RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

LUGAR: COMPENSAR SALON D

SESION: Septiembre 5 de 2003

Gustavo Enrique García Bate : Delegado del Secretario de Hacienda

Martha Yaneth Veleño Quintero: Directora Jurídica

Héctor Zambrano Rodríguez: Director de Presupuesto

Eduardo Vicente Botero: Subdirector de Obligaciones Pensiónales (e)

Jaime López Díaz: Director de Defensa Judicial de la Nación (e)

Alejandro Molina: Delegado Ministerio del Interior y de Justicia

Esperanza Cardona Hernández: Secretaria Técnica del Comité

Marcela Victoria Hernández de R: Responsable Control Interno (e)

Amparo del Pilar León Salcedo: Asesora Dirección Jurídica

Alberto Puentes Correa: Abogado Dirección Jurídica

Pedro Nel Aguilar: Abogado Dirección Jurídica

Myriam Luz Pineda : Subdirectora de Proyectos Especiales

Gloria Astrid Meza Vázquez: Apoderada Asuntos EDIS

A las 7:20 a.m. del día cinco (5) de septiembre de 2003, se da inició a la reunión ordinaria del Comité de Conciliación de la Secretaría de Hacienda Distrital, convocada en la sesión anterior. Preside la reunión el doctor Gustavo Enrique García Bate, en su calidad de delegado principal del Secretario de Hacienda.

La Secretaria Técnica del Comité da lectura al siguiente:

1. Verificación del quórum

2. Aprobación y firma del acta No. 21

3. Informe sobre concepto emitido por la Dirección Jurídica sobre pago de intereses moratorios

4. Entrega a los miembros del Comité de copia del Reglamento Interno y copia de la cartilla Acción de Repetición Ley 678 de 2001

5. Ficha técnica de conciliación

5.1. Ficha técnica de conciliación - Conciliación extrajudicial FRCB y PARRADO MOTOS

6. Fichas Técnicas de repetición

6.1. Informe memorando IE 21438 sobre pensión convencional MARIA INES LEON DE PINZON

6.2. EDIS No. 7 GERMAN MORENO HERNANDEZ

6.3. EDIS No. 8 LUIS EDUARDO CORZO MAYORGA, MARCO FIDEL ARDILA REY, JORGE ELIÉCER RENGIFO CHAPARRO, EFRAIN MORENO Y RAFAEL FONSECA FONSECA

6.4. EDIS No. 9 BLANCA EMMA TRIANA SOLER, LUIS EDUARDO CARO Y SAUL QUINTÍN SABOGAL

6.5. EDIS No. 10 CARLOS JULIO BOADA MORA, MANUEL BOHÓRQUEZ PULIDO, LUIS ORLANDO CASTELLANOS FIGUEROA, GONZALO SÁNCHEZ MORA, ERNESTO SUAREZ Y ERNESTO JOSE GONZALEZ ANGEL

6.6. EDIS No. 11 ANICETO ARDILA ARIZA Y JAIRO VILLAMIL HERNANDEZ

6.7. EDIS No. 12 LUIS JORGE CENDALES LOPEZ, JUVENAL BUITRAGO BUITRAGO, MARGARITA TOVAR, LUIS EDUARDO CÉSPEDES MENDOZA, MARCO FIDEL SUAREZ SUAREZ

6.8. EDIS No. 13 ISAI ROJAS GARCIA, JESÚS ANTONIO ALDANACHIRIVI, JULIO HERNANDO SÁNCHEZ, VICTOR GUILLERMO GOMEZ CORREA, MARIA DEL CARMEN LOPEZ Y JOSE EULISES NIÑO BELLO

6.9. EDIS No. 14 JORGE LUIS MORALES RODRIGUEZ

6.10. EDIS No. 15 JOSE LAREANO CORREA MARIÑO

6.11. EDIS No. 16 PRUDENCIO BOBADILLA

6.12. FAVIDI No. 1 GLADYS ALIRIA SABOGAL DE LEON, ELVIA ORDOÑEZ DE GUTIERREZ, ALICIA DEL CARMEN PATIÑO, BLANCA CECILIA ROJAS DE CEDIEL, MARINA RIAÑO DE FRANCO, MARIA GRACIELA PLAZAS DE GALINDO, OFELIA CALVO DE RAMIREZ, ANA ISABEL BELTRAN DE GUZMAN, MARIA LUISA ABRIL DE PEREZ, ADELA PEÑUELA DE CHAVEZ, REBECA VASQUEZ VASQUEZ, MARIA SUSANA ECHEVERRY BUENDIA, CARMEN CECILIA ECHEVERRY, EVA JULIA TORRES BENAVIDES, MARINA PLATA DE PEÑA, LUZ CELIA PERILLA DE PINZON, FLOR MEDINA ANZOLA y JULIA HELENA GALVIS SALCEDO.

6.13. FAVIDI No. 2 AURORA DE JESÙS LOMBO TORRES

6.14. FAVIDI No. 3 POLICARPA CASTRO DE GALEANO

6.15. FAVIDI No. 4 EDUVINA VELÁSQUEZ VDA. DE Leguizamón

6.16. FAVIDI No. 5 SOLEDAD PALACINO DE VARGAS

6.17. SISE No. 1 MERCEDES ORJUELA

7. Proposiciones y varios.

Se somete a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

En cumplimiento de las disposiciones del Reglamento del Comité, se aprueba el Acta No. 21 de agosto 15 de 2003, los miembros del Comité proceden a firmarla.

La Secretaria Técnica del Comité manifiesta que en cumplimiento del compromiso adquirido en la sesión extraordinaria, realizada el 22 de agosto de 2003, la Dirección Jurídica emitió concepto sobre pago de intereses moratorios reajuste Ley 6ª/92 docentes nacionalizados, mediante memorando IE 20900 del 25 de agosto de 2003, del cual se adjunto copia en cinco (5) folios.

La Secretaria Técnica hace entrega a los miembros del Comité de copia del Reglamento Interno y por solicitud de la Directora Jurídica, de la copia de la cartilla sobre "Acción de Repetición" que el Delegado del Ministerio del Interior y de Justicia nos obsequio en sesión pasada.

Presenta la ficha la Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, quien manifiesta que ésta ha sido elaborada por la Dra. Norma Constanza Triana, Abogada de la Dirección Jurídica, el caso que se presenta es una conciliación sobre un asunto contractual del Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá, es un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento de motocicletas, que se ejecutó por el 100% de su valor y que fue adicionado en el plazo quedando un saldo del valor del contrato por cancelar, la adición se suscribió pero al contratista no se le entregó sino un mes después de haberse suscrito y consecuentemente aportó la póliza en los días siguientes, pero los servicios se prestaron entre la suscripción y la presentación de la póliza; eso obstaculizó el pago en su oportunidad, pero los servicios que se prestaron fueron certificados por el interventor y asciende a $1.904.140,00 la firma había solicitado conciliación extrajudicial y se había surtido ante el Procurador Octavo delegado y esta conciliación no fue aprobada ante el Tribunal por la omisión de un requisito de forma que era la presentación del certificado de la Cámara de comercio, el asunto paso así y nuevamente la firma, solicita a la administración que le cancele el valor debido, esto sucede después de la fusión del FRCB con la SHD y presenta nuevamente una solicitud de conciliación ante la Procuraduría Décima, la diligencia está programada para el 1º de octubre de 2003 y se somete a consideración del Comité, bajo los supuestos que están certificados los servicios y que efectivamente no se canceló por los motivos expuestos, aprobar la conciliación para el pago a esta firma del valor de $1.904.140 que solamente corresponde a capital adeudado, no hay intereses moratorios , ni ningún valor adicional a esta suma.

Se somete a votación de los miembros del Comité, quienes manifestaron, no estar incursos en causales de inhabilidad e incompatibilidad y en forma unánime aprueban la conciliación por el valor de $1904.140,00 y solicitan se deje constancia en el acta de conciliación que no habrá lugar a reclamar por parte de la persona jurídica Parrado Motos, ningún otro tipo de pago por este concepto.

Dra. Amparo del Pilar León Salcedo, aclara que Parrado Motos es un establecimiento de comercio cuya propietaria es la señora Maria Esther Parrado, pero de todas maneras se incluirá en el acta de la conciliación esta observación.

