a través de los postulados constitucionales al manejo de variables macro asociadas al ciclo económico (inflación, tasa de interés, PIB, encajes, índices de empleo, entre otros.)

Igualmente, en un proceso de iniciación en la construcción de la institucionalidad nacional se debe indicar la promulgación de las Leyes 590 de 2000 y 905 de 2004, que buscan promover el desarrollo de las MIPYMES, la Ley 1014 de 2006, con su Decreto Reglamentario 4463 de 2006, para el fomento de una cultura de emprendimiento y el Decreto 2828 de 2006, que crea el Sistema Nacional de Competitividad.

Lo anterior buscando estructurar un Sistema Nacional de Competitividad entendido como el conjunto de actividades estatales y particulares que implican orientaciones, normas, actividades, recursos, programas y acciones públicas, para poner en marcha la Política de Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico, a través de la creación de nuevas MIPYMES bogotanas.

A nivel Distrital, un primer paso dado durante la tres últimas administraciones, en el acercamiento hacia la construcción de una política pública de productividad, competitividad y desarrollo económico, es la iniciativa gubernamental "Bogotá – Región". Son resultados concretos en esta materia la asignación de responsabilidades a instituciones distritales para la participación del Distrito en La Corporación para el Desarrollo Regional, que en un primer momento le correspondió a Planeación Distrital, y posteriormente fue reasignado a la nueva Secretaría Distrital de Desarrollo Económico mediante la reforma administrativa.

Este esfuerzo institucional se complementa con la reglamentación de dicha secretaría (Decreto Distrital 552 / 2006), e iniciativas del Cabildo Distrital, como el establecimiento del Comité Distrital de Fomento a La Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Acuerdo Distrital 72 / 2002), así como el establecimiento de acciones institucionales de promoción hacia una cultura empresarial y de negocios (Acuerdo Distrital 252 / 2006).

Igualmente en este contexto de formación y pedagogía hacia la competitividad y productividad, se ha pretendido formalizar diferentes esquemas de indicadores y comités asesores a cargo de la Cámara de Comercio, Departamento de Planeación Distrital y la Gobernación de Cundinamarca, que sensibilizan sobre el posicionamiento de la ciudad y de los diferentes sectores en un contexto latinoamericano y mundial, asignando indicadores de competitividad a la sinergia que generan los actores productivos del área metropolitana de Bogotá, el Departamento y la Región Andina.

b) Mejoramiento de resultados socioeconómicos: Mientras que se estructuraba este proceso de asimilación conceptual, el mejoramiento de los índices de bienestar constituye la gran plataforma de la productividad, competitividad y desarrollo económico, dadas las fortalezas de una estructura de gastos de funcionamiento controlada, fuertes políticas de racionalización del gasto, finanzas públicas sanas, un endeudamiento controlado, índices de eficiencia institucional pública, al igual, que el incremento constante de niveles de inversión pública y privada tanto nacional como extranjera.

En conclusión, a partir de los resultados socio- económicos de los diez últimos años, aunque han sido insuficientes, constituyen el punto de partida hacia una política estructural de generación de riqueza y de mejoramiento del bienestar colectivo, igualmente, merece resaltarse el mejoramiento indiscutible de los indicadores de desarrollo humano, asociado a variables eminentemente sociales y de bienestar, en donde se destacan los niveles de cubrimiento en salud, educación, servicios públicos, movilidad y medio ambiente.

No obstante lo anterior, en estricto sentido y bajo una visión crítica de las políticas públicas desarrolladas durante los últimos diez años encontramos que no ha existido una política pública distrital de carácter estructural que asuma el tema de la productividad, competitividad y desarrollo económico de la ciudad, como eje integrador de recursos y esfuerzos para la generación de riqueza.

Es necesario indicar que el plan de desarrollo "Bogotá Sin Indiferencia", estableció en el eje urbano regional, la asociación del tema Bogotá Región con procesos colectivos de competitividad y el denominado programa Bogotá productiva, que de forma tangencial asumió proyectos como "Estímulos de competencias laborales", "Mipymes", "Igualdad de Oportunidades" y "Protección de grupos vulnerables".

