Ley 29 de 1944 Se dictan disposiciones sobre prensa
 

Ley 23 de 1982 Sobre derechos de autor
 

Se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el Registro Nacional del Derecho de Autor, como creación, elementos, definiciones, art. 1 a 3. Consideración de creación inédita, art. 4. Señala los requisitos y elementos para inscripción en el registro, art. 5 y 6. Protección, art. 7. Vigencia, art. 8.
 

Ley 44 de 1993 Se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modificó la Ley 29 de 1944
 

Se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal, competencia, protección, datos consignados, inscripciones, cancelaciones, efectos, términos, art. 1 a 7. Procedimientos y requisitos de inscripción ante el registro, art. 8 a 21. Depósito legal, definiciones, art. 22 a 24. Requisitos para efectuar el depósito, términos, sanciones por no cumplimiento, art. 25 a 27. Conservación de obras, art. 28 a 32. Disposiciones transitorias, art. 33. Vigencia, art. 34.
 

Artículo 33 Ley 397 de 1997 Son inhabienables los de los autores, actores, directores y dramaturgos
 

Orientación para el cumplimiento de la Ley 603 de 2000, vinculada con el derecho de autor. Según la disposición legal, corresponde a los representantes de las sociedades comerciales o civiles elaborar dentro de su informe de gestión un panorama del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual, específicamente, del derecho de autor. De igual forma se advierte, la relevancia de emitir unas recomendaciones de orden práctico a fin de que sean tenidas en cuenta por parte de las sociedades, en los términos señalados.
 

Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre derechos de autor por parte de las sociedades comerciales para impedir que, a través de su violación, también se evadan tributos, art. 2.
 

Concepto, objetivos, protección de obras literarias y artísticas, derechos morales y patrimoniales.
 

En los contratos de prestación de servicios, la Ley presume que el titular de los derechos patrimoniales es quien ordena que se haga la obra, en este caso el software, y el contratista o autor solamente conserva los derechos morales, presunción esta que tiene el carácter de legal y puede desvirtuarse si existe pacto en contrario. Si la Secretaría General quiere ser titular de todos los derechos patrimoniales derivados de la obra que va a contratar, deben eliminarse los apartes que establecen lo contrario en la propuesta presentada y establecer los que se exponen en los términos de referencia, o que ni en la propuesta ni en el contrato se haga alusión al tema de los derechos patrimoniales, caso en el cual entraría a operar la presunción.
 

Se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, en diciembre de 1996, se transcribe texto, Art. 1. Vigencia, Art. 2.
 

Se reglamenta los derechos de autor, exclusividad, remuneración, obligación, art. 1 a 4. Régimen tarifario para usuarios y asociaciones, solicitud de registro, art. 5 a 8.
 

Utilización de programas de ordenador (software); se ordena la instrucción de personas para la adquisición de programas, cumplimiento y verificación por parte de las oficinas de Control Interno
 

Solicita a los Representantes Legales y Jefes de Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de las Entidades u Organismos Públicos del Orden Nacional y Territorial, el envío de la información relacionada con la "Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre software", de conformidad con lo ordenado en la Directiva Presidencial 02 de 2002, respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas del ordenador (software).
 

Con el propósito de contribuir con la función pública que ejercen los alcaldes municipales y distritales relacionada con el fortalecimiento de una cultura de respeto por el derecho de autor y los derechos conexos, para orientarlos y darles elementos conceptuales que les permitan a las citadas autoridades corroborar que los establecimientos públicos que ejecuten públicamente obras musicales cuentan con la autorización previa y expresa expedida por sus titulares, al mismo tiempo que reconoce a favor de artistas interpretes o ejecutantes y productores fonográficos una remuneración por la comunicación pública de sus interpretes y fonogramas, al tenor de los lineamientos de la Decisión Andina 351 de 1993, las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, y en los términos establecidos por la Ley 232 de 1995. De igual forma precisa las diferencias entre gestión colectiva y gestión individual.
 