La Dra. Gloria Astrid Meza, apoderada del proceso, informa al Comité de Conciliación que en el proceso 01/03 se celebrará audiencia de conciliación obligatoria el 29 de octubre de 2003 donde se demanda la pensión convencional y que de acuerdo con la decisión adoptada por el Comité de no conciliar los procesos cuando los demandantes han cumplido los requisitos estando fuera del servicio, no se elabora ficha sino el presente informe, considerando que no hay lugar a la conciliación y que así se expondrá el día de la audiencia.

Dr. Gustavo García, solicita que se incluya en el acta de conciliación ante el Juez que en reunión de julio 1 de 2003 se adoptó la decisión que consta en el acta No. 15, de no conciliar en estos procesos.

La Secretaria Técnica informa que las fichas de repetición EDIS 7 a EDIS 12 ya se habían tratado en el Comité y se encontraban aplazadas las decisiones hasta que se completaran, con los nombres de las presuntas personas contra quienes podría iniciarse acción de repetición.

Dr. Jaime López, sugiere que para abordar el tema de acción de repetición, teniendo en cuenta que son varias casos, se miren diferentes puntos de vista pero muy brevemente para agilizar, entonces, no sólo para hoy sino para el futuro, mirar puntos concretos que los miembros del Comité van teniendo en consideración, para alcanzar mayor claridad, ejemplo, caducidad, personas presuntamente determinadas, si hubo o no daño antijurídico, el pago se dio con fecha última y la determinación de la culpa o dolo, a la luz de los artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2002, si se cumplen los cinco elementos si hay lugar a la acción de repetición, si le falta alguno de ellos, por ejemplo el dolo o la culpa, no habrá lugar a la acción de repetición.

Dra. Gloria Astrid Meza, la entidad demandada fue condenada al pago de unas reliquidaciones de prestaciones sociales que por no haberse incluido en la liquidación de cesantías definitivas, el quinquenio proporcional, la indemnización por despido injusto, que según el fallo de segunda instancia fue mal liquidada, y a una indemnización moratoria. El origen de retiro del demandante fue la liquidación de la EDIS, pero la demanda se centro en la mala liquidación de prestaciones sociales según lo que se afirmo en el líbelo de la demanda. Revisada la sentencia de primera instancia solamente habían condenado a la entidad al pago de una indemnización moratoria, pero el Tribunal, como resultado del recurso de apelación que presentó la parte actora señaló que no habían sido incluidos algunos factores en la liquidación de prestaciones sociales; realmente, a mi modo de ver y revisadas las liquidaciones que efectúo la empresa estuvo ajustada a derecho, simplemente hubo una interpretación errónea del Tribunal, por cuanto el apoderado del demandante le hizo ver que los factores que habían sido cancelados en la parte que se denomina por la empresa "haberes" o sea lo que se le debía la demandante en la fecha del retiro, no habían sido incluidos en la liquidación de prestaciones sociales, se revisó conforme a la convención colectiva y se encontró que esos factores si se habían incluido en la liquidación de la cesantía, sino que ella llega y suma lo que le pagaron por cesantía y lo que le pagaron por otros haberes y esos factores totales de haberes no contaban con el 100% para la liquidación de cesantías porque la norma convencional dice que solamente se incluyen en doceavas partes, entonces, como la apoderada incluyó ambos factores el Tribunal encontró obviamente diferencias entre lo pagado y lo que ha debido pagarse pero realmente fue un error que le atribuyo al magistrado que fallo, porque no tomó en cuenta la convención colectiva para poder comparar si los factores que habían sido liquidados e incluidos en la liquidación definitiva realmente eran los que correspondían o no, sino que simplemente tomó como supuesto el recurso de la parte actora y con eso impuso la condena a la entidad.

No hay caducidad de la acción, el pago se hizo el 24 de febrero de 2003.

La recomendación que se incluye en la ficha es que, a pesar de que hubo un daño antijurídico por que se pago una suma de dinero producto de una condena, pues no hubo acción dolosa o culposa ni del Gerente, ni de quien efectuó la liquidación de las prestaciones sociales, sino que el error se originó en la interpretación errónea que hizo la apoderada del demandante en su recurso y que el Tribunal sin entrar a desmenuzarlo le dio total valor y por tanto impuso la condena. Contra ese fallo de segunda instancia, ya analizando la conducta del apoderado de la entidad, habría procedido el recurso extraordinario de casación, pues para su momento la cuantía alcanzaba, pero no hubo tal recurso, ni oposición al recurso de apelación que presentó la demandante, pienso que hubo alguna falla en la defensa, lo que podría dar lugar a una investigación disciplinaria, eso lo determina el Comité, pero en mi concepto no hay lugar a iniciar acción de repetición por no haber conducta dolosa o gravemente culposa, respecto del gerente ni del liquidador, pero si contra el magistrado.

Dr. Héctor Zambrano, podemos repetir contra el magistrado?

Dra. Gloria Astrid, la norma establece que hay un presunto dolo cuando el magistrado profiere sentencia contra derecho, en este sentido mi recomendación es que podría iniciarse acción de repetición en contra del magistrado de la Sala Laboral del Tribunal que profirió el fallo.

Dr. Jaime López, sugiero lo siguiente, a la luz de lo que ha expuesto la doctora, ha expresado que presuntamente podría someterse a un estudio de viabilidad de acción de repetición contra el magistrado, sería bueno ponerlo en consideración del Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección de Administración Judicial, tienen competencia para determinar si se aplica, o bien lo disciplinario o a través de su Comité de Conciliación le corresponde estudiar las acciones de repetición en contra de los funcionarios de la Rama Judicial.

Dr. Gustavo García, sería darle traslado al Consejo Superior de la Judicatura?

Dr. Jaime López, si claro, la Secretaría de Hacienda no sería competente para estudiar una acción de repetición contra un Juez de la República o un magistrado, pero que quede obviamente constancia y la comunicación debidamente soportada para que ellos puedan estudiar el caso.

Dr. Héctor Zambrano, pregunta no podría devolverse en nuestra contra esta solicitud, teniendo en cuenta que el apoderado no interpuso el recurso de casación?

Dr. Jaime López, eso sería una falla de defensa técnica, si está debidamente demostrado que a la luz del ejercicio jurídico no se produjo una respuesta oportuna y efectiva por parte del apoderado de la entidad, pues se generaría una presunta responsabilidad disciplinaria, porque eso le generó, hacia el futuro una condena a la entidad. Sin embargo, sabemos que el abogado invoca, impugna, etc., pero no tiene la garantía de triunfar, también hay que mirar que no siempre impugnando llegamos, puede ser que no impugnó porque a la luz del derecho y de un estudio juicioso que hizo consideró que no prosperaba, desafortunadamente en nuestra costumbre jurídica pensamos que así no tengamos la razón, siempre busquemos impugnar a través de los recursos, no siempre los recursos le dan la posibilidad de triunfar con absoluta tranquilidad, por eso hay que mirar con mucho detenimiento, primero la defensa técnica porque no encontró razonable impugnar y segundo lo del magistrado entregarlo por competencia para que el Consejo Superior de la Judicatura determine, y si el Comité puede determinar poner en conocimiento a las autoridades competentes, se habré a la luz, no solamente lo disciplinario, sino como lo dijo la doctora, si va en contra del derecho puede incluso rayar frente al campo penal, entonces cuando se recomiende puede hacerse de manera general para que las autoridades competentes investiguen.

Dra. Martha Veleño, yo quisiera saber si independientemente de que no se haya acudido en casación y la apelación fue presentada por el demandante con todos los argumentos, obviamente el apoderado de la entidad también tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos, pues en este hecho radica el problema principal, más que no haber presentado el recurso de casación, sencillamente una persona que creía tener el derecho frente a una forma de liquidación puso en consideración del magistrado sus consideraciones y la entidad que tiene una posición tan clara como la Dra. Meza lo ha señalado, no se pronunció frente al recurso, porque entonces el magistrado no pudo considerar los argumentos, de la administración, tuvo una posición y obviamente se fue por ese punto de derecho, porque no hubo defensa, lo que resulta más relevante que el hecho de no interponer el recurso extraordinario de casación.

