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Proyecto de Acuerdo 254 de 2015 Concejo de Bogotá, D.C.

Fecha de Expedición:
--/ 00/2015
Fecha de Entrada en Vigencia:
Medio de Publicación:
Ansles del Concejo
La Secretaría Jurídica Distrital aclara que la información aquí contenida tiene exclusivamente carácter informativo, su vigencia está sujeta al análisis y competencias que determine la Ley o los reglamentos. Los contenidos están en permanente actualización.


 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. 254 DE 2015

Ver Acuerdo Distrital 618 de 2015 Concejo de Bogotá, D.C.

POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO 77 DE 2002, AMPLIANDOSE EL SISTEMA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ D.C.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1. ANTECEDENTES.

Honorables Concejales, este proyecto que pongo a estudio de la Comisión fue presentado para las sesiones ordinarias del mes de Noviembre de 2014 (P.A. # 249-14, recibiendo ponencias positivas de los Hs. Cs. María Fernanda Rojas y Darío Fernando Cepeda, en las sesiones ordinarias del mes de febrero (P.A. # 088-15), recibiendo ponencias positivas de los Honorables Concejales María Victoria Vargas Silva, Roberto Hinestrosa Rey y Sandra Jaramillo. En las sesiones del mes de mayo (P.A # 151-15) con ponencias de los Hs Cs Juan Carlos Flórez y William Cesar Moreno. Los aportes de cada uno de ellos tanto en la ponencia como en el articulado, han sido recogidos en la presente versión, reconociendo su compromiso y voluntad de sacar la presente iniciativa adelante.

El tema del impuesto predial es sensible para los Bogotanos quienes han manifestado quejas frecuentes con respecto a los valores que deben pagar por este concepto. La primera gráfica es del presente año y la segunda gráfica es una nota del año 2011, lo cual evidencia una constante a la hora de emitir las liquidaciones del impuesto, recordemos que este problema es efecto de las constantes actualizaciones catastrales y no obedecen a cambios tarifarios en el impuesto.

Grafica 1:

Gráfica 2:

Es importante señalar que el pasado 4 de noviembre, la administración realizó el Primer Cabildo Distrital Para Personas Con Discapacidad en el Portal 20 de Julio, un espacio que sirvió para escuchar a ciudadanos y ciudadanas frente a lo que falta por hacer para garantizar sus derechos. La cabeza del gobierno distrital manifestó ese día que:

"(…) hay dos clases de personas en condición de discapacidad, la severa y la moderada o leve, esa diferenciación hace que la persona en condición severa no pueda laborar y al contrario una persona de su familia tenga que cuidarla de forma permanente, (…) entonces tenemos que trazar dos políticas diferentes: la persona en condición de discapacidad severa y la que no la tiene. Si la persona está en condición severa se lleva una persona de su propia familia, llevando a la familia a la pobreza si no lo estaba y si lo estaba a la pobreza extrema".1

Esta intervención realizada ante más de 2.000 personas ese día coincide plenamente con el análisis que sustenta este proyecto. Partamos del hecho que en Colombia, el 61% de las personas con discapacidad no recibe ningún tipo de ingreso económico para su manutención, según los cálculos del Dane a 2012 indican que de 2.943.971 personas con discapacidad en el país, el 52,3% está en edad productiva, pero solo el 15,5% de ellas se encuentra realizando algún tipo de trabajo. Solo el 2,5% de este grupo de la población obtiene remuneración de un salario mínimo legal vigente. En Bogotá tan solo 28.093 personas registradas manifestaron en el censo que trabajaban, un 16% de la población en edad de trabajar.

Pero incluso más que por la misma condición, el tema refleja una situación de discriminación, es que el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD muestra que hasta octubre de este año se han registrado en el país 882.232 personas con alguna discapacidad. De ellas, el 81% asegura que su condición ha sido motivo para no ser recibida laboralmente.

El informe ‘Discapacidad en Colombia: Retos para la Inclusión en Capital Humano’, señala que:

"El circulo perverso "discapacidad – pobreza", parece confirmarse mediante la evidencia estadística del Registro, el argumento de que la discapacidad es más recurrente en aquellos hogares pobres, se explica por las difíciles condiciones de vida que rodea a estas familias, pues se crean mayores posibilidades para la presencia de factores de riesgo (mala alimentación, altos niveles de desatención en salud, escaso acceso a los servicios públicos, saneamiento básico, etc.); la discapacidad a su vez crea mayores riesgos de pobreza, la discapacidad por lo general aparta a la persona de reales posibilidades para generar ingresos al interior de su hogar, además, su tratamiento exige múltiples sacrificios económicos por parte de su familia.2".

En la ponencia del H.C Juan Carlos Flórez se cita un estudio de Cayo y Sastre para fortalecer los argumentos de la presente propuesta:

"Cayo y Sastre (2011) enfatizan en la fuerte relación existente entre pobreza y discapacidad. Así, los autores argumentan que la relación entre estos dos fenómenos no es unidireccional, sino que hay una relación recíproca entre pobreza y discapacidad. En efecto, por un lado, la pobreza puede aumentar las situaciones de discapacidad como resultado de la carencia de una alimentación con los nutrientes adecuados, los cuidados sanitarios y alimenticios –por ejemplo, durante la maternidad- y por la falta de dinero para prevenir y curar situaciones de enfermedad que hubieran podido ser tratadas. Este argumento también puede ser ilustrado con el trabajo de Núñez y Cuesta (2006) cuando mencionan:

"La desnutrición y la enfermedad en los adultos conducen a bajos niveles de productividad, bajos niveles salariales, bajo consumo de alimentos y, de nuevo, desnutrición y enfermedad. La enfermedad, por su parte, restringe las actividades de generación de ingresos colocando a los miembros dependientes en riesgo de desnutrición. En los niños, la desnutrición y la enfermedad puede llegar a tener consecuencias catastróficas, que van desde la muerte hasta la discapacidad. Esta última agotará todas las oportunidades futuras de desarrollo físico, mental y económico", (Núñez and Cuesta 2006: 9).