Puntualmente, en relación con el presente proyecto de Acuerdo es necesario indicar que en el Eje Social se implemento el "Programa para capacidades y oportunidades para la generación de ingresos y empleo" En materia de capacitación se formó a personas en condición de pobreza y vulnerabilidad para el trabajo y la asociatividad, igualmente, se desarrollo el programa de "Pobreza y vulnerabilidad para la generación de oportunidades y nuevos ingresos". Programas que se deben resaltar, pero insuficientes para lo que se espera debe ser una política estructural de productividad, competitividad y desarrollo económico.

Indiscutiblemente el mayor paso institucional hacia la consolidación de una política distrital en torno a la productividad y competitividad se dio mediante la Reforma Administrativa Distrital del año 2006, (Acuerdo Distrital 257), que elevó el tema a nivel de Secretaría de Despacho, mediante la creación de la Secretaría de Desarrollo Económico, que tiene por objeto:

Un análisis funcional de la entidad apunta a que será protagonista en materia de liderazgo de competitividad, productividad y desarrollo económico, con el deber de materializar temas tan importantes como la construcción de una política integral del sector, fomento a la micro, pequeña y mediana empresa; estímulo al emprendimiento y organizaciones asociativas; integración regional, metropolitana e internacional; promoción a la tecnología, su aplicación con competencias laborales; generación de marcos de inversión y aproximación de capitales nacionales y extranjeros; identificación de mercados y productos, entre otros.

Una vez analizado el Programa de Gobierno del Alcalde Samuel Moreno, que deberá ser la base del Plan de Desarrollo "Bogotá Positiva", es claro, independientemente de la transversalidad en las políticas públicas, que existen dos objetivos que se focalizan en las estrategias fundamentales de su Programa:

Por una parte, "Bogotá dinámica con empleo e ingresos", en donde expresamente se indica la intencionalidad de impulsar la productividad y competitividad de la ciudad, mediante el fortalecimiento de las empresas públicas, la orientación de la inversión, el apoyo al micro, pequeño y mediano empresario, un modelo regional sostenible, la promoción de mercados para productos de valor agregado, la promoción de empleo, aplicaciones tecnológicas y estímulo a la inversión.

Son objetivos de la política de desarrollo a las Mipymes un escenario de atracción y retención de inversiones productivas que hagan un uso preferente de los recursos de la región, incrementar la productividad, competitividad y desarrollo económico, propiciar el desarrollo asociativo y la conformación de redes Mipymes y promover la cooperación regional, nacional e internacional.

Por otra parte, la prioridad de "Bogotá global, ciudad de servicios", implicará una agresiva promoción de la ciudad que la acerque al mundo multilateral a través de estrategias de posicionamiento y vinculación a redes comerciales, científicas, tecnológicas y culturales con América Latina y el resto del mundo, aprovechando las potencialidades de la ciudad en infraestructura, servicios, comercio, negocios y producción tecnológica.

Merece registrarse la descripción que la administración distrital en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico da al tema de Ciudad Global, asociado a la generación de riqueza y empleo:

En este sentido la estrategia de productividad, competitividad y desarrollo económico que plantearemos para la Ciudad se enmarca, en objetivos históricos coincidentes como:

*Generar condiciones de crecimiento económico.

*Desarrollo sostenible y equitativo.

*Acción conjunta de lo distrital, regional, público y privado.

*Generar mecanismos de incentivo a la inversión.

*Propiciar una economía a partir del conocimiento.

*Generar capacidades competitivas y aplicación técnica y tecnológica.

*Mejorar los indicadores de competitividad Bogotá – Región.

En este contexto, estaríamos hablando de una naciente política estructural en materia de productividad, competitividad y desarrollo económico, que tendría como finalidad fundamental la generación de riqueza y mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de los Bogotanos, lo que propiciaría el mejoramiento de la calidad de vida e indicadores de bienestar.

