RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

OBLIGATORIEDAD COMPARECENCIA DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ A LAS SESIONES DE CONTROL POLÍTICO DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

SENTENCIA

CONSIDERACIONES

Corte Constitucional

Providencia: Auto 80 de 1998

Expediente: E-005/98

M.P. Carlos Gaviria Díaz

Bogotá́ D.C., catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y ocho (1998)

La Corte en desarrollo de la atribución que le confiere el artículo 137 de CP. analizó las razones de la excusa presentada por el Alcalde Mayor del momento, a quien se citó para responder preguntas relacionadas con el programa de restricción vehicular, el plan de ordenamiento territorial, las denuncias e informes aparecidos en medios de comunicación de la ciudad, las campañas publicitarias de su administración y la “mexicanización” del Distrito con ocasión de la celebración de contratos con empresas de esa nacionalidad.

En respuesta a la citación para control político emanada de la Cámara de Representantes, el alcalde se negó a comparecer aduciendo que los asuntos sobre los cuales versaba el cuestionario eran de carácter local, por lo cual, la competencia para ejercer control político estaba radicada en cabeza del Concejo de Bogotá.

Sobre la competencia para el ejercicio del control político consideró la Corte que:

“(…) los gobernadores y los alcaldes como funcionarios pertenecientes a la rama ejecutiva, también pueden ser sujetos posibles de citaciones por parte de las Comisiones Permanentes, en desarrollo de sus funciones de control político. Sin embargo, esta afirmación no es categórica, pues el control político que realiza el Congreso sobre tales servidores estatales, solamente puede recaer sobre asuntos de interés nacional y no de carácter netamente local, pues en este último evento dicho control le compete ejercerlo a los Concejos Municipales y las Asambleas Departamentales, respectivamente, como ya ha tenido oportunidad de señalarlo la Corte en varias ocasiones.”

Adicionalmente consideró que: “si el Congreso de la República cumpliera funciones de control político sobre asuntos de competencia privativa de las autoridades locales o departamentales, violaría no sólo el artículo 287 de la Constitución, que consagra la autonomía de las entidades territoriales para el manejo de los asuntos locales, que si bien debe ser ejercida de acuerdo con la Constitución y la ley, ello no significa el desconocimiento del núcleo esencial de la autonomía, que la Corte ha definido como "el vaciamiento de sus competencias". Son múltiples las sentencias proferidas por esta corporación en relación con este tema y a ellas se remite. También resultarían infringidos los artículos 113 y 136-1 de la Carta, que consagran la separación de poderes y la prohibición que tiene el Congreso de la República de inmiscuirse en asuntos de la exclusiva incumbencia de otras autoridades”.

Asimismo, armonizó los artículos 137 y 208 de la Constitución Política, determinando que: “(…)  un funcionario público puede ser citado a las Comisiones Permanentes de las Cámaras, bien como simple persona natural o en su calidad de servidor público. En el primer caso, si puede aportar elementos de juicio a una indagación que adelanten las comisiones, pero no sobre asuntos atinentes a las funciones que le compete cumplir como empleado público. En el segundo caso, es decir, en su calidad de funcionario, si las comisiones van a ejercer el control político sobre la gestión adelantada por su despacho, en asuntos de interés nacional y sobre los cuales, el ente nacional tenga injerencia”-

Con base en las anteriores consideraciones, la Corte analizó cada una de las preguntas del cuestionario y concluyó que frente a algunas la negativa a asistir a la sesión estaba justificada, contrario sensu, declaró que algunas trascendían el ámbito territorial por lo cual estaba obligado a concurrir a la citación de la Cámara de Representantes.

Corte Constitucional

Providencia: Auto 330 de 2008

Expediente: E-010

M.P. Humberto Antonio Sierra Porte

Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil ocho.