Por otra parte, la discapacidad puede aumentar el riesgo de discriminación, exclusión y de pobreza. En efecto, a modo de ilustración, el acceso a la educación y al empleo suelen ser menores en los casos de personas con discapacidad3.

Ahora bien, el estudio de Cayo y Sastre (2011) también evidencia que, a nivel mundial –tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo-, la proporción de las personas en situación de discapacidad se ubica principalmente en los sectores más pobres de la población4.

Dicha situación plantea la necesidad de estudiar diversas opciones que alivien el impacto económico que pueda generar en la población con discapacidad el pago de ciertos tributos, uno de ellos es el pago del impuesto predial, especialmente cuando vía actualización catastral se aumentan paulatinamente lo cobrado por dicho impuesto. Adicionalmente la administración ha venido presentando en varias oportunidades un proyecto de modernización tributaria que busca cambiar el sistema de liquidación pasando de estratos a un método de avalúos.

Hoy mediante el Acuerdo 77 de 2002, los contribuyentes que declaren y paguen en debida forma la totalidad del impuesto Predial Unificado, dentro de los plazos que establezca la Secretaría de Hacienda, tienen un descuento del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a cargo.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE ACUERDO.

El presente proyecto, busca generar un descuento de hasta el treinta (30%) por pronto pago del valor del impuesto predial unificado para los predios cuyo avalúo sea inferior a 135 SMMLV donde el propietario sea una persona con discapacidad o sea de su cuidador o cuidadora permanente, dentro del plazo convencional que establece cada año la Secretaría de Hacienda.

"PERSONAS CUIDADORAS, Las personas, que haciendo uso de sus habilidades, destrezas, tiempo, fuerza de trabajo y talento, facilita el acceso de la persona cuidada a las capacidades básicas humanas (vida, salud física, integridad física, sentidos, imaginación, juegos, entre otras) y promueve su participación en los diferentes entornos en los que se desenvuelve, posibilitando la toma de decisiones y las elecciones según sus habilidades5.

"CUIDADO (UNICEM 2000), plantea que el cuidado se refiere a los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarca tanto el cuidado material que implica un trabajo, el cuidado económico, que implica un costo y el cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo. Así, se puede hablar de todos aquellos elementos que cuiden o ‘nutren’ a las personas, en el sentido que les otorgan los elementos físicos y simbólicos imprescindibles para sobrevivir. El cuidado visto desde la perspectiva de quien es cuidado se convierte en un derecho, que implica una serie de demandas en términos de bienes y servicios las cuales, se traduce para la vida de las personas en reales oportunidades para el desarrollo de sus capacidades y su proyecto de vida.6" (Subrayado propio).

3. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.

En promedio, uno de cada 10 hogares en la ciudad tiene una persona con discapacidad y en el 14% de los predios residenciales puede vivir una persona con discapacidad. Lo anterior teniendo en cuenta que en Bogotá se calculan 7.225.817 habitantes distribuidos en 2.174.294 hogares, lo que arroja un promedio de 3,3 personas por hogar. También hay 1.490.750 predios residenciales lo que arroja un promedio de 1,5 hogares por predio. Distribuidos por estratos tenemos lo siguiente:

Personas

Hogares

Personas por hogar

Predios

residenciales

Propietarios de Predios

residenciales

Hogares por predio

E1

679.706

193.223

3,5

104.246

131.071

2,2

E2

2.880.976

800.264

3,6

490.475

659.107

1,8

E3

2.650.534

809.471

3,3

511.629

674.012

1,6

E4

689.618

248.284

2,8

240.851

287.456

1,0

E5

196.921

72.491

2,7

77.0538

98.874

0,9

E6

128.062

50.561

2,5

64.644

73.567

0,8

total

7.225.817

2.174.294

3,3

1.490.750

1.926.639

1,5

Fuente: Secretaria de Hacienda de Bogotá-2013

El Censo de 2005 identificó 325.626 habitantes con discapacidad permanente, censadas en hogares particulares, para una prevalencia del 4,8%; según los resultados obtenidos con la aplicación del Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, se han registrado 201.608 personas.

Si examinamos las diferentes formas de tenencia de la vivienda, de todas las personas con discapacidad registradas en Bogotá, según cifras del DANE, el 62% vive en casa, el 21% vive en apartamento, 9% en cuarto, 7% en una institución.

 

Tenencia de Vivienda

%

Vivienda propia totalmente pagada

39%

Arriendo o subarriendo

33%

Vivienda de un familiar sin pagar arriendo

13%

Institucional

7%

Vivienda propia y la está pagando

6%

Vivienda de un tercero sin pagar arriendo

2%

Fuente: DANE-Marzo 2010.

Por estrato tenemos que la población registrada con discapacidad se concentra en el estrato socioeconómico bajo: un 12% (22.206) vive en estrato uno y el 46% se encuentran en estrato dos (87.808).

Según la última encuesta Multipropósito, estudio realizado en el año 2011, en estrato uno hay 15.371 hogares con vivienda totalmente pagada o la están pagando con al menos un miembro con discapacidad y en estrato 2 hay 59.299 hogares con similares características. Se puede observar en el siguiente cuadro:

Según cifras de Catastro Distrital, en Bogotá hay 76.470 propietarios de predios residenciales con algún tipo de discapacidad, de los cuales en estratos 1 y 2 suman alrededor de 32.000 personas.

