RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

Concepto vigencia Decreto 337 de 2025. 

Aclara que el término "orfanato" es técnicamente incorrecto bajo la Ley 1098 de 2006, debiendo denominarse como entidades que prestan el Servicio Público de Bienestar Familiar en diversas modalidades de protección y restablecimiento de derechos. Para que una Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) opere en este sector, requiere una personería jurídica y una licencia de funcionamiento otorgada por el ICBF, cumpliendo con los requisitos de la Resolución 3899 de 2010; asimismo, no existe prohibición legal para que estas entidades presten simultáneamente servicios educativos. Respecto a la adopción, el Instituto enfatiza que ningún niño o adolescente está excluido del sistema por razones sociales o de edad (hasta los 18 años), siendo la adopción una medida subsidiaria y extrema que solo procede cuando se ha declarado la adoptabilidad legal o existe consentimiento de los padres, siempre priorizando el derecho del menor a no ser separado de su familia de origen. 

La institución procesal que opera en el procedimiento administrativo es la firmeza de los actos administrativos, lo cual tiene el irreductible efecto de ejecutoriedad de los mismos, por lo que la llamada constancia de ejecutoria se denomina constancia de firmeza. Dicha constancia debe indicar expresamente que ante la existencia de la firmeza del acto administrativo lo que tiene lugar es la ejecutoriedad. 

Conceptúa sobre la ejecutoria de los actos administrativos tributarios y su por la Administración Tributaria Distrital y su correlativa exigibilidad en el proceso de cobro coactivo. Concluye que la existencia del acto y su notificación en debida forma son condiciones necesarias, pero no son suficientes por sí solas para habilitar el cobro, especialmente cuando el contribuyente ha ejercido acciones judiciales que aún no han sido resueltas de manera definitiva. 

Responde a la solicitud de levantamiento masivo de inscripciones por plusvalía aclarando que, tras la expedición del Decreto Distrital 079 de 2016 (el cual derogó el Decreto 562 de 2014), se ordenó dejar sin efecto las anotaciones de plusvalía por edificabilidad que no hubieran configurado momentos de exigibilidad. En cumplimiento de esta directriz, la UAECD expidió la Resolución 1154 de 2016, la cual incluye el listado definitivo de los predios excluidos que no generan dicha participación y cuyas inscripciones en los folios de matrícula inmobiliaria deben ser levantadas ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. No obstante, la entidad le precisa al peticionario que el levantamiento masivo se hará efectivo una vez que dicho acto administrativo culmine su proceso de notificación y publicación, alcanzando su firmeza jurídica. 

Emite concepto sobre la pregunta de si ¿es viable proceder a la revisión del avalúo catastral a petición del propietario para la vigencia confirmada mediante acto administrativo y en firme para lo cual el peticionario manifiesta que se trata de otra petición y que aporta nuevas pruebas que sustentan su petición? El IGAC responde que la firmeza y la presunción de legalidad de los actos administrativos, el derecho fundamental al debido proceso y el principio de seguridad jurídica no es procedente adelantar el trámite de revisión del avalúo catastral de un predio, a petición del interesado, para una vigencia que previamente fue revisada en el marco del procedimiento de revisión del avalúo a solicitud de parte y cuyo acto administrativo, confirmando o modificando el avalúo catastral, está en firme.