Solicita enviar la información relacionada con la Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software
 

Recuerda a las entidades distritales el régimen legal relacionado con los Derechos de Autor, específicamente sobre el derecho de cita e imparte instrucciones fundamentales, que redundarán en un mejoramiento de la gestión pública distrital, entre ellas las siguientes: 1. Cuando la obra haya sido contratada por la entidad pública, esta debe exigir al contratista que manifieste expresamente el cumplimiento de las disposiciones sobre derecho de autor, especialmente lo relacionado con el derecho de cita. 2. De manera excepcional es posible hacer uso de una obra sin contar con la autorización previa de su autor o titular de derechos si tal uso se encuentra amparado en una limitación y excepción al derecho de autor. Sin embargo, siempre que se quiera hacer uso de una obra literaria o artística al amparo de dichas limitaciones o excepciones en el territorio colombiano, dicha actividad se regirá por la legislación que en nuestro país regula dicha materia. (Decisión Andina 351 de 1993 y Ley 23 de 1982).
 

Establece pautas para el registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el Registro Nacional de Derecho de Autor.
 

Describe las funciones, alcance y beneficios que las sociedades de gestión colectiva representan para los titulares de derecho de autor y conexos, para los usuarios de obras y prestaciones y para el sistema productivo del país, con el fin de orientar la labor de los alcaldes municipales y distritales en relación con la actividad que despliegan dichas sociedades. Precisa en que consiste la gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos, por que es necesaria la gestión colectiva, quienes conforman tales sociedades, por que y como se puede obtener personería jurídica y la autorización de funcionamiento de las citadas entidades.
 

Remite el texto de la Circular 02 de 2009 proferida por el Ministerio del Interior y de Justicia, con el fin que se conozcan las instrucciones impartidas, a los Alcaldes Municipales y Distritales en cuanto a la actividad que adelantan las Sociedades de Gestión Colectiva, la cual constituye una efectiva herramienta jurídica, a través de la cual autores, intérpretes artistas, o ejecutantes, y productores de fonogramas, autorizan el uso de sus repertorios y recaudan nacional e internacionalmente el dinero que pueda generar la utilización de los mismos, estimulando con ello en autores y artistas, el desarrollo de las industrias del derecho de autor y los derechos conexos e incentivando que nuestra identidad cultural sea difundida y reconocida.
 

Reglamenta las Leyes 23 de 1982, 44 de 1993 y el artículo 2°, literal c) de la Ley 232 de 1995, en relación con las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de derechos conexos y la entidad recaudadora y dicta otras disposiciones.
 

Adiciona la Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor, establece una remuneración por comunicación pública a los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales o "Ley Fanny Mikey¿.
 

Establece pautas para optimizar el registro de obras, prestaciones, contratos y demás actos en el Registro Nacional de Derechos de Autor; entre ellas la unificación de la documentación para el trámite físico o mediante el Sistema de Registro en línea, la no registrabilidad de ideas, proyectos, conceptos y pautas para el registro especifico de obras de arte aplicado, literarias editadas, obras musicales, obras arquitectónicas, obras audiovisuales, programas de computador, páginas Web y bases de datos.
 

Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, ¿Prosperidad para Todos¿. Modifica el artículo 20, que había sido declarado inexequible, y 183 de la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor en relación a la titularidad de los derechos patrimoniales y morales y la transferencia de derechos patrimoniales de autor o conexos (arts. 28 y 30).
 

