INSTRUMENTO DE GERENCIA No. 5: CRITERIOS PARA PROMOVER EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN JURÍDICA EN LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES DISTRITALES

Por: Lorena Suárez Fierro[1]

Las entidades y organismos distritales deben promover y facilitar la participación de los ciudadanos, organizaciones sociales, veedurías, entre otros, en la Gestión Jurídica Pública[2].

El presente documento pretende ilustrar sobre aquellos criterios, o mejor, actividades que las instituciones públicas pueden adelantar para cumplir con el cometido aludido.

Para el efecto, se parte de considerar que el control social a lo público  es el derecho y el deber de los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados[3]. Se trata tanto de una modalidad de participación ciudadana como de una forma de autorregulación social[4].

El objeto del control social a lo público  es el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejerzan funciones públicas[5].

El mismo permite a los individuos y a las organizaciones de la sociedad influir, orientar, corregir, rectificar las decisiones, el manejo de recursos y los programas públicos del Estado. Siendo su función prevenir los riesgos de la gestión, a través del seguimiento y evaluación de las políticas y de la gestión desarrollada por las autoridades y por los particulares que ejercen funciones públicas[6].

Para la promoción del control social en la gestión jurídica procede el adelantamiento de las siguientes actividades generales:

a. Desarrollar la gestión jurídica acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública[7].

b. Permitir la vigilancia de la gestión jurídica y sus resultados.

c. Brindar todo el apoyo requerido para el ejercicio del control social de la gestión jurídica.

d. Hacer explícita, en los planes de gestión, la forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos jurídicos de su competencia, en particular en lo relacionado con los seis (6) componentes temáticos del Modelo de Gestión Jurídica Pública, esto es: asesoría jurídica, producción normativa, defensa judicial, contratación pública, función disciplinaria y función de inspección, vigilancia y control (ver cuadro).

e. Establecer mecanismos (oferta institucional) que faciliten el control ciudadano a la gestión pública en general y a la jurídica, en particular:

- Realizar y generar, cuando procedan, espacios y encuentros presenciales tales como foros, mesas de trabajo[8].

- Propender porque dichos espacios sean de difusión masiva según corresponda y proceda[9].

f. En caso de que la anterior oferta institucional no se ofrezca, incluir los resultados de la gestión jurídica en las audiencias públicas participativas que los organismos y entidades distritales tienen la obligación de realizar, las cuales deben adelantarse dos veces al año[10].

Las audiencias públicas participativas son un mecanismo de rendición de cuentas, obligatorio para el director o gerente de un organismo o entidad del orden territorial. Así mismo son un acto público convocado y organizado por las instituciones de la Administración para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de ciudadanos y organizaciones sociales[11].

En dichas audiencias se dará a conocer el informe de rendición de cuentas[12].

Los cabeza de organismo o entidad debe establecer correctivos que optimicen la gestión jurídica y faciliten el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo que tengan componente jurídico, asimismo fortalecerán los escenarios y mecanismos de información que permiten a la comunidad la participación y el control social permanente.

g. Complementar la oferta institucional con espacios virtuales, o a través de mecanismos electrónicos, siempre y cuando existan condiciones para ello[13].

Todas las instituciones públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que los ciudadanos presenten sugerencias que permitan realizar modificaciones a la manera como se presta el servicio público, recomendaciones que podrían estar relacionadas con la gestión jurídica.[14]

h. Promover y atender las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública[15], en particular lo relacionado con la gestión jurídica.

i. Llevar un registro sistemático de las observaciones realizadas en ejercicio del control social y evaluar en forma oportuna y diligente los correctivos que surjan de sus recomendaciones, con el fin de hacer eficaz la acción de las mismas.

j. Emitir concepto sobre las sugerencias, recomendaciones y propuestas jurídicas presentadas de manera formal y derivadas del desarrollo de las instancias de participación de iniciativa ciudadana o gubernamental que no se encuentran dentro de la oferta institucional[16].

k. Propiciar las acciones pertinentes y necesarias de fortalecimiento de las capacidades institucionales de sus dependencias jurídicas para garantizar el derecho a la participación ciudadana[17].

A continuación, se presenta un cuadro que pretende mostrar los componentes temáticos del Modelo de Gestión Jurídica Pública - MGJP asociados a cuestiones a través de las cuales pueden participar los ciudadanos y cómo pueden los organismos y entidades distritales fortalecer dicha participación:

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