LUGAR: Sala de Juntas Subsecretaría Administrativa - Secretaría de Educación de Bogotá D.C.

FECHA: 13 de julio de 2006

Dr. Ángel Pérez Martínez. Subsecretario Administrativo.

Dra. Liliana Malambo Martínez - -Subsecretaría de Planeación y Finanzas.

Dr. César Orlando Camacho Peña - Subdirector de Programación y Seguimiento Presupuestal.

Dra. Olga Teresa de Jesús Ávila - Directora de Contratación.

Dra. Alba de la Cruz Berrío Baquero - Jefe Oficina Asesora Jurídica.

Dra. Luz Stella Jiménez Poveda - Jefe Oficina Asesora Control Interno Encargada.

La Dra. Teresa Rico de Morelli - Abogada externa de la SED, a cargo de la presentación de dos casos.

La Dra. Diana Marcela Martínez Rodríguez - Profesional Especializado de la Oficina Asesora Jurídica, a cargo de la presentación de un caso.

1. Verificación del quórum.

2. Lectura del acta anterior.

3. Aprobación del orden del día.

4. Presentación de los siguientes casos:

A cargo de la Dra. Diana Marcela Martínez Rodríguez:

4.1. Solicitud de conciliación judicial dentro del proceso ordinario, instaurado por Secretaría de Educación Distrital-Fondo de Servicios Educativos de la Institución Educativa Distrital ENRIQUE OLAYA HERRERA contra el BANCO BBVA, que cursa en el Juzgado 47 Civil Municipal de Bogotá, bajo el No.2005-786.

A cargo de la Dra. Teresa Rico de Morelli:

4.2. Procedencia de la acción de repetición a raíz del pago efectuado por la Secretaría de Educación Distrital, a Jaime Leal González, como representante legal del Colegio José Joaquín Casas, en cumplimiento de sentencia dada en grado jurisdiccional de Consulta, por el Consejo de Estado del 7 de julio de 2005.

4.3. Procedencia de la acción de repetición con ocasión al pago dentro de la conciliación celebrada el 13 de mayo de 2004, entre la Secretaría de Educación Distrital y la sociedad INFORMÁTICA DATAPOINT LTDA.

5. Varios.

5.1. Informe sobre la reclamación de OLGA PINZÓN, quien convocó a Tribunal de Arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de declarar por vía arbitral la liquidación del contrato de obra y consultoría No.102 del 27 de diciembre de 2002.

5.2. Informe sobre la solicitud de pago por la atención de estudiantes en el Colegio Instituto Socrático en el año lectivo 2005.

5.3. Informe sobre la solicitud de la Procuraduría 56 Judicial Delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, quien conoce de la conciliación convocada por el Consorcio Toscana 2004, consistente en aclarar la posición del Comité, a partir del estudio técnico de los costos de los insumos empleados en la construcción del IED La Toscana.

1. Verificación del quórum.

Verificada la asistencia de los miembros integrantes, hay quórum deliberatorio y decisorio para realizar la sesión.

2. Lectura del acta anterior.

La Secretaria Técnica del Comité informa que en la sesión ordinaria realizada el día 22 de junio de 2006, se efectuó la presentación de la ficha que desarrolla el tema sobre la solicitud de conciliación prejudicial convocada por el Consorcio Toscana 2004, a cargo de la Dra. Flor Ángela Fernández Marín. Que el 28 de junio de 2006, en sesión extraordinaria, se expuso el concepto técnico remitido por la firma ARQ, a partir del cual, los miembros del Comité, por unanimidad decidieron no conciliar.

3. Aprobación del orden del día.

El orden es aprobado por unanimidad.

4. Desarrollo del tema propuesto.

ASUNTO: CONCILIACIÓN JUDICIAL

DEMANDANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL-FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA

DEMANDADA: BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.(ANTES BANCO GANADERO).

Abogada Responsable: DIANA MARCELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ.

La abogada designada, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del reglamento del Comité de Conciliación de Defensa Judicial y Conciliación, en concordancia con lo previsto en las normas que rigen la materia, presentó el informe correspondiente al caso que conforma el orden del día, el cual hace parte integral de la presente acta y corresponde a su anexo No.1.

SEGUNDO.- Mediante Resolución No. 3353 de 21 de octubre de 1999, la Secretaría de Educación de Distrito Capital, resolvió trasladar por permuta libremente convenida al señor DAVID GÓMEZ CAMARGO, directivo docente rector del Centro Auxiliar de Servicios Docentes C.A.S.D, jornadas mañana y tarde de la localidad 4, al Centro Educativo Distrital Enrique Olaya Herrera, jornada mañana de la localidad 18. Dicho funcionario se desempeñó en el cargo de ordenador de gasto y posteriormente, mediante Resolución No. 1919 del 20 de mayo de 1994, la Secretaría de educación del Distrito Capital, designó como ordenador del gasto al señor ALIRIO ALFREDO OSORIO VALERO, directivo docente de la Institución Educativa Distrital ENRIQUE OLAYA HERRERA.

