RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

El presente acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos para que la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno y demás entidades competentes, implemente estrategias y acciones tendientes a recuperar los sectores identificados como puntos o zonas críticas de seguridad y transformarlos en territorios seguros.

La presente iniciativa fue presentada en las pasadas sesiones ordinarias del mes de febrero y agosto de 2013, febrero y mayo de 2014, febrero y mayo de 2015, con un nombre diferente, denominado: "Por el cual se establecen medidas para que la Administración Distrital informe permanentemente a los ciudadanos sobre el estado de seguridad de los puntos o zonas críticas en la ciudad y se dictan otras disposiciones", recibiendo once (11) ponencias positivas y siete (7) negativas, según se relaciona a continuación:

Durante la Administración de JAIME CASTRO CASTRO fue expedido el Decreto 1421 de 21 de julio de 1993, "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá", el cual, en su artículo 35 le atribuye al Alcalde Mayor, ser garante de la "seguridad ciudadana".

No obstante, las primeras definiciones conceptuales sobre Seguridad Ciudadana y su ámbito de aplicación se remontan al Plan de Desarrollo Formar Ciudad 1995-1997 de ANTANAS MOCKUS. El cual entendió la seguridad como "La condición de libertad en la cual los ciudadanos pueden ejercer sus derechos, libertades y deberes sin sentirse victimas de amenazas, para poder gozar de adecuadas condiciones de bienestar, tranquilidad y el disfrute de la vida en sociedad".

Pero fue, ENRIQUE PEÑALOSA (1998-2000), quien precisó el concepto de seguridad como el de "Prevenir y sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar de los ciudadanos e impulsar aquellos, que promuevan la paz, solidaridad, el respeto y la vida en comunidad".

Concepto que fue reforzado nuevamente por ANTANAS MOCKUS 2001-2003, quien consideró que la seguridad también debía ser entendida como "La intervención eficiente de la Administración civil, el fortalecimiento, la acción competente de la policía metropolitana y sus autoridades y la participación activa de la ciudadanía".

Posteriormente, en el 2004, con la Administración de LUIS EDUARDO GARZÓN, se puntualizó el concepto de seguridad entendiéndola como "Bien público que propicia las condiciones estructurales necesarias para la vida digna y el goce pleno de los derechos humanos y la convivencia democrática, en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico, con sujeción a las normas establecidas".

Luego, SAMUEL MORENO ROJAS concretó el esquema de seguridad ciudadana, comprendida como "el bien público que sustenta la protección de la integridad física y moral de las personas"¹.

Con la evolución del desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana en Bogotá, las últimas Administraciones construyeron las bases para la sostenibilidad de la Política de Seguridad Integral, con el otorgamiento de recursos propios y crecientes al Fondo de Seguridad y Vigilancia de la ciudad, se aportó el componente civilizador de la cultura ciudadana, se mejoró la infraestructura física, recuperando el concepto de la monumentalidad del espacio público compartido como patrimonio ciudadano y se atacó la indiferencia proclamando la inclusión social como elemento esencial de la seguridad y convivencia.

Es de anotar, que todos estos elementos se han integrado con el uso disuasivo de la Fuerza Pública para incorporar la prevención desde la perspectiva de la defensa de las libertades y de la convivencia ciudadana que le imprimió al cuerpo policial la Constitución de 1991 (Art. 188).

Se trata de una política de ciudad o de Estado, que no pertenece a ninguna parcialidad política sino que convoca al consenso ciudadano. En el Plan de Desarrollo Distrital de la Bogotá Positiva de la Administración de Samuel Moreno, se planteó por tanto un modelo integral de seguridad y convivencia ciudadana que es patrimonio de la ciudad, buscando consolidarlo mediante una gestión territorial cercana al ciudadano y articulada, con criterios de participación, descentralización y corresponsabilidad entre las autoridades distritales, la Policía Metropolitana y las comunidades.

En este contexto, el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (CEACSC) de la Secretaría Distrital de Gobierno, en una investigación realizada por medio del convenio interadministrativo 458 de 2007 con la Universidad Nacional de Colombia, identificó y caracterizó 31 puntos críticos o trampa de seguridad y convivencia en Bogotá.

En ella se implementó una metodología que permitió tener una visión territorial del fenómeno urbano de la delincuencia, en la que además del enfoque criminológico, se tuvieron en cuenta otros factores que inciden sobre la convivencia y la seguridad de los ciudadanos como lo son las características urbanísticas de las zonas y las representaciones territoriales y de percepción de quienes viven y transitan por ella.

