RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

"a) El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

b) El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas;

c) La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;

d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y

e) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. "

La corrupción es uno de los principales flagelos de nuestra sociedad que incide profundamente en el manejo de los recursos públicos, en la contratación, en la provisión de los empleos y en los mecanismos de fiscalización y control. La corrupción abarca y permea todo el tejido social, incluyendo esferas del alto gobierno.

A pesar de que la corrupción es un tema que ocupa la atención nacional casi todos los días, muy poco se ha avanzado en forma efectiva para disminuirla o combatirla a fondo. Desde muchos rincones del Estado se genera corrupción ya sea por acción u omisión de los funcionarios públicos, por el tráfico de influencias., pero igualmente el sector privado busca a toda costa el mayor beneficio en los contratos como sucede en las concesiones y en las demandas millonarias contra el Estado. Hay contratistas que le juegan a demandar al Estado y ganarse la plata pleiteando y no trabajando.

Se requiere por lo tanto implementar mecanismos que aseguren la transparencia y una sana utilización de los recursos del Estado. Es necesario mejorar los mecanismos de la contratación pública, los procesos licitatorios, las adjudicaciones y los concursos de méritos para que de verdad sean públicos.

La transparencia en las licitaciones no puede ser simplemente que se convoquen y se publiquen en periódicos, es necesario profundizar y analizar las diferentes alternativas y propuestas de los contratistas.

En cuanto a la ejecución de las obras y la prestación de los servicios es necesario conocer paso a paso como se han desarrollado estas obras, si se han invertido de acuerdo a los estudios y soportes técnicos, para evitar que los contratistas presenten ofertas por lo bajo para ganarse la licitación y después buscar a través de reajustes y adiciones que el valor se infle por encima de las sumas acordadas inicialmente.

Necesitamos que los contribuyentes ejerzan una veeduría y vigilancia permanente para que el pueblo sepa en que se invierte el dinero que pagan con sus impuestos y para que se precise la calidad de las obras.

En diversas partes del mundo se vienen impulsando programas de lucha contra la corrupción.

En Hungría, por ejemplo, un programa viene funcionando desde 1997 y plantea entre otros aspectos la conformación de un sistema nacional de integridad que trate de desentrañar las causas, costos y efectos de la corrupción y los remedios contra la misma.

La ONU, por su parte tiene un Manual contra la corrupción en donde se destaca: la necesidad de brindar asesoría internacional en la promoción de la transparencia; la objetividad en los procesos de contratación pública, foco de corrupción por excelencia, los acuerdos de transparencia entre las entidades públicas contratantes y los potenciales contratistas, en los que unos y otros se comprometan a observar unas reglas de juego basadas en la ética y la competencia leal, la introducción de estándares de gestión fundamentados en el logro de resultados, de manera que el funcionario público sea evaluado con base en éstos y no sólo en las metas por cumplir.

Otras recomendaciones del Manual tienen que ver con la información oficial amplia al ciudadano, diseño de planes de anticorrupción de origen comunitario, capacitación de medios para que la información sobre las irregularidades no se quede en la denuncia, sino que se desarrollen campañas de transparencia e integridad.

Igualmente señala que es necesario adelantar campañas educativas anticorrupción para que la comunidad tenga claro que no debe pagar soborno, no debe vender el voto, con el fin de construir una conciencia y ética ciudadana, base esencial para que efectivamente se pueda erradicar la compra y venta de valores y principios, la compra y venta de conciencias, la inversión de valores.

1.- Según revelaciones en el Foro sobre Corrupción, Integridad y Gobernabilidad llevado a cabo en Bogotá en el presente año, organizado por el Gobierno Nacional y el Banco Mundial:

- La corrupción estatal costó a los colombianos el año pasado, como mínimo, US 2.240 millones de dólares, una suma que equivale al 80% del déficit fiscal del país del 2001 ó al 2,6 % del Producto Interno Bruto Nacional.

- El Banco Mundial calcula que en sobornos por compras estatales y licitaciones, el costo de la corrupción para los ciudadanos fue de cerca de US 480 millones de dólares.

- El organismo señala que por la desviación de recursos, el costo para los colombianos se elevó a unos 1.760 millones de dólares.

- el 10 % del monto total de contratación estatal se paga en mordidas, tasadas en un 19 % del costo del contrato.