La Corte Constitucional se pronunció respecto al cobro de los derechos de remuneración por parte de los autores y artistas en los siguientes términos: ¿¿En efecto, ciñéndose a los parámetros señalados en dichas sentencias, puede afirmarse que la gestión de los derechos de remuneración que provienen de la obra o grabación audiovisual de un intérprete o ejecutante, están vinculados íntimamente a la libertad de expresión. "De allí que la libertad de asociación para el ejercicio de tales prerrogativas sea menos permeable a la capacidad de regulación estatal y que, en consecuencia, la normativa que se demanda resulte excesiva para ese nivel de la libertad individual". Así las cosas, con el propósito de no menoscabar de manera grave el derecho de asociación ¿ exigiéndose como obligatorio el hacer efectivo el derecho de remuneración a través de una sociedad de gestión colectiva ¿, debe entenderse que los intérpretes o ejecutantes de obras o grabaciones audiovisuales pueden hacer efectivos sus derechos de remuneración utilizando mecanismos de cobro distintos al de sociedad de gestión colectiva, incluyendo el cobro independiente o individual¿¿
 

Expide el Código General del Proceso. Establece la competencia a prevención de la Dirección Nacional de Derechos de Autor como autoridad competente en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos.
 

Declara EXEQUIBLES los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 019 de 2012 relativos al procedimiento de recaudo de los derechos de autor, sobre lo cual manifestó: ¿Dado la importancia constitucional de la protección de la propiedad intelectual, esta Corporación ha reconocido que el recaudo de los derechos de autor trasciende la órbita privada para convertirse en un asunto de interés público:El recaudo de los derechos que corresponden a los autores por concepto de ejecución, representación, exhibición, uso o explotación de las obras generadas en su creatividad o concepción artística o intelectual, que representan una forma de propiedad constitucionalmente protegida, no puede librarse a la voluntad puramente contractual, al acuerdo o al convenio entre quien explota el material al que se refieren aquéllos y el autor correspondiente o quien sus derechos representa, sino que, a juicio de esta Corte, involucra necesariamente la actividad estatal e implica la consagración de normas de orden público no susceptibles de ser contradichas o anuladas mediante pactos bilaterales. En efecto, se trata de derechos inalienables, de conformidad con el artículo 61 de la Constitución, que al declarar, con carácter imperativo, la protección de la propiedad intelectual, a cargo del Estado, estatuye que ella tendrá lugar por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Aunque el legislador goza de competencia para establecer las modalidades del amparo de los indicados derechos, lo que no puede esquivar es la responsabilidad que la Constitución le ha confiado en la búsqueda de instrumentos aptos para obtener que en la práctica los autores no sean víctimas de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos.33Al expedir los artículos cuestionados, el Presidente no excedió las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, como quiera que fueron ejercidas para regular un trámite administrativo en el que participan particulares en desarrollo del principio de descentralización por colaboración para la expedición de los certificados de autorización de ejecución y de pago del recaudo de derechos de autor sobre obras musicales difundidas en establecimientos abiertos al público.¿
 

(...) se observa que las comisiones primeras fueron expresamente designadas por la Ley 3ª de 1992 para dar primer debate a los proyectos de ley o de acto legislativo que versen sobre propiedad intelectual. Las comisiones segundas, por su parte, se ocuparán de tramitar aquellas que guarden relación con política internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos; carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración económica; política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucionalmente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración; honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de libre comercio; contratación internacional. Esto implica que las áreas de especialización de estas últimas no tienen relación alguna con los derechos de autor, ni la propiedad intelectual y que, en esa medida, a pesar de haberse surtido en su seno los trámites de las leyes aprobatorias del Acuerdo Comercial con los Estados Unidos, su Protocolo modificatorio y su Carta adjunta, en virtud de los cuales se implementan algunos compromisos relativos a la propiedad intelectual, las comisiones competentes, por expresa disposición legal, eran las primeras y no dejan de serlo por el solo hecho de que las leyes aprobatorias de dichos instrumentos internacionales se hayan tramitado en primer debate por las comisiones segundas que eran las competentes para el efecto (...)
 

