RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

El reconocimiento real de la libertad religiosa como derecho fundamental de todos los hombres y mujeres, debe ser entendido como la base de una convivencia armónica y respetuosa. En esta medida, todo espacio que esté orientado a garantizar este derecho se constituye en un espacio prioritario y merecedor de toda atención.

Dado el marco de construcción de una paz duradera y genuina en el que se encuentra Colombia, es necesario hacer un análisis desde todos los sectores de la sociedad, y para el caso particular, un reconocimiento real de todas las organizaciones religiosas como instituciones promotoras de paz y como actores de gran incidencia en la ejecución de las políticas del postconflicto que tendrán un papel preponderante en este objetivo común dadas sus condiciones y su reconocimiento dentro de las sociedades actuales.

Es momento de que en Colombia se reconozca la importancia de la religión en la consolidación de la democracia y de un proceso de reconciliación en donde las congregaciones sean vistas como actores sociales que aportan a la nación y como estructuras ayudadoras en la construcción de sentido social con verdadera convivencia.

Entre las conclusiones de ese dialogo destacan el respeto a la identidad del otro y la garantía al ejercicio pleno de sus derechos en un marco del respeto mutuo y de una norma moral ampliada, como claves para mitigar la violencia generada por el discurso de odio y avanzar hacia un desarrollo social integral mediante el ejercicio armónico de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hasta lograr mitigar de modo eficaz la difusión de estereotipos negativos, la estigmatización, la dialéctica del odio y la violencia contra minorías por razones de religión o creencia.

Es determinante además, incidir en los escenarios educativos y promover la tolerancia entre las comunidades confesionales y también entre aquellas y los que no ejercen creencia alguna.

Teniendo en cuenta la importancia de la libertad religiosa en Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país", en su artículo 244 estableció la necesidad de diseñar la política pública de libertad religiosa, de cultos y conciencia, y reconoce el aporte al bien común de las diferentes formas asociativas de la sociedad civil basadas en los principios de libertad religiosa, de cultos y conciencia, así:

Por otro lado, es importante resaltar el llamado que hace el Ministerio de Interior a través de la circular OAJ-1400 del 9 de octubre de 2015¹, a los alcaldes y gobernadores, a tener en cuenta al sector religioso al momento de diseñar las políticas públicas y al realizar la planeación funcional (administrativa, política y presupuestal), asimismo, hace un llamado para que se dispongan de espacios de participación ciudadana.

Respecto a la libertad religiosa, la Corte Constitucional, señaló que "i) el Estado colombiano tiene un carácter laico lo cual implica que es neutral frente a la promoción de las diferentes religiones que existen en el país, asegurando de esa forma el pluralismo, la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones religiosas. ii) La libertad religiosa sólo puede lograrse sobre el supuesto de que quien profesa ciertas creencias religiosas o unas determinadas convicciones morales tiene derecho a proclamarlas, a difundirlas, a defenderlas, a practicar lo que de ellas se desprende, y a la inalienabilidad de su propia esfera de pensamiento, de modo tal que ni el Estado, ni los particulares, ni institución alguna puede invadirla para forzar cambios de perspectiva, ni para molestar o perseguir al sujeto por razón de aquéllas, ni para censurarlas, ni con el objeto de compelirlo a revelarlas, y menos con el fin de obligarlo a actuar contra su conciencia (artículo 18 C.P.). iii) Particularmente, para el creyente la coherencia de su vida personal con los dogmas y creencias de su religión, reviste una importancia capital, hasta el punto de que ella es fuente de complacencia o de inmenso sufrimiento en el evento de que por cualquier razón ella no se logre alcanzar. Es parte del núcleo esencial de la libertad religiosa. iv) La disposición sobre libertad religiosa también protege la posibilidad de no tener culto o religión alguna. Y finalmente, v) la libertad religiosa que se reconoce, debe ser plenamente garantizada en el sentido de que en ningún caso se puede condicionar la matricula del estudiante."² Subrayado fuera de texto.

Según Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior "Una trascendental decisión que contribuye a la cultura de paz y de convivencia en el país, fue la inclusión, por primera vez, de la libertad religiosa, de cultos y conciencia, como política pública en el Plan Nacional de Desarrollo, lo que significa un compromiso del estado en la promoción y defensa de este derecho fundamental, consagrado en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

En este sentido, el estado deberá disponer de los recursos presupuestales y establecer instancias institucionales, no solo en el orden nacional, sino también en el departamental, municipal y local. Significa también que todos los grupos y entidades religiosas podrán trabajar en el proceso de posconflicto que sobrevenga a una firma de la paz, tema en el que varias organizaciones y entidades religiosas tienen ya programas y estructuras definidas, sobre todo en lo que atañe a la reconciliación, con lo que se da un paso importante en la construcción y refuerzo de una cultura de paz. ..." ³

Cada vez es más evidente que la religión es un actor con presencia y legitimidad en el territorio nacional, que permite a los actores en conflicto acudir a ella para facilitar las negociaciones. De acuerdo con la experiencia colombiana, la contribución al peacekeeping⁴ es uno de los roles más consolidados de la religión en función de la paz.