- existe un grupo de empresas que poseen el monopolio de la contratación estatal y que en el 50 % de los casos estatales hay que pagar una mordida para ganar su adjudicación.

2.- El Banco Mundial realizó una encuesta sobre la corrupción en Colombia en el año 2001. Para aplicar la encuesta, el Banco Mundial buscó cinco ciudades de diferente tamaño y niveles de administración, y, además, que representaran a las distintas regiones del país. Bajo esa óptica, fueron aplicadas entrevistas en Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Ibagué, Cartagena y Yopal y se consultó a tres segmentos diferentes .empresarios, contratistas y usuarios de entidades estatales.

Esa metodología según el Banco Mundial, permitió medir no solo percepciones sobre los niveles de corrupción sino experiencias individuales de tres sectores sobre pago de mordidas, y ofrecimiento de sobornos o influencias ilegales en la toma de decisiones del Estado.

Los resultados de la encuesta más relevantes son:

- En el 50 % de los contratos estatales se pagan mordidas; los grupos económicos presionan ilegalmente para obtener .favores. del Estado y la justicia sigue siendo sólo para los de ruana"

- Las confesiones .según la encuesta. de 3.472 funcionarios públicos, 1.343 empresarios y 3.493 usuarios de entidades estatales, le permitieron al Banco Mundial realizar el primer diagnóstico sobre los orígenes, alcances y protagonistas de la corrupción en Colombia.

- La encuesta .. dejó al descubierto datos que incluyen desde el porcentaje que deben pagar los contratistas para ganar un contrato con el Estado .19 %- , hasta el escalafón de las entidades percibidas como las más corruptas del país, encabezado por el Congreso de la República.

- El 78 % de los funcionarios encuestados en todo el país señalaron a los grupos económicos como los actores que mayor capacidad y dominio tienen para influir, a través de sobornos, en las decisiones del Estado. Igual opinó el 80 % ciento de los empresarios entrevistados.

3.- Según el vicecontralor de la república, José Félix Lafaurie, "se ha demostrado que los sobreprecios que fraguan los corruptos, en la contratación con las entidades del Estado, superan en muchos casos el 20%. Pero hay otros en los cuales este porcentaje es muy superior y sus efectos son devastadores, pues los dineros que van a parar a los bolsillos de los corruptos, se restan a la inversión social".

Según cifras de la Contraloría indican que las compras del Estado en bienes y servicios alcanzan los $26 billones al año (sin incluir obras públicas y servicios de consultoría), de los cuales un 80% se surte por el proceso de compra directa, lo cual permite seleccionar "a dedo" quiénes son los que se quedan con más de $22 billones en asignación de contratos.

Lo más grave es que menos de 4% de las empresas registradas en las Cámaras de Comercio son siempre las favorecidas, señala el vicecontralor.

4.- Según informes de la Contraloría General de La República, entre 1994 y 1998 el país perdió por corrupción administrativa $ 2.27 billones. Datos mas recientes señalan que la corrupción en el año 2000 le costó al país ceca de $1.4 billones, el equivalente a un punto del PIB. Colombia se encuentra entre los primeros 30 países mas corruptos del mundo.

5.- Según el periódico El tiempo de Febrero de 2002, "Guillermo Fino, presidente del ISS aseguró que se detectaron robos por $ 3.000 millones de pesos en medicamentos."

6.- En el caso de Bogotá, se han presentado a través de su historia, graves irregularidades administrativas en la contratación que ha conducido a altos sobrecostos como el caso del Guavio, Sofremi- Fondo de Vigilancia, ICA, Prosantana, etc.

Las perdidas para el distrito por estos pleitos que se presentaron como reclamaciones alcanzaron la cifra de 44.862 millones de pesos (ICA Y PROSANTANA) y en el caso del Guavio alrededor de US 2.500 millones de dólares.

Más recientemente, en el presente año, el distrito fue condenado por un Tribunal de Arbitramento a pagar más de $ 17.000 millones de pesos a CODENSA por el pago del alumbrado público.

Según declaraciones del Alcalde Mockus publicadas en el Tiempo del 21 de junio del 2002, "Funcionarios de bajo rango, exfuncionarios o tramitadores vienen cobrando propinas para las adjudicaciones de los contratos y licitaciones, por lo menos de un 15% del monto total de las adjudicaciones,"

Se propone constituir un Comité Distrital de lucha para contra la corrupción, constituido por los organismos de control, universidades, organizaciones sociales y veedurías cívicas y otros sectores sociales.