OCTAVO.- De conformidad con el relato de los hechos que se hace en la denuncia penal, se tiene que: "el pagador se percató cuando lo llamaron del Banco Ganadero sucursal 20 de julio del Barrio Multiferia, y le preguntaron si había girado el cheque No. 6580074, por valor de $915.000. Que el pagador contestó que no, porque de acuerdo con la enumeración, el último cheque que había girado era el 6580065 que corresponde al último desprendido. Que en total 13 fueron los cheques hurtados, pero sólo diez cheques fueron cobrados en diferentes sucursales del Banco Ganadero. El cobro fraudulento se produjo el día 17 de abril de 2000, lunes santo, receso de vacaciones, de los tres cheques restantes se tiene que el No. 6580079 no fue cobrado; el No. 6580087 fue consignado en la cuenta corriente del Banco Cafetero y el cheque No 6580095 fue consignado en una cuenta del Banco Popular.

CUARTA.- Que se condene al BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.(antes Banco Ganadero), a pagar a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO CAPITAL- FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO EDUCATIVO DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA, el interés legal a la tasa del 6% anual sobre la suma de NUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.073.000), correspondientes al valor de los cheques pagados de la cuenta corriente No. 552002040, a partir del día 11 de abril de 2000, hasta la fecha de presentación de la demanda.

SÉPTIMA.- Que se condene al BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A., (antes Banco Ganadero) al pago de las costas del proceso a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE DISTRITO CAPITAL- FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL ENRIQUE OLAYA HERRERA.

La Dra. Diana Marcela Martínez, advirtió que este caso ya se había llevado al Comité de Conciliación, al existir una propuesta del banco de cancelar el 50% del capital insoluto en la etapa prejudicial. Como el Comité de Conciliación, en su momento resolvió no acoger la propuesta, la audiencia se declaró fallida. Posteriormente, se radicó la demanda, se admitió, se notificó al Banco y el apoderado del BBVA, antes de contestar la demanda formula nuevamente una oferta reconociendo un 10% más, es decir, aproximadamente el equivalente al 60% del capital insoluto, que conforme a los hechos arroja un valor de $9.073.000, correspondiente a 10 cheques. Que en principio se hurtaron 13 cheques, el 11 de abril del año 2002. Como el pagador decidió formular denuncia a la semana y poner en conocimiento del Banco los hechos a la otra semana, entonces el aviso de falta de pago no se produjo inmediatamente, sino a los 15 días. Respecto de la investigación disciplinaria, tenemos que no se adelantó ninguna investigación en contra del ordenador de gasto, pero si contra el pagador, que la decisión de la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario, fue sancionar con multa de 20 días, en el cargo. En la denuncia el pagador afirma que recibió los formularios y no los contó. Eso quedó así, entonces con base en eso la Oficina Asesora lo sancionó. Entonces estos antecedentes se consideran, independientemente que sea otra jurisdicción. Con todo, también se considera el hecho de haber transcurrido varios años y pese a que el banco ha tenido intención de cancelar el dinero, ese se produciría diez días después de la aprobación del Tribunal, en este caso, de la aprobación del Juzgado. Entonces la recomendación apunta a celebrar la conciliación y recibir como pago la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.500.000).

El Dr. COC, manifestó que hay claridad sobre el tema de la notificación al banco, la cual se hizo extemporáneamente, que en su opinión, el hecho de darse el aviso a los ocho días es mucho tiempo.

Efectuada la exposición del caso y formuladas las consideraciones respectivas por parte de los miembros del Comité, se procedió a adoptar la siguiente decisión que se consigna a continuación:

Los miembros del Comité de Conciliación, por unanimidad, deciden que procede la conciliación judicial dentro del proceso ordinario, instaurado por Secretaría de antecedentes del caso, la argumentación y recomendación contenida en la ficha. Así, se aprueba la oferta del demandado de pagar a la entidad demandante, el equivalente a CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.500.000), suma única que cubrirá todos los conceptos para dar por terminada la acción judicial.

ASUNTO: ACCIÓN DE REPETICIÓN.

DEMANDANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.

DEMANDADOS: JOSÉ LUIS VILLAVECES CARDOSO, CARLOS ROMERO RODRÍGUEZ, CECILIA MARÍA VÉLEZ WHITE.

Abogada Responsable: TERESA RICO DE MORELLI

La abogada designada, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del reglamento del Comité de Conciliación de Defensa Judicial y Conciliación, en concordancia con lo previsto en las normas que rigen la materia, presentó el informe correspondiente al caso que conforma el orden del día, el cual hace parte integral de la presente acta y corresponde a su anexo No.2.

La Dra. TRM explicó que este caso se produjo por una serie de errores y equivocaciones de la SED, en el trámite de las peticiones del Colegio José Joaquín Casas.

A continuación, procedió a leer los antecedentes del caso, tal como constan en la ficha.

La Dra. ABB procedió a hacer un relato de los hechos contenidos en la ficha así:

Se trata básicamente de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que condena a la SED a pagar CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($149.250.000), por concepto de indemnizaciones al representante legal del colegio, José Joaquín Casas, debido a que el colegio había hecho la solicitud de autorización de matrículas, en el régimen de libertad regulada.

