RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Que el inciso tercero del artículo 78 de la Constitución Política Nacional establece que el estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen.

Que por su parte el artículo 369 dispone en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios: "La Ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios."

Que en desarrollo de esta norma constitucional la Ley 142 de 1994 señala que el Estado creará y asegurará mecanismos que garanticen la participación de los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

Que el Decreto 1429 de 1995, precisa todo lo referente al control social para el sector de los servicios públicos, a efectos de "organizar la participación comunitaria en la vigilancia de la gestión y fiscalización de las entidades de carácter privado, oficial y mixto, que presten los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible y telefonía local móvil en el sector rural". Igualmente, define los procedimientos, alcances, estructura, funcionamiento y las funciones del comité y del vocal de control, y las interacciones con la comunidad, los alcaldes, los gobernadores, las empresas prestadoras y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 6 del Acuerdo 2 de 2007 del Consejo Directivo de la UAESP, la Oficina Asesora de Comunicaciones y de la Participación Social, tiene a su cargo, entre otras, las siguientes funciones:

(…)

c. Preparar los instrumentos de comunicaciones necesarios para divulgar la información y garantizar el desarrollo de campañas educativas con base en los requerimientos de las áreas misionales orientadas al cambio cultural tendiente al mejor uso y aprovechamiento de los bienes y de los servicios que debe garantizar la Unidad. (…)

Que con el fin de garantizar los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Carta Fundamental y la normatividad vigente, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos diseño el Instructivo "Guía para la Participación ciudadana en el Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL)" a través del cual se orienta a la ciudadanía, para su participación y el ejercicio del control social del servicio de aseo.

Que en mérito de lo expuesto se,

Artículo 1.- Adóptese el Instructivo "Guía para la Participación Ciudadana en el Servicio de Recolección, Barrido y Limpieza (RBL)", el cual forma parte integral de esta Resolución.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina Asesora de Comunicaciones y de la Participación Social de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos la distribución y divulgación de la guía, y efectuar las actualizaciones pertinentes.

Artículo 3.- En desarrollo de sus funciones será responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicaciones y de la Participación Social las siguientes:

a) Realizar una labor amplía y continúa de concertación con la comunidad para orientar a los usuarios sobre el servicio público de aseo.

b) Mantener canales de comunicaciones con los usuarios y la ciudadanía en general que permitan conocer sus inquietudes y solicitudes ante la UAESP y las entidades prestadoras de servicios con las la Unidad tenga alguna relación contractual.

c) Colaborar con los comités de Desarrollo y control social, mediante se capacitación y asesoría permanente.

Artículo 4.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.