RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

De acuerdo con el artículo 30 del Decreto Distrital 545 del 29 de diciembre de 2006, compete a este Despacho interpretar de manera general y abstracta la aplicación de las normas tributarias distritales, manteniendo la unidad doctrinal de la Dirección Distrital de Impuestos.

Se solicita conceptuar sobre la aplicabilidad de normas relacionadas con las autorizaciones para efectuar el pago del valor ordenado en las resoluciones de devolución a un tercero, en los siguientes casos:

1. Cuando el titular del saldo a favor eleva la solicitud de devolución, la dependencia competente emite resolución devolviendo a este los dineros correspondientes, pero el beneficiario fallece antes de cobrar lo que le corresponde.

2. Cuando el titular del saldo a favor presenta su solicitud de devolución y son atendidas favorablemente sus pretensiones, pero sale del país y autoriza formalmente a un tercero para que le sea cancelado el dinero.

3. Cuando el titular del saldo a favor es una persona jurídica que está en proceso de liquidación, presenta su solicitud de devolución y son atendidas favorablemente sus pretensiones, pero en el momento en que se ordena la devolución ya se encuentra liquidada.

Conforme con lo anterior, se pregunta sobre el procedimiento a adelantar en aquellos casos en los cuales es necesario anular la orden de pago inicial y generar una nueva a favor de una persona diferente al beneficiario inicial, en aquellos casos en que el solicitante, se ausenta del país o la sociedad es liquidada, ya que es indispensable establecer a favor de quienes es dado ordenar el pago y los requisitos que éstos deben reunir.

Es procedente informarle, que los conceptos emitidos por este Despacho no responden a la solución de casos particulares y concretos, pues estos son discutidos en los procesos de determinación que se adelantan a los contribuyentes en donde se determina de manera particular la situación fiscal real del sujeto pasivo, es competencia de esta oficina la interpretación general y abstracta de las normas tributarias distritales, como se dijo inicialmente y bajo éstos parámetros absolveremos sus inquietudes.

Lo primero que hay que advertir es que la resolución que resuelve la devolución solicitada, se encuentra conforme a derecho pues reconoce la legitimación para actuar de quien solicitó la devolución en su momento y por ende se reconoce el saldo a favor a nombre de este.

Lo que sucede es que después de proferida dicha providencia, se presentan eventos que hacen imposible que el titular del derecho reclame el saldo a su favor.

Veamos en los casos planteados que ocurre:

1. Cuando el titular del saldo a favor eleva la solicitud de devolución, la dependencia competente emite resolución devolviendo a este los dineros correspondientes, pero el beneficiario fallece antes de cobrar lo que le corresponde.

Encontramos que el Título VIII del Libro Tercero del Código Civil consagra las reglas bajo las cuales el albacea debe cumplir el encargo como ejecutor testamentario. Es así como señalando las relativas a la gestión del albacea con tenencia de bienes, en su artículo 1353 efectúa una remisión expresa a las facultades y obligaciones previstas para el curador de la herencia yaciente en el artículo 575 del mismo código, entre las cuales merece destacar la facultad de ejecutar los actos necesarios para el cobro de los créditos a favor del causante.

En este punto, aclaramos entonces los conceptos de albaceas y curadores de la herencia yacente.

Los derechos herenciales, son aquellos que una o varias personas tienen sobre la masa de bienes integrada por el activo y pasivo avaluable en dinero o el pasivo y activo patrimonial que deja una persona al morir. En esa masa de bienes, llamada herencia, tienen derecho los asignatarios, o sea, quienes de acuerdo con el título suceden a la persona que ha muerto.

Es necesario dejar claro, que los derechos hereditarios surgen por el hecho de morir una persona y en ese momento el asignatario adquiere la posesión legal de ellos, la cual defiere la Ley sin necesidad de declaración al respecto ni acto alguno del heredero, es decir, la sucesión se abre de pleno derecho, diferente a la apertura del proceso de sucesión la cual requiere pronunciamiento de la autoridad competente.