El demandante efectivamente hizo los trámites para establecer que él tenía derecho a clasificarse en el régimen de libertad regulada. La SED en su momento, en el año 1996, mediante Resolución 3948 del 6 de septiembre de 1996, autorizó a la institución educativa José Joaquín Casas, ingresar al régimen de libertad regulada, aprobando unas tarifas inferiores a las autorizadas por el Consejo Directivo.

Como consecuencia de lo anterior, el propietario del colegio recurrió el acto administrativo precitado y la SED, a través Resolución 5737 del 21 de octubre de 1996, resolvió el recurso favorablemente, sin embargo cambió la categorización del colegio y lo clasificó dentro del régimen de libertad vigilada.

Parece ser, que fue un error involuntario pero lo cierto es que en lugar de reconocer el régimen de libertad regulada, la SED autorizó el cambio de tarifa y lo clasificó en el régimen de libertad vigilada.

En el año 1997, mediante Resolución 1669 del 14 de febrero de 1997, se autorizó el ingreso al régimen de libertad vigilada. En ese año, la SED, detecta el error y aclara que el colegio se debía incorporar el régimen de libertad regulada. Pero el 9 de octubre de 1997, se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1669 de 1997 y se confirmó la misma, o sea que se resolvió en igual sentido, decidiendo que perteneció al régimen de libertad vigilada, dejando nuevamente el establecimiento en ese régimen. Luego se concede el recurso de apelación ante la Alcaldía Mayor, quien se abstiene de resolverlo por considerarlo improcedente, de conformidad con el fallo del Consejo de Estado.

Entonces el 10 de julio de 1998, la SED expide la Res. 4898 y deroga las resoluciones anteriores y nuevamente reconoce al establecimiento educativo, señalando que se encuentra en libertad regulada, indicando cuales son las tarifas para el año 1996 y 1997.

Ya en el año 1998, con Resolución 5953 se clasificó y reconoció a la Institución, con régimen de libertad regulada, y se le señalaron las tarifas aplicables para este año, esto se hizo tardíamente, pues se desconoció el plazo de 45 días dados por el Decreto 2253. Además se tardaron más de ocho meses de acuerdo con las consideraciones del Consejo de Estado.

El Colegio efectuó la reclamación en la Procuraduría Segunda Delegada ante el Tribunal de Cundinamarca. La petición culminó el 26 de noviembre de 1999, sin que se hubiera conciliado. A raíz de eso el señor nos demanda.

El fallo de primera instancia, señala la equivocación de la admón., al clasificar en el régimen de libertad vigilada al colegio, cuando realmente pertenecía al régimen de libertad regulada. Además considera que eso le causó al colegio unos daños cuantiosos al establecimiento educativo, porque al cambiarse de régimen los afectó desde el punto de vista del patrimonio e ingresos que percibía la institución. El proceso se envió para surtir el grado jurisdiccional de consulta y allí, el Consejo de Estado resolvió que realmente la SED, violó todo el régimen del Decreto 2253 de 1995 y violó las normas de la ley 115 de 1994. Que en su decisión ordenó calcular intereses moratorios porque el a-quo (o sea la primera instancia) lo hizo anualmente, mientras que éste lo objetó ordenando realizar el cálculo mes a mes. De esta manera modificó el fallo y actualizó la condena. Entonces lo que se hace en consulta, es confirmar que hubo una falla de la admón., en el sentido de haber dejado a esta Institución, en un régimen que no le correspondía, causándole un perjuicio oneroso. El pago se efectuó el 19 de enero de este año y ya estamos dentro del término para analizar si procede o no acción de repetición. En el caso concreto, se ha visto que desde el punto de vista presupuestal, lo que causa el daño a la admón., fue la expedición de las Resoluciones de los años 96, 97 y 98 antes de la vigencia de la ley 678 de 2001, por lo cual en este caso se deben identificar dos cosas: en el tema sustancial, otras normas regulaban la materia para la época de los hechos, inclusive antes de la expedición de la Constitución en el año 91. De acuerdo con esto, se establece que hay una responsabilidad que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales o descentralizadas o privadas que cumplan funciones públicas, por eso procedería la acción de repetición.

La Dra. ABB continúa su exposición, señalando que identificamos como daño el hecho de que el Colegio se encontraba en el año 96 y 97 en el régimen de libertad regulada y la imposición irregular de cobrar unas tarifas inferiores a las permitidas por ley, se desconoció. Que en el año 1998, el daño se causa por el reconocimiento tardío del régimen de libertad regulada y por consiguiente, la imposibilidad de cobrar las tarifas aprobadas por la Institución Educativa. Que las resoluciones impidieron que la Institución recibiera las sumas que le correspondía. Ahí es donde considera el Consejo de Estado que se causó un daño a la Institución.