Dr. Jaime López, los conocimientos que tenemos los abogados, no son generales frente a la casación, es decir, no todo el mundo es casacionista, pues se requiere de muchísimos elementos de experiencia, no quiere decir que no podamos, pero para esas instancias sabemos que se requieren personas mayormente versadas en casación ante la Honorable Corte.

Dr. Gustavo García, y entonces qué hacemos frente a los argumentos?

Dra. Esperanza Cardona, sugiero votar frente a los funcionarios de la EDIS, respecto a la acción de repetición y que los miembros del Comité decidan si es procedente o no hacer ese reenvío al Consejo Superior de la Judicatura, con esas anotaciones para que estudien si hay posibilidad o no contra el magistrado.

Dr. Zambrano, pero la pregunta es si el magistrado tuvo todos los elementos de juicio para tomar esa decisión.

Dra. Meza, digamos que si los tuvo, porque estaba frente a la convención que se habían dejado de incluir unas primas extralegales de junio y diciembre, no tiene en cuenta lo que consignado en dicha convención, no lo dice, simplemente dice la administración pago esto y debió pagar esto, la administración si pagó pero no como lo señaló la apoderada de la demandante.

Dra. Myriam Luz Pineda, esa era una situación especial frente a una convención, frente a unas prestaciones específicas y estaban en el expediente y el magistrado no las lee, en primera instancia las vieron porque de hecho no nos condenaron.

Dra. Veleño, pero es que nuestra defensa no se las hizo ver.

Dr. Gustavo García, es decir que contra los funcionarios no hay nada, pero contra quien ejerció la defensa si hay problemas, porque ¡hubo una mala defensa, pero sobre el tema de trasladar o no para que investiguen la responsabilidad del magistrado tengo mis dudas.

Dra. Meza, es cierto, ese fue tema de mucho análisis entre la Subdirectora de Proyectos Especiales y yo, al momento de elaborar la ficha, pues de todas maneras las consecuencias son muchas.

Dra. Myriam Luz Pineda, en este caso se dejaron de pagar simplemente $20.000 pesos y se convirtieron en $46 millones de pesos, por la sanción moratoria.

Dr. Jaime López, hay que tener en cuenta que los jueces y magistrados son humanos, se pueden equivocar y que además la justicia a veces no es justa y también hay situaciones en las que un magistrado también puede establecer providencias judiciales contra evidentes.

Dr. Gustavo García, pero contra la equivocación de un magistrado qué se puede hacer?

Dr. Jaime López, si uno como servidor público observa que otro servidor público está equivocado debe informarlo, porque si no lo hace también está incurriendo en una falta.

Dra. Myriam Luz Pineda, sabemos que es difícil tomar esta decisión en la medida que son magistrados que van a seguir resolviendo situaciones como esta., pero para nosotros es importante que de todas maneras se tenga en cuenta la cuestión específica del tema EDIS que en las Cortes ya es bastante conocido, entonces en algunos casos no se mira esa especificidad y se llega a decisiones como esta. Por lo tanto, ponemos esto a consideración de ustedes, pero sabemos que de todas maneras no es tan sencillo y menos para quien está defendiendo los intereses del Distrito.

Dr. Héctor Zambrano, me parece que en todo caso es una forma de hacerle ver a la justicia como se están resolviendo situaciones como esta, de todas maneras es importante tener en cuenta la falta de defensa que daría lugar probablemente a una acción disciplinaria, pero si hacerle ver las fallas a la justicia para que las altas Cortes revisen lo que está pasando.

Dra. Martha Veleño, yo sugiero que se de traslado para que se inicie investigación disciplinaria contra el apoderado, no estoy de acuerdo con darle traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que investigue al magistrado, yo creo que todos nosotros, por más que nos llegue un mismo caso sobre un mismo tema, cuando a uno no le dan todos los elementos no puede emitir un concepto completo si me ocultan la mitad de las cosas. Si al magistrado le apelan y la otra parte se queda callada, así tenga la convención no hay nada que hacer, lo que se piensa es cómo será de irrefutable la argumentación del recurso que se quedó callada, considero que la responsabilidad es interna nuestra.

Dra. Meza, pienso que en asuntos matemáticos los abogados no somos los más expertos, por eso no fue fácil examinar la convención, por eso hay que pedir ayuda a alguien experto para poder determinar que la liquidación si está bien hecha, de pronto eso le pasó al apoderado, como sólo hay tres días para pronunciarse, es posible que no haya alcanzado.

Dr. Gustavo García, si la entidad tiene unos abogados, que están defendiendo una serie de procesos que están ceñidos a un conocimiento específico, la verdad me preocupa el argumento suyo, que los profesionales no conozcan la fórmula matemática para liquidar exactamente lo que se está discutiendo.

Dra. Meza, cuando uno está frente a una reliquidación, se presentan dificultades, puesto que uno se mueve es frente al campo de aplicación de la norma, a mirar cuáles pueden ser los errores jurídicos, pero cuando uno va a la cosa matemática le cuesta un esfuerzo mayor y en algunos casos es necesario pedir ayuda a un experto.

Dr. Gustavo García, perdónenme pero me quedo enormemente preocupado, porque si lo que estoy discutiendo es la forma como se está liquidando y el abogado no logra tener esa claridad y es quien representa el Distrito, debe usar todos los mecanismos que sean necesarios, amparados en la misma entidad, para alcanzar como sea todos los elementos de juicio y la claridad total frente a lo que estoy discutiendo, y si no cómo se plantea la defensa.

Dra. Meza, lo que pasa es que en la primera instancia condenaron a la entidad a pagar una indemnización moratoria porque no se habían pagado las cesantías dentro de los quince días que establecía la convención, en la segunda instancia esa condena se amplió, pero porque el magistrado interpretó mal, la apoderada de la entidad apeló lo que fue desfavorable en ese momento y la apoderada de la demandante incluyó factores que según ella debieron incluirse en la liquidación, el error de la abogada de la entidad fue no oponerse a ese escrito de la parte actora.

Dra. Myriam Luz Pineda, pero esos términos no son comunes para las dos partes, es corriente que uno conozca el alegato de la contraparte en la apelación?

Dra. Meza, es partir de la reforma que el Tribunal corre traslado a las partes por el término común de 5 días, en ese momento yo puedo ver lo que está argumentando la otra parte, esos son procesos que fueron fallados antes de la reforma entonces no existía ese traslado, simplemente se apelaba, el Tribunal citaba audiencia y fallaba.

Dra. Martha Veleño, pero cómo así que las partes no podían controvertir los argumentos de la otra?

Dra. Meza, si tuvo la oportunidad pero no lo hizo.

Dra. Esperanza Cardona, esta ficha ya había sido presentada a consideración del Comité y el punto de partida era la mala aplicación de la norma en la liquidación de las cesantías definitivas, pero no se habían argumentado estos elementos del error del magistrado, ni la falta de defensa técnica.

Dra. Gloria Meza, si es cierto, la ficha fue revaluada, se pidió la hoja de vida del demandante y poder establecer las certificaciones que se habían enviado al Juzgado y confrontar si los valores estaban bien liquidados, de dónde era que habían surgido esas diferencias.

Dra. Martha Veleño, para identificar los elementos, separemos el asunto disciplinario y seguir las recomendaciones del Dr. López, examinemos los elementos de la acción de repetición.

Dr. Jaime López, uno de los elementos de la prevención del daño jurídico es ejercer una buena defensa, pues si no existe esta buena defensa el Estado será condenado, la actuación del abogado es de medios y no de resultados, lo cual no significa que debe actuar dentro de los términos de la ley.

Dr. Gustavo García, es que lo peor que nos puede pasar es contratar abogados para que no hagan nada, creo que ese es el punto, porque que se pierda pues estamos en una discusión en donde se argumenta, pero que no haga nada en el momento que le corresponde es otra cosa.

Dra. Veleño, entonces tenemos una condena de 46 millones de pesos que efectivamente se pago en febrero de 2003, no hay caducidad de la acción.

Dr. Alberto Puentes, faltaría analizar la ocurrencia de culpa grave y el dolo y en cabeza de quién.

Dr. Jaime López, porque la Ley 678 dice que existen unas presunciones para el dolo y otras para la culpa grave, habría que analizarlo.