Desde el punto de vista metodológico y a la luz de los principios fundamentales que estructuran el tema de productividad, competitividad y desarrollo económico, es pertinente por unidad de materia y congruencia temática, desarrollo legislativo, políticas públicas a diseñar y marcos de acción aplicables, presentar la política pública en esta materia, en cinco iniciativas de orden normativo.

La pertinencia de diseñar como iniciativa de orden normativo, (Acuerdos Distritales), se da por la necesidad de construir una política pública integral de carácter permanente, que trascienda al gobierno de turno, que garantice seguridad jurídica y sustente iniciativas de emprendimiento a corto, mediano y largo plazo, convirtiéndose en el derrotero de generación de riqueza.

Para ello es necesaria una revisión pormenorizada y critica del diseño de políticas públicas de cara a la productividad, competitividad y desarrollo económico, que se han aplicado en los contextos nacionales e internacionales, así como, revisar los modelos y adaptar los esquemas propuestos por organismos especializados en el diseño de estas políticas públicas.

Es así como el tratamiento académico, técnico, legal e implementación de políticas públicas en materia de productividad, competitividad y desarrollo económico se plantean en un contexto distrital a la luz de la normatividad del estado colombiano de la siguiente forma:

1. Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico

2. Política Distrital de Capacitación y Aplicación Técnica y Tecnológica para la Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico.

3. Política Distrital de Micro-financiamiento para la Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico

4. Política Distrital de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

5. Política para el fomento de productividad, competitividad y desarrollo económico. BOGOTA PRODUCIENDO

El desarrollo técnico y académico de la teoría de fortalecimiento para la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes), como principal punto de apoyo para potencializar la productividad y competitividad de las naciones y las regiones, se da, a partir de la teoría del desarrollo empresarial y encadenamientos productivos. La teoría parte de la vinculación de factores sociales, educativos, culturales y económicos, presentes al interior como factores promotores del emprendimiento, articulados con los diferentes agentes tanto públicos, empresariales y grupos económicos consolidados.

En este escenario, es donde surgen los gobiernos, como los garantes y articuladores de las condiciones para la generación de empresa, modernización de las existentes y la competitividad que actualmente se da en el plano internacional en un mundo globalizado.

Los criterios de competitividad y empresarialidad se vinculan cada vez a los marcos económicos asociados, a estructuras técnico políticas, que rejuvenezcan el .tejido socio productivo, enriquezcan los procesos de innovación, generen puestos de trabajo y bienestar social. La teoría de la empresarialidad de las Mipymes debe partir de un componente y estrategia como grupo vulnerable en materia económica, frente a fuertes poderes económicos de orden nacional, regional e internacional, lo que amerita políticas públicas en la materia que tengan como objeto su consolidación y obtención de aumentos colectivos de eficiencia y productividad.

El desafió de una política pública para las Mipymes está en implementar plataformas de políticas productivas y competitivas que brinden seguridad empresarial para la consolidación de cadenas productivas, articulación con empresas grandes, incursión internacional y dinámica económica.

La clave esta en asociar la dinámica económica de las Miymes al desarrollo económico general que le permita asumir riesgos, innovar, invertir, competir, negociar con clientes, reducir costos, mejorar la eficiencia, buscar nuevas oportunidades, ampliar el mercado, generar sinergias entre empresas y conquistar mercados externos.

El contexto jurídico, técnico y administrativo de la formación y fortalecimiento de las Mipymes esta dado en Colombia por la Ley 590 del año 2000, conocida como ley Mipymes, modificada por la Ley 905 de 2004 que establece de forma puntual los siguientes criterios aplicables para una política distrital en la materia:

*En Colombia las Mipymes juegan un papel importante, tanto así, que el 96% de las unidades de producción son microempresas, el 3,84% son pequeñas y medianas empresas y solo 0,16% grandes empresas.

*La ley 590 de 2000, cuyo objeto es promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas, genero un marco de fomento, para las estructuras productivas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los Colombianos.

*Cuatro años más tarde, la Ley 905 del año 2004, reglamentó el estímulo, la promoción y formación de mercados altamente competitivos, mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes.

