RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Según el informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, en Bogotá entre los años 1998 al 2002 se registraron los siguientes secuestros:

Por otra parte, a pesar de que la desaparición forzada está prohibida en el articulo 12 de la Constitución Política, donde se estable que "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles inhumanos o degradantes", según la Asociación de Familiares de los desaparecidos, ASFADDES "con base en datos de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, Cinep, Justicia y Paz y Comité Permanente para los Derechos Humanos, se registran desapariciones desde 1977. Hasta 1992 la cifra era de 1.500 y hoy asciende a 5.372. El peor año fue 2001 con 1.347, lo que quiere decir que en promedio hubo 3.7 desapariciones por día en Colombia. En el 2002 se reportaron 1358."

Según el diario el País de abril de 2003 "Colombia, junto a Nepal, tiene el mayor número de personas desaparecidas. 2.217 casos reportados desde 1997."

De acuerdo con las estadísticas de "Las voces del Secuestro", en Colombia más de 4.200 personas se encuentra secuestradas. A nivel regional y concretamente respecto de la ciudad de Bogotá, según estadísticas de Fondelibertad, permanecen en cautiverio 251 personas, 178 de ellas bajo la modalidad de secuestro extorsivo, 46 bajo la modalidad de secuestro simple y 27 bajo otras modalidades.

Adicionalmente, en nuestro país un alto porcentaje de los casos relacionados con delitos de secuestro y desaparición forzada quedan en la impunidad, a pesar de que Colombia, como Estado Parte de tratados internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario se ha obligado a sancionar adecuadamente las violaciones e infracciones a esos ordenamientos, como surge por ejemplo de los artículos 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 1.1. Y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las disposiciones pertinentes de la corte Penal Internacional, lo que no solo impide que se responsabilice a los autores de estos abominables atentados de lesa humanidad, sino que como consecuencia, no se obtenga la reparación económica sufrida a causa de los mismos hechos.

En los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, apartado A 1 y 2:

1. Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. En la Expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa…

3. Cuando el responsable de la violación no pueda o no quiera cumplir con sus obligaciones, los Estados deben esforzarse por resarcir a la víctima.

En resumen, son también los familiares las víctimas directas por el estado de zozobra y angustia que produce el desconocimiento del paradero del secuestrado o desaparecido forzado, quienes a su vez ven disminuidos sus ingresos familiares o tienen que reunir fuertes sumas de dinero para pagar el rescate del ser querido, sin obtener en muchos casos, a pesar del pago la devolución del secuestrado.

La definición de impunidad que presenta los principios internacionales y que fue incluida en el documento gubernamental de Política de lucha contra la impunidad, señala; "Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena apenas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas".

Es por ello, que, ante la dramática situación de estos compatriotas, el Concejo de Bogotá y la administración Distrital pueden aportar un granito de arena para aliviar en algo la situación económica a que se ven abocados los familiares.

-Conceder unas exenciones tributarias a las personas víctimas de secuestro o desaparición forzada o a su cónyuge o compañero o compañera permanente, sobre el impuesto predial unificado, valorización por beneficio general y local, impuesto a vehículos automotores e ICA durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada.

-Establecer unos programas de asistencia psicológica y psiquiátrica al núcleo familiar del secuestrado o desaparecido.

-Proteger a los hijos menores de 18 años de los secuestrados o desaparecidos garantizando su acceso a la educación pública y a los servicios de salud.

Artículo 13. "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta"

Artículo 42:"El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia."

Artículo 44. " Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada."

Articulo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la Ley:

1...

2....

3. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas; ordenar exenciones tributarias y establecer sistemas de retención y anticipos con el fin de garantizar el efectivo recaudo de aquellos"

..."sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde los acuerdos a que se refieren los ordinales 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14, 17, 21 del artículo anterior".

Lo anterior significa que el Concejo puede ordenar la exención tributaria si es avalada por la administración distrital

"Articulo 38. Los municipios sólo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años..."

La exención propuesta en el proyecto de acuerdo no es indefinida. Su vigencia sería por 10 años contados a partir de su sanción.

"Articulo 1° Las personas naturales o jurídicas y las sociedad de derecho damnificadas a consecuencia de los actos terroristas en la ciudad, podrán solicitar ante la Junta Distrital de Hacienda la exención de los siguientes tributos: predial unificado, valorización por beneficio general, industria y comercio y de avisos y tableros, circulación y tránsito y timbre nacional sobre vehículos automotores. La exención se ordenará en los casos por los montos y en las condiciones que se establezcan en el decreto que deberá expedir el alcalde mayor en los próximos 30 días"

Articulo 13. Las personas naturales y jurídicas así como sociedades de hecho damnificadas a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital estarán exentas de los impuestos distritales, respecto de los bienes o actividades que resulten afectados en las mismas, en la condiciones que para tal efecto se establezcan en decreto reglamentario."

"Articulo 28. Exenciones. Están exentos del impuesto predial unificado:

f) Las personas naturales y jurídicas, así como las sociedades de hecho damnificadas a consecuencia de actos terroristas o catástrofes naturales ocurridas en el Distrito Capital, respecto de los bienes que resulten afectados en las mismas, en las condiciones que para el efecto se establezcan en el decreto reglamentario."

En el anexo 1 se presentan 6 cuadros de unos estimativos del impacto fiscal de las exenciones a los tributos que se contemplan en este proyecto de acuerdo, lo mismo que la fuente de ingreso adicional para el financiamiento de las mismas.

-En las sesiones ordinarias del mes de febrero se hizo la presentación de este proyecto de acuerdo. Hubo aportes muy importantes de varios concejales que se han recogido en el presente articulado.

-En las sesiones del mes de mayo presentamos nuevamente el proyecto de acuerdo recogiendo los aportes de los concejales. En esta ocasión el proyecto tuvo ponencia positiva de los 3 concejales ponentes. En el curso de la discusión el Alcalde Mayor, los Secretarios de Educación, Salud, Hacienda y Gobierno manifestaron su apoyo e interés para sacar adelante este proyecto de acuerdo, para lo cual expedirán el correspondiente aval.

-En las presentes sesiones extra ordinarias convocadas por el Alcalde Mayor mediante Decreto 178 de 2004, el proyecto de acuerdo fue incluido.

Esperamos sacar adelante esta iniciativa en estas sesiones extraordinarias la cual que será de gran beneficio para los secuestrados, desaparecidos y sus familias. Constituye ante todo un gesto de solidaridad de los bogotanos.

Cordialmente,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere el artículo 12, numeral 3 del Decreto Ley 1421 de 1993

ARTICULO 1° La persona víctima del secuestro o de la desaparición forzada, certificada como tal por la autoridad judicial competente, estará exenta del pago de los siguientes tributos Distritales:

1. Impuesto predial unificado y contribución de valorización por beneficio general o local respecto de un inmueble de su propiedad o de su cónyuge o compañero o compañera permanente siempre que sea el lugar de residencia del secuestrado o desaparecido.

2. Impuesto sobre vehículos automotores de un vehículo de su propiedad o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.

3. Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros respecto de un establecimiento industrial, comercial o de servicios de su propiedad o de su cónyuge o compañero o compañera permanente, cuyos ingresos netos anuales sean inferiores a $ 80.000.000.

PARAGRAFO. En caso de venta del inmueble, vehículo o establecimiento no procederá la exención.

ARTICULO 2º.- Las anteriores exenciones se conceden por el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada. Cuando el secuestro o la desaparición sea superior a un año, se concederá la exención por dos años más.

ARTICULO 3º.- En caso de muerte en cautiverio del secuestrado o desaparecido, las anteriores exenciones se mantendrán por tres años más.

ARTICULO 4° La Administración Distrital promoverá el desarrollo de programas de asistencia psicológica y psiquiátrica por todo el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada al núcleo familiar del secuestrado o desaparecido, y a éstos a partir de su liberación o rescate.

ARTICULO 5º La Secretaría de Educación dará prioridad a los hijos menores de 18 años de los secuestrados o desaparecidos para su acceso a las instituciones educativas oficiales del distrito.

ARTICULO 6º La Secretaría de Salud garantizará el acceso a los servicios de salud a los cónyuges, compañeros o compañeras permanentes e hijos de los secuestrados o desaparecidos, de conformidad con la normatividad vigente.

ARTICULO 7º El Alcalde Mayor expedirá la reglamentación correspondiente para dar cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo.

ARTICULO 8º El presente acuerdo rige a partir de su publicación.