De esta manera, se pudo definir una zona crítica como "un espacio geográfico que reúne algunas de las siguientes características: Persiste la ocurrencia de varios delitos, es percibido como inseguro para sus habitantes como para la población flotante, son importantes por su alto grado de afluencia y aglomeración, se desarrollan altas actividades de impacto social (prostitución, consumo y expendio de alcohol, y sustancias psico- activas), y se presentan problemáticas de carácter urbanístico"²

Con esta herramienta inicial, el Plan de Desarrollo 2008-2012, "Bogotá Positiva: Para vivir mejor", incluyó el proyecto "Prevención de los conflictos urbanos, las violencias y los delitos" con el fin de lograr una ciudad incluyente, justa y equitativa, en la que la diversidad y la interculturalidad sean una oportunidad y la reconciliación, la paz y la convivencia sean posibles. En donde el fortalecimiento de convivencia y seguridad sea el resultado de un proceso permanente de participación e inclusión social.

Con tal fin, se adelantaron intervenciones que correspondieron a una estrategia basada en la participación de los ciudadanos en coordinación con las autoridades como actores principales en los procesos de resolución de conflictos. Se buscó contar con el compromiso de la comunidad en torno al mejoramiento de la seguridad de los residentes del sector y su población flotante.

Teniendo en cuenta la diversidad de los territorios a intervenir se plantearon medidas enfocadas al manejo de factores críticos que influyen en la generación del delito.

A partir de dicha identificación se construyeron cuatro categorías generales de sectores estratégicos dentro de las Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia – ZAISC, las cuales no son excluyentes entre sí y demandan intervenciones diversas. En ellas es necesaria la vigilancia y atención oportuna de la policía, así como el fortalecimiento de intervención integral:

* Tipología 1: Agrupa de manera general lugares de la ciudad donde generalmente existe algún tipo de vulnerabilidad social, son barrios de autoconstrucción, con asimetrías en sus manzanas o afectados por procesos de deterioro urbanístico y abandono, es común entre ellos el consumo y comercio de alcohol en diversos establecimientos al interior del barrio, al igual que el consumo y comercio de sustancias psicoactivas por parte de algunos de sus habitantes. Las intervenciones que se podrían implementar en estos sectores dentro del marco de la integralidad deben tener un fuerte componente de prevención social que disminuya las vulnerabilidades de los individuos, brindándoles opciones de vida que garanticen el rechazo de conductas violentas y delictivas.

* Tipología 2: Concentra sectores de la ciudad que han sufrido a través del tiempo cambios en el uso del suelo que los ha llevado en consecuencia al deterioro físico. Tienen presencia de actividades de alto impacto social y urbanístico como son las whiskerías, residencias, casas de lenocinio, zonas de rumba, expendio y consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, talleres o venta de repuestos.

* Tipología 3: Corresponde a los sectores con barrios residenciales, consolidados, los cuales agrupan generalmente predios entre estratos 3 y 6, algunos de ellos son viviendas multifamiliares, con presencia de sistemas de vigilancia privada, amplias vías internas o bahías de parqueo. Se asocian con la presencia del hurto a residencia y/o el hurto a vehículo, sin excluir la presencia de otros delitos.

* Tipología 4: Son sectores comerciales, industriales o donde se prestan múltiples servicios que atraen alta población flotante sobre todo en horas pico, pero que son desolados en la franja nocturna. Cuentan con una importante oferta de transporte público y privado que genera zonas de parqueo y paraderos informales, invasión de espacio público, contaminación visual y auditiva; características que crean congestión, aglomeración y facilitan la ocurrencia de delitos contra el patrimonio como el hurto a persona (raponazo, fleteo y cosquilleo en el día y atraco en la noche), hurto a establecimiento comercial (atraco o descuido en el día y en la noche violación de chapas o utilización de llaves maestras) y hurto a vehículos y motos (halado en el día y atracos en la noche), todo esto, sin excluir los otros delitos.

Ahora bien, es de público conocimiento, que estos puntos trampas se han denominado "Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia – ZAISC", se encuentran ubicadas en la mayoría de la localidades, y para su intervención se han dividido en cuatro interlocalidades, así:

La concentración delictiva en dichas zonas, es originada por distintos factores sociales, económicos, urbanos y culturales que de manera coyuntural convergen con espacios que guardan algún tipo de relevancia a nivel barrial, sectorial, zonal, local o metropolitano; los cuales, debido a su dinamismo y su alto grado de afluencia de público, son más proclives a la ocurrencia de delitos.

En consecuencia, se entendió que era necesario hacer una intervención integral, directa y concreta de la Administración Distrital que materializara las políticas gubernamentales de alto impacto, posibilitando una reducción real en las tasas de conductas punibles, así como el mejoramiento de la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía.

Intervención integral que fue liderada por uno de los Gobiernos Distritales y se materializó a través del Proyecto 402, el cual buscaba la articulación de la gestión distrital para la atención integral de las problemáticas sociales y carácter delictivo presentes en las "Zonas de Atención Integral en Seguridad y Convivencia – ZAISC".