Dicho Comité tiene como misión fundamental elaborar un programa de lucha contra la corrupción y adelantar toda una serie de acciones para prevenirla, disminuirla y acabarla. Igualmente se enumeran algunos lineamientos mínimos para elaborar el programa de lucha contra la corrupción y se establece el compromiso de presentar anualmente informes sobre los resultados del programa.

El articulo 2 de la Constitución Política de Colombia señala que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos deberes consagrados en la constitución nacional; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación.

El proyecto de acuerdo se orienta a dictar algunas normas para combatir la corrupción, lo que indudablemente contribuirá a que el distrito pueda cumplir en mejor forma su obligaciones con la comunidad, pues si no hay sobrecostos, trafico de influencias, los recursos públicos aumentan y el Estado puede invertir mas para garantizar los derechos y obligaciones a su cargo, lo que redundara en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por otra parte, el proyecto de acuerdo, al establecer la necesidad de mejorar los mecanismo de control social, veededuria y participación en la lucha contra la corrupción, está en concordancia con el articulo 2 de la constitución, que determina como función esencial del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.

El Estatuto Orgánico por su parte, artículo 12, numeral 1 expresa que es atribución del Concejo de Bogotá, dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del distrito. El programa de lucha contra la corrupción que propongo en el proyecto de acuerdo esta encaminado en esta dirección, pues en la medida en que disminuya la corrupción o se elimine, el distrito podrá cumplir mejor con sus funciones y con la prestación de los servicios. Una de las mayores dificultades que afronta el distrito para cumplir con estos objetivos es la falta de recursos. Si mejoramos los mecanismos de coordinación interinstitucional en la lucha contra la corrupción estaremos garantizando más recursos financieros para resolver los graves problemas de pobreza y miseria en el distrito y de esta manera no habrá necesidad de recurrir a la creación de nuevos impuestos o al aumento de otros.

Para combatir la corrupción hay que buscar la participación de todos los sectores los organismos de control y vigilancia del Estado, la ciudadanía las organizaciones sociales Hay que crear verdaderos instrumentos de control social de que habla la Constitución.

El Concejo de Bogotá en ejercicio de su función de control político adelanta debates todos los días denunciado irregularidades, malos manejos de los dineros públicos, corrupción, sin que haya resultados concretos en las investigaciones que se inician pero que nunca terminan, pues apenas se alcanza el nivel de las investigaciones preliminares o los presuntos detrimentos patrimoniales. El Proyecto de acuerdo es un granito de arena, un aporte a la lucha contra la corrupción. Espero que el Concejo de Bogotá comprenda la dimensión del acuerdo y apoye esta iniciativa que será de gran beneficio para la ciudad. Igual respuesta espero del Alcalde mayor para quien los dineros públicos son sagrados.

Presentado por el concejal MARIO UPEGUI HURTADO

La Republica, febrero 26 de 2002

El nuevo Sistema de Información para la Contratación Estatal (Sice) evitará los sobrecostos en la contratación estatal.

LA REPUBLICA

Más de 1.000 empresarios, proveedores de bienes y servicios del Estado, asistirán hoy a una reunión convocada por la Cámara de Comercio de Bogotá y la Contraloría General de la República para enterarse acerca del funcionamiento, implicaciones y alcances del nuevo Sistema de Información para la Contratación Estatal (Sice).

El ciclo de conferencias, que en su primera reunión de capacitación reunió a más de 1.200 empresarios, se celebrará hoy en Corferias y continuará los días 5 y 12 de marzo próximos.

En la primera reunión, realizada la semana pasada, la implantación del Sice recibió un sólido respaldo por parte de la comunidad empresarial, pues, como se sabe, el nuevo sistema permitirá lograr transparencia en el proceso de contratación con el Estado, combatiendo los sobrecostos que tradicionalmente se presentan en estas adquisiciones.

Con este nuevo instrumento, los órganos de control fiscal y el país dispondrán de un importante mecanismo para verificar en tiempo real, si los precios con los que contrata el Estado son realmente los del mercado.

