RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.
© Propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
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Doctor(a) ANA LUCY CASTRO CASTRO Secretaría Jurídica ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Carrera 8 No. 10-65 Bogotá - D.C.
Respetada Dra. Castro, La Subdirección de Asuntos Legales de la UEASP
ha recibido copia del oficio de la referencia, por medio del cual, la
Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor de Bogotá, solicita a ésta
Dependencia, emitir concepto relacionado con la competencia de las entidades
integrantes de la Mesa Distrital de Residuos Peligrosos, en relación al
“transporte y disposición final de todos los desechos peligrosos abandonados en
el espacio público”, el cual se emite en los siguientes términos: I. PLANTEAMIENTO
JURÍDICO: En la solicitud presentada por la secretaría
Jurídica, se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las competencias de
cada una de las Entidades que integran la Mesa Distrital de residuos
Peligrosos, con relación al transporte y disposición final de desechos
peligrosos abandonados en espacios públicos? II. CONCEPTO Inicialmente,
resulta pertinente traer a colación la definición legal de “residuo peligroso”,
contenida en el Decreto Nacional 4741
de 2005 “por el cual se reglamenta
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos
generados en el marco de la gestión integral. Al respecto, el artículo 3º del mencionado
Decreto, consagra: en los siguientes términos: “Artículo 3°. Definiciones: Para los efectos del
cumplimiento del presente decreto se adoptan las siguientes definiciones: (…) Residuo o desecho peligroso. Es aquel residuo o desecho que por sus características
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o
radiactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y
embalajes que hayan estado en contacto con ellos.” (Cursiva fuera de
texto). A su vez, el Decreto Distrital 312 de 2006, “Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos
Sólidos para Bogotá Distrito Capital”, en su anexo 1, define los desechos peligrosos,
así: “Definiciones. Para efectos del presente Decreto se adoptan las
siguientes definiciones, relacionadas con el manejo de los residuos sólidos y
las establecidas por el RAS 2000, los decretos Nos. 1713 de 2002, 849 de 2002,
891 de 2002, 1140 de 2003, la Resolución CRA No. 151 de 2001, las normas que
las modifiquen y adicionen y demás normas nacionales y distritales que regulan
la prestación del Servicio Público de Aseo y el manejo integral de residuos. (…) *Residuo o
desecho peligroso: Es aquel que por sus características infecciosas,
tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles,
radiactivas o reactivas pueden causar riesgo a la salud humana o deteriorar la
calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. También
son residuos peligrosos aquellos que sin serlo en su forma original se
transforman mediante procesos naturales en residuos peligrosos. Así mismo, se
consideran residuos peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan
estado en contacto con ellos.” (Cursiva fuera de texto). Ahora, con relación a las características de
los residuos o desechos peligrosos y el procedimiento para su identificación, Decreto Nacional 4741 de 2005
señala: “Artículo 6°. Características
que confieren a un residuo o desecho la calidad de peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un
residuo o desecho que exhiba características corrosivas, reactivas, explosivas,
tóxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo III del
presente decreto.” “Artículo 7°. Procedimiento
mediante el cual se puede identificar si un residuo o desecho es peligroso. Para
identificar si un residuo o desecho es peligroso se puede utilizar el siguiente
procedimiento: a) Con
base en el conocimiento técnico sobre las características de los insumos y
procesos asociados con el residuo generado, se puede identificar si el residuo
posee una o varias de las características que le otorgarían la calidad de
peligroso; b) A
través de las listas de residuos o desechos peligrosos contenidas en el Anexo I
y II del presente decreto; c) A
través de la caracterización físico-química de los residuos o desechos
generados. (…)” (Cursiva fuera de
texto). De otra parte, con relación al procedimiento
de recolección y entrega de residuos o desechos peligrosos, el Acuerdo
Distrital 565 de 2014, “Por medio del cual se promueve la instalación de puntos
de entrega y recolección de residuos o desechos peligrosos provenientes del
consumo de productos o sustancias peligrosas en Bogotá, D. C.”, señala: “Artículo 1°. Objeto. Sin perjuicio de
las responsabilidades asignadas en la ley a generadores, fabricantes,
importadores, transportadores y receptores de residuos peligrosos y operadores
del servicio de aseo, la Administración Distrital promoverá la instalación de
puntos de entrega y recolección de dichos residuos, con excepción hecha de los
hospitalarios. Parágrafo. Para los efectos de lo
previsto en el presente artículo se entenderá como residuos peligrosos los
contemplados como tales en el Decreto Nacional 4741 de 2005 y en las normas que las sustituyan o modifiquen. Artículo 2°. La Secretaría Distrital de
Ambiente ejercerá la coordinación del cumplimiento del presente Acuerdo”. (Cursiva fuera de texto) Aunque bajo la calificación de Residuos
Peligrosos se cobijan varias clases de desechos, la legislación colombiana le
ha dado diferente tratamiento a algunos de ellos en cuanto a su recolección,
transporte y disposición final se refiere, siempre en acatamiento al criterio
de hacerlo en forma separada, entre las diferentes clases que comprenden el
calificativo de peligrosos. En efecto, se encuentran varias regulaciones para
temas como llantas y hospitalarios, que se citan a continuación: Mediante Resolución 1457 de 2010, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentó los Sistemas de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, disponiendo en su
artículo 15 como obligaciones para las autoridades municipales y ambientales “a) Fomentar el aprovechamiento y/o valorización de llantas
usadas; y b) Apoyar el desarrollo de programas de divulgación y educación
dirigidos a la comunidad y de campañas de información establecidas por los
productores, con el fin de orientar a los consumidores sobre la obligación de
depositar las llantas usadas según los Sistemas de Recolección Selectiva y
Gestión Ambiental”. (Cursiva fuera de texto) El Acuerdo 602 de 2015
"Por medio del
cual se promueve la formulación del plan estratégico para el manejo,
reutilización y aprovechamiento de llantas usadas en el distrito capital y se
adoptan otras disposiciones", dispone: “Artículo 3. La
Secretaría Distrital de Ambiente en coordinación conjunta con la Secretaría
Distrital de Gobierno y con el apoyo de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos –UAESP, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de
Desarrollo Económico desarrollarán con los actores responsables del Sistema de
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Llantas Usadas, las
acciones tendientes al cumplimiento de lo dispuesto en las obligaciones
establecidas dentro de la política de pos consumo de llantas usadas
establecidas por la autoridad nacional”. (Cursiva fuera de
texto) Así mismo, el Decreto Distrital 442
DE 2015 concluyó: “Artículo 16.- Obligaciones de la Secretaría Distrital de
Ambiente. En el marco del programa de aprovechamiento y/o valorización de
llantas usadas en el Distrito Capital, la autoridad ambiental deberá: Coordinar
las acciones tendientes al cumplimiento del presente Decreto. (…) g)
Identificar y georreferenciar los puntos críticos de arrojo de llantas usadas
en el Distrito, buscando desarrollar operativos de control efectivos que
reduzcan la problemática y permitan la identificación de posibles infractores. h)
Realizar acciones de seguimiento a los productores, comercializadores y
distribuidores de llantas, verificando que se encuentren vinculados a los
programas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas, establecidos
en la Resolución 1457 de 2010 o aquella que la derogue, modifique o
sustituya, en virtud de la facultad establecida en el artículo 2 de la Ley 1333
de 2009. i)
Realizar campañas de divulgación y socialización del presente Decreto con los
ciudadanos habitantes de esta urbe. Artículo 17.- Obligaciones de los/as alcaldes/as locales. En el marco de la aplicación de
la reglamentación asociada a la gestión de llantas usadas, los/as Alcaldes/as
Locales deberán: a.) Velar
por la protección, recuperación y conservación del espacio público ocupado
indebidamente por llantas usadas…”. (Cursiva fuera de texto) En el tema de hospitalarios el
Decreto
Nacional 780 de 2016, en el Numeral 2.8.10.10., asignó a las
autoridades ambientales la función de
inspección, vigilancia y control de gestión externa de residuos
generados en las actividades de salud, así: “Artículo 2.8.10.10. Obligaciones de las autoridades
ambientales. Las autoridades
ambientales ejercerán la inspección, vigilancia y control de la gestión externa
en el marco de la gestión integral de los residuos generados en las actividades
de salud y otras actividades en relación con las autorizaciones ambientales
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Lo anterior
sin perjuicio de las acciones a que haya lugar por parte de las autoridades del
sector salud en relación con los factores de riesgo para la salud humana.” (Cursiva fuera de texto) Aunado a esto, el Decreto Nacional Ibídem, en su artículo 2.8.10.14,
señala: Artículo 2.8.10.14. Otros residuos o desechos peligrosos. El manejo de los residuos peligrosos
distintos a los señalados en el presente capítulo se realizará de conformidad
con la normatividad ambiental vigente”. (Cursiva
fuera de texto) Una vez adelantada
la revisión de las normas relacionadas anteriormente, se concluye que no se ha
reglamentado el manejo de otro tipo de residuos peligrosos diferentes a los anteriores
– Hospitalarios y llantas -. Así mismo, es
evidente la asignación de competencia para la reglamentación, en cabeza de la
Autoridad Ambiental, para lo cual, las entidades medioambientales podrán
realizar convenios con cualquier entidad que forme parte integrante del Plan
de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS- del Distrito Capital, adoptado por del Decreto Distrital 495
de 2016. Hechas las precisiones sobre la regulación tanto en
la normatividad nacional como en la Distrital del tema de los residuos
peligrosos, es del caso proceder a la revisión de competencias de este tipo de
residuos, cuando se encuentren abandonados en espacio público. Como se dejó establecido en el numeral anterior,
queda claro que la responsabilidad sobre los residuos peligrosos recae en las
autoridades ambientales quienes, en ejercicio de su función de control
ambiental, tienen a su cargo la gestión integral de los residuos peligrosos
tanto si provienen de generadores, fabricantes e importadores establecidos y
conocidos, como si no. No existe, pues, discrepancia en torno a la
competencia que tienen las autoridades ambientales sobre la integridad de los
residuos peligrosos tanto de los que se conoce su procedencia como de aquellos
sobre los que, por su carácter de abandonados, ya no procede comprometer a los
generadores con acuerdos específicos para lograr su recolección, transporte y
disposición final, resultando ser un peligro inminente por los efectos que su
exposición pueda causar al ambiente y a las personas que estén en contacto con
estos y ameritando una gestión pública inmediata para calificarlos y retirarlos
del lugar en que fueron abandonados y en el que presentan riesgo inminente,
tanto para el medio ambiente como para quienes puedan entrar en contacto con ellos. Al efecto, el Artículo 1 de la Ley 99 de 1993,
numerales 6 y 9, dice: “Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios generales: (…) 6) Las autoridades
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución
conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta
de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar
la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. (...) 9) La prevención de
desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o
mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento...” A
su turno la Ley 1523 de 2012, aplicando los preceptos anteriores, señala: “Artículo 1°. De la
gestión del riesgo de desastres. La
gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible. Artículo 3°. Principios
generales. Los principios generales
que orientan la gestión del riesgo son: (…) 2. Principio de protección:
Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en
su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos
colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar
de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que
amenacen o infieran daño a los valores enunciados. (….) 8. Principio de precaución: Cuando
exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes
y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los
particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta
de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a
prevenir, mitigar la situación de riesgo. (…) Artículo
6°. Objetivos del Sistema Nacional. Son objetivos del Sistema Nacional los
siguientes: 1. Objetivo
General. Llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito
de ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la
seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al desarrollo
sostenible. (…) 2.
Objetivos específicos: 2.1.
Desarrollar, mantener y garantizar el proceso de conocimiento del riesgo
mediante acciones como: a).
Identificación de escenarios de riesgo y su priorización para estudio con mayor
detalle y generación de los recursos necesarios para su intervención. b).
Identificación de los factores del riesgo, entiéndase: amenaza, exposición y
vulnerabilidad, así como los factores subyacentes, sus orígenes, causas y
transformación en el tiempo…” Mediante el Acuerdo 546 de
2013 se organiza para el Distrito Capital el Sistema Distrital de Gestión de
Riesgo y Cambio Climático-SDGR-CC, y en el Artículo 8º. organiza el “INSTITUTO
DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO”, con sigla IDIGER como un
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de
Ambiente; así mismo determina que éste “será la entidad coordinadora del SDGR-CC”. (Cursiva fuera de texto) Sobre el particular,
frente a la Gestión del Riesgo, y en especial, a las competencias del IDIGER,
el Decreto Distrital 172 de 2014 agrega: “Artículo
2°.- Objetivos específicos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático -SDGR-CC-. Conforme a lo
establecido en el artículo 4° del Acuerdo 546 de 2013, los objetivos
específicos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
-SDGR-CC- son: 1. El
conocimiento y reducción permanente de los riesgos en la sociedad entendidos
como la probabilidad de ocurrencia de pérdidas o daños asociados a eventos o
acontecimientos de origen natural o social, en un espacio y en un tiempo dados. (…) Artículo 3°.- Funciones del Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. (…) 3. Velar por la ejecución y continuidad de los procesos de la
gestión de riesgos que incluye conocimiento de riesgos, reducción de riesgos y
manejo de situaciones de emergencia, calamidad y/o desastre…”. (Cursiva
fuera de texto) De las transcripciones
anteriores, se puede inferir la competencia del IDIGER, como parte integral de
las autoridades ambientales y en desarrollo de los principios de protección y
precaución, para disminuir los riesgos que puedan derivarse de los residuos
peligrosos abandonados en espacio público que, por su naturaleza, constituyen
un inminente peligro para la ciudadanía. En este entendido, es el
IDIGER la entidad encargada de disponer la recolección, transporte y
disposición final de los residuos peligrosos cuyo dueño se desconozca, para lo
cual, en primer lugar, debe adelantar el análisis correspondiente que le
permita conocer si se trata en efecto de residuos peligrosos y, si ello es así,
determinar el nivel y las características del riesgo que representan para
establecer la forma adecuada de tratarlos. Para el ejercicio de esta
obligación propia del IDIGER, la Ley permite que, si así lo requiere, cuente
con la colaboración necesaria para el efecto, tanto de entidades públicas como
privadas que, de acuerdo con sus funciones propias, puedan desarrollar
actividades tendientes a reducir el riesgo que se presenta, en este caso, por
la presencia de residuos peligrosos en el espacio público afectando tanto el
ambiente como la tranquilidad ciudadana. En materia de control del espacio público,
formalmente hablando, sin distinción del tipo de riesgo u obstáculo que se
presente, es pertinente traer a colación lo que al respecto consagra el
artículo 193 del Código de Policía de Bogotá D.C., Acuerdo 79 de 2003: “Corresponde
a los Alcaldes Locales en relación con la aplicación de las normas de
convivencia: (…) 5. Adoptar las medidas para la protección,
recuperación y conservación del espacio público, ambiente y bienes de interés
cultural del Distrito¨. (Cursiva fuera de
texto) Finalmente,
resulta procedente señalar que si bien el Decreto 548 del 18 de diciembre
de 2015 en su Artículo
9° señalaba que, “para los residuos peligrosos, posconsumo y RCD contaminados y
abandonados o arrojados de forma clandestina y/o de origen desconocido, las
Alcaldías Locales en coordinación con la UAESP, garantizarán y dispondrán de
los recursos necesarios para una eficiente y oportuna gestión de estos
residuos, con el fin de minimizar los efectos nocivos al ambiente y a la salud”, esta norma fue derogada expresamente por el Art. 8 del Decreto 495 del 11 de noviembre de 2016; por
lo cual en la actualidad no existe ninguna norma o delegación por la cual se
asigne a la UAESP responsabilidad alguna sobre la recolección o disposición
final de los residuos peligrosos abandonados en espacio público. En estos términos se emite el concepto requerido, para lo cual debe
tenerse en cuéntalo estipulado en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. Cordialmente, DIEGO IVAN PALACIOS
DONCEL Subdirector de Asuntos Legales Elaboró: Patricia
Murcia P. Revisó: Coral Delgado
& Asociados SAS |