Como reto en relación con esa fortaleza, es conveniente que la incidencia religiosa se extienda a la mayor cantidad de actores, es decir, que se procure que las distintas religiones participen de esos procesos de relacionamiento interno, por cuanto cada una posee presencia en diferentes territorios y con mayor o menor grado con diferentes sectores y poblaciones. En la medida que surja una acción interreligiosa concertada y coordinada en función de la paz, la aproximación a más actores en conflicto para aportar al peacemaking será posible y podría avanzarse hacia una paz integral y duradera.

En segundo lugar, el papel de la religión en la construcción de la paz, en su acepción de fortalecer el desarrollo sostenible, pasa por reconocer que para lograrlo no basta con el acuerdo, ni siquiera cuando éste implica la elaboración y expedición de una nueva Constitución Política. Son necesarias acciones de incidencia mediante la ejecución de programas con las víctimas y las personas desmovilizadas y reinsertadas a la vida civil, y para ello las religiones tienen grandes ventajas por causa de la labor voluntaria que promueven, por su presencia territorial y por su trato permanente con las comunidades.

Una acción concertada entre las distintas religiones y con el Estado, orientada a resultados específicos en territorios específicos, facilitará los aportes de la religión a la paz duradera y realizará la aportación de la comunidades religiosas al desarrollo sostenible, tal como lo reconoce el proyecto del documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda post 2015, en el que se afirma que la Agenda 2030⁵ tiene por objetivo la paz universal, dentro de un concepto más amplio de la libertad, promoviendo la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estén libres del temor y la violencia.

Por tanto se hace necesario generar acciones o mecanismos que promuevan el reconocimiento y el respeto del derecho que tiene toda persona de profesar y manifestar la creencia religiosa que libremente eligió, así como lo establece la Carta Política y la Ley 133 de 1994.

La presente iniciativa encuentra pleno respaldo en la constitución política y en el ordenamiento legal, con base en las normas que se transcriben a continuación.

"El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de cultos, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política.

4. COMPETENCIA DEL CONCEJO.

De conformidad con el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 12, numerales 1 y 25 en los cuales indica como atribuciones del H. Concejo:

ARTÍCULO 2º. El Comité Distrital de Libertad Religiosa estará conformado por los siguientes funcionarios:

a. El Alcalde Mayor del Distrito Capital

b. El Secretario Distrital de Gobierno

c. El Personero Distrital.

d. Dos (2) representantes de cada federación y confederación religiosa, legalmente reconocidas, quienes actuarán en nombre de las confesiones religiosas adscritas a ellas, con presencia en el Distrito Capital.

e. Dos (2) representantes de las confesiones Religiosas e Iglesias reconocidas por el Estado que tengan presencia en el Distrito y que no hagan parte de ninguna de las federaciones y confederaciones de que trata el literal anterior.

Parágrafo 1º. Los integrantes del Comité podrán delegar su asistencia en un funcionario que ejerza un cargo del nivel directivo de la entidad.

Parágrafo 2º. El Comité Distrital de Libertad Religiosa podrá invitar a otras entidades de carácter público o privado, cuando lo considere pertinente.

Parágrafo 3º. La Secretaría Técnica del Comité Distrital de Libertad Religiosa, será ejercida por el Secretario Distrital de Gobierno o su delegado.

ARTÍCULO 3º. El comité tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a. Facilitar el diálogo interreligioso para la defensa de la libertad religiosa, de cultos y conciencia.

b. Diseñar planes que promuevan el respeto, la tolerancia y las diferencias entre los miembros de las diferentes organizaciones religiosas con presencia en el Distrito Capital.

c. Brindar apoyo y asesoría a las organizaciones religiosas a las que se les vulnere su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia.

d. Promover y dar a conocer el papel activo de las organizaciones religiosas en la construcción de la paz del país y su participación en la consolidación de las políticas sociales dentro de un proceso de paz y postconflicto.

e. Velar por el cumplimiento de las políticas, asociadas a la libertad religiosa, de cultos y conciencia.

f. Analizar y establecer los elementos que deben ser garantizados desde la política pública de libertad religiosa para su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

g. Participar activamente en la formulación de planes, políticas de libertad religiosa, de cultos y conciencia.

h. Ser el interlocutor ante las autoridades públicas, para articular acciones preventivas y correctivas contra amenazas potenciales o daños reales que sufran los ciudadanos en el disfrute de su derecho a la libertad religiosa, de cultos y conciencia, en el Distrito.

i. Las demás funciones relacionadas con la naturaleza de este Comité y que permitan el cumplimiento de sus objetivos.

j. Realizar informes periódicos de seguimiento y evaluación que reflejen el cumplimiento de la política y planes establecidos para la promoción y protección de la libertad religiosa, de cultos y de conciencia en el Distrito Capital.

ARTÍCULO 4º. El Comité Distrital de Libertad Religiosa se reunirá por lo menos una vez al mes, y tiene la facultad para darse su propio reglamento.

ARTÍCULO 5º. La Secretaría Distrital de Gobierno brindará el apoyo logístico y administrativo necesario para el funcionamiento del Comité Distrital de Libertad Religiosa.

ARTÍCULO 6º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.