Ahora bien, muchos tipos de discapacidad necesitan una ayuda permanente, es decir disponer de un cuidador o cuidadora que significa que esta persona no puede realizar otra actividad diferente, especialmente laboral de tiempo completo, según las cifras tenemos que 53.285 personas con discapacidad necesitan un cuidador permanente. De los cuales 42.705 es algún miembro del hogar. 5.832 deben pagar para que otra persona externa realice esta labor. Eso implica que dentro de ese hogar, existe una reducción de ingresos familiares que permitan atender otras necesidades del mismo7.

Las cifras de la Secretaria de Salud son consistentes con cifras señaladas por un estudio de la Universidad Javeriana, en Bogotá la mayoría de los cuidadores son mujeres (75%) y sólo una cuarta parte son hombres. El rango de edad de los cuidadores se encontró entre los 38 y los 60 años8. Según datos preliminares a 2015, esta cifra aumenta a 84.080 personas con discapacidad que requieren de cuidador permanente.

Fuente: Concepto de la Secretaria de Salud P.A 150-15

Según la encuesta de calidad de vida 2012, en Bogotá el 63% de los jefes de hogar manifestaron que apenas sus ingresos cubren los gastos mínimos y el 16% manifiestan que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos. Eso significa que tanto las personas con discapacidad como sus cuidadores son personas dependientes económicamente.

Según un estudio realizado por la Secretaria de Planeación, con información de la EMP 2011, se estimó en 414.167, el numero de hogares sin capacidad de pago, de los cuales el 16,6% tiene por lo menos un miembro del hogar con al menos una condición que genera discapacidad9.

Ahora bien, existen las condiciones económicas dadas para pensar en un descuento por pronto pago en el predial mayor al descuento que recibe la población en general, pero, ¿Por qué una tasa de descuento hasta del 30%? en ese sentido, por ejemplo si suponemos que algunos hogares pagan sus impuestos utilizando el sistema de tarjeta de crédito, estos deben pagar un sobrecosto que llega hasta ese valor de referencia. Lo cual significa un oneroso sobrecosto especialmente para este tipo de hogares comparados con un hogar promedio de estos estratos. Si miramos las tasas que cobran los bancos al año por el uso de sus tarjetas tenemos las siguientes:

 

Tarjeta de crédito de consumo

Entidad

Avances en efectivo

Consumos a 6 y 12 meses

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

22.97 %

24.66 %

BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC S.A.

28.03 %

27.91 %

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

28.63 %

28.32 %

BANCO COOMEVA S.A.

25.06 %

27.43 %

BANCO DAVIVIENDA S.A.

28.18 %

27.44 %

BANCO DE BOGOTA

26.21 %

25.28 %

BANCO DE OCCIDENTE

23.98 %

27.40 %

BANCO FALABELLA S.A.

24.40 %

28.61 %

BANCO FINANDINA S.A.

26.46 %

26.29 %

BANCO GNB SUDAMERIS

28.32 %

28.32 %

BANCO PICHINCHA S.A.

28.76 %

28.76 %

BANCO POPULAR S.A

28.32 %

28.32 %

BANCOLOMBIA S.A.

28.62 %

28.14 %

BBVA COLOMBIA

28.56 %

28.55 %

CITIBANK-COLOMBIA

28.73 %

26.24 %

COLPATRIA RED MULTIBANCA

28.37 %

28.08 %

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

22.09 %

20.50 %

EL BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.

28.67 %

27.03 %

FINANCIERA JURISCOOP S.A.

28.47 %

24.75 %

GIROS & FINANZAS S.A.

---

28.62 %

RIPLEY COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

21.26 %

28.62 %

TUYA S.A. o TUYA

28.43 %

28.42 %

Fuente: www.superfinanciera.gov.co consultado en enero de 2015.

Es decir que un jefe de hogar en estrato 2 cuyo predio tenga un avalúo catastral de $80.000.000 y que pague por concepto de impuesto predial alrededor de $400.000, con el 10% por pronto pago, pagaría $360.000, pero si lo difirió a un crédito a 12 meses pagaría entre $45 mil y $50 mil pesos de más por el impuesto. En ese sentido una tasa de descuento del 30% permitiría que estos hogares puedan proteger sus ingresos.

4. MARCO LEGAL.

Es necesario revisar dos puntos en el marco legal, por un lado el referente al punto de la discapacidad y por otro lado el tema del impuesto predial. Frente al primero tenemos lo siguiente:

La Organización Mundial de la Salud en el año 1980, creó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), que sirvió para determinar condiciones en relación con las situaciones que generan discapacidad.

Luego en el año 2001, se actualizó la CIDMM la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) que proporciona una descripción de situaciones relacionadas con el funcionamiento humano y sus restricciones y actualmente es la herramienta más importante para la identificación y clasificación de la discapacidad.

La CIF tiene dos partes, cada una con dos componentes: Parte 1. Funcionamiento y Discapacidad (a) Funciones y Estructuras Corporales (b) Actividades y Participación Parte 2. Factores Contextuales (c) Factores Ambientales (d) Factores Personales. Cada componente contiene varios dominios y en cada dominio hay categorías que son las unidades de clasificación. Algunas definiciones contenidas en el CIF son:

* Funciones corporales: Son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales (incluyendo funciones psicológicas).

* Estructuras corporales: Son las partes anatómicas del cuerpo tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Deficiencias son problemas en las funciones o estructuras corporales tales como una desviación significativa o una "pérdida".

* Actividad: Es la realización de una tarea o acción por una persona.

* Participación es el acto de involucrarse en una situación vital.

* Limitaciones en la Actividad son dificultades que una persona puede tener en el desempeño/realización de las actividades.

* Restricciones en la Participación: son problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales.

El calificador de capacidad describe la aptitud de un individuo para realizar una tarea o acción. Este "constructo" tiene por objeto indicar el máximo nivel probable de funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio y en un momento dado.10

Fuente: CIF

Al respecto la Constitución Política, Artículo 13 en su inciso tercero establece que: "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan". De esta disposición superior se deriva la obligación de las autoridades nacionales y distritales de adoptar medidas afirmativas para evitar la discriminación y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas con limitaciones o con discapacidad (Sentencia T-394 de 2004, MP. Manuel José Cepeda Espinosa).

El artículo 54 consagra que "El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud."

Diferentes sentencias han señalado que:

"Las personas con limitaciones o con discapacidad, deben gozar de la plenitud de los derechos que la Constitución reconoce a todas las personas, sin que puedan ser discriminadas en razón de su particular condición de discapacidad. En este sentido, ha resaltado que existen dos tipos de situaciones que constituyen actos discriminatorios contra las personas con limitaciones o con discapacidad: (i) de un lado, toda acción que anule o restringa los derechos, libertades y oportunidades de estas personas; y (ii) de otro lado, toda omisión injustificada respecto de las obligaciones de adoptar medidas afirmativas para garantizar los derechos de estas personas, lo cual apareja como consecuencia, la exclusión de un beneficio, ventaja u oportunidad, y por tanto constituye una discriminación11"

La Corte también ha reconocido igualmente, que en algunos casos, la disminución física puede ser de tal envergadura que "conduzca a la terminación del contrato de trabajo "en virtud de la ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada" y según "el nivel y grado de la disminución física que presente el trabajador". A este respecto, ha reconocido que "hay distintas formas de discapacidad y diversos niveles y, en algunos casos el grado de discapacidad le impide a la persona continuar su desempeño laboral o concurrir al mercado abierto de trabajo para obtener una ocupación. En este último supuesto las medidas más habituales de protección a los discapacitados encuentran un límite, ya que están concebidas para facilitar la incorporación laboral de personas con una afectación menos severa y quedan descartadas cuando se comprueba que la invalidez le impide a la persona cumplir cometidos de índole laboral y que, por lo tanto, es indispensable pensar en otras formas de protección del ingreso económico y de la integridad física y síquica del discapacitado12.

La Ley 361 de 1997, "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones" estableció una serie de medidas para facilitar el acceso de personas con discapacidad, a la educación, a integración laboral, al bienestar social, a la infraestructura física, a los bienes de uso público, y de acceder a programas de prevención, de cuidados médicos y psicológicos, de formación e integración laboral, para hacer efectiva la garantía de los derechos de estas personas, contribuir a su rehabilitación y asistirlas y protegerlas.

En su artículo 70 señala que: "Las distintas administraciones tanto del orden nacional como territorial incluirá en sus planes de desarrollo económico y social, programas y proyectos que permitan la financiación y el desarrollo adecuado a las distintas disposiciones contenidas en la presente ley"

La Ley 1346 de 2009, que adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2006, considera de especial protección las mujeres, los niños, las niñas con discapacidad.

En caso de los tributos, el artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, señala expresamente que "Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrá los siguientes derechos: (...) -3) Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones...";

Frente al tema especifico del impuesto predial, tenemos:

La Ley 1430 de 2010 en su artículo 60 señala el carácter real del impuesto predial unificado. "El impuesto predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte que el respectivo municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya adquirido".

Para el impuesto predial existen tres clases de beneficios:

* Las exclusiones: las determina la ley e implican que no se causa el impuesto.

* Las exenciones: las crea cada municipio e implican que el impuesto si se causa, pero que el contribuyente no está obligado a pagarlo.

* Los tratamientos especiales: también los otorga cada municipio y en este caso el contribuyente está obligado al pago del impuesto, pero con una tarifa especial.

Otro aspecto a tener en cuenta es el sujeto pasivo del impuesto, es decir el propietario o poseedor de predios ubicados en la jurisdicción de Bogotá Distrito Capital.

El impuesto predial ha venido sufriendo modificaciones normativas, que valen la penan señalar:

Acuerdo 185 de 2005: Ampliación beneficio tributario Estrato 1 y 2 con usos mixtos (Residencial- Comercial), cuya área comercial no supere los 30 M2, podrán tributar en el Sistema Simplificado de Pago.

Acuerdo 196 de 2005: Se ordena el beneficio tributario (Tarifa 2 x mil), para Entidades sin ánimo de lucro de derecho público o privado que realicen actividades de atención educativa, alimentaria, socio afectiva y de protección de acuerdo a los establecido en el acuerdo.

Acuerdo 352 de 2008: Ajuste por Equidad Tributaria que garantiza la progresividad del Impuesto predial y fortalece la herramienta de actualización catastral.

Acuerdo 469 de 2011: Define nuevos sujetos pasivos, define el carácter real del impuesto predial y obliga a solicitar estado de cuenta para transferencia de predios.

Acuerdo 124 de 2004: "Por el cual se otorgan unas Exenciones Tributarias a las Personas Victimas de Secuestro y Desaparición Forzada, se reconoce el Tratamiento que opera en el Distrito Capital para el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias a su cargo y se regula el acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud y Educación para sus Familias". Allí se señaló el siguiente beneficio:

"ARTICULO  1° El predio de uso residencial urbano o rural en donde habite la persona víctima del secuestro o de la desaparición forzada, que sea de propiedad del secuestrado o desaparecido, o de su cónyuge, o compañero o compañera permanente, o sus padres, estará exento del pago del impuesto predial unificado y de la contribución de valorización por beneficio general o local, que se cause a partir de la vigencia del presente acuerdo, durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada"

Este Acuerdo es importante resaltarlo porque el beneficio no solo recayó sobre le sujeto pasivo sino sobre quienes tenían relación directa con el propietario del predio.