El contralor general de la República, Carlos Ossa Escobar, recomendó que, al margen de la obligatoriedad en la utilización del sistema, los empresarios deben conocer a fondo la mecánica del nuevo sistema, que consiste en la verificación de precios justos en los contratos que se celebren con el Estado, sin el usual 12% de "mordida".

En efecto, a partir del próximo 1 de marzo quienes deseen contratar con el Estado deben estar inscritos previamente en el Sice, de acuerdo con la Resolución 5301 del 21 de enero de 2002.

Hasta ayer estaban inscritos más de 750 proveedores interesados en conocer este nuevo sistema, que permitirá luchar contra la corrupción en los procesos estatales de contratación.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Juan Alejandro Moya, dijo que "con el Sice, el sector privado podrá mirar al sector público como un mercado con reglas de juego definidas y transparentes".

Freno a sobrecostos

Si el Sice obtiene el éxito estimado con su aplicación a nivel nacional, y sólo calculando una reducción en los sobreprecios del 10%, la Contraloría estima que Colombia rescataría más de $3,2 billones, cerca de un 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

ARTICULO 1º. CREASE EL COMITÉ DISTRITAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, el cual estará integrado por:

El Alcalde Mayor

El Contralor distrital

El Personero Distrital

El Veedor Distrital

Un representante de la Cámara de Comercio de Bogotá

Un representante de los Medios de Comunicación

Un representante de las universidades públicas

Un representante de las universidades privadas

Un representante de las centrales obreras

Un representante de las veedurías ciudadanas

Dos representantes de las Iglesias

Un delegado de la Defensoría del Pueblo

Un delegado de la Fiscalía General de la Nación

PARAGRAFO 1o El Alcalde Mayor reglamentará la forma de designación de los representantes de las entidades y organizaciones al Comité.

PARAGRAFO 2º. Del seno del Comité Distrital se designará el Secretario Técnica del mismo.

PARAGRAFO 3º. El Comité se instalará dentro de los 30 días siguientes a la vigencia del presente acuerdo.

1. Elaborar el programa integral de lucha contra la corrupción.
2. Coordinar acciones y estrategias para luchar contra la corrupción
3. Realizar audiencias públicas para analizar situaciones de corrupción y formular las recomendaciones pertinentes.
4. Recibir denuncias sobre corrupción, tramitar las correspondientes acciones a que haya lugar y efectuar su seguimiento.
5. Presentar en el mes de febrero de cada año un informe al Concejo de Bogotá sobre los factores de corrupción y sobre la evaluación del programa de lucha contra la corrupción, señalando los logros y resultados alcanzados.
6. Elegir el Presidente del Comité Distrital de lucha contra la corrupción
7. Darse su propio reglamento

ARTICULO3º. El Comité de que trata el artículo anterior, elaborará UN PROGRAMA INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION EN EL DISTRITO CAPITAL teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes lineamientos generales:

• Diagnostico de la corrupción en el distrito, identificando causas, niveles, tipos y costos.
• Estrategias y mecanismos de prevención, sanción, control y erradicación de la corrupción
• Vigilancia y control de los procesos de contratación. Mecanismos para la transparencia y objetividad en la contratación.
• Eficacia de las interventorías.
• Mecanismos de control a los sobrecostos en las obras
• Mecanismos de implementación de la acción de repetición
• Mecanismos para recoger las denuncias sobre corrupción. Mecanismos de seguimiento y evaluación de las denuncias.
• Participación de la comunidad en la identificación de las prácticas corruptas y en la lucha contra la corrupción a nivel Distrital y local. Promoción de veedurías ciudadanas. Mecanismos de control social sobre la gestión de la administración.
• Establecimiento de estándares de gestión. Mecanismos de rendición de cuentas de la gestión pública.
• Acceso del ciudadano a la información oficial
• Campañas de educación comunitaria, educación cívica integral y permanente por la transparencia y contra la corrupción.
• Vigilancia sobre el inventario de bienes del distrito capital
• Vigilancia sobre la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones de las diferentes entidades distritales, lo mismo que sobre la adquisición de bienes y contratación de servicios.
• Control efectivo y seguimiento de los cambios en el patrimonio de los funcionarios públicos.

ARTICULO 4º. La Administración Distrital buscará la coordinación y colaboración con las entidades nacionales que desarrollen programas y acciones de lucha contra la corrupción

ARTICULO 5º. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.