Frente a los causantes del daño, una vez revisada la documentación, encontramos que sí hubo una falta a título de culpa grave, en la actuación de la admón., porque los funcionarios competentes motivaron en forma indebida los actos administrativos del año 96 y 97 y omitieron cumplir con los términos de expedición en el año 1998. La resolución del año 98 fue firmada por Cecilia María Vélez como Secretaria de Educación, ella derogó los actos administrativos equivocados y aclaró la situación administrativa con esa resolución. En este sentido, de dicho acto no se desprende responsabilidad ya que fue el correctivo en toda la actuación de la admón. Pero las Resoluciones 3948 de 1996 y 5737 de 1996, fueron suscritas por José Luís Villaveces Cardozo, como Secretario de Educación, aunque aparecen firmadas por el coordinador general de apoyo a la educación prestada por particulares, Dr. Carlos Romero Rodríguez. Ello de acuerdo con la comparación preliminar donde dicho funcionario firma.

En principio dicha resolución no tiene incidencia por qué de ella no se derivó el daño ocasionado, el cual consistió en la imposibilidad de tener el acto administrativo de aprobación de tarifas y de categorización del colegio, con el objetivo de poder cobrar las matriculas y pensiones correspondientes.

La resolución 1669 de 1997, fue suscrita por el Dr. Carlos Romero Rodríguez, quien era coordinador General de Apoyo a la Educación prestada por particulares; la Resolución 6881 de 1997 fue suscrita por el Dr. José Luís Villaveces Cardoso. La resolución 5953 de 1998 fue suscrita por la Dra. Cecilia María Vélez White.

De acuerdo con la información reportada por la Unidad Especial de Inspección Educativa, para el año 1996, no existe soporte documental sobre los procedimientos aplicados para la clasificación de colegios y autorización de tarifas, es decir, no había un manual de procedimientos y funciones que estableciera, cual era el trámite que se iba a dar a este tipo de solicitudes. A la dirección de servicios informáticos se les pidió la misma información y ellos contestaron que para esa época no se había reestructurado la SED y no había un procedimiento para fijar el trámite, sin embargo de los actos administrativos no puede derivarse, el procedimiento que siguieron los proyectos, las personas que participaron etc.

Resulta importante resaltar que la función de clasificación de las instituciones educativas y la fijación de los costos respectivos, recaía directamente en el Secretario de Educación, de acuerdo con el Decreto 2253 de 1995 y la Ley 115 de 1994.

En ese sentido a través de las resoluciones 3668 del 3 de septiembre de 1996 y 5650 del 21 de octubre del mismo año, el Secretario de Educación delegó las funciones relacionadas con asignación de tarifas de matrículas y pensiones en los regimenes de libertad vigilada, libertad reguladas y controlado, en el Coordinador General de Apoyo a la Educación prestada por particulares.

Con posterioridad, el 15 de agosto de 1997 el Secretario de Educación, mediante resolución 5643, revocó la delegación efectuada y reasumió su función. Esta es la razón por la cual algunas de las resoluciones demandadas se encuentran firmadas en virtud de la delegación realizada.

El Dr. APM señala que la exposición fue bastante amplia y que hay ilustración para tomar la decisión.

El Dr. COC dice que hay tres hechos contundentes, el primero asociado al estudio que arrojó el no reconocimiento para clasificarlo en el régimen que pertenecía; el segundo que al volverse a estudiar el caso, se clasifica en un régimen que no era y el tercero, que se lleva tardíamente al régimen de libertad regulada. Además que esos hechos se soportan en la violación al 2253 y a la ley 115 de 1994 que es flagrante, entonces en su opinión, se debe iniciar la acción de repetición contra los funcionarios citados en la ficha. Con todo, manifiesta que quisiera confirmar el origen de la resolución porque la decisión se debe soportar en estudios previos, y sí quisiera que realmente se verificara en donde nacieron las resoluciones. Concluye que no es claro en el texto, entonces la idea es ver el origen en los previos estudios y los análisis que no hay, pero está de acuerdo.

La Dra. ABB decide que está de acuerdo con la recomendación contenida en la ficha.

La Dra. LMM señala que es importante mirar el origen de las resoluciones, ya que las decisiones se soportan en el análisis previos que hace una persona o un grupo de personas, y que al momento de suscribir una resolución, no se mira todo el detalle porque en ese evento, lo haría quien suscribe el acto administrativo, entonces en ese sentido no sólo es importante saber quienes suscribieron las resoluciones, sino también considerar quien más estuvo en ese análisis.

La Dra. ABB aclaró que evidentemente cuando alguien suscribe una resolución, ésta va respalda por la sustanciación que hacen los funcionarios del área responsable de esa resolución. Pero tal como se comprobó, desafortunadamente, ese proceso lo adelantó la Alcaldía. Que la idea era llamar en garantía a quienes suscribieron las resoluciones en su momento pero no se hizo, en su opinión, dentro del proceso se hubiera preferido llamar en garantía. Al estar recomendando iniciar la acción de repetición, obviamente se entiende que quien está suscribiendo la resolución es el directo responsable, sin embargo, los demandados dentro del proceso de repetición, tendrán que solicitar que se vinculen a las personas que ellos crean responsables dentro del proceso de repetición, para que ejerzan su derecho de defensa, frente a una irregularidad que pudo haber cometido otro y que por culpa de ellos estén involucrados en estos hechos.

La Dra. LMM diría que de acuerdo con estos hechos procede la acción.