Aunque para este caso, los mandatos legales permiten darle un tratamiento especial a la población con discapacidad, como una exención; la iniciativa busca es generar un incentivo con una acción inclusiva que le permita a los hogares dos aspectos: primero, proteger los recursos económicos del hogar y dos, cumplir con las obligaciones tributarias. De acuerdo a lo anterior y con el fin de dinamizar el recaudo del tributo predial se pueden establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento voluntario del pago de los impuestos tales como los descuentos por pronto pago.

Desde mediados de los años setenta, la ciudad de Bogotá a adoptado una política de estímulo al pago oportuno de obligaciones tributarias, para el predial con el Acuerdo 28 de 1975, fijó un descuento del 10% para los contribuyentes que cancelaran en el primer trimestre del año y del 5% para la cancelación oportuna del pago de las dos cuotas semestrales. Después el Acuerdo 26 de 1988 cambió los porcentajes de descuentos, fijándolos en el 15% y 10% del impuesto a cargo. Estos incentivos se retomaron con el Acuerdo 26 de 1991, institucionalizándose la figura del descuento por pronto pago en el impuesto que fue vigente hasta la aprobación del Acuerdo 77 de 2002, "Por el cual se modifica el Sistema de Beneficios Tributarios del Impuesto Predial Unificado y del Impuesto Sobre Vehículos Automotores" señaló que:

"Incentivos para el pago. Los contribuyentes que declaren y paguen en debida forma la totalidad del impuesto Predial Unificado o del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, dentro de los plazos que establezca la Secretaría de Hacienda, tendrá un descuento del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a cargo".

La experiencia de generar descuentos en impuesto predial a nivel internacional ha venido teniendo una acogida creciente en países como México y Ecuador. En Colombia se encuentran ejemplos muy puntuales como en la ciudad de Duitama donde mediante Acuerdo 30 de 20013, "Por el cual se establece el plan de descuentos de impuestos para la Vigencia Fiscal 2013", se establece "Otorgar descuento del 2% del impuesto predial sobre unos predios de los cuales la titularidad sea de madres y/o padres cabeza de familia y/o personas en condición de discapacidad"13.

El Decreto Ley 1421 da las competencias a este Concejo para "dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito".

La Sentencia C 765 de 2012 analiza la Autonomía Territorial y su incidencia en relación con la asignación de competencias a favor de la población en situación de discapacidad, recordando que la Constitución Política en su artículo 287 determina los derechos mínimos de las entidades territoriales: i) gobernarse por autoridades propias; ii) ejercer las competencias que les correspondan; iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y iv) participar de las rentas nacionales. Frente a esto la Corte Constitucional es clara:

"En esa perspectiva, la ley puede imponer a las entidades territoriales funciones específicas e incluso cargas sobre determinados asuntos que, de no mediar esa preceptiva, podrían ser libremente decididas por ellas. Así, no se considera que el señalamiento por ley de ciertas competencias y funciones a cargo de aquellos entes infrinja la autonomía constitucional que les es inherente. Con todo, es claro que los departamentos, distritos y municipios podrían realizar desarrollos normativos adicionales a los previstos en la ley, por ejemplo brindando un mayor grado de protección o de beneficios a determinados sujetos, lo que sí constituiría una válida expresión de esa autonomía14".

Cabe señalar que la administración en sus comentarios señaló que este proyecto "implica una modificación del tributo territorial de competencia del Alcalde Mayor". Al respecto de las competencias del señor Alcalde Mayor vs Concejales, se subraya el compromiso del gobierno distrital cuando se trata de proyectos de gran importancia para la ciudad; existen antecedentes de proyectos de acuerdo que han sido avalados por la administración después de haber sido radicados por los Honorables Concejales y en otros casos han sido acumulados con proyectos presentados por los mismos.

El caso más reciente es el proyecto de Acuerdo 170 de 2014, presentada por el H.C Celio Nieves y firmada por la mayoría de los Concejales de la ciudad (Estampilla Universidad Pedagógica Nacional). Dicho proyecto en oportunidades anteriores recibió concepto negativo, sin embargo fue avalada por el Secretario de Hacienda con modificaciones al articulado. Una vez surtido los trámites en la Corporación se convirtió en el Acuerdo 568 de 2014.

Tal y como lo señaló la ponencia del H.C Darío Fernando Cepeda al Proyecto 249 de 2014: "contamos con las herramientas necesarias para apoyar y sacar adelante una propuesta en beneficio de los bogotanos. Solo se requiere voluntad política de hacerlo."

Destacar de la ponencia de la Honorable Concejal María Victoria Vargas lo siguiente:

"Con la expedición del Acuerdo 124 de 2004, del cual fui ponente, se demostró que con voluntad política, si es posible generar condiciones de vida que beneficien a la población vulnerable. Este Acuerdo es importante resaltarlo porque el beneficio no solo recayó sobre el sujeto pasivo sino también sobre quienes tenían relación directa con el propietario del predio.

Aunque para este caso, los mandatos legales permiten darle un tratamiento especial a la población con discapacidad, como una exención; la iniciativa busca generar un incentivo con una acción inclusiva que le permita a los hogares dos aspectos: primero, proteger los recursos económicos del hogar y dos, cumplir con las obligaciones tributarias. DE acuerdo con lo anterior y con el fin de dinamizar el recaudo del tributo predial se pueden establecer mecanismos que garanticen el cumplimiento voluntario del pago de los impuestos tales como los descuentos por pronto pago."