*Por su parte el Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa-PNDM- creó dos organismos superiores en el tema, encargados de definir y formular las políticas generales de fomento, es así, como aparece el Consejo Superior de la Microempresa y el Consejo Superior de la Pequeña y Mediana Empresa, igualmente, estos consejos fomentan la conformación y la operación de consejos regionales de micro, pequeñas y medianas empresas, así como, de políticas regionales para dicho sector.

*La ley también estableció que el Departamento Nacional de Planeación en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, igualmente, el Ministerio elaborará un plan de acción anual que incluyan los programas, planes y acciones que deberá desarrollar el Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes.

*El consejo nacional de política económica y social, CONPES, debe recomendar las políticas hacia las micro, pequeñas, medianas empresas a ejecutarse por el gobierno nacional de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo Nacional.

*La ley estableció que las entidades públicas del orden nacional y regional competentes, los departamentos, municipios y distritos capitales promoverán coordinadamente la organización de ferias locales y nacionales, la conformación de centros de exhibición y formación permanente y otras actividades similares para dinamizar mercados en beneficio de las Mipymes.

*La ley determinó que el Consejo Superior de Comercio Exterior estudiará y recomendará al gobierno nacional, cuando fuere del caso, la adopción de políticas y programas de comercio exterior y de promoción de exportaciones dirigidos hacia las micro, pequeña y mediana empresas.

*Se constituye jurídicamente el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico para la micro, pequeña y mediana empresa, FOMIPYME, cuyo objeto es financiar los programas, proyectos y actividades para el desarrollo empresarial y tecnológico de las Mipymes.

*El SENA, las Universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efectos de establecer diplomados, programas de educación no formal, o programas de extensión y cátedras especiales para las Mipymes y promover la iniciativa empresarial.

*El Gobierno Nacional tendrá con relación a las Mipymes, las funciones de formular políticas de democratización del crédito, y financiamiento para el establecimiento de nuevas empresas, promover la competencia entre los intermediarios financieros, determinar la presencia de fallas del mercado que obstaculicen el acceso de estas Mipymes al mercado financiero institucional y adoptar los correctivos pertinentes dentro del marco de sus competencias.

*La ley creo estímulos a la creación de microempresas, el programa jóvenes emprendedores y líneas de crédito para creadores de micro, pequeñas y medianas empresas.

En el contexto distrital merece destacarse el establecimiento del Comité Distrital de Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa, implementado mediante el Acuerdo 072 de 2002, cuyos elementos esenciales son los siguientes:

*Dicho comité propenderá por el desarrollo y el fortalecimiento de estas unidades empresariales de Bogota, D.C., su articulación con las políticas, programas y acciones sectoriales en los niveles nacional y Regional, este comité, deberá generar un acercamiento entre las diferentes empresas, organizaciones y entidades distritales como también el impulso de los proyectos e inversiones empresariales, dentro del marco de las políticas nacionales, regionales y locales.

*El comité debe entre otras funciones hacer recomendaciones a las entidades encargadas de definir, formular y ejecutar las políticas públicas generales, transversales, sectoriales y distritales de promoción empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas.

*Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de las competencias en los mercados.

*Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos de promoción de las Mipymes Bogotanas, mediante indicadores de impacto y proponer los correctivos necesarios.

*Estimular las políticas de producción más limpias y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el interior de los procesos productivos microempresariales.

*Las entidades públicas de orden distrital promoverán coordinadamente con el comité distrital de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, la organización de ferias locales, distritales y su participación en ferias Nacionales e Internacionales que permita impulsar las exportaciones de la Ciudad así como la conformación de centros de exhibición de información permanentes y otras actividades similares en beneficio de las Mipymes bogotanas.

Este marco conceptual teórico, técnico y académico, articulado por el diseño de políticas de orden Nacional y Distrital, contextualizan un escenario de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, que si bien es formal, no ha brindado los resultados suficientes para considerar que existe una política distrital de fomento a las Mipymes, en un marco de competitividad, productividad y desarrollo económico para la Ciudad.