La Corte en desarrollo de la atribución que le confiere el artículo 137 de CP. analizó las razones de la excusa presentada por el Alcalde Mayor del momento, a quien se citó para responder preguntas relacionadas con “las medidas que su administración piensa adoptar frente a la difícil situación de inseguridad que vive la Capital de la República, de acuerdo con el cuestionario aprobado en la proposición de citación a debate de control político en la sesión de la Comisión realizada el día 19 de agosto de 2008".

En respuesta a la citación para control político emanada de la Cámara de Representantes, el alcalde se negó a asistir aduciendo compromisos previos en su agenda, además indicó que le solicitó a la Secretaria de Gobierno responder el cuestionario y asistir al debate.

Luego de realizar un análisis del control político, su finalidad y fundamento constitucional y democrático, la Corte determinó que:

“(…) tanto el carácter de las citaciones estipuladas en el artículo 137 de la Constitución, como el trámite de las excusas relativas a ellas bajo la competencia de la Corte Constitucional, se ubican dentro de la siguiente idea: (i) en el adelantamiento de sus funciones, el Congreso utiliza diversos instrumentos, dentro de los cuales está la posibilidad hacer citaciones; (ii) como una de sus funciones es el control político, la (sic) citaciones en mención pueden darse con dicho propósito. A su turno, (iii) el control político en sí mismo tiene diversos propósitos, los cuales deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar alguna de las vicisitudes del trámite de las citaciones como ejercicio de control político. Por ello (iv) el evento de las excusas en desarrollo del trámite para hacer efectivas las citaciones del artículo 137 constitucional, a cargo de la Corte Constitucional, debe considerar el sentido de las funciones del Congreso, el control político dentro de estas funciones y el fin de dicho control“.

La Corte reiteró que los asuntos sobre los cuales tiene competencia el Congreso de la República son aquellos que trascienden lo local, condición que se cumplía en el caso en concreto, puesto que no solo se trataba de la capital del país “sino sobre todo porque el cuestionario de la Comisión alude a la indagación sobre políticas locales en relación con el fenómeno de los, desmovilizados. Ello significa que los jefes de gobierno locales pueden en ciertos casos ser objeto de control político por parte del Congreso de la República, y no sólo de los Concejos y Asambleas”.

Es importante aclarar que la Corte analizó la procedencia de las excusas que presenta el Alcalde Mayor de Bogotá y concluyó que los motivos relacionados con la agenda del mandatario y en específico la existencia de compromisos previamente adquiridos, puesto que los asuntos objeto de control político son de interés superior.

Igualmente, la Corte determinó que, con base en lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 234 de la ley 5 de 1992, los días entre la comunicación del cuestionario y la sesión de control político se deben contar como días hábiles, en virtud del “principio eficacia del control político arriba explicado, según el cual dicho control amerita debate y discusión, exige que el citado cuente con tiempo para preparar dicho debate”.

Por último, en relación con las excusas esbozadas por el alcalde, la Corte concluyó que si bien no resultaban suficientes, si demostraban una preocupación por atender el debate propuesto por la Cámara de Representantes, por lo cual procedía la reprogramación de la citación.

Corte Constitucional

Providencia: Auto 308 de 2015

Expediente: E-014

M.P. Jorge Iván Palacio Palacio

Bogotá D.C., diecinueve (29) de julio de dos mil quince.

La Corte en desarrollo de la atribución que le confiere el artículo 137 de CP. analizó las razones de la excusa presentada por el Alcalde Mayor del momento, a quien se citó junto con la Secretaria Distrital de Movilidad, para responder preguntas relacionadas con “eventuales irregularidades en el proceso de imposición de comparendos por infracciones de tránsito, hechos en los cuales estarían involucrados oficiales y agentes de la policía nacional encargados del control de la movilidad en la jurisdicción del distrito capital”.

En respuesta a la citación el alcalde se negó a asistir y delegó a la Secretaria de Movilidad para que acudiera en su representación.