Dra. Gloria Astrid Meza, respecto a los ex funcionarios de la EDIS, para mi es claro que no se configura ninguna de estas presunciones y por tanto no habría lugar a iniciar acción de repetición; tendríamos que centrarnos en la responsabilidad del apoderado que por su falta de actividad en el proceso llevó a la condena, por no haber hecho oposición al recurso de apelación y no haber presentado el de casación, en esos términos yo pienso que habría lugar a una acción disciplinaria en contra del abogado que llevó el proceso, porque guardó silencio en un caso de estas consecuencias, si hubiera replicado el recurso esto podría haber hecho que el magistrado revisara la convención y el fallo sería diferente. En estos términos considero que no habría lugar a acción de repetición, pero si a que se adelante una investigación disciplinaria en contra del apoderado que era funcionario de planta de la Oficina de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor.

Dr. Gustavo García, por qué no hay acción de repetición contra el apoderado?

Dr. Alejandro Molina, El Ministerio del Interior y Justicia ya emitió un concepto sobre este tema y por el principio de legalidad no podemos repetir contra el abogado que es de planta, hay que respetar este principio constitucional, pero en la Dirección de Defensa Judicial hemos analizado que se nos está perdiendo mucho dinero por no poder repetir, en caso contrario cuando el abogado es contratista se puede apelar a las pólizas o mediante una acción contractual intentar recuperar el patrimonio del Estado. Lo que dice la Dra. Meza es cierto, lo único que queda es iniciar un proceso disciplinario.

Dr. Jaime López, complementando, cuando es un abogado externo si se podía y cuando es abogado de planta solo quedan los disciplinarios, ahí se está abriendo una brecha.

Dr. Gustavo García, por ejemplo si se adelanta un proceso disciplinario, se determina su responsabilidad, se da traslado a la Contraloría se establece un tema fiscal porque hay una pérdida y después viene la reposición de los bienes del Estado.

Dr. Jaime López, es una manera, a través de la jurisdicción coactiva, una vez se establezca la responsabilidad fiscal a la luz de la Ley 610 se puede establecer que responsa patrimonialmente por esta pérdida.

Dra. Amparo del Pilar León, me parece que independientemente de la acción que se pida contra el funcionario o contratista que adelantó la representación judicial, en el expediente si estaban los elementos de juicio de acuerdo al concepto de la Dra. Gloria Astrid, porque se debió presentar la liquidación inicial y con esto se ratifica que estaba bien hecha y que necesariamente el magistrado al emitir su fallo ha debido revisar y analizar a conciencia y no causarle esta lesión al patrimonio del Distrito, yo creo que no sobraría y el Consejo Superior de la Judicatura determinará, si cabe o no una sanción para el magistrado. Creo que estos hechos hay que ponerlos en conocimiento, porque se vuelven reiterativos, pasan de largo y el detrimento que se causa no sólo aquí sino en otras entidades territoriales que no tienen de pronto la oportunidad de preocuparse tanto por la defensa judicial, también considero que es alerta para que jueces y magistrados recapaciten y se cuiden mucho en la toma de sus decisiones y fallos respectivos.

La Secretaria Técnica procede a verificar la votación en este caso de la ficha técnica de repetición EDIS 7, haciendo las verificaciones frente a los ex funcionarios, apoderado y magistrado, respectivamente.

Dr. Héctor Zambrano, sin inhabilidades, ni incapacidades, voto por no iniciar acción de repetición en contra de los ex funcionarios de la EDIS, pide se oficie para que se inicie acción disciplinaria en contra del abogado defensor de la entidad y para que se oficie al Consejo Superior de la Judicatura, con el fin que se investigue la responsabilidad del magistrado.

Dr. Eduardo Vicente Botero, sin inhabilidades, ni incapacidades, voto por no iniciar acción de repetición en contra de los ex funcionarios de la EDIS, pido se oficie para que se inicie acción disciplinaria en contra del abogado defensor de la entidad y se oficie al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue la responsabilidad del magistrado.

Dra. Martha Veleño Quintero sin inhabilidades, ni incapacidades, voto por no iniciar acción de repetición en contra de los ex funcionarios de la EDIS, que se oficie para que se inicie acción disciplinaria en contra del abogado defensor de la entidad y se oficie al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue la responsabilidad del magistrado.

Dr. Gustavo García Bate, sin inhabilidades, ni incapacidades, voto por no iniciar acción de repetición en contra de los ex funcionarios de la EDIS, por que se oficie para que se inicie acción disciplinaria en contra del abogado defensor de la entidad y se oficie al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue la responsabilidad del magistrado, dando la información completa respecto a que si bien el abogado no interpuso los alegatos pertinentes, de otro lado teniendo en cuenta que la discusión que se estaba dando era sobre la liquidación, el magistrado debió conocer desde un principio cuáles eran los términos de la convención establecidos en cuanto a la liquidación.

Dra. Gloria Astrid Meza, no hay caducidad el pago se efectuó el 18 de febrero de 2003 y el valor de la condena es de $5 millones equivalentes a las costas del proceso por pensiones no causadas, los demandantes fueron retirados por la liquidación de la EDIS mediante el Acuerdo 41 de 1993 por llevar más de 10 años de servicio y menos de 20 demandaron la pensión sanción en virtud del artículo 8º de la Ley 171 y no se pudo acreditar que estaban afiliados al sistema de seguridad social previsto en la ley para que la demandada fuera absuelta de esa condena, analizada en Comité anterior, cuando las condenas se producen por pensión sanción con ocasión de la liquidación de la empresa, ya se ha establecido que no hay lugar a iniciar acción de repetición, teniendo en cuenta que el gerente actuó en cumplimiento de una orden emitida por el Concejo a través del Acuerdo 41 de 1993, por lo tanto su actuación estaba respaldada por una causa legal de terminación del contrato de trabajo, lo cual no da lugar a iniciar acción de repetición. En la ficha se cita una jurisprudencia donde se analiza el caso de la liquidación de la empresa, que si bien es cierto es una causa legal no es una justa causa justa de las consagradas en el Decreto 2127 de 1945 y por eso nos condenan.

Los miembros del Comité proceden a votar, haciendo la manifestación de que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad:

Dr. Héctor Zambrano, no iniciar acción de repetición.

Dra. Martha Veleño, voto por no iniciar acción de repetición.

Dr. Eduardo Botero voto por no iniciar acción de repetición

Dr. Gustavo García, igualmente voto porque no se inicie acción de repetición.

Dra. Gloria Astrid Meza, también se trata de un caso por pensión sanción, por haber laborado más de 10 años y menos de 20, no hubo llamamiento en garantía, no hay caducidad el pago se efectuó el 12-03-03, la cuantía es de $1¿820.961,00 por concepto de costas, las causas son las mismas liquidación de la empresa, terminación del contrato de trabajo por el Acuerdo 041 de 1993, es decir, causa legal más no justa causa. Igual en ese momento la Empresa no podía reconocerle la pensión sanción, porque por vía administrativa no procede, sino a través de la vía judicial. La recomendación es que no se inicie acción de repetición.

Los miembros del Comité manifiestan no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad y votan unánimemente que no se inicie acción de repetición, en este caso.

6.5. EDIS No. 10 CARLOS JULIO BOADA MORA, MANUEL BOHÓRQUEZ PULIDO, LUIS ORLANDO CASTELLANOS FIGUEROA, GONZALO SÁNCHEZ MORA, ERNESTO SUAREZ Y ERNESTO JOSE GONZALEZ ANGEL

Dra. Gloria Astrid Meza, los demandantes son los arriba enunciados, demandado Bogotá, D.C. los presuntos responsables JAIME EDUARDO VELEZ R. y ALVARO JEBEL BARRERA R.( ex gerentes EDIS), EDGAR MAURICIO VILLALOBOS R. (ex secretario general EDIS), en este caso aparece un nuevo presunto responsable, en razón a que el señor Luis Orlando Castellanos Figueroa, fue retirado antes de la liquidación de la EDIS, pero lo hizo por decisión de la Junta Directiva, igual en ese momento no podía entrar a reclamar la pensión sanción, porque por vía administrativa no procede, sino a través de vía judicial. El valor que pagó 14¿049.948,00 por concepto de costas, no hay caducidad, pago efectuado el 12 de marzo y 2 de abril de 2003. Las normas que se aplican a los hechos que originaron responsabilidad, por haber ocurrido antes de 1994 no aplicamos Ley 678 de 2001. La razón es la misma de las anteriores terminación del contrato de trabajo por causa legal pero no justa, mi recomendación es que no hay lugar a iniciar acción de repetición.