La Dra. OTA señala que el problema nace en las tarifas que aprobó el Consejo Directivo, y la SED mediante resolución, lo que hizo fue señalar que sí estaba de acuerdo con el régimen, pero le bajó las tarifas. Expresó que el estudio que se hace es bueno en este caso, pero los antecedentes están confusos porque en la primera parte se señala que se autorizó ingresar al régimen de libertad regulada, aprobando unas tarifas inferiores a las del Consejo Directivo.

La Dra. ABB aclara que fue la SED la que aprobó unas tarifas inferiores a las que fijó el Consejo Directivo del Colegio.

La Dra. OTA explica que el problema nace en el Consejo Directivo. Pero es un Colegio Particular.

La Dra. ABB expresa que al estar frente al estudio de la acción de repetición, el tema se mira a partir del fallo del Tribunal y se revisa el análisis, entonces se dice que la SED ubicó a la Institución en un régimen que no correspondía al que era y mantuvieron perjudicando la posibilidad de percibir ingresos económicos al demandante.

La Dra. OTA precisa que es necesario tener claridad sobre estos hechos, porque se va a repetir contra unas personas. Que el llamado es que el problema parte del año 1996 y se les paga en el 2004 porque lo dice el Consejo de Estado.

La Dra. ABB recuerda que el pago se hizo en el año 2006. Que el grado jurisdiccional de consulta se dio en el año 2005.

La Dra. OTA manifiesta que es importante tener en cuenta que hubo una conciliación, que en esa instancia se deben prever los perjuicios que se pueden causar. Que quisiera revisar cuales fueron los argumentos para que el Comité no conciliara, porque no sólo están involucrados la Dra. Cecilia María Vélez, el Dr. Villaveces y el Dr. Romero, ya que entran indirectamente los miembros del Comité porque se consideran las razones por las cuales no se concilió en su momento. Las personas que van involucradas no sólo son las citadas en la ficha, salvo mejor opinión, cuestiona porqué no se concilió, si habían argumentos que hoy conllevan al Consejo de Estado a ordenar el pago. Entonces sin desbordar el tema de la acción de repetición, sin entrar en las decisiones del Tribunal y del Consejo de Estado, es claro que se causaron los daños y perjuicios a un tercero que es un colegio particular. Que está de acuerdo con la procedencia de la acción de repetición pero recomienda estudiar la argumentación que consideró el Comité de Conciliación al momento de estudiar la conciliación en etapa prejudicial. Concluye que daría su voto con más tranquilidad con esa argumentación.

La Dra. ABB reitera que difícilmente cuando se hace el estudio de la acción de repetición, uno puede recomendar acción de repetición contra personas diferentes, de aquellas sobre las cuales recae directamente la responsabilidad del fallo del tribunal. Entonces la acción de repetición se analiza a partir del fallo del tribunal, porque la respuesta sería en el mismo sentido, que no solamente firmó el Secretario de Educación porque hubo otras personas detrás del tema. Evidentemente dentro del desarrollo hubo un trámite previo al proceso que fue la conciliación prejudicial y también seguramente, los funcionarios responsables atendieron derechos de petición, pero no se puede hacer el análisis porque no fueron las personas directamente responsables en este caso. Que no se podría recomendar iniciar acción contra los miembros del Comité, porque se basa en el fallo del Tribunal, y en otras circunstancias de hecho y de derecho en que se desarrolló el caso, pero se generaría como una escuela dentro del análisis, el hecho de indagar por cada uno de los funcionarios que estuvieron en la actuación.

La Dra. OTA indica que en esta vez se agotaron las etapas y estuvo el Comité de Conciliación. Que como experiencia resulta muy importante.

El Dr. APM decide que su voto es que procede la acción de repetición y debe retirarse para que termine la discusión.

La Dra. OTA dice que no es necesario continuar con la discusión porque ya que la decisión se votó.

El Dr. COC manifiesta su duda aunque aclara que eso no cambia la posición que ya ha tomado: hay actividades que quedan consignadas en el restablecimiento del derecho, que hay una delegación previa por parte del Secretario y luego la retoma; que esa actividad tampoco exime porque el hecho que delegue no exime de responsabilidad.

La Dra. OTA señala que responde el delegado y el delegante. Precisa que el grado de responsabilidad es alto, porque en un momento dado no se concilió y ahora en el 2006, el valor se incrementó. Entonces sugiere ser más juiciosos en el estudio de este tema y está de acuerdo con que se repita contra las personas que se enuncian en la ficha.

Efectuada la exposición del caso y formuladas las consideraciones respectivas por parte de los miembros del Comité, se procedió a adoptar la siguiente decisión que se consigna a continuación:

- Los miembros del Comité de Conciliación, por unanimidad, deciden que procede la acción de repetición con ocasión al pago efectuado por la Secretaría de Educación Distrital, a Jaime Leal González, como representante legal del Colegio José Joaquín Casas, en cumplimiento de sentencia dada en grado jurisdiccional de Consulta, por el Consejo de Estado del 7 de julio de 2005. Lo anterior, con fundamento en los antecedentes del caso, y la recomendación contenida en la ficha. Así, se aprueba iniciar la acción de repetición para recuperar la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($208.688.924) por concepto de dineros dejados de recibir en pensiones y matriculas, su actualización y NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS con 24 centavos ($96.666.310,24), POR CONCEPTO DE INTERESES REMUNERATORIOS, para un total de TRESCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS/24 PESOS MONEDA CORRIENTE ($305.355.234.24).

ASUNTO: ACCIÓN DE REPETICIÓN

DEMANDANTE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

La abogada designada, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del reglamento del Comité de Conciliación de Defensa Judicial y Conciliación, en concordancia con lo previsto en las normas que rigen la materia, presentó el informe correspondiente al caso que conforma el orden del día, el cual hace parte integral de la presente acta y corresponde a su anexo No.3.

La Secretaría de Educación Distrital, sometió a consideración del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la SED, de la solicitud realizada por el convocante cuya pretensión fue que se le reconociera el pago de los servicios prestados por la firma entre el 23 de diciembre de 2003 y el 18 de enero de 2004, los cuales se encontraban facturados por un valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M CTE. ($187.425.000).Es decir que había prestado sus servicios, veintisiete días antes de la iniciación del contrato.

La Dra. ABB explica que la firma venía prestando el servicio de operación, mantenimiento, administración y mecanismos de sostenibilidad de la red integrada de participación educativa (Red P) y de servicios el servicio técnico de operación. Antes de terminarse el contrato, la SED inicia el trámite licitatorio para que se continúe el servicio, desafortunadamente el contrato del año 2003, se terminó el 23 de diciembre del 2003.

La Dra. OTA aclara que el contrato se acaba el 23 de diciembre de 2003, se adjudica entre el lapso del 23 y el 16 de enero de 2004, del 26 al 18 se demora en legalizarse pero del 23 de diciembre al 18 de enero prestan el servicio.

La Dra. ABB SED señala que es claramente justificable la mora, porque no se podía suspender la operación, al encontrarnos en el proceso de matrículas y ese periodo no quedó cubierto, entonces la firma Informática Datapoint Ltda., nos convocó a conciliación y se reconoció que se le debía el equivalente a la reclamación, caso estudiado en dos sesiones del 7 y 13 de mayo de 2004, en donde por unanimidad se aprobó la conciliación y el reconocimiento se hizo en la Procuraduría Octava Judicial Delegada la cual se aprobó posteriormente en el Tribunal.

Concluye que en la ficha se señala que la admón. no ha sufrido daño patrimonial alguno, pues la suma reconocida a la firma Informática Datapoint Ltda., tuvo carácter de contraprestación por servicios prestados y por lo tanto no hay lugar de aplicar acción de repetición contra los servidores del Estado que no tienen ninguna responsabilidad patrimonial.

Efectuada la exposición del caso y formuladas las consideraciones respectivas por parte de los miembros del Comité, se procedió a adoptar la siguiente decisión que se consigna a continuación:

- Los miembros del Comité de Conciliación, por unanimidad, deciden que no procede la acción de repetición con ocasión al pago dentro de la conciliación celebrada el 13 de mayo de 2004, entre la Secretaría de Educación Distrital y la sociedad INFORMÁTICA DATAPOINT LTDA. Lo anterior, a partir de los antecedentes del caso y la recomendación contenida en la ficha técnica.

VARIOS.

La Secretaria Técnica explica que la arquitecta Olga Pinzón, nos convocó a Tribunal de Arbitramento. Que luego del análisis que se efectuó de todos los antecedentes, se concluyó que la obra ya se había realizado. Entonces en el Tribunal manifiestan su desistimiento y se hace la devolución de los dineros cobrados por instalación del Tribunal.

La Dra. ABB aclara que el solicitante convocó a Tribunal de Arbitramento por la suma de $12.000.000, por la construcción de un pozo séptico, donde ella alegaba que en los costos de obra no se reconoció la construcción de este pozo. Entonces en el Tribunal de Arbitramento, se revisó todo y se encontró que pese a obtener autorización para conciliar, ya le se había cubierto el pago y se le pidió que revisara sus archivos, sus bitácoras de obra, y sus actas de entrega en donde evidentemente, ya se le había reconocido el pago del pozo séptico. La diligencia se suspendió por solicitud mutua; luego pidió disculpas porque si había recibido el dinero por los costos del pozo. Finalmente, la Dra. ABB concluye que estaba pendiente por presentarse el informe a los miembros del Comité.

La Dra. OTA, detalló que en el Comité se alcanzó a plantear este aspecto sobre la inclusión de la obra y a su vez, sobre su pago.

La Dra. ABB expresó que fue a raíz de esta observación que se volvió a revisar el tema. Hasta aquí se trató el primer punto de varios.

La Dra. ABB resume el objeto de la reclamación, describe que hay varias particularidades con esta situación, porque se han hecho varias peticiones a la Dirección de Cobertura, con relación al reconocimiento y pago de estos costos de matrículas de niños atendidos, en el sistema educativo por parte de instituciones privadas, en convenio con la SED, inicialmente se tiene una petición de la Dra. Nancy Martínez, quien nos pide que llevemos al Comité, la solicitud para que se estudie el reconocimiento y pago del Instituto Socrático.