De la ponencia del H.C. Juan Carlos Flórez destacamos el siguiente argumento:

"Teniendo en cuenta la jurisprudencia citada, el requisito de la iniciativa se cumpliría no sólo con la presentación del proyecto de acuerdo, sino dando el aval al mismo cuando ha sido presentado por otros agentes (concejales, ciudadanos, organizaciones sociales, etc.). Si el proyecto de acuerdo no cuenta con el aval, en los términos antes señalados, el mismo estaría viciado de nulidad, y podría ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

El Concejo de Bogotá parece haber aplicado la teoría del aval en oportunidades anteriores; entre otros, cuando se aprobó por primera vez la estampilla a favor de la Universidad Distrital (Acuerdo 53 de 2002)15 y la modificación de dicha estampilla mediante el Acuerdo 272 de 200716 (Concejo de Bogotá 2007). Estos dos acuerdos siguen vigentes, no fueron objetados en su momento por el alcalde mayor y a la fecha no han sido demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo por no cumplir con el requisito de iniciativa exclusiva de la administración".

Por lo tanto el tema de la competencia o iniciativa por parte de los Honorables Concejales de este tipo de proyectos puede ser resuelto en el transcurso del debate si se cuenta con el aval del Secretario de Hacienda conforme a la potestad expresada por el Alcalde Mayor, como ha ocurrido en anteriores oportunidades con otros proyectos.

5. IMPACTO FISCAL

Para predecir el impacto fiscal de la medida, debemos primero conocer la tarifa del predial en la ciudad para el año 2015.

TARIFAS PARA LA VIGENCIA 2015

CATEGORÍA DEL PREDIO

DESTINO

TARIFA PLENA
(POR MIL)

AUTOAVALÚO O BASE GRAVABLE

AJUSTE

Residenciales urbanos

ESTRATO

1 ó 2

61

2

Entre $10.718.000 y $70.556.000

$0

1 ó 2

6

Más de $70.556.000

$85.000

3

4

Hasta $37.328.000

$0

3

6

Más de $37.328.000

$85.000

4

6

Hasta $89.277.000

$0

4

7.5

Más de $89.277.000

$141.000

5 ó 6

7

Hasta $236.526.000

$0

5 ó 6

9.5

Más de $236.526.000

$594.000

El Salario Mínimo para el presente año es de $644.350, en ese sentido este proyecto beneficiaria a predios residenciales cuyo avalúo sea menor o igual a $86.987.250. La mayoría de estos predios actualmente pagan una tarifa que no supera el 6 x mil.

Según las últimas cifras de la Secretaría de Hacienda, el recaudo por impuesto predial unificado para estratos 1 y 2 es de $4.476 millones y $48.496 millones respectivamente vigencia 201317. En predios cuyo valor es inferior a los 135 SMMLV el recaudo de predial asciende a $35.000 millones de pesos.

Para el año 2014 según la base catastral hay 794.217 predios con clasificación 61 (Residencial), con avalúo inferior a $86.987.250, el 60% corresponden a estratos 1 y 2. Otro dato a tener en cuenta es que estrato 2, el 80% de los predios tienen un avalúo inferior a ese valor.

La mediana en estrato 1, son predios de: $35.452.000 y en estrato 2: $54.673.000. Conforme a esta información y a promedios prediales de $41.000 para estrato 1 y $78.000.

Cabe aclarar que este proyecto no tiene impacto fiscal en el estricto sentido, dado que no se está generando una exención tributaria, sino un mayor descuento al que normalmente pagan los contribuyentes. Con una proyección máxima de 65.000 predios que hipotéticamente se beneficiarían con la medida, haciendo cálculos, el ahorro para los hogares con discapacidad llegaría a los 3 mil millones de pesos.

Promedio Predial*

Valor unitario

descuento actual del 10%

V/r unit con el descuento propuesto hasta 30%

# estimado de predios beneficiados**

Descuento adicional propuesto***

E1

$54.500

$5.450

$16.350

8.200

89.380.000

E2

$105.900

$10.590

$32.850

28.400

601.512.000

E3

$406.709

$40.670

$122.010

28.400

2.310.056.000

65.000

3.000.948.000

*Información obtenida de Secretaría Distrital de Hacienda (2015).

** Supuesto tope de que el 45% de las PcD necesitan un cuidador permanente. EMP2011 (164.411 hogares con vivienda propia donde al menos un miembro que vive es PcD)

***Con base a un 20% adicional al 10% que ya se recibe por pronto pago.

Reitero que este proyecto no genera explícitamente impacto fiscal, porque no todos los beneficiarios pagan en las fechas de descuento, incluso este ingreso que deja de percibir el distrito, puede ser compensado de dos formas:

a. Una posible disminución de la evasión que actualmente se encuentra en un 11,98%.

Tasa de Evasión del Impuesto Predial en Bogotá D.C.

 

Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Predial

18,8%

19.52%

14.74%

12.51%

11.98%

10.72%

Fuente: SHD, Corte a 31 de diciembre de 2014, Proposición 111-15

b. Fortaleciendo estrategias por programas antievasión que logra recuperar más de 200 mil millones de pesos por año, tal y como se observan en los dos siguientes cuadros tomados de respuesta de la proposición 136 de 2014.

Recaudo por programas antievasion en el Impuesto Predial

 

Año

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Meta

129.026

106.321

177.759

214.198

212.191

196.809

Recaudo

132.651

160.115

197.765

197.564

259.014

276.399

Cumpl

103%

151%

111%

92%

122%

140%

Fuente: SHD Corte a 31 de diciembre de 2014, Proposición 111-15

La ponencia de la Honorable Concejala Sandra Jaramillo expresa lo siguiente:

Dicha posición coincide plenamente con lo expresado por la Ponente H.C. María Victoria Vargas quien señala que:

"La implementación del Acuerdo 77 de 2002 ha demostrado que el otorgamiento de incentivos por pronto pago ha tenido un impacto fiscal positivo en el recaudo del impuesto predial. Para una correcta implementación del proyecto de acuerdo propuesto se hace necesario que la Secretaría de Hacienda Distrital adelante un estudio que caracterice la población objetivo, de tal manera que conociendo sus hábitos fiscales se pueda conocer de manera correcta el impacto fiscal del descuento propuesto18"

En ese sentido, si se aprobara esta iniciativa, entraría en vigencia en la siguiente vigencia fiscal, dándole un margen de acción importante a la administración para ajustar los criterios de beneficio y reglamentar el Acuerdo.

Finalmente, sobre el impacto fiscal el mismo Alcalde Mayor ha reconocido que cuando se trata de población con discapacidad debe realizarse acciones que subsanen su vulneración económica y fragilidad social.

"(…) la discapacidad puede llevar a una familia entera a la pobreza y eso es lo que estamos tratando de evitar, en otros sectores de la sociedad más pudientes, nos dicen ustedes se equivocan porque están sosteniendo personas que deberían trabajar, aquí no es posible y no es posible porque una persona en condición severa de discapacidad no puede trabajar y al contrario se lleva un familiar que si lo puede hacer a una condición casi de atención exclusiva en la casa o en el lugar donde vive esta persona, por eso el Estado tiene que tender la mano, (aplausos) si aquí el Estado no tiende la mano, lo que llevaremos a miles de familia a la pobreza extrema, lo hemos evitado19." (Subrayado fuera de texto original)

Dado que la Secretaria de Hacienda Distrital, manifestó en su concepto del 8 de mayo de 2015, oficio 20153510117421, que "no existen estudios que permitan medir la eficacia de la adopción de este tipo de beneficios en relación con los derechos fundamentales que buscan proteger el Estado en esta población vulnerable" cabe recordar que la ciudad cuenta con el Acuerdo 573 De 2014, "Por el cual se establecen medidas para el análisis de las variables económicas y sociales que afectan el recaudo de los tributos de los contribuyentes en desarrollo de los principios de equidad y progresividad fiscal y tributaria20", por lo tanto se incorpora un articulo para que previo a la adopción de esta medida realice los estudios correspondientes.

Invito a la Corporación a respaldar la presente iniciativa que impactará positivamente sobre la población con discapacidad y sus cuidadoras o cuidadores e incentivará el pago oportuno de obligaciones tributarias e incluso la adquisición de vivienda para aquellas personas con discapacidad que no posean un techo propio.

Cordialmente, Concejales Partido De La U,

LUCY JIMENA TORO TORRES

NELLY PATRICIA MOSQUERA MURCIA

Concejal de Bogotá D.C.

Concejal de Bogotá D.C.

LILIANA DE DIAGO

SEVERO ANTONIO CORREA VALENCIA

Concejal de Bogotá D.C.

Concejal de Bogotá D.C.

SANDRA JARAMILLO GONZALEZ

JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA

Concejal de Bogotá D.C.

Concejal de Bogotá D.C.

RUBEN DARIO TORRADO

CLARA LUCIA SANDOVAL MORENO

Concejal de Bogotá D.C.

Concejal de Bogotá D.C.

PROYECTO DE ACUERDO No __ DE 2015

POR EL CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO 77 DE 2002, AMPLIANDOSE EL SISTEMA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN BOGOTÁ D.C.

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.,

En uso de sus Facultades Constitucionales y Legales, en especial las que le confieren el artículo 12, numerales 1 y 3 del Decreto Ley 1421 de 1993,

ACUERDA:

Artículo 1. Adicionase al Artículo 1 del Acuerdo 77 de 2002, el cual será del siguiente tenor literal:

"Artículo 1. Incentivos para el pago. Los contribuyentes que declaren y paguen en debida forma la totalidad del impuesto Predial Unificado o del Impuesto Sobre Vehículos Automotores, dentro de los plazos que establezca la Secretaría de Hacienda, tendrá un descuento del diez por ciento (10%) del valor del impuesto a cargo.

Parágrafo primero: Para el caso del impuesto predial unificado y dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Hacienda, los predios residenciales cuyo avalúo sea inferior o igual a ciento treinta y cinco (135) salarios mínimos mensuales legales vigentes-SMMLV, podrán obtener un descuento de hasta el treinta por ciento (30%) del valor del impuesto a cargo, siempre y cuando sea propiedad de una persona con discapacidad o de su cuidador o cuidadora permanente.

El predio residencial respecto del cual se solicita este beneficio deberá cumplir como mínimo los siguientes criterios:

a. La persona con discapacidad deberá formar parte del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.

b. Que en el inmueble resida la persona con discapacidad y que su grado o nivel de deficiencia, limitación o dificultad, conforme a la Clasificación Internacional de Funcionalidad (CIF), le impida desarrollar de forma permanente actividades de la vida diaria como la participación laboral.

c. Si el inmueble es de propiedad del cuidador o cuidadora permanente de la persona con discapacidad, deberá entre ellas existir un vínculo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero civil, o que sean cónyuges o compañeros permanentes entre sí, de acuerdo a lo establecido legalmente.

d. Que el (la) propietario (a) del predio respecto del cual se solicita el beneficio, no sea propietario de dos o más inmuebles.

Parágrafo segundo. El (La) propietario(a) que considere tener derecho al beneficio consagrado en el parágrafo primero del presente acuerdo, solicitará su reconocimiento cada cinco años, ante la Secretaria de Hacienda, entidad que reglamentará los criterios de otorgamiento, acceso y divulgación de este beneficio.

Artículo 2. La Administración Distrital antes de la siguiente vigencia fiscal, para estimar el porcentaje de descuento adicional y la eficacia de la adopción de este beneficio en la población con discapacidad, realizará un estudio de valoración económica y social, el cual podrá ser actualizado cada año.