En el momento en que una persona fallece surge a la vida jurídica una comunidad sui generis que recae sobre la masa de bienes dejados por el de cujus, o sea, la herencia, y que es un patrimonio destinado a ser liquidado, mientras ello sucede, los herederos tiene un derecho real de herencia, el cual se concreta cuando se adjudica el dominio a cada uno de los causahabientes. Entonces, en el lapso dentro del cual impere la comunidad, los bienes vinculados a la misma no son divisibles y los derechos que a ella corresponden deben ser ejercidos por la comunidad, la que debe actuar a través de un representante. Por ello necesario es, nombrar la persona que llevará dicha representación, nombramiento que debe sujetarse a las reglas siguientes:

Si el fallecido ha dejado testamento y en él ha instituido albacea, que es la persona que tiene el encargo de ejecutar la voluntad del testador, éste habiendo aceptado el albaceazgo, será el representante. Siendo varios los albaceas designados en el testamento, llevará la representación aquel a quien se le hubiere dado la tenencia de los bienes. A falta de ello, corresponde, entonces, a quien se designe, a menos que, el juez que conozca del proceso sucesoral haya autorizado a uno de ellos.

Si no hay testamento o existiendo éste en él no se ha designado albacea o habiéndose designado no acepta el cargo, llevará la representación del de cujus la persona que elijan por mayoría de votos los herederos reconocidos en el juicio, conforme se deduce de lo dispuesto en el artículo 1327 del Código Civil.

De lo anteriormente expuesto se colige que tal como lo dispone el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, en cuanto se refiere al ejercicio de la representación de los bienes que pertenecen a la sucesión ilíquida, las personas que pretendan ejercerla, deberán demostrar su calidad de albacea con tenencia de bienes, o su carácter de representante de los sucesores reconocidos en el respectivo tramite sucesoral, previa elección por mayoría de votos.

En conclusión, como la orden de pago está a nombre del fallecido, los valores contenidos en esta podrán devolverse al albacea con tenencia de los bienes o al curador de la herencia yacente, que acrediten tal condición, sin necesidad de expedir un nuevo acto administrativo para este efecto.

2. Cuando el titular del saldo a favor presenta su solicitud de devolución y son atendidas favorablemente sus pretensiones, pero sale del país y autoriza formalmente a un tercero para que le sea cancelado el dinero.

Conforme con lo anterior, cuando exista una orden de pago a favor de una persona, que otorga poder a otra para reclamarlo, verificado la validez de este poder, procede la devolución del dinero a quien se le otorga el poder para este efecto, sin necesidad de que medie acto administrativo diferente al que reconoció la devolución a favor del poderdante.

3. Cuando el titular del saldo a favor es una persona jurídica que está en proceso de liquidación, presenta su solicitud de devolución y son atendidas favorablemente sus pretensiones, pero en el momento en que se ordena la devolución ya se encuentra liquidada.

La capacidad jurídica de una sociedad comercial, como atributo de la personalidad que es, se extiende hasta el momento en que se extingue la persona jurídica, esto es, al tiempo de la inscripción en el registro mercantil del acta contentiva de la cuenta final de liquidación (artículo 248 C.Co). Sin embargo, y como quiera que con posterioridad a la inscripción pueden presentarse situaciones que involucran a la sociedad liquidada, es preciso determinar a quién corresponde ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones jurídicas producidas durante la vida de la compañía pero cuyos efectos acaecen después de su liquidación.

El Consejo de Estado, en punto de obligaciones a favor de una sociedad liquidada, en sentencia 3760 del 19 de febrero de 1993 manifestó:

Lo anterior permite inferir que si la sociedad una vez liquidada conserva capacidad jurídica para comparecer en juicio, también la conserva para la reclamación de aquellas obligaciones a su favor provenientes de relaciones patrimoniales originadas durante la vida de la sociedad.

Ahora bien, la persona legitimada para realizar actos en nombre de una compañía ya extinguida es aquella que obró como liquidador, en consideración a la responsabilidad que a este le asiste hasta por cinco años contados a partir de la aprobación de la cuenta final de liquidación (artículo 256 C.Co). De esta suerte, encontrándose la sociedad liquidada y quedando obligaciones a su favor, el liquidador no solo está facultado para recibir el pago de dichas obligaciones, sino que debe proceder a cobrar los créditos activos de la sociedad, teniendo en cuenta que se trata de un deber emanado del propio cargo que desempeña (artículo 238 Num. 3º ibídem).

En este orden de ideas, es claro que independientemente de que la sociedad a nombre de quien se encuentra la orden de pago a su favor este liquidada, la devolución puede hacerse a la persona que obró como liquidador de tal compañía, en razón a que como ya se manifestó este puede actuar en nombre de la misma, sin que deba existir otro acto administrativo para este efecto.

En este evento se deberá comprobar la calidad de liquidador de la sociedad de quien solicite la devolución.

Cordial Saludo,

Proyectó: Libia Patricia Garzón Vargas.

Revisó: Manuel Salvador Ayala Adies.