Los miembros del Comité manifiestan no estar incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad y votan unánimemente que no se inicie acción de repetición, en este caso.

Dra. Gloria Astrid Meza, los demandantes son los arriba enunciados, no hubo llamamiento en garantía, valor de la condena $38¿097.750.78 no hay caducidad, pago efectuado 28 de febrero y 12 de marzo de 2003, los dos primeros fueron retirados por liquidación de la EDIS, pero el señor Aniceto Ardila además, por haber reunido los requisitos para la pensión convencional, la jurisprudencia sobre esta causal de retiro de los trabajadores oficiales, tampoco se convierte en justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo y hemos sido condenados a pagar por no corresponder a una causal del Decreto 2127 de 1945. En este caso el señor demando entre varias pretensiones el pago de la indemnización, pensión de jubilación, dotaciones, moratoria y costas. En primera instancia la entidad demandada fue absuelta y en segunda condenada a la indemnización por despido por valor de $2.289.207 a favor del demandante. En los trabajadores oficiales se considera que el contrato se renueva de 6 meses en 6 y terminado se le debe pagar lo que falta de salario para completar los 6 meses, aquí no se le pago, porque se consideró que la convención colectiva lo facultaba para retirarlo del servicio por haber cumplido los requisitos de pensión de jubilación y nos condenaron a pagar esa indemnización por despido pero no hubo pago de indemnización moratoria, porque el Tribunal entendió que la demandada actuó en atención a la cláusula convencional y no hubo mala fe.

El proceso de Jairo Villamil Hernández, fue retirado en diciembre de 1994, por liquidación de la EDIS, pero bajo el entendido que era empleado público y no le pago indemnización por despido, el tiempo de servicio era superior a 10 y menor de 20 años, demandó la pensión sanción y le prosperó porque el juzgado consideró que era trabajador oficial y no empleado público, aunque el cargo lo establecía los estatutos como empleado público y bajo ese entendimiento la entidad lo retiró, pero dentro del proceso se consideró que era trabajador oficial, se condenó a la entidad a pagar una indemnización de $25.000.000 millones, la pensión sanción y las costas del proceso, no hubo indemnización moratoria, porque igual se interpretó que la Entidad había tenido la certeza que era empleado público, no hubo mala fe.

Mi concepto es que aunque se causó un daño antijurídico por el pago de las condenas que salieron a favor de los demandantes, no hay lugar a repetición porque los contratos fueron terminados por liquidación de la EDIS, uno por cumplir requisitos para pensión de jubilación y otro por supresión del cargo. Queda a consideración del Comité.

Dra. Martha Veleño, pero en el caso del empleado público porque se varió y se consideró trabajador oficial?

Dra. Meza, Existía una certificación que el demandante no tenía derecho a las convenciones colectivas, que por eso la empresa no lo había indemnizado y que él tenía la calidad de empleado público, al proceso tampoco se allegaron los certificados que demostraran que era empleado público y entonces hay una norma en derecho laboral que dice que el Juez adquiere competencia por el hecho de que el demandante manifieste que su vinculo estuvo regido por un contrato de trabajo y esa presunción no fue desvirtuada, por tanto se consideró trabajador oficial. La vinculación inicial fue por contrato de trabajo pero después estaba como profesional, cargo que según los estatutos era de empleado público, porque la empresa a través de los estatutos podía determinar cuales eran de confianza y por exclusión los demás eran trabajadores oficiales.

Actualmente se mira cual es la actividad que desarrolla la empresa y de acuerdo al 1421 Estatuto de Bogotá, era una empresa Industrial y Comercial del Estado, por lo tanto la excepción eran los empleados públicos y la regla general los trabajadores oficiales.

La empresa expidió unos estatutos que fueron aprobados por un Decreto del Alcalde, en ese tiempo se adoptaban, cuando la empresa estaba ya a finales de la liquidación entró a clasificarlos cargos, entre los que consideraba de dirección y confianza y los demás de trabajadores oficiales . Esta clasificación era vigente para la empresa pues constaban en actos administrativos que no habían sido demandados ante la jurisdicción competente por eso gozaban de la presunción de legalidad, ella aplicó la clasificación que estaba vigente cuando el señor fue retirado catalogando el cargo como empleado público. Con posterioridad ya en el proceso se pidió una certificación que expidió la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, donde dice que el señor era empleado público y por tanto no le regía la convención colectiva, ella expidió esa certificación porque el Juzgado preguntó si al señor le había pagado indemnización por despido, a pesar de que se certificó en ese sentido, una parte de la convención colectiva consagra que cuando están afiliados más de la tercera parte de los trabajadores los cobija los beneficios a todos.

Dr. Jaime López, entonces no hubo una falsa motivación?

Dra. Meza, no hubo falsa motivación .

Dra. Martha Veleño: a nosotros nos preocupa más la primera, el hecho de que la EDIS acudiendo a sus estatutos diga que una persona era empleado público, estaban amparados en una norma que eran precisamente sus estatutos. Me preocupa más el primero la condena tiene origen porque la orden de liquidación de la empresa es una cosa pero, a la persona simplemente se le dio por terminado el contrato de trabajo porque cumplió los requisitos para la pensión de jubilación, dice el Tribunal en segunda instancia si la entidad quería dar por terminado el contrato de trabajo bajo el supuesto de un mutuo acuerdo debió hacerlo una vez reconocida la pensión de jubilación pues de lo contrario es dejar al trabajador sin la posibilidad de tener ingreso alguno, aceptar que reunir los requisitos es justa causa de terminación unilateral del contrato es infundado e ilógico si se tiene en cuenta la naturaleza de la vinculación, en tanto que ello equivaldría que haber servido a la demandada un tiempo de servicio y haber completado determinada edad es motivo de sanción cuando esa situación es ajena al trabajador y la ley laboral no lo condena. Quisiera saber, si más adelante cuando analizas el daño antijurídico en la resolución que desvinculó a esta persona se dice que el trabajador manifestó por escrito su deseo de desvincularse de la empresa, lo extraño es que el Tribunal no haya valorado ese hecho.

Dra. Meza, la carta del trabajador para el magistrado equivaldría como una renuncia del trabajador , entonces lo que dicen los magistrados es que si el señor pidió que lo retiraran la empresa debió hacerlo pero de una vez con la pensión, pero la carta existe. Ellos pasaban la carta y adjuntaban todos los requisitos tales como el registro civil , etc. Ellos los retiraban y les pagaban lo que denominaban un anticipo pensional mientras se hacía la inclusión en nómina.

Los miembros del Comité en forma unánime acogen la recomendación de la apoderada de no iniciar acción de repetición.

Dra. Gloria Meza, no hubo llamamiento en garantía, valor de la condena $8¿806.500,00 por concepto de costas acumuladas por los cinco procesos que se incluyen en la ficha, no hay caducidad, el pago se efectuó el 13 de enero y el 16 de mayo de 2003 demandantes retirados por liquidación de la empresa, salvo el de la señora Margarita Tovar, que fue retirada por decisión de la Junta Directiva , igual llevaba más de 10 años de servicio a la empresa y nos condenaron a la pensión sanción de jubilación, igualmente la actuación del gerente estuvo amparada por una causa legal cual fue la liquidación de la empresa y la Junta Directiva para el caso de la señora Tovar, tenía autorización y la pensión no podía reconocerse sino por vía judicial, como ya lo hemos visto. Por lo anterior recomiendo no iniciar acción de repetición.

Los miembros del Comité en forma unánime acogen la recomendación de la apoderada de no iniciar acción de repetición.

Dra. Gloria Astrid Meza, se han acumulado en esta ficha cinco (5) procesos, correspondientes a los demandantes arriba mencionados, no hubo llamamiento en garantía, la sentencia es del 2002 y 2003 no hay caducidad, el pago corresponde a costas, se trata de la misma situación, todos trabajadores retirados por liquidación de la EDIS mediante Acuerdo 41 de 1993, condenados al reconocimiento y pago de pensión sanción por no haberse demostrado la afiliación al Régimen de Ley 100, si hubo daño antijurídico pero no hubo dolo ni culpa grave en la conducta del gerente, por lo tanto recomiendo no iniciar acción de repetición.

Por unanimidad los miembros del Comité acogen la recomendación de la apoderada de no iniciar acción de repetición.

Dra. Gloria Astrid Meza, se trata del pago por la conciliación que se hizo el 17 de julio de 2003, por lo tanto no hay caducidad. El demandante fue retirado por la liquidación de la EDIS conforme al Acuerdo 041 de 1993, no afiliado al sistema general de pensiones de Ley 100, se causó un daño por la terminación unilateral del contrato de trabajo por llevar el señor más de 10 años de servicio y menos de 20 están amparados al artículo 8 de la Ley 171 de 1981, lo cual le da derecho a la pensión sanción. Este proceso fue conciliado, llevado a Comité y se aprobó por valor de $67. 000.000,00 como tope máximo, pero se concilió por $60.000.000,00

Dr. Jaime López, se pagó a raíz de una conciliación que aprobó este Comité, como se dio eso se trae al Comité para determinar si cabe o no la acción de repetición, sin embargo, hay dos cosas a tener en cuenta, importantes, en primer lugar que la conciliación fue autorizada por el Comité, lo cual significa que el Comité está hoy auto evaluándose, para determinar si procede o no la acción de repetición, habría que tener en cuenta eso.

Dra. Gloria Astrid Meza, de acuerdo con el concepto del Ministerio de Justicia, ellos dicen que si bien es cierto el estudio de la acción de repetición yo creo que la acción de repetición que estamos analizando no es por la conciliación sino por los hechos generadores, que fue la terminación del contrato.

Dr. Jaime López, si pero acuérdate lo que dice la Ley 678 me gustaría que la leyeran.

Dr. Gustavo García, aquí no estamos evaluando la conciliación en si, estamos evaluando el pago que se hizo como consecuencia de la liquidación de la EDIS.

Dr. Jaime López, yo llamo la atención es para evitar situaciones futuras a la luz de la transparencia. No estoy diciendo que esté mal desarrollado el análisis de la acción de repetición, sino que me parece importante que la conciliación fue la forma anormal de terminar el proceso en ese entonces a raíz de una situación que se dio en el seno de la EDIS ya liquidada, a quien le correspondió aprobar esta conciliación fue a este Comité y a quien le corresponde analizar la acción de repetición a raíz de una conciliación que se dio y tercero la apoderada es la Dra. Gloria Astrid Meza quien elaboró ella misma la ficha, entonces son situaciones que me lleva a hacer un flash para mirar a ver, no estoy diciendo que este mal.

Dra. Esperanza Cardona, este es un caso frecuente en este Comité, por ejemplo las conciliaciones que se traen por los contratos del Fondo Rotatorio del Concejo, siempre los apoderados se cuestionan porque acción de repetición si el mismo Comité aprobó la conciliación, La ley si señala que todas las formas de terminación de un proceso ya sea por sentencia, conciliación o laudo se deben traer al Comité, entonces traemos la conciliación para que se apruebe y en otro Comité, cuando se efectué el pago, para que se analice la acción de repetición, entonces la decisión será no iniciar acción de repetición porque este Comité aprobó la conciliación dentro de los términos de la ley.

Dra. Gloria Astrid Meza, de acuerdo al concepto del Ministerio de Justicia, si ellos dicen que si bien es cierto el estudio de la acción de repetición se generó por el pago no se debe mirar la fecha de pago sino los hechos que generaron ese pago.

Dr. Alejandro Molina, como la norma presenta varios vacíos que se han ido detectando, se puede analizar el caso en el Comité de manera transparente y se envía el acta para una eventual revisión, adicionalmente, el Ministerio también había expedido un derecho de petición en términos del artículo 25 C.C.A., mediante el cual se dijo que ante ese eventual riesgo de inhabilidad se podía remitiría la Procuraduría el caso para que ellos lo estudiaran, lógicamente acompañado de todo el sustento, es decir, prácticamente la respuesta lista para la revisión.

Dr. Jaime López, para que proceda una acción de repetición debe haber un fallo condenatorio en contra de la entidad pública responsable, no es el caso, o un acto aprobatorio de la conciliación, si es el caso, o acta de conciliación u otro documento que acredite el arreglo contrato o transacción, pero es necesario que se haya efectuado el pago definitivamente, eso es importante tener en cuenta, también dice, esta acción busca responsabilizar patrimonialmente al funcionario que en ejercicio de sus funciones actué con dolo o culpa grave causando un daño antijurídico, por el cual debe responder el Estado ya sea por una condena de carácter judicial o como producto de un acuerdo al cual se llega con el perjudicado, aquí se llegó a un acuerdo con el perjudicado porque fue conciliado, para evitar un proceso o terminarlo anticipadamente, Es un herramienta para conseguir la moralidad y la eficiencia de la función pública y generar un efecto preventivo sobre el actuar de los servidores públicos.

No es que se esté actuando de manera absurda jurídicamente, simplemente no se que posibilidad hay que se determine para mayor transparencia que se mire por parte de la Procuraduría, porque ahora cuando vayan a votar tienen que pronunciarse si se encuentran bajo una causal de inhabilidad o incompatibilidad, entonces ahí viene a ser lo complicado, porque dice que no y si después aparece que si, ahí si es peor, pero a la luz de la transparencia uno dice no es que evada la responsabilidad, se observan varios factores para que haya un estudio más juicioso, si la Procuraduría puede decir que todo está perfecto, han actuado bien, nosotros no somos los llamados a revisarle háganlo ustedes, al fin y al cabo Dr. Gustavo García, tienen hasta 6 meses para iniciarla, antes puede haber un pronunciamiento no solo de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación, sino de la Procuraduría General de la Nación, que no significa de ninguna manera que estamos diciendo investíguelos, queremos saber sino estamos en incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad , porque estamos generando este estudio juicioso, sino se hace así hacia el futuro puede generar resquemores, es mi opinión.

Dra. Gloria Astrid Meza, si alguno de los miembros resultare inhabilitado para votar que procedimiento ha previsto.

Dr. Jaime López, acudir al superior, hay un Comité de Conciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Hacienda depende de la Alcaldía Mayor de Bogotá, podría ser es ese caso siempre y cuando no haya ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para ello, esa es mi opinión.

Dr. Zambrano, tengo una duda aquí dice en la ficha de acción de repetición que el presunto responsable es el gerente de la EDIS, la acción de repetición es contra la decisión que tomó el Comité para aprobar la conciliación, o contra los fundamentos que dieron ahora, Hay dos argumentos que tenemos que replantear y es que cuando se traiga al Comité para la aprobación de una conciliación se estudie al mismo tiempo la acción de repetición contra los funcionarios que dieron lugar al perjuicio que se está pagando.

Dr. Jaime López, no toda conciliación obra para una acción de repetición el ingrediente es que esa conciliación se haya dado por una conducta dolosa o gravemente culposa.

Dra. Veleño, vamos a poner como ejemplo el caso de Parrado Motos que hoy lo vimos, se trata de un contrato de prestación de un servicio que se adiciona y durante el término que se legaliza la adición se excede la prestación de un servicio para el Fondo Rotatorio quien certifica que lo recibió a satisfacción, No se puede pagar administrativamente porque no estaba legalizada en legal forma la adición, el bien y servicio se recibió y a satisfacción, el Estado no puede enriquecerse con el servicio de otro, entonces paguemos el millón de pesos. En la siguiente sesión del Comité es posible que nos digan como consecuencia de la conciliación que ustedes autorizaron ya se pagó el millón de pesos, entonces vamos a ver si procede la acción de repetición, el hecho que genera la acción de repetición no es el dolo o culpa grave que hayamos podido tener al estudiar y aprobar la conciliación sino si fue dolosa o gravementente culposa la acción del funcionario que hizo el contrato, entonces yo me declararía impedida si yo hubiera tramitado el contrato, si yo hubiera sido el control de ejecución del contrato porque ese es el hecho que genera el pago, independientemente que se haya solucionado a través de una condena judicial o de una conciliación, en este sentido estoy de acuerdo con la posición de la Dra. Gloria Astrid de que hay que examinar el hecho generador.

Dr. Gustavo García, entonces en qué momento se mira la decisión de la conciliación.

Dr. Jaime López, para complementar lo que dice la Dra. Martha Veleño, es que la conciliación no siempre se da en cabeza de los que estamos hablando de los de la EDIS, sino hacia el futuro, entonces que qué momento separar la conducta, si se generó un comportamiento de parte de unos servidores y ese comportamiento repercutió para que demandara, entonces en esa demanda se busca continuar o conciliar , esa solución no solución no la puede dar siempre los generadores del daño.

Dra. Martha Veleño, pero esas conciliaciones tienen un control judicial, el Comité pude decidir conciliemos y en la Procuraduría puede decir no va, lo mismo el Tribunal. Nosotros estamos dando una autorización para conciliar, pero la conciliación se da es ante la Procuraduría y el Tribunal.

Dr. Jaime López, pongamos un ejemplo, el 2 de diciembre el Comité determina si conciliar, esta conciliación se produce en enero o febrero, al Comité marzo, abril le corresponderá determinar si esa conciliación fue producto de un daño y de quién, habría que mirar hacia atrás la administración y no el Comité .

Dra. Veleño, que fue la recomendación que el Dr. López nos hizo en el caso de Adpostal, nosotros estábamos recomendando una conciliación pero parecía que era producto de una conducta repetitiva que permitía recibir servicios por fuera de lo contratado, toca conciliar porque efectivamente el servicio se había recibido y todo, pero eventualmente podría haber una acción de repetición de ese contrato que siempre permitía una conducta negligente por parte de la administración que conllevaba al pago de esos servicios.

Dra. Amparo León, voy a rememorar un concepto que emitió el Ministerio de Justicia respondiendo una consulta que se hizo el año pasado respecto al ámbito de la acción de repetición, donde concluye que la acción de repetición únicamente se produce respecto de los hechos que dieron origen al fallo condenatorio, a la conciliación judicial o extra judicial e igual para el caso de las costas, que nos sirve para estos casos que estamos analizando hoy, como las costas pues no cabían dentro del concepto de pago indemnizatorio, pero lo que nos quedó claro y que fue la posición que se adoptó en ese momento por parte de este Comité, es que cuando se analizara la acción de repetición nos íbamos a circunscribir a los hechos que dieron lugar a la conducta, bien que se sometiera a litigio o bien a conciliación,

Dr. Alejandro Molina, quiero felicitar al Comité, porque es uno de los más avanzados de las entidades de todo el orden tanto nacional como distrital, creo que eso les ha permitido llegar a planteamientos jurídicos como el actual que hasta el momento sólo los habíamos considerado de manera teórica la mayoría de las veces, nos lo habían planteado a manera de derecho de petición, lo que tratamos es de guiarlos para que estén tranquilos en la toma de sus decisiones, somos compañeros y asesores en este Comité, de ninguna manera controlamos o vigilamos. En esa medida comprendemos que enviar una carta a la Procuraduría es abrir la puerta para que empiecen a buscar donde no hay nada (sic) y esto también genera temor de conciliar. La recomendación nuestra es remitir a la Procuraduría haciendo la advertencia de que simplemente lo hacen por principio de transparencia, casi no pidiendo un concepto sino informándoles lo que están haciendo. Se podría hacer un resumen trimestral , a través de una carta al Ministerio del Interior comunicando lo que han hecho y con copia a la Procuraduría.

Dr. Jaime López, me llama mucho la at4ención lo que dice la Dra. Amparo, me gusta en el sentido de que aclara que hay que mirar de dónde fue que partió el daño realmente, el Ministerio del Interior y Justicia Dirección de Defensa Judicial de la Nación, somos asesores, consultores, veedores pero no procuradores, no personeros, no fiscales, no jueces, algo que tiene interesante el derecho es cada uno plantear un concepto a la luz de las normas y que tengamos la tranquilidad que les hicimos una sugerencia, mal podríamos quedarnos callados y dejar que cada Comité actué, al fin y al cabo como nosotros no tenemos sino voz, no tenemos voto, dejémoslos haber si hacia el futuro los investigan o no, ese no sería un papel correcto por parte nuestra y de alguna manera nos estamos retroalimentando, por eso nos sentimos muy contentos de venir a un Comité como el de Secretaría de Hacienda.

Dr. Gustavo García, hay una cosa que pido que se revise y es que el apoderado no debe ser él mismo que realice la ficha para estudio de acción de repetición.

Dra. Gloria Astrid Meza, en la Alcaldía se hace así el apoderado es quien hace la ficha también y la presenta al Comité.

Dr. Jaime López, tomaré nota para que el asesor que acude a este Comité haga la observación pertinente, no digamos que es un error pero en aras de la transparencia es mejor cambiar el procedimiento. Igualmente el Comité puede acoger o no nuestra recomendación pero en el acta queda nuestra posición.

Dr. Héctor Zambrano, de acuerdo al manual de acción de repetición es recomendable estudiar también la viabilidad de iniciar la acción de repetición una vez se haya conciliado el proceso.

Dr. Jaime López, una vez se hay pagado porque sino le falta un elemento para decidir sobre la acción de repetición.

Dr. Zambrano, en el caso de las motos, por ejemplo una vez se haga efectiva la conciliación y la evaluemos estudiar la conducta del gerente del FRCB, porque no hizo los trámites oportunos para pagar, etc.

Dr. Jaime López, dice la norma que al día siguiente de efectuarse el pago al día siguiente hay que informar y tiene 6 meses para iniciar la acción y sino lo aprende el Ministerio del Interior y de Justicia.

Dr. Gustavo García, pero en términos de economía hacer el análisis, analiza todo el hecho completo y determina dos acciones, una analiza el hecho y prioriza la conciliación misma, de hecho lo que dice es una vez concilie hay que adelantar la acción de repetición, pero han quedado analizados los dos aspectos.

Dr. Jaime López, pero cuando pague, porque si falta el pago no habrá lugar.

Dr. Zambrano, por eso se deja condicionada a que una vez se pague se inicie la acción de repetición.

Dr. López, esa es la obligación que tiene, precisamente el servidor público que tiene a cargo la parte de presupuesto y tesorería, informar, si no lo hace a él si le cabe una investigación disciplinaria que se llama falta gravísima con sanción destitución.

Dr. Gustavo García, entonces en este caso específico qué hacemos. Lo que estamos analizando aquí en concreto es la conducta del gerente que generó el pago a través de una conciliación.

Dr. Zambrano, de acuerdo al estudio de la ficha, acojo la recomendación de la apoderada, de no iniciar acción de repetición en contra de los funcionarios de la EDIS.

Dr. Botero, me acojo a la recomendación de la apoderada y voto por no iniciar acción de repetición.

Dra. Martha Veleño, acojo la recomendación y voto por no iniciar acción de repetición.

Dr. Gustavo García, voto por no iniciar acción de repetición, acogiendo la recomendación de la Dra. Gloria Astrid Meza.

Dra. Gloria Astrid Meza, no hubo llamamiento en garantía, no hay caducidad, el pago fue por la suma de $3¿102.911,00 efectuada el 16 de mayo de 2003, el proceso se originó por haber sido el demandante comisionado para ejercer el cargo de jefe del almacén, cargo que desempeño desde el 14 de junio de 1981 hasta 1993 cuando cumplió los requisitos para acceder a la pensión convencional ,la demanda se sustentó en que el simultáneamente ingreso al cargo de analista que era para el cual había sido nombrado y la comisión de Jefe de Almacén. Existe un memorando por parte de la empresa mediante el cual se informa que el señor fue comisionado temporalmente para ejercer la jefatura del almacén. Analizado el material probatorio por el juez de segunda instancia, analiza el artículo 92 de la Convención indicando que parece que se refiriera al encargo con las denominación de comisión y que para los efectos de los derechos del trabajador, se indica como si se tratara de un encargo, ya que habla de nombramiento en el cargo con mayor remuneración después de 60 días, por lo que considera que hubo un error en la redacción de la convención en cuanto al artículo 92.