Artículo 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1. Consultar: Bogotá Humana Oficina Asesora de Prensa https://www.youtube.com/watch?v=43tbOYY0NFc

2. Gómez Beltrán, Julio Cesar. Fundación Saldarriaga Concha, Abril 2010, Consultado en: http://www.colombialider.org/wp-content/uploads/2011/03/discapacidad-en-colombia-reto-para-la-inclusion-en-capital-humano.pdf Página 55

3. A manera de ilustración valga citar: "Los estudios de caso, indican que los mayores índice de discapacidad están asociados con altos índices de analfabetismo, estados nutricionales muy pobres, cobertura de vacunación e inmunización mínima, alto índice de VIH, peso bajo al nacer, mayor riesgo de sufrir violencia y abuso, así como mayor desempleo y menor movilidad ocupacional", (Cayo and Sastre 2011, 68). Citado en la Ponencia P.A 151-15.

4. A modo de ilustración: "Las personas con discapacidad, se encuentran entre los grupos de población con más riesgo de vivir en una situación de pobreza, especialmente, en los países en vía de desarrollo, y de exclusión social, en países más avanzados. La información sobre discapacidad y pobreza es escasa, y la que hay, refleja que aunque no todas las personas con discapacidad son pobres, sí que existe un número desproporcionado de estas personas que viven en condiciones de pobreza extrema en todos los países", (Cayo and Sastre 2011, 68). A su vez, con relación a este punto se puede ilustrar también: "En el estudio realizado por el Banco Mundial "La voz de los pobres", que recoge las opiniones de 60.000 hombres y mujeres pobres de 60 países en el mundo a través de consultas realizadas a diversas personas que viven en condiciones muy diferentes, recopiladas en un estudio que puede ser considerado como uno de los estudios participativos más amplios que se han realizado, -la discapacidad fue considerada en un gran número de ocasiones como una de las características que solían tener los "muy pobres" y, a las personas con discapacidad se las situaba entre los más exclusivos "lo más pobres de entre los pobres", (Cayo and Sastre 2011: 72). Citado en la Ponencia P.A 151-15.

5. Secretaria De Integración Social, concepto al P.A 150-15. Página 10. Citando a: Mary Robinson y Nussbaum, Página 202, "Las Fronteras de la Justicia"

6. Ibidem.

7. Secretaria Distrital De Salud Bogotá D.C. Dirección De Salud Pública, 2011 Consultado en: http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Protocolos%20de%20Vigilancia%20en%20Salud%20Publica/CARACTERIZACION%20SOCIODEMOGRAFICA%20%20%20POBLACION%20CON%20%20DISCAPACIDAD%20BOGOTA%2020052010.pdf

8. Buitrago Echeverri, María Teresa y otros. "Necesidades generales de los cuidadores de las personas en situación de discapacidad" Bogotá (Colombia), 12 (1): 59-77, enero-junio de 2010. Revista de Investigación en Enfermería

9. Respuesta Derecho de petición SDP, Agosto de 2014.

10. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, OMS-OPS Consultado en: http://conadis.gob.mx/doc/CIF_OMS.pdf

11. Ver las Sentencias C-401 de 2003, C-174 de 2004, C-804 de 2009y C-640 de 2010. Ver también las Sentencias T- 826 de 2004, T-288 de 1995  y T-378 de 1997. Ver igualmente el Auto 06 de 2009 consultado en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-824-11.htm#_ftn15

12. Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30237

13. Consultado en el enlace: http://duitama-boyaca.gov.co/apc-aa-files/62653261643164376130336162613534/calendario-tributario-2013.pdf

14. Ibidem, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-765-12.htm

15. El proyecto de acuerdo 210 de 2001 fue presentado por los Concejales Pedro Rodríguez Tobo, Colin Crawford, William Cubides Rojas, Samuel Arrieta Buelvas y Jorge Ernesto Salamanca Cortes. La administración, a través de la Secretaría de Hacienda, emitió concepto de favorabilidad al proyecto, en los siguientes términos: "Con las anteriores consideraciones y teniendo pleno conocimiento de la importancia de estos recursos para la viabilidad y mejoramiento académico, financiero y administrativo de la Universidad Distrital, a partir de la definición de acciones concretas en temas como el pasivo pensional y prestacional (cesantías), la planeación en la contratación, la programación de los gastos mediante un programa de racionalización del mismo y la definición de metas específicas en el Plan de Desempeño, la Secretaría de Hacienda está dispuesta a otorgar el aval correspondiente." (Secretaría de Hacienda. noviembre 2001)

16. En 2006 se presentó por parte de varios concejales (Alvaro Mejía Bravo, María Angélica Tovar, Darío Fernando Cepeda, Cristina Plazas, Gustavo Alonso Páez, Álvaro Argote, Carlos Orlando Ferreira, Susana González, Hugo Patiño, Carlos Alberto Baena, Carlos Vicente de Roux, Alejandro Martínez, Bruno Alberto Díaz, Gilma Jiménez, Orlando Santiesteban, Isaac Moreno de Caro, Yamile Medina, Lariza Pizano, Elvar Emel Rojas, Guillermo Villate y Ati Qigua Izquierdo) el proyecto de acuerdo 386 que buscaba modificar el Acuerdo 53 de 2002. En este caso, si bien no hubo un pronunciamiento expreso por parte de la administración en materia de competencia, la administración le dio viabilidad al proyecto de acuerdo y éste fue aprobado siendo actualmente el Acuerdo 272 de 2007.

17. Respuesta Proposición 136-14

18. Ponencia del proyecto de Acuerdo 088-15, página 7

19. Consultar: Bogotá Humana Oficina Asesora de Prensa https://www.youtube.com/watch?v=43tbOYY0NFc

20. Ver: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=60080