La Dra. ABB manifiesta que la opción sería reconocerlo como un hecho cumplido o pedirle al Instituto Socrático que haga la solicitud y nos convoque a conciliación en la Procuraduría. Ello porque son varias las Instituciones Educativas que están en la misma situación, no obstante que la SED, dice que sí se le deben los recursos y por tanto nos hacen la solicitud para que el Comité de Conciliación, lo estudie y lo apruebe. Lo cierto es que no está permitido que por medio de acto administrativo, se reconozca un valor que no esté previamente asignado mediante un contrato con un correspondiente registro presupuestal como debe ser. Sin embargo, llama la atención que la Dirección de Cobertura dice que realmente, sí se le debe al Instituto Socrático y no se le pagó.

La Dra. ABB señala que son dos situaciones: si la Dirección de Cobertura admite que sí se le pagó, no es posible que ante el Procurador se pida que se convoque para conciliar a la SED. Entonces se debe reconocer o esperar que seamos convocados ante la Procuraduría, ya que es conocido que por ley no se puede hacer un reconocimiento sin que previamente se hayan agotado una serie de requisitos.

La Dra. OTA indica que debe revisarse si el colegio está inscrito en la gama de colegios que reciben subsidio y, mirar quien ejerció la interventoría del contrato que se suscribe con los colegios, porque para ese año la ejercía la Universidad Nacional. Que la afirmación que hace la Dirección de Cobertura debe tener su sustento. En su opinión, si a la admón. no le han exigido un pago, éste no se debe reconocer a no ser que se tenga la certeza de que éste se prestó. La admón., es rogada y la admón. en un momento dado sí necesita que le hagan unas peticiones, para entrar a reconocer. De otra parte, si vamos a ser esos pagos, deben estar sustentados con la interventoría, con el colegio, con declaraciones.

Que entrar a reconocer de plano un dinero, implica ir en contra de las normas. Además, debe mirarse si el colegio está inscrito, si cumple los requisitos, porque como miembro del Comité de Conciliación, el hecho de empezar a reconocer hechos cumplidos, como Directora de Contratación, es complicado. Así, concluye que está en desacuerdo ya que el presupuesto para ciertos programas y proyectos, se va a otra vigencia, y hay que incorporar más dinero para las cuestiones judiciales, entonces hace un llamado porque los hechos cumplidos son hechos cumplidos y además, la responsabilidad de quienes tienen proyectos en sus manos, debe establecerse para que la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario revise la actuación, porque es bajo la responsabilidad de esa persona que se hace.

La Dra. LMM advierte que si bien el orden del día señaló que este punto era un informe sobre una solicitud, en su opinión, le gustaría en asocio con la Dirección de Cobertura, estudiar el caso pero que está de acuerdo porque no se debe obrar por adelantado sino mirar en detalle y una vez estudiado el caso, brindar una opinión más precisa.

La Dra. ABB relató que no obstante, que ya se dio un concepto a la Dirección de Cobertura, se trajo al Comité de Conciliación porque existe una solicitud expresa de la Directora de Cobertura, para que se concilie. La Directora de Cobertura en su escrito indica que en el año 2004, el Colegio Instituto Socrático de la Localidad de Suba, ingresó como colegio en convenio con la Secretaría de Educación, dentro del marco del proyecto subsidio a la demanda educativa, cuyo instrumento de adhesión fue firmado por la Representante Legal del Instituto, señora Carmen Adiela García Sáchica. Para el año lectivo 2005, la continuidad del colegio en el proyecto se produce automáticamente, previo cumplimiento del puntaje mínimo en la evaluación, razón por la cual, los estudiantes beneficiarios del proyecto son promocionados de grado en la misma Institución, garantizándole la continuidad académica. La SED convocó a los representantes del colegio para realizar la firma del Convenio y estos pidieron plazo para lograr los requisitos solicitados en el mes de julio. El nuevo propietario notificó a la Dirección de Cobertura, una denuncia a la Fiscalía por estafa, contra la señora CARMEN ADIELA, anterior propietaria del colegio, motivo por el cual la Institución no logró cumplir con los requisitos, entonces no firmó el convenio en el año 2005 con la SED y se reubicaron los estudiantes en otras instituciones. Sin embargo, durante el primer semestre del año 2005, el Colegio Instituto Socrático atendió a 22 estudiantes del nivel de primaria, pertenecientes al programa banco de cupos y no se pagó al colegio por la atención de estos estudiantes. EL valor a pagar es de CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.734.762). Así, la Dirección de Cobertura solicita la revisión de este caso en el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la SED. La Dra. ABB continúa su intervención aclarando que la Oficina Asesora Jurídica, conoció que los servicios fueron efectivamente prestados por el Instituto Socrático, conforme a lo informado en su comunicación, por el representante legal del colegio. En el evento de no conciliar éste puede iniciar una acción legal, ante la jurisdicción contenciosa. Entonces nosotros le contestamos que si tiene alguna reclamación deberá acudir a la Procuraduría. Que la idea es dejar la inquietud porque hay que organizar desde ahora, para poder salir adelante con este tema, que conoce cuales fueron las consideraciones que se dieron en su momento para que esto se diera: la terminación del contrato de interventoría y el alto cúmulo de matrículas, que no había quien ejerciera la interventoría.

La Dra. LMM señala que es conveniente revisar con detenimiento el caso, porque no es el único caso, esto es recurrente, pero no todos están reclamando ya que no todos actúan. A propósito del colegio, la idea es saber que pudo haber pasado en años anteriores, sobre todo para saber que se va hacer el año entrante y lo que queda de este año.

La Dra. ABB sintetiza que en este caso reclaman el equilibrio financiero y allí la decisión del Comité fue no conciliar. Sin embargo, el Procurador no aceptó la propuesta y señaló que era importante que el Comité puntualice minuciosamente los valores que según los estudios adelantados por los técnicos, son los que llevaron a hablar de una especie de compensación entre el costo del hierro y el cemento y de todos los insumos en la construcción. Lo anterior, porque en el contexto de existir un contrato estatal, debe manejarse con sumo cuidado el patrimonio público para no incurrir en un detrimento del mismo, porque puede darse por pagar lo que no se debe, pero también por no pagar a tiempo, lo que sí se debe y en el futuro se convierte en un mayor valor. En estos términos el despacho solicita a la SED, que reúna nuevamente a su Comité, para que puntualice su posición pero acompañada de los valores minuciosos que soportan tal determinación. Tales valores referidos a las cantidades de hierro y valores y cantidades de los demás materiales analizados, respectos de la ejecución del contrato. Finalmente, recuerda que se fijó nueva fecha para el 10 de agosto de 2006.

La Dra. OTA precisa que hay un tema importante para tratar, que involucra a la Subdirección de Plantas Físicas. Allí los contratistas solicitan la nivelación de precios, pero el Tribunal ya se pronunció sobre eso y dice que toca actualizar precios. Este tema se debe tratar con los Subsecretarios y el señor Secretario porque al dejarlos sueltos no se actúa. Que la idea es generar un política bien sea la de no nivelar los precios, o la de compensar. Reitera que el Tribunal ya ha fallado a favor de los contratistas, y las entidades del Estado no pueden tener un enriquecimiento sin causa de estos valores que no se le reconocen. Que le gustaría que se trabajara como una política de la Secretaría, porque sería bueno estudiar estos aspectos. Es preocupante que el Procurador señale porqué no se concilia.

Otro punto es llevar el estudio muy juicioso y decir porque decidimos no conciliar.

La Dra. ABB recuerda que esto depende del Procurador. Que algunos se interesan por adelantar diligencias de conciliación y otros no. En el anterior caso, en la solicitud convocada por el Consorcio Canaan, se demostró con suficientes pruebas que se decidió no conciliar por el equilibrio financiero por mayores costos del hierro y el estudio técnico lo arrojó. Que la debilidad en este caso fue no tener el estudio técnico a tiempo. Desafortunadamente, eso genera un desgaste porque de lo contrarío se demuestra con pruebas contundentes el valor de los costos del cemento que compensaron los costos del hierro, que es realmente el tema en cuestión. Esto se puede subsanar.

En su opinión, el concepto sirve de soporte, y debe traerse nuevamente al Comité, para volverlo a estudiar y volver a tomar una decisión.

El Dr. APP pregunta cuando vuelve a realizarse sesión del Comité de Conciliación. La Secretaria Técnica señala que el 27 de julio ya que el 24 de julio se tiene programada una sesión extraordinaria para hacer la presentación de los informes de gestión.

El Dr. APM advierte que no es conveniente porque el 24 entra el sistema educativo y la Subsecretaria Administrativa está a cargo de compromisos relacionados con este tema.

La propuesta del Dr. APM es cancelar esta sesión, y solicita que se le envíe un recordatorio de la reunión donde se vuelve a tocar el tema de la Toscana.

La Dra. ABB recuerda que se debe rendir informe de gestión judicial antes de finalizar el mes. Entonces propone correr la fecha para el 27 de julio y estudiar los casos para el primer Comité del mes de agosto.

El Dr. COC manifiesta que previamente tuvo la oportunidad de conocer la solicitud, que en su época hizo la Dirección de Cobertura, y respetuosamente insinuó que no era la instancia para definir que pasara a Jurídica. Con todo, hay unos puntos del texto que fueron a Jurídica con consideraciones suyas, pero no ha visto la solicitud.

Enfatizó en que hay dos puntos a considerar: el primero que no existió convenio con las Instituciones, por lo que no se tiene certeza por parte de la Dirección de Cobertura para afirmar que a esos niños, efectivamente se les prestó el servicio. Que en la época lo solicitó para poderse pronunciar, pero no por escrito, porque no era su competencia, pero eso no impedía enunciar que existían acciones conducentes para adelantar. De otra parte, no hay un acta o registro y eso es lo que hay que buscar porque debe quedar debidamente soportado.

La Dra. ABB concluye que hay presentación de los informes el 27 de julio y en la primera semana de agosto se tratarán los temas previstos en el respectivo orden del día.

Ver el caso 2, Acta de Conciliación de la SED 073 de 2006, Ver el Acta de Conciliación de la SED 069 de 2006, Ver el caso 1, Acta de Conciliación de la SED 068 de 2006

No siendo otro el objeto, se da por terminada la sesión.