RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

El Ministerio de la Protección Social, como ente rector del sector de la protección social, con el fin de salvaguardar el goce efectivo del derecho a la salud de los pacientes que requieren la prestación de servicios de salud utilizando medios de transporte aéreo medicalizado, informa:

I. Alcance del numeral 3.3.1 del artículo 6° de la Ley 1151 de 2007

Como se observa, en dicha norma no se determina cuál es la entidad que agremia nacionalmente a los municipios colombianos. A este respecto, vale la pena destacar que existe un número plural de entidades que agremian municipios colombianos y que ninguna de ellas congrega a la totalidad de los municipios y distritos del país.

Así las cosas, en razón a que la precitada norma no especificó a cuál entidad se refería, y existe en Colombia más de una entidad que agremia municipios, no es posible interpretar que dicha entidad sea la Federación Colombiana de Municipios.

De igual manera, no se señaló la forma en que deben girarse los recursos a los que se hace referencia en la misma, ni se establecieron los estándares mínimos de servicio que deberá cumplir la entidad receptora del dinero. Tampoco se precisó la forma en la cual debían concurrir en su financiación los sectores que demandarían ese servicio y que tuvieran cubierto este tipo de riesgos, así como la proporción que de este valor se debe aplicar al porcentaje antes citado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el numeral 3.3.1 del artículo 6° de la Ley 1151 de 2007 no estableció una obligación clara, expresa y exigible a cargo de las entidades promotoras de salud y a favor de una entidad determinada que agremie nacionalmente los municipios colombianos, por lo tanto, las solicitudes presentadas o que llegare a presentar la Federación Colombiana de Municipios a los diferentes actores del sistema serían improcedentes.

En el marco del proceso de acción popular identificado con el radicado 2009-00173-00 de Carlos Mario Ramírez Ramírez contra La Nación – Ministerio de la Protección Social y otros, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Medellín, expidió el Auto 161 del 13 de agosto de 2009, mediante el cual decretó una medida cautelar, auto con base en el cual, el precitado juzgado mediante comunicación del 18 de agosto de ese mismo año dirigida a este ente Ministerial, estableció:

Con fundamento en los argumentos anteriormente expuestos, así como en las órdenes antes transcritas y siempre que no medie una instrucción judicial impartida en sentido contrario por una autoridad competente, es improcedente realizar cualquier traslado de recursos de la UPC de que trata el numeral 3.3.1. del artículo 6° de la Ley 1151 de 2007 a la Federación Colombiana de Municipios y/o a la Sociedad SARPA S. A. para financiar el sistema de transporte aéreo medicalizado, en desarrollo del objeto del contrato de concesión suscrito entre las partes para el efecto.

En desarrollo del numeral 21 del artículo 42 de la Ley 715 de 2001, adicionado por el artículo 32 de la Ley 1176 de 20072, se advierte a los destinatarios de la presente circular, que lo anteriormente dicho no puede ser utilizado para evadir la garantía, prestación y cumplimiento de las obligaciones propias de la atención oportuna a sus pacientes, cuando se requiera remitirlos utilizando medio de transporte aéreo medicalizado, con el fin de salvaguardar el goce efectivo del derecho a la salud.

Ante la ocurrencia de hechos que contravengan lo dispuesto en la presente circular, el Ministerio de la Protección Social dará traslado de dichas situaciones a la Superintendencia Nacional de Salud y al señor Juez Quinto Administrativo del Circuito de Medellín para los efectos que estimen pertinentes.