El derecho de autor contiene dos tipos de prerrogativas: los derechos morales, que están relacionados con la facultad que tiene el creador, en tanto persona natural, para que su obra se conozca y mantenga su integridad y titularidad, por lo que tienen carácter personal, extrapatrimonial, imprescriptible, irrenunciable, e inalienable. Los derechos morales, en tal sentido, versan sobre (i) el derecho a divulgar la obra; (ii) el derecho al reconocimiento de la paternidad intelectual; (iii) el derecho al respeto y a la integridad de la obra, impidiendo las modificaciones no autorizadas sobre la misma; y (iv) el derecho al retracto, que le permite al autor retirarla del comercio. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte declara exequibles las expresiones de la Ley 98 de 1993 "medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano".
 

El numeral 11 y el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1493 de 2011 se limita a asignar competencias a la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior, pero el desarrollo de dichas facultades, los procedimientos y causales de intervención se encuentran ampliamente desarrollados en el marco legal que regula los derechos de autor en Colombia, razón por la cual en este caso no se puede alegar el desconocimiento del principio de legalidad y proporcionalidad. De otro lado, no se estiman violados los artículos 150 numeral 8 y 333 de la Constitución por parte de los artículos 24 a 34 de la Ley 1493 de 2011, ya que si bien del artículo 189 constitucional no se desprende una expresa facultad del Ejecutivo para ejercer el control, la inspección y vigilancia de las sociedades de gestión de derechos de autor y conexos, el amplio margen de configuración con el que cuenta el Legislador para otorgar y desarrollar dicha potestad en cabeza del Presidente de la República, se desprende de la propia Constitución en sus artículos 333 y 334, considerando que las sociedades de gestión colectiva son de contenido patrimonial y que las facultades de control, inspección y vigilancia son una expresión de la intervención del Estado en la economía.
 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el Legislador faculta a los autores y/o titulares de obras literarias y artísticas para autorizar de manera previa y expresa la utilización de sus creaciones. Como desarrollo de dicha atribución, se ha previsto que el recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos se realice de manera directa a través de la gestión individual de cada interesado o mediante la gestión colectiva realizada por personas jurídicas instituidas para dicho efecto, denominadas sociedades de gestión colectiva, las cuales encuentran fundamento en el derecho de asociación consagrado en el artículo 38 de la Constitución Política.
 

De conformidad con lo establecido en la Ley 232 de 1995 y en el Decreto Nacional 1879 de 2008, por medio de los cuales se dictaron normas para el funcionamiento de establecimientos de comercio, los propietarios de estos establecimientos, en donde se ejecuten públicamente obras musicales, deben presentar a las autoridades distritales al momento de realizar visitas de control, el comprobante de pago por derechos de autor expedido por la autoridad legalmente competente. Así las cosas, y acorde con los artículos 27 de la Ley 44 de 1993, 47 del Decreto Ley 019 de 2012, el Decreto Nacional 2717 de 2012 y el Titulo 11, Capítulo Único del Decreto Nacional 3942 de 2010, las dos (2) únicas entidades recaudadoras reconocidas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, a la fecha, son: la Organización Sayco y Acinpro, a quien esa Dirección le reconoció personería jurídica a través de la Resolución No. 291 del 18 de octubre de 2011, y la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y Derechos Conexos, quien fue reconocida a través de la Resolución No. 421 del 28 de Diciembre de 2012. En consecuencia, al momento de adelantar el proceso sancionatorio de que trata el artículo 4° de la Ley 232 de 1995, los Alcaldes Locales deberán tener en cuenta que el comprobante de pago por derechos de autor haya sido expedido por una de estas dos organizaciones, pues como se advirtió anteriormente, son las únicas facultadas para ejercer las atribuciones que han sido conferidas por la normativa vigente a las entidades recaudadoras, con el fin de garantizar el debido recaudo de las remuneraciones provenientes de la comunicación al público de obras musicales.
 

