RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., viernes, 1 de julio de 2011

Ver la Directiva Unificada PGN 003 de 2011, Ver la Directiva Unificada del la PGN 004 de 2011,  Ver la Directiva Unificada PGN 005 de 2011, Ver el Numeral 8 del art. 24 y el art 81 de la Ley 617 de 2000

Con el fin de garantizar el normal desarrollo y la transparencia del proceso electoral, y en aras de prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos así como la desviación de recursos con fines proselitistas en el proceso electoral, me permito recordarles que la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) comenzó a regir a partir del pasado jueves 30 de junio del año en curso. Lo anterior, teniendo en cuenta que las elecciones se realizarán el próximo domingo 30 de octubre de 2011, donde se elegirán autoridades y corporaciones públicas territoriales, razón por la cual les reitero a las autoridades y entidades del orden departamental, distrital y municipal, la aplicación de la Ley en mención, especialmente en lo señalado en el parágrafo del artículo 38¹.

El artículo 38 de la Ley 996 de 2005, establece en su parágrafo prohibiciones dirigidas exclusivamente a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, durante los cuatro (4) meses previos a las elecciones. Tales prohibiciones entraron a regir a partir del 30 de junio de 2011 las cuales consisten en:

*No celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

*No destinar recursos públicos de las entidades a su cargo o de aquellas entidades en las que participen como miembros de sus juntas directivas para reuniones proselitistas en las que participen los candidatos a cargos de elección popular o voceros de los candidatos.

*No inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales en reuniones en las que participen candidatos cargos públicos de elección popular o sus voceros.

*No modificar la nómina del ente territorial durante los cuatro meses previos a las elecciones, salvo provisión de cargos por faltas definitivas o aplicación de normas de carrera administrativa.

De otra parte, todas las limitaciones previstas en el artículo 38 están claramente encaminadas a garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución, en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones.

Así mismo, el inciso tercero del parágrafo del artículo 38 prohíbe a gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital:

*Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas.

*Autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para facilitar alojamiento o transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular.

Es importante resaltar que en consulta elevada ante La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado², radicación 2011 de 2010, esta Corporación, precisó la vigencia de la Ley 996 de 2005 para las elecciones territoriales retomando lo estipulado en el concepto 1720 de 2006 en cita, manifestando: "En relación con el parágrafo del artículo 38 de la ley 996, es claro que su campo de aplicación se refiere a las entidades territoriales pues en su parte inicial menciona una serie de autoridades del orden territorial y como se dijo, su alcance se refiere a elecciones en general, tanto territoriales como nacionales."

Es de aclarar que en el concepto 2011 de 2010, esta alta corporación precisa sobre las restricciones de la Ley 996 de 2005 en materia de contratación y aplicabilidad del artículo 38 cuando se llevan a cabo elecciones presidenciales y no sobre los comicios para elegir autoridades territoriales, en el que se manifiesta que en época de elecciones presidenciales los artículos 32,33 y 38 aplica tanto para las autoridades nacionales como territoriales, quiere ello decir que no está prohibida la contratación para las autoridades y entidades territoriales en estas elecciones.

En cuanto al inciso cuarto del parágrafo del articulo 38 sobre a la congelación de nominas en las entidades territoriales. En el examen de constitucionalidad de la Ley 996 de 2005, sentencia C- 1153 de 2005, la Corte Constitucional frente al parágrafo del artículo 38 dijo:

"Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición de modificar la nómina de los entes territoriales que dirijan o en los cuales participen Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, pues esto garantiza que no se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en política y, por tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo.

(…) Ahora bien, esta Corporación considera que la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que "afecte" la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública."

Por lo anterior, se les recomienda a las diferentes autoridades encargadas de administrar las ayudas o auxilios destinados por el gobierno para mitigar las situaciones de emergencia ocasionados por la ola invernal que no están cobijadas por la Ley de garantías electorales, el deber que les asiste de hacerlas efectivas con la debida trasparencia (sic), observando a cabalidad las directrices establecidas por el Gobierno Nacional para tal efecto.

Finalmente, en tal sentido se les solicita atender las directrices impartidas por la Procuraduría General de la Nación en las Directivas Unificadas 003 y 005 del 13 y 5 de abril del presente año respectivamente. Así mismo, les informo que se solicitó vigilancia especial a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República en uso de sus facultades constitucionales y legales para que ejerzan el control disciplinario y fiscal correspondiente.

Se les recuerda en relación con el control fiscal, que la Contraloría General de la República, como veedora del tesoro y con base en las facultades conferidas por la Constitución Política artículo 267 inciso tercero en armonía con los artículos 24 numeral 8 y 81 de la Ley 617 del 7 de octubre de 2000, puede tomar las medidas necesarias de oficio o a petición de un número plural de población o de veedurías ciudadanas, para evitar la utilización indebida de recursos públicos con fines proselitistas y por extensión del control, lo ejerce en las entidades territoriales.

De acuerdo a lo anterior, les solicito su valiosa colaboración con el objeto de que la jornada electoral cumpla los objetivos y los requisitos que la Constitución Política y la ley señala.

Cordial saludo,