Voy a leer la cláusula de la convención "los trabajadores que han ejercido el cargos en comisión por un lapso mayor a 60 días ... el Juez lo interpreta, dice no es una comisión, el término fue mal utilizado en la convención y por tanto estaba encargado y no comisionado y por tanto tenía derecho a que la empresa le hubiera pagado las diferencias salariales entre el cargo de analista y jefe de almacén. Nos condenan a pagar unas diferencias salariales 91 y 92 porque no se acreditaron los incrementos salariales de los otros años , no hubo condena de indemnización moratoria porque el Tribunal considero que en la interpretación que hizo la empresa no hubo mala fe.

Bajo estas consideraciones mi recomendación es que no hay lugar a la acción de repetición por no darse la conducta dolosa o gravemente culposa por parte de los funcionarios de la empresa.

El Comité en forma unánime acoge la recomendación de la apoderada y vota por no iniciar acción de repetición en contra de los funcionarios de la EDIS, y solicita se revise la actuación de la apoderada y se informe al Comité en la próxima sesión del mismo.

Dra. Gloria Astrid Meza, no hay caducidad el pago se efectuó el 27 de junio de 2003 por valor de $122.025.063,00 se trata de unas costas por pensión sanción, cuyo pago se hizo en forma parcial y le correspondió al Comité de Conciliación de la Alcaldía Mayor analizar la viabilidad de la acción de repetición y no se sabe que determinación se tomó al respecto.

Dra. Amparo León, en este caso es importante determinar que los pagos no se pueden fraccionar y el estudio de repetición es uno sólo.

Determina el Comité de Conciliación aplazar la decisión hasta que se averigüe con la Alcaldía Mayor que determinación tomó al respecto, incluir número de acta, fecha de la sesión y demás datos importantes.

Hace la presentación de las fichas FAVIDI 1, 2, 3, 4 y 5 el Dr. Pedro Nel Aguilar, abogado de la Dirección Jurídica, quien manifiesta que se trata de casos de reajustes de Ley 6ª de 1992, la cual ordenaba una reajuste pensional para el sector nacional y la cual fue declara inexequible el 20 de noviembre de 1995, por tanto su decreto reglamentario 2108 corría igual suerte, por lo cual era improcedente por vía administrativa pretender darle alcance a los pensionados del distrito a una norma que fue expedida para el sector nacional , entonces los funcionarios mencionados que negaron este reajuste lo hicieron considerando o con pleno convencimiento de que estaban aplicando una norma en el sentido de que no era aplicable para los servidores del distrito, por lo tanto ellos estaban confiados y convencidos de que estaban ciñéndose al espíritu de la ley, en ese momento este un concepto general aplicado en la entidad en ese momento. En este sentido vemos que no hay dolo ni culpa grave de los funcionarios que expidieron los actos administrativos negando el reajuste pensional, por tanto, se recomienda no iniciar acción de repetición contra ninguno de ellos.

Dra. Martha Veleño, estos pensionados eran docentes nacionalizados?

Dr. Aguilar, si eran docentes nacionalizados.

Dra. Amparo del Pilar León, en los contenidos de los fallos se hace referencia a la conducta de los funcionarios?

Dr. Puentes, no se hace consideración a la conducta del agente.

Dr. Aguilar, los Tribunales recogen textualmente los contenidos del acto y hace la aclaración de la mala interpretación pero no hace referencia a la conducta del agente, de igual manera en todos se condeno a pago único sin movimiento de mesada y hace referencia a la incostitucionalidad de la ley.

Dr. Jaime López, había presunción de legalidad.

Dra. Esperanza Cardona, si, además en ese momento era la política de la entidad por la interpretación que hacía de la norma que como ya se estudio es este comité paso un tiempo largo hasta llegar al 9 de julio donde después de muchísimo estudio y de los avances jurisprudenciales, por los cambios que ha adoptado los mismos jueces y tribunales, se llegó a la conclusión de que tenían el derecho, pro en ese momento estaban perfectamente convencidos frente a la ley y al sentencia de inconstitucionalidad de que no había ese derecho. Es tan fuerte este argumento, que se recogen en estas fichas 22 sentencias y la condena suma 22 millones lo cual determina que para los jueces la declaratoria de inconstitucionalidad determinó que sólo tenían derecho a un pago único hasta el 20 de noviembre de 1995.

Dr. Aguilar, las condenas oscilan entre $322.000 a una de $2.400.000 la más alta.

Dra. Martha Veleño, yo le traslado al Comité mi angustia, que sobre este tema de reajuste de Ley 6ª durante 10 años negó mal, es decir, que estos actos administrativos que dieron lugar a la condena, efectivamente fueron dados por una mala interpretación de la norma y efectivamente eso es lo que hoy en día están analizando los organismos de control. Hoy al Distrito le cuesta 22 mil millones de pesos pagar un reajuste cuando le hubiera costado 6 mil millones de pesos, porque hoy tiene que actualizar, pagar intereses moratorios, las condenas que se pagaron como pago ¡único hay que mover la mesada, etc. La Personería que ya inicio una investigación, frente al concepto que se emitió uno al final no sabe que van a decir y el Contralor (e) hace unos meses en la reunión que sostuvimos del Comité de Ley 6ª manifestó que estaba perfectamente de acuerdo que a los pensionados nacionales había que pagarles y a los distritales seguir peleando, pero que entendiéramos que independientemente de que hubiera estado enfrente del caso de los pensionados ellos iban a iniciar todas las investigaciones del caso. Por supuesto con todo esto como que uno diría que cuando se produce una condena de estas, a sabiendas de que hubo una interpretación errónea de la norma y el acto administrativo salió negándolo cuando ha debido concederlo, por eso pregunto si son docentes nacionalizados, uno podría pensar que efectivamente esa conducta fue la que generó la condena.

Dr. Gustavo García, porque el tema si es que hubo una mala interpretación.

Dr. Jaime López, pero acogidos a una presunción de legalidad , ellos consideraban que estaban actuando conforme a ley. Por eso lo que decía la Dra. Martha ellos estuvieron 10 años en un error no inexcusable sino excusable, en el sentido de que se acogían a la ley, cuya interpretación fue diferente a la que debía ser.

Dra. Martha Veleño: Además lo que hoy podemos analizar es que durante diez años los tribunales han fijado otra posición.

La secretaria técnica procede a recepcionar la votación:

Dr. Héctor Zambrano, sin inhabilidad, ni incompatibilidad acojo la recomendación del Dr. Aguilar, de no iniciar acción de repetición.

Dr. Eduardo Vicente Botero, declaro no tener inhabilidad o incompatibilidad y voto por no iniciar acción de repetición.

Dra. Martha Veleño, no tengo inhabilidad, ni incompatibilidad voto por no iniciar acción de repetición por no presentarse culpa grave o dolo, dado a que si existió violación de una norma de derecho sustancial no fue por error inexcusable.

Dr. Gustavo García, no tengo inhabilidades, ni incompatibilidades y voto por no iniciar acción de repetición, por inexistencia de dolo o culpa grave en la conducta de los funcionarios.

El juzgado 10 Laboral del Circuito aceptó el desistimiento de la demanda presentada por el SISE dentro de un proceso especial sumario de levantamiento del fuero sindical de la señora Ana Mercedes Orjuela de Rodríguez, al aceptar dicho desistimiento se condenó al SISE al pago de $750.000 por concepto de agencias en derecho, suma que fue cancelada por el Fondo Cuenta de Pasivos del SISE, dicho desistimiento se fundamentó en el hecho de que judicialmente se decretó la liquidación y la cancelación de la personería jurídica del sindicato de trabajadores SISE, lo que ocurrió cuando ya se había instaurado la demanda, siendo así el hecho fue ajeno ala entidad demandante, al desaparecer el sindicato ya no tenía ningún sentido jurídico persistir en la demanda. En este orden de ideas el gerente del SISE no obró con la intención de causar daño y no estaría incursa su conducta dentro de los parámetros de la Ley 678 de 2001, por lo tanto, la recomendación es la de no iniciar acción de repetición.

En forma unánime los miembros del Comité aceptan la recomendación del apoderado Dr. Puentes, de no iniciar acción de repetición en este caso.

Por no existir proposiciones, se da por terminada la sesión del Comité a las 11:00 A. M.