Es por esto que se insiste en la necesidad del diseño de una estrategia de carácter gubernamental que recopile esfuerzos y recursos para generar un escenario activo de fomento, apoyo novedoso y eficacia para el desarrollo del emprendimiento en Bogotá, el marco teórico y formal esta dado, una política de apoyo a las Mipymes debe ser coherente con la promoción de las exportaciones, la difusión tecnológica, la capacitación de recursos humanos, la gestión gubernamental, el apoyo mediante servicios informativos, asesoría y consultoría, sin olvidar el encadenamiento horizontal y vertical para la promoción de productos, conquista de mercados y globalización productiva.

Bajo estos criterios presentamos los elementos esenciales de la Política Distrital de Productividad, Competitividad y Desarrollo Económico para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa:

Nuestra iniciativa busca generar un marco normativo a nivel distrital, que estimule la creación y fortalecimiento de las MIPYME, reconociendo la capacidad de emprendimiento de todos los bogotanos.

De forma concreta, el Proyecto de Acuerdo tiene como finalidad mejorar los índices de bienestar social y económicos asociados a procesos productivos como el empleo y la generación de riquezas.

En esta misma perspectiva social busca a través del estimulo a la creación de empresa en los sectores mas deprimidos de la ciudad, generar procesos de inclusión económica para que se opere una efectiva redistribución del ingreso, que conduzca a una sociedad mas equitativa e igualitaria.

Desde un punto de vista geoestratégico nuestra política se articula con el concepto de Bogotá Región, vinculando los esfuerzos de Bogotá con Cundinamarca.

Esta política será desarrollada de forma protagónica, por la nueva Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, de acuerdo a las herramientas que le brinda la reforma Administrativa, la delegación del Alcalde y las disposiciones de orden nacional.

Nuestra iniciativa establece como alcances la constitución de un fuerte marco normativo de estímulo a las MIPYMES, en un contexto de Bogotá Región que afiance las capacidades productivas y competitivas para alcanzar mercados nacionales e internacionales.

Para esto será necesario construir una cultura empresarial que avance en la calidad de procesos de producción, distribución y desarrollo, respaldada en una estructura de financiamiento que permita la capitalización, constitución y legalización de las MIPYMES bogotanas y vinculación de procesos de aplicación técnica y tecnológica.

Una política no excluyente debe estimular redes de cooperación de carácter asociativo y estrategias que busquen integrar al sector informal a los diferentes procesos de Productividad y Competitividad, que mejoren sus condiciones socioeconómicas.

Esta es la razón por la cual la población beneficiaria del presente Acuerdo ha sido circunscrita a los emprendedores, MIPYMES y en especial a los sectores de los estratos 0,1 y 2.

Para la materialización de los objetivos previstos es claro que la Administración deberá propender por la ejecución de la política propuesta a través de programas, planes y proyectos que:

*Brinden capacitación y formación empresarial, prestando asesorías y consultorías para la puesta en marcha de nuevos proyectos productivos.

*Constituyan un entorno favorable para la incubación de empresas y formación de emprendedores.

*Estructure mediante procesos de integración cadenas productivas y agrupaciones empresariales con vocación local y regional.

*Promocione una cultura tecnológica, de modernización, innovación y desarrollo tecnológico en las MIPYMES.

*Estructure una plataforma de exportación de MIPYMES.

*Diseñe e implemente canales efectivos de comercialización y distribución para los microempresarios.

*Genere un marco de seguridad jurídica y empresarial.

*Estructure códigos éticos para el desarrollo sustentable.

*Diseñe esquemas institucionales para el financiamiento de las MIPYMES.

*Genere las bases para el diseño de un marco de incentivos y estímulos, a mediano y largo plazo que fomenten la productividad y competitividad de las MIPYMES.

Teniendo en cuenta que estamos frente a una política pública que no solamente articula esfuerzos y recursos distritales sino que adicionalmente compromete el futuro de emprendedores, sector privado y mecanismos de fomento, se hace necesario el establecimiento de instrumentos de control y participación, que permitan una efectiva veeduría ciudadana y el cumplimiento de cronogramas e indicadores de gestión, a partir de los informes de rendición de cuentas que la ley exige.