La esencia de este proyecto fue la intervención integral de manera estratégica en los aspectos relacionados con la prevención social y desarrollo humano; el desarrollo físico y urbano; la prevención, la justicia, la intervención y el control integral; la participación, la paz y la reconciliación.

Con este mismo criterio de georreferenciación, caracterización e intervención, el Alcalde Mayor de Bogotá, doctor Gustavo Petro, en su Plan de Desarrollo: "Bogotá Humana", en el Eje tres, incluyó los programas territorios de vida y paz con Prevención del delito y como proyectos prioritarios: territorios protectores de vida y poblaciones libres de violencia y delito.

Un territorio de vida y paz es aquel en el que las ciudadanas y ciudadanos pueden gozar y alcanzar niveles de bienestar, seguridad y convivencia social que les garantice el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales.³

Este Programa, acoge enfoques de tipo territorial, poblacional y diferencial y pretende, mediante la promoción de una convivencia ciudadana pacífica, la prevención, el control del delito y el crimen, superar condiciones reales y percibidas relativas a la seguridad, que afectan directamente a poblaciones y territorios, limitando su acceso a oportunidades y generando círculos perversos de segregación, exclusión e inseguridad.

Es por ello, que se priorizan acciones, integrales y coordinadas en lo interinstitucional y con la ciudadanía, encaminadas a garantizar la prevención, atención y protección de aquellas poblaciones discriminadas y vulnerables, en condiciones de riesgo por razones de orientación sexual, identidad de género, étnicas, ubicación territorial, condición de discapacidad, de ciclo vital, desmovilizados, y promover una lucha frontal contra formas de estigmatización de poblaciones y territorios afectados por imaginarios de violencia, delincuencia y conflictividades.

Al Alcalde Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno, le corresponde utilizar todos los mecanismos y herramientas que existen dentro del marco de la Constitución y la Ley, para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de los bogotanos, sus derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura democrática, la seguridad ciudadana y el orden público.

Es de anotar que la mejor forma para que los ciudadanos se hagan participes en las decisiones que el Gobierno Distrital toma en materia de seguridad y convivencia, es involucrándolos en el proceso de elaboración de los diagnósticos y planes de acción que se diseñan para enfrentar dichas problemáticas.

Es necesario que la Administración Distrital adelante acciones conjuntas con toda la institucionalidad, y la comunidad en general, en las zonas consideradas críticas o inseguras para lograr que éstas se conviertan en territorios seguros, en donde los ciudadanos puedan movilizarse con tranquilidad, gozar de un ambiente sano, ejercer sus derechos civiles y políticos sin el riesgo de que su integridad personal y la vida corran peligro.

Dentro de estas acciones se encuentran: el mejoramiento y adecuación de los parques, actividades deportivas, culturales y lúdicas, en donde se involucre a los niñas, niñas, adolescentes y a la familia, la siembra de árboles en las riberas de los ríos, quebradas y humedales, el mejoramiento y limpieza de fachadas, el relanzamiento de los frentes locales de seguridad, entre otras.

Los bogotanos deben participar en la construcción y elaboración de los diagnósticos de seguridad, el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana-PICSC, el Plan Maestro de Equipamiento, Defensa, Seguridad y Justicia y de los Planes Locales de Seguridad, entre otros.

Ley 62 de 1993 "Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República"

1.- Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito.

De conformidad con el Artículo 7 de la ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad competente. Asimismo, el Acuerdo 489 de 2012 "POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2012-2016" establece el "Programa Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana" que tiene entre objetivos: "producir información y conocimiento con relación a la situación de la seguridad y convivencia en la ciudad" Dicho programa tiene asignado dentro del Plan Plurianual de Inversiones 2012-2016, la suma de $ 761.761.000.000.

ARTÍCULO 1. OBJETO. Establecer lineamientos para que la Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Gobierno y demás entidades competentes, implemente estrategias y acciones tendientes a recuperar los sectores identificados como puntos o zonas críticas de seguridad y transformarlos en territorios seguros.

ARTÍCULO 2. LINEAMIENTOS. Las estrategias y acciones referidas en el artículo anterior, tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

a. Diseño y ejecución intersectorial de seguridad que genere sensibilidad y consciencia a los ciudadanos para que puedan alcanzar niveles de bienestar y convivencia social.

b. Enfoque de tipo territorial, poblacional y diferencial para la prevención, el control del delito y el crimen.

c. Desarrollo de proyectos estratégicos de tipo social, económico, cultural, ambiental y de desarrollo urbano.

d. Inclusión e integración social de la comunidad para proporcionar un mayor conocimiento sobre los factores generadores de los conflictos urbanos.

ARTÍCULO 3. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación