El texto original era el siguiente: 

Artículo 58°. La autoridad municipal, distrital o metropolitana, de acuerdo con lo previsto en los planes integrales de desarrollo, expedirá los reglamentos detallados del uso de los suelos de zonas de reserva agrícola, de manera que contengan disposiciones relacionadas con la ejecución de actividades principales complementarias y compatibles en los diferentes espacios del referido territorio'

Si el Municipio fuere de creación posterior a la fecha de elaboración de las cifras de que trata este artículo, se tomará en cuenta la población acreditada para la expedición de las ordenanzas que creó el respectivo Distrito Municipal. 

El texto original era el siguiente: 

Artículo 68º. Las cifras de población a que se refiere el artículo anterior, serán las consignadas en el último censo aprobado por la ley. Si el municipio fuere de creación posterior a la fecha del censo legalmente aprobado, se tomará en cuenta, para los mismos efectos, último censo realizado aunque no haya sido aprobado por la ley y , en su defecto, la población acreditada para la expedición de las ordenanzas que creó el respectivo Distrito Municipal.

Artículo 69º. La Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá a su cargo la elaboración y publicación oportuna de la lista del número de Concejales que puede elegir cada municipio.

Artículo 70º. El Congreso pleno, las Cámaras y las Comisiones de éstas podrán abrir sus sesiones y deliberar con la tercera parte de sus miembros.

Pero las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la constitución determine un quórum diferente. (Artículo 82 de la Constitución Política).

Artículo 71º. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en las Comisiones Permanentes de éstas, las decisiones se tomarán por la mitad más uno de los votos de los asistentes, a no ser que la Constitución exija expresamente una mayoría especial.

Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las Asambleas Departamentales, Consejos Intendenciales y Comisariales y Concejos Municipales. (Artículo 83, inciso 1 y 3 de la Constitución Política).

Artículo 72º. Los Concejos expedirán un reglamento interno para su funcionamiento en el cual se incluyan, entre otras, las normas referentes a la validez de las convocatorias, de las reuniones y de la actuación de los Concejales elegidos en calidad de suplentes. Mientras se expiden tales reglamentos los Concejales suplentes sólo podrán actuar válidamente cuando se presente la vacancia transitoria o absoluta, o la ausencia temporal de respectivo Concejal principal y esta circunstancia se compruebe documentalmente ante la Secretaría del Concejo.

Artículo 73º. Los Presidentes de los Concejos llamarán según el orden de colocación en la respectiva lista electoral, a los Concejales suplentes en los casos de faltas absolutas o temporales de los principales.

Son faltas absolutas la muerte, la renuncia aceptada y la incapacidad legal o física permanentes para desempeñar el cargo. Los Concejales suplentes sólo podrán actuar después de haber tomado posesión del cargo.

Artículo 74º. Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde y Congresista, Diputado, Consejero Intendencial o Comisarial, o Concejal. Tampoco podrán ser elegidos Alcaldes los Congresistas durante la primera mitad de su período constitucional. La infracción de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones. (Artículo 201, inciso 2, de la Constitución Política).

Artículo 75º. Durante el tiempo en que un Concejal principal o suplente se desempeñe como empleado oficial de cualquier nivel, se produce vacante transitoria en el Concejo que deberá ser llenada conforme a las disposiciones legales.

Artículo 76º. Modificado por el art. 18, Ley 53 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> El Concejo Municipal designará un secretario, cuyo período será el mismo de los concejales y su elección se realizará en la fecha de iniciación del período legal respectivo. Su remoción o suspensión se hará en concordancia con lo dispuesto por el artículo 103 de este Código.

El Secretario llevará el libro de acta de la Corporación, los de las comisiones previstas en el artículo 109, los demás que determinen los acuerdos respectivos o que ordene el Presidente.

En cada sesión del Concejo, el Secretario leerá el acta correspondiente a la sesión anterior, la cual se votará inmediatamente y será aprobada con el voto de la mayoría de los miembros que integra la Corporación.

Ver art. 37, Ley 136 de 1994.

El texto original era el siguiente:

Artículo 76°. Los Secretarios llevarán el libro de actas y los demás que determinen los acuerdos respectivos, o que ordene el Presidente.

Artículo 77º. No puede ser Secretario remunerado de un Concejo Municipal ninguno de sus miembros.

Artículo 78º. Suspendido por el art. 6°, Decreto 2255 de 2002. Las reuniones de los Concejos que se efectúen fuera del lugar señalado oficialmente como sede de las sesiones y los actos que en ellas se realicen, carecen de validez.

Ver: Decreto 1837 de 2002, Decreto 2555 de 2002, art. 1°, Decreto 245 de 2003, 

Artículo 79º. Los Concejos se reúnen ordinariamente por derecho propio, cuatro veces al año, así: el primero (1) de agosto, el primero (1) de noviembre, el primero (1) de febrero y el primero (1) de mayo. Cada vez las sesiones durarán treinta (30) días prorrogables, a juicio del respectivo Concejo, por diez (10) días más.

Artículo 80º. También se reunirán extraordinariamente los Concejos por convocatoria del Alcalde respectivo. En estos casos se ocuparán exclusivamente de los asuntos que someta a su consideración la autoridad que los convocare.

CAPÍTULO II

DE LOS CONCEJALES

Artículo 81º. Todos los ciudadanos eligen directamente Presidente de la República, Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Intedenciales y Comisariales, Alcaldes y Concejales Municipales y del Distrito Especial. (Artículo 171 de la Constitución Política).

Artículo 82º. La ley determinará las calidades e incompatibilidades de los concejales y la época de las sesiones ordinarias de los Concejos. (Artículo 196, inciso 2 de la Constitución Política).

Artículo 83º. Los miembros del concejo se denominará Concejales. Para ser elegido Concejal se requiere ser ciudadano en ejercicio y no haber sido condenado a pena de prisión. Se exceptúan de esta prohibición los condenados por delitos políticos. Tampoco podrán ser elegidos Concejales, quienes dentro de los dos años anteriores a la elección hayan sido contratistas del respectivo municipio o dentro de los seis (6) meses anteriores a la misma fecha hayan sido empleados oficiales, ni quienes, en cualquier época y por autoridad competente, hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos veces por faltas a la ética profesional y a los deberes de un cargo público.

Artículo 84º. No podrán ser elegidos Concejales los apoderados de los contratistas del correspondiente municipio.

Artículo 85º. Los Concejales serán elegidos para períodos de dos años y podrán ser reelegidos indefinidamente. Su período se iniciará el primero (1) de agosto siguiente a la fecha de su elección.

Parágrafo transitorio. El período de los Concejales elegidos en marzo de 1986 termina el treinta y uno (31) de julio de 1988, mes durante el cual sesionarán ordinariamente sin derecho a los diez (10) días de prórroga de que habla el artículo 79.

Artículo 86º. Las renuncias y excusas de los Concejales para servir sus cargos, serán presentadas ante el Alcalde.

Artículo 87º. Modificado por el art. 19, Ley 53 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> Los concejales principales y suplentes, no podrán ser nombrados empleados oficiales del respectivo municipio, a menos que fuese en los cargos de alcalde, por designación o nombramiento. En tal caso se producirá pérdida automática de su investidura a partir de la fecha de su posesión.

El cónyuge, compañero o compañera permanente, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del alcalde, de los concejales principales o suplentes, del Contralor, del Personero, del Secretario del Concejo, de los Auditores o Revisores, no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en ninguna dependencia del respectivo municipio, ni contratar con el mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos. No se dará posesión a quien fuere nombrado o elegido violando este artículo, previa comprobación.

El texto original era el siguiente:

Artículo 87°. Los Concejales principales y suplentes no podrán ser nombrados empleados o trabajadores del respectivo Municipio, a menos que fuere en los cargos de Secretario de la Alcaldía o Gerente de la entidad descentralizada.

Los Personeros, Tesoreros, Contralores, Auditores y Revisores no podrán nombrar para ningún cargo en las oficinas de su dependencia a los Concejales principales o suplentes, ni a los parientes de los mismos dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Es nulo todo nombramiento que se haga en contravención a lo aquí dispuesto.

NOTA: Suprímase la palabra "tesorero" o "tesoreros municipales". Art. 25, Ley 78 de 1986.

NOTA: Declara EXEQUIBLE "Los concejales principales y suplentes no podrán ser nombrados empleados o trabajadores del respectivo municipio, a menos que fuere en los cargos de secretario de la alcaldía o gerente de entidad descentralizada". Sentencia 1697 de 1988. 

Artículo 88º. Los Senadores y Representantes principales, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura por vencimiento del período para el cual fueron elegidos, así como los suplentes que hubieren ejercido el cargo durante el tiempo de dicho ejercicio, no podrán:

a) Celebrar por si mismo o por interpuesta persona contratos de ninguna clase con la administración pública ni con los institutos o empresas oficiales ni con aquellas en las cuales la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios tengan capital superior al cincuenta por ciento (50%).

b) Intervenir en cualquier forma, fuera del ejercicio de sus funciones, en la celebración de contratos con la administración pública.

c) Intervenir en nombre propio o ajeno, en procesos o asuntos, fuera del ejercicio de sus funciones, donde tengan interés la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios y las entidades oficiales o semioficiales.

d) Ser apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas en sus distintos niveles.

NOTA: Declarado exequibles los literales c) y d) del presente artículo, salvo la expresión "las Intendencias, las Comisarías del literal c), que se declaran INEXEQUIBLES.

Las prohibiciones anteriores comprenden a los Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales en relación con el respectivo Departamento, Intendencia o Comisaría y los Municipios que los integran, y a los Concejales en relación con el respectivo municipio, desde el momento de su elección y hasta cuando pierdan su investidura.

Artículo 89º. Lo anterior no obsta para que los Senadores, Representantes, Diputados, Consejeros Indentenciales y Comisariales y Concejales puedan ya directamente o por medio de apoderado actuar en los siguientes asuntos:

a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales, conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos, tengan interés.

b) Formular reclamos por el cobro de impuestos, contribuciones, tasas y multas que graven a las mismas personas.

c) Usar los bienes o servicios y celebrar los contratos que las entidades oficiales, los institutos descentralizados y las sociedades de economía mixta ofrezcan al público bajo condiciones comunes a todos los que los soliciten.

d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la Rama Jurisdiccional del Poder Público y ante lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, los Congresistas principales o los suplentes durante el ejercicio de su cargo no podrán ser apoderados y defensores ni peritos en los procesos de toda clase que afecten intereses fiscales o económicos de la Nación, los Departamentos, las Intendencias, las Comisarías o los Municipios, los institutos descentralizados y las empresas de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.

En los juicios de sucesión y en las insinuaciones de donación, la prohibición anterior sólo se refiere a los incidentes que se susciten dentro de ellos por la fijación de los impuestos respectivos.

e) Actuar como apoderado de los municipios o de los institutos o empresas dependientes de éstos en asuntos judiciales o administrativos, siempre y cuando que la gestión no sea remunerada.

f) Adicionado por el art. 1, Ley 92 de 1989. <El texto adicionado es el siguiente> Celebrar contratos de prestación de servicios docentes con las entidades oficiales de educación.

Artículo 90º. Las actuaciones que se realicen contraviniendo lo dispuesto en los artículos anteriores y las decisiones de autoridades generadas en esas actuaciones, serán nulas. Cualquier persona o el Ministerio público podrá pedir la declaratoria de esa nulidad ante la autoridad competente.

Los contratos que se celebren contraviniendo las disposiciones anteriores carecerán de validez, y no podrán generar pagos. Si éstos se hubieren efectuado, el contratista estará obligado a reintegrar su valor e indemnizar los perjuicios que hubiere causado.

Los funcionarios públicos que permitieren la intervención de las personas afectadas por las mismas incompatibilidades, incurrirán en mala conducta, que se sancionará con la destitución.

Artículo 91º. Las incompatibilidades que la ley establece para los Concejales principales y suplentes, rigen desde el momento de su elección, hasta el vencimiento del período respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán por un año después de su aceptación, si faltare un lapso mayor para el vencimiento del período.

Para los efectos previstos en este estatuto, se adquiere la calidad de Concejal desde el momento de la elección y se conserva hasta el vencimiento del período.

CAPÍTULO III

DE SUS ATRIBUCIONES

Artículo 92º. Son atribuciones de los Concejos, que ejercerán conforme a la ley, las siguientes:

1ª Ordenar por medio de acuerdos, lo conveniente para la administración del Distrito;

2ª Votar, en conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas, las contribuciones y gastos locales;

3ª Determinar la estructura de la administración municipal, las funciones de las diferentes dependencias y las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos;

4ª Crear, a iniciativa del alcalde, los establecimientos públicos, sociedades de economía mixta y empresas industriales y comerciales, conforme a las normas que determine la ley;

5ª Expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos del municipio, con base en el proyecto presentando por el alcalde;

6ª Elegir Personeros Contralores Municipales cuando las normas vigentes lo autoricen, y los demás funcionarios que la ley determine;

7ª Autorizar al alcalde para celebrar contratos, negociar, empréstitos, enajenar bienes municipales y ejercer, pro témpore, precisas funciones de las que corresponden a los Concejos, y

8ª Ejercer las demás funciones que la ley le señale. (Artículo 197 de la Constitución Política).

Artículo 93º.- Son atribuciones legales de los Concejos:

1ª Imponer contribuciones para el servicio municipal, dentro de los límites señalados por la ley y las ordenanzas, y reglamentar su recaudo e inversión;

2ª. Modificado por el art. 1°, Ley 53 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> Elegir Personeros, Contralores, Secretarios de Concejos y Auditores o Revisores de las entidades descentralizadas cuando las disposiciones vigentes así lo autoricen.

Cuando los Auditores o Revisores cumplan su función ante la administración central, serán designados por los respectivos Contralores Municipales.

El texto original era el siguiente:

2ª. Nombrar los Personeros y Tesoreros Municipales

3ª Arreglar la policía en sus diferentes ramos, sin contravenir a las leyes y ordenanzas, ni a los Decretos del Gobierno, ni del Gobernador respectivo;

4ª Señalar multas y penas de arresto hasta por diez (10) días a los que infrinjan sus acuerdos;

5ª Exigir a los empleados del municipio los informes que necesite para el buen desempeño de sus deberes;

6ª Oír y decidir las excusas accidentales de sus miembros;

7ª Reglamentar sus trabajos y policía interior;

8ª Acordar lo conveniente a la mejora, moralidad y prosperidad del municipio, respetando los derechos de los otros y las disposiciones de la Constitución y las leyes;

9ª Calificar las credenciales de sus propios miembros;

10ª Señalar el día o días en que deba tener lugar el mercado público;

11ª Reglamentar el repartimiento y entrega de los terrenos comunales y de los baldíos cedidos al municipio; y

12ª Disponer lo conveniente acerca de la manera como debe hacerse uso de los terrenos comunales de los municipios.

Artículo 94º. La administración de los intereses del municipio está a cargo del Concejo.

Artículo 95º. Cada Concejo puede arreglar los detalles de la administración, sin contravenir a las disposiciones de la leyes.

Artículo 96º. El suministro de energía eléctrica es un servicio público fundamental y en su establecimiento, desarrollo y financiación cooperarán la Nación, los departamentos y los municipios.

Artículo 97º. Declárase de utilidad pública la adquisición por la Nación, los departamentos o los municipios, de las empresas de producción, conducción y distribución de energía eléctrica, las de teléfonos y las de acueductos, destinadas a prestar servicios públicos.

Artículo 98º. Es obligación de los municipios que tengan más de 25.000 habitantes establecer casas de asilo para mendigos, con el objeto de que pueda prohibirse la mendicidad en lugares públicos.

Artículo 99º. Es prohibido a los Concejos:

1º Obligar a los habitantes, sean domiciliados o transeúntes, a contribuir con dinero o servicios para fiestas o regocijos públicos;

2º Aplicar los bienes o rentas municipales a objetos distintos del servicio público;

3º Decretar honores y ordenar la erección de estatuas, bustos u otros monumentos conmemorativos, a costa de los fondos públicos, salvo casos excepcionales;

4º Intervenir en asuntos que no sean de su competencia, ya por medio de acuerdos o de simples resoluciones;

5º Dar votos de aplauso o de censura a actos oficiales; pero podrán pedir la revocación de los que estimen ilegales o inconvenientes, exponiendo los motivos en que se funden;

6º Nombrar a ninguno de sus miembros para algún destino lucrativo ni a los parientes de éstos, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni a los deudores del fisco;

Ver art. 22, Decreto Nacional 1967 de 1992.

7º Privar a los vecinos de otros municipios de los derechos, garantías o protección de que disfruten de los del propio municipio;

8º Prohibir o impedir de cualquier modo el libre funcionamiento de los mercados que se establezcan o ya existan en propiedades particulares que estén situadas a más de tres kilómetros de la cabecera del municipio; y

9º Grabar las actividades a que se refiere el artículo 259 de este Código.

CAPÍTULO IV

DE LA ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

Artículo 100º. Inciso primero modificado por el art. 2°, Ley 53 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> El Concejo elegirá funcionarios a partir de las sesiones ordinarias inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de sus períodos, salvo el Secretario del Concejo. En caso de falta absoluta, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias.

El texto original era el siguiente:

Inciso primero del Artículo 100°. Los Concejos elegirán funcionarios en las sesiones ordinarias inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación del período del elegido. En los casos de falta absoluta, lo podrán hacer en cualquier momento.

Siempre que se haga una elección después de principiado un período, se entiende hecha sólo para el resto del período en curso.

Artículo 101º. Si dos o más personas alegaren haber sido elegidas contralores, personeros, tesoreros, auditores o revisores, para un mismo período, dentro de los diez (10) días siguientes a la respectiva elección deberán entregar al alcalde las pruebas, documentos y razones en que fundan su pretensión. Si así no lo hicieren, el alcalde reunirá la documentación que fuere del caso.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al momento en que se complete la documentación pertinente, el alcalde la remitirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida, con carácter definitivo, si la elección se realizó con el lleno de las formalidades previstas en la ley. El Tribunal fallará dentro del término de veinte (20) días, durante el cual podrá ordenar y practicar pruebas de oficio. Cualquier persona puede impugnar o defender la elección. Contra ésta y por motivos distintos de los que fueron objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal, proceden las demás acciones judiciales que consagre la ley.

Mientras se realiza la posesión del contralor, personero, tesorero, auditor o revisor válidamente elegido, la persona que venía desempeñando el cargo continuará ejerciéndolo.

NOTA: Suprímase la palabra "tesorero" o "tesoreros municipales". Art. 25, Ley 78 de 1986.

NOTA: Declarado EXEQUIBLE por la Sentencia 1640 de 1987

Artículo 102º. Los municipios repetirán contra las personas que hubieren efectuado elecciones, nombramientos o