Sobre el particular, el alcalde manifestó que los asuntos objeto de cuestionamiento son de orden distrital, exclusivamente. Así mismo informó, que ya existía para la época abundante información conocida por la opinión pública, dados los distintos debates que se habían adelantado por los mismos temas.

En sentido concreto al analizar las razones de la excusa presentada por el Alcalde Mayor del momento sobre temas relacionadas con el tránsito y la movilidad, consideró que:

“El mecanismo previsto en el artículo 137 de la carta política habilita a las cámaras legislativas para citar a determinadas personas a efecto de que respondan cuestionarios relacionados con indagaciones adelantadas por las células legislativas, todo dentro del ejercicio equilibrado de la autoridad asignada al Congreso que en este evento ejerce su función de control político. Por tratarse de una corporación de representación popular del orden nacional, según lo ha explicado la Corte, por medio de este mecanismo sólo puede citar a funcionarios públicos cuando estén de por medio asuntos que comprometan el interés de toda la nación, mas no cuando se trata de materias administrativas que jurídicamente corresponden al nivel municipal o distrital, ya que para este evento se encuentran previstos en el ordenamiento jurídico otros medios de control político”

En el presente caso la sala encontró que “La lectura del cuestionario enviado por la comisión citante al alcalde mayor de Bogotá conduce a la sala a determinar que los asuntos respecto de los cuales se pretende adelantar el debate de control político, corresponden a competencias asignadas legalmente a las autoridades locales, como se desprende de lo dispuesto en el decreto distrital 567 de 2006, por el cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la secretaría distrital de movilidad”.

Igualmente, la Corte explicó que la secretaria de movilidad del distrito, atendió los requerimientos de la comisión citante y absolvió el cuestionario que le fue enviado. Además, por los mismos hechos el concejo distrital ha requerido a la secretaria de movilidad para que comparezca a un debate de control político al cual están citadas varias autoridades locales.

Por lo anterior, la Corte declaró fundadas las excusas presentadas por el alcalde mayor.

Corte Constitucional

Providencia: Auto 543 de 2016

Expediente: E-020

M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

Bogotá D.C., nueve (09) de noviembre de dos mil dieciséis.

La Corte en desarrollo de la atribución que le confiere el artículo 137 de CP. analizó las razones de la excusa presentada por el Alcalde Mayor del momento, a quien se citó para responder preguntas relacionadas con la “Reserva Forestal ‘Thomas van der Hammen’ y las responsabilidades institucionales y ciudadanas para su consolidación y protección

Sobre el particular, el alcalde manifestó que delegaba su asistencia en el Secretario Distrital de Ambiente, además, indicó que de las 12 preguntas del cuestionario, cinco eran de competencia de la CAR y las demás eran asuntos locales del Distrito, por lo cual, el competente para ejercer control político era el Concejo Distrital.

En este Auto la Corte recuerda la regla en materia de control político del congreso frente al Alcaldes municipales y distritales.

“Dado que las alcaldías forman parte de la Rama Ejecutiva del poder público, y que la Constitución [Política] no consagra excepciones, los alcaldes cualquiera que sea su denominación (municipales, mayores o de distritos), también pueden ser citados a las Comisiones Permanentes de las Cámaras Legislativas, y su gestión objeto de control político, siempre y cuando los asuntos sobre los cuales se ejerza éste sean de interés de la Nación, pues si se trata de materias que son de la exclusiva órbita local, corresponde realizarlo al Concejo respectivo”

Nótese como la fórmula para compatibilizar el esquema que rige el control político no se somete a una regla de subsidiaridad sino de concurrencia, en donde cada corporación pública tiene una órbita exclusiva de acción, a partir del tipo de interés que es objeto de debate. Esta regla parte de la base de que las materias son diferenciables, y que el control a cargo del Congreso tan sólo se excluye frente a temas que sean de un interés meramente local. En todo caso, en las citaciones que se realicen deben exponerse los argumentos para justificar que el debate es de interés nacional y las preguntas que se formulen tienen que tener una relación directa e inmediata con el mismo, con el fin de preservar el ámbito de control que la Constitución Política le otorga a las corporaciones públicas del orden territorial.”