El presente proyecto de Acuerdo lejos de estar descontextualizado al interior de los desarrollos (Bogotá - Región), propende por la generación de un espacio de congruencia a partir de mecanismos de coordinación, información y de gestión.

Esta propuesta desde el punto de vista jurídico tiene como soporte constitucional, legal, reglamentario nacional y distrital los siguientes elementos que dejo a consideración:

Una política pública de Competitividad, Productividad y Desarrollo económico para Bogotá, tiene su soporte conceptual y normativo, desde el preámbulo de la Constitución que establece como marco de acción primordial del estado colombiano, el derecho al trabajo bajo criterios de solidaridad y participación, disposición general que se empieza a desarrollar desde el articulo primero que dice:

En este contexto surge la responsabilidad de los entes territoriales, en nuestro caso, Bogotá, de implementar las medidas necesarias para cumplir este mandato de generar los mecanismos para el desarrollo socioeconómico sostenible. Estas acciones son igualmente respaldadas por la vocación de progreso que debe tener El Estado Colombiano en todo su territorio plasmado en su artículo segundo:

Pero indiscutiblemente el soporte de una política pública de Productividad y Competitividad se da a partir del artículo 25 de la Constitución que establece el derecho al trabajo como una responsabilidad fundamental del Estado colombiano asociado a los derechos económicos y sociales de la población colombiana:

Para el desarrollo de estos principios nuestra Carta Magna en el capítulo sobre organización territorial determina claramente la obligación que tiene los entes territoriales bajo principios de autonomía, autogestión y responsabilidad en sus propios intereses de establecer condiciones para el progreso y desarrollo bajo el contexto de la ley y la constitución, es así como en su artículo 287 indica:

Por su parte como responsabilidad específica de los Concejos Municipales está la de establecer las normas tendientes a generar bienestar de sus comunidades, mediante la implementación de planes de desarrollo, normar disposiciones que desarrollen mandatos legales y constitucionales. Es así como los artículos 313, 314 y 315 indican como los concejos y las alcaldías de forma conjunta y de acuerdo con sus competencias, tienen el deber y la potestad de establecer los marcos normativos, administrativos y de gestión para el desarrollo socioeconómico de sus comunidades.

Para el caso de Bogotá que cuenta con régimen especial en materia político administrativa, es necesario indicar que el artículo 322 le brinda un margen de maniobra especial por sus singulares condiciones, dejando en claro que le corresponde a las autoridades distritales garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad, y la gestión de los asuntos propios de su territorio.

El régimen especial en su artículo 325 también garantiza a las autoridades distritales la ejecución efectiva de planes y programas de desarrollo integral para la oportuna y eficiente prestación de los servicios a su cargo, de acuerdo a la Constitución y la Ley.

En plena pertinencia con un eje central de nuestro proyecto de acuerdo, debe indicarse que el concepto de Bogota-Región y la interrelación de Bogotá con los departamentos y los municipios circunvecinos, esta dada por los artículos 325 y 326.

El proyecto de acuerdo puesto a consideración, tiene su soporte constitucional, material a partir del titulo 12 sobre el régimen económico y de hacienda pública que establece la protección de la actividad económica y la iniciativa privada libre, dentro de los limites del bien común, con arreglo de la ley.

Nuestra constitución es clara en indicar que la libre competencia supone responsabilidades y que la empresa es la base del desarrollo de nuestro país en la medida que cumpla una función social. Razón por la cual el Estado debe estimular el desarrollo empresarial.

Este régimen económico, bajo una perspectiva integral de desarrollo y responsabilidades constitucionales establece como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la distribución equitativa de oportunidades, y los beneficios del desarrollo. Razón por la cual es función del estado intervenir en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, así como de los servicios públicos y privados, para garantizar la racionalidad económica.

Para concretar, estas responsabilidades antes enunciadas La Constitución en sus capítulos de planes de desarrollo, en especial su artículo 339 indica que ellas deberán estar plenamente justificadas en el marco conceptual del plan y en el plan de inversiones, donde se señalarán los propósitos, objetivos, plazos, metas, acciones, estrategias y orientaciones.

Articulo 8. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación.