RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

Resuelve consulta a través de la cual se pregunta por las funciones generales de la Contraloría de Bogotá, y específicamente cuáles son sus funciones en las actuaciones administrativas y policivas de uso del suelo para realizar visitas a predios privados, entre otras; al respecto la entidad consultada expone las normas que dan respuesta a la solicitud enumerando cada una de las funciones correspondientes. 

Manifiesta que no es viable autorizar el traslado de equipos electrónicos, ni de equipos muebles de la entidad a los domicilios de los funcionarios con base en la figura de Trabajo en Casa, como consecuencia de que esta medida no está regulada y no obliga a la entidad pública a facilitar herramienta alguna para su ejecución, dejando a discreción de la misma establecer que funcionarios pueden realizar trabajo en casa. 

La Contraloría de Bogotá, D.C., le corresponde tener una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que incluya estrategias antitrámites, identificando las cadenas de trámites en las cuales participa, haciendo uso de los servicios ciudadanos digitales. 

Conceptúa sobre la Judicatura como requisito para acceder al título de abogado. 

Precisa que la Oficina Asesora Jurídica no es competente para resolver solicitud sobre el alcance de los Decretos Distritales 323 de 2016 y 430 de 2018 y funciones propias de la Dirección Gestión Jurídica e indica que se remite dicha solicitud ante SIPROJ WEB de la Secretaría Jurídica Distrital. 

Es competencia del Contralor General definir los términos y condiciones generales para la suscripción de acuerdos de pago en sede de jurisdicción coactiva y por ende se expide la Resolución Orgánica 043 de 2020 y deberá la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, revisar si el tema preguntado sobre acuerdos de pago esta contemplado en la Resolución Orgánica 043 de 2020. En caso negativo se podrá reglamentar el tema mediante actualización de la norma en el marco del Sistema de Gestión de calidad. 

Le corresponderá a las Contralorías adelantar el procedimiento específico (Ley 610 de 2000) en el caso que se haya causado un detrimento patrimonial a una entidad educativa por parte de un funcionario público, y no será competencia de la Secretaría de Educación.