Adicionalmente, frente al interés local / nacional en este Auto la Corte presentó algunos elementos de juicio para analizar y resolver las tensiones, entre ellas:

-              “La mencionada en la Sentencia C-478 de 1992, conforme a la cual se ‘aceptará como dominante el interés local que tenga una réplica distante en la esfera nacional’[*]. De suerte que, prevalecerá esta última, en aquellos casos en que la materia objeto de control ‘haya sido tratada siempre en el nivel nacional o, siendo [una] materia compartida entre las instancias locales y el poder central, corresponda a aquellas en las cuales el carácter unitario de la República se expresa abiertamente, dejando a los poderes locales competencias residuales condicionadas a lo que se decida y realice en el ámbito nacional’

-              “Cuando la constitución exige homogeneidad prevalece el interés nacional, a diferencia de aquellas hipótesis en donde se admite la diversidad, en la que debe privilegiarse el interés local.”

-              “[El] examen del interés también depende de la perspectiva o del contexto en el que tiene lugar la citación. Así las cosas, no es lo mismo la realización de cuestionamientos vinculados con la simple adopción de una política en materia de transporte, en donde en principio lo que subyace es un interés local; a que, como resultado de dicha política, se puedan comprometer los principios de transparencia y la lucha contra la corrupción, evento en el cual el interés nacional se superpone.”

-              “Las circunstancias particulares que rodean el trámite de la citación en el Congreso y que pueden exteriorizar tanto la lejanía como la proximidad a un interés local”.

Asimismo, esta Corporación precisó que en el marco del control político (cuando exista un interés nacional) ‘se exige que acuda de manera personal y directa a la citación realizada, en virtud de la exigibilidad del principio de inmediación, pues de lo que se trata es de obtener de primera mano la información que se requiere por parte de las comisiones permanentes. No obstante, dicho interés nacional debe estar presente en la integridad del cuestionario, con el propósito de evitar que la simple invocación de un tema general, pero de alcance local, sea utilizada como una especie de comodín para intervenir en asuntos del orden territorial. Por ello, hacia el futuro, se exigirá que las comisiones pongan de presente el interés nacional con el que actúan, para a partir de allí tener certeza sobre el alcance de la citación”.

En tal sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática en considerar que el Congreso de la República puede ejercer control político sobre alcaldes y gobernadores, pero únicamente sobre asuntos de interés nacional y no de carácter local.

Se aclara que en Sentencia C-518/07 se estableció sobre el interés que  “ (…) también se precisó, que pueden existir asuntos que siendo de orden local pueden afectar ineludiblemente a la Nación y, por consiguiente, son de su interés, V. gr.: el medio ambiente, la contaminación en general, la protección ecológica, la transparencia que debe regir todos los actos de la administración pública, la lucha contra la corrupción, el control de gastos, etc”.

Con base en las anteriores consideraciones, la Corte analizó cada una de las preguntas del cuestionario y concluyó que frente a algunas la negativa a asistir a la sesión estaba justificada, contrario sensu, declaró que algunas trascendían el ámbito territorial por lo cual estaba obligado a concurrir a la citación de la Cámara de Representantes.

El Alcalde Mayor de Bogotá está obligado a comparecer a las sesiones de control político citadas por el Congreso de la República cuando los asuntos sobre los cuales versa el cuestionario son de interés nacional, contrario sensu, cuando los asuntos sean de exclusivo orden local la competencia para ejercer dicho control recae sobre el Concejo de Bogotá.

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Auto 080 de 1998

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Auto 330 de 2008

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Auto 308 de 2015

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Auto 543 de 2016

El Alcalde Mayor de Bogotá no está obligado a comparecer a las sesiones de control político citadas por el Congreso de la República.