Los establecimientos educativos que ofrezcan educación formal en cualquiera de sus niveles, preescolar, básica, media o las instituciones que ofrecen educación superior, o educación para el trabajo y el desarrollo humano, y las entidades de derecho público o privado que ofrezcan programas de capacitación dirigidos a terceros o a sus propios servidores, empleados o trabajadores, en los que se preste el servicio de reprografía, deben contar con la autorización de los titulares del derecho de reproducción o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, para garantizar la debida protección del derecho de autor. (Artículo 2.6.1.4.1 y 2.6.1.4.2)
 

Los derechos de autor se encuentran comprendidos dentro del concepto de propiedad intelectual. El artículo 61 de la Constitución Política plantea, de una parte, la obligación del Estado de proteger este tipo de propiedad y, de otra, el desarrollo de una regulación legislativa en la materia La propiedad intelectual comprende la propiedad industrial, que hace referencia a las marcas y patentes; el derecho de autor y conexos, especialmente relevantes para el caso objeto de estudio; y los derechos sobre descubrimientos científicos y otras formas de creación de la persona. "La especial protección de la propiedad intelectual tiene como propósito amparar la creación producto del talento, trabajo y esfuerzo humanos". Asi mismo en cuanto a su finalidad se señala que "es la protección efectiva y adecuada de los autores sobre obras del ingenio en campos literario, artístico o científico; sin importar la forma de expresión, el mérito que posean las obras, ni su destino. Por "obra" se entiende "toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma". En consecuencia, la Corte ha sostenido que "la manera de proteger los derechos de propiedad intelectual, así como el diseño de los mecanismos adecuados para el efecto, es potestad del legislador, a quien la Constitución habilita para establecer las formalidades necesarias para hacer efectiva esa protección, para lo cual debe tener como directrices todos los postulados constitucionales y los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Colombiano es parte".
 

Modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 -Sobre derechos de autor-, se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas o Ley Pepe Sánchez. La presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos en el artículo 95, conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por quien realice la comunicación pública.
 

El Congreso de la República, desarrolla. fomenta, incentiva y protege las industrias creativas, entendidas éstas como aquellas industrias que generan un valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se fundamentan en la propiedad intelectual; define los sectores de la industria creativa como aquellos que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios, basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. Formulará una Política Integral de la Economía Creativa que la desarrolle y ejecute a través de lineamientos que permitan desarrollar, proteger y acompañar a los sectores objeto de la misma, como creadores de valor agregado de la economía.
 

Modifica el artículo 98 de la Ley 23 de 1982 -Sobre derechos de autor-, se establece una remuneración por comunicación pública a los autores de obras cinematográficas o Ley Pepe Sánchez. La presunción de cesión de los derechos de los autores establecidos en el artículo 95, conservarán en todo caso el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se hagan de la obra audiovisual, remuneración que será pagada directamente por quien realice la comunicación pública.
 

Modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.
 

Imparte lineamientos y directrices sobre las buenas prácticas en el uso de fotografías, vídeos y derechos de autor, las obligaciones de las entidades distritales al hacer uso de las mismas y para completar la socialización del contenido de esta Directiva adjuntan documento que contiene las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la utilización de fotos.
 

Reglamenta el acceso a un Banco de Imágenes del Instituto Distrital de Turismo, para el uso de material fotográfico y audiovisual protegido por el derecho de autor, determinando el proceso de solicitud de autorización, la forma como se publican los créditos, el tiempo de vigencia de la autorización, las restricciones del uso del material entre otros. La autorización del uso de imágenes es gratuita.
 

Precisa que no es inconstitucional establecer una distribución fija y abstracta de 60% y 40% en el total del recaudo que obtienen los autores respecto de los intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión por la remuneración a la propiedad intelectual causada por la ejecución pública o divulgación de obras, como consecuencia tiene carácter supletivo, pues permite que, por libertad negocial las partes puedan disponer sobre sus derechos, y esto es compatible además con que la norma establezca una distribución fija en la remuneración de los derechos de autor y conexos, sin vulnerar el principio de autonomía de la voluntad privada y libertad contractual, toda vez que es una medida razonable y proporcionada.
 

Define la información que debe contener el reporte sobre Verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software a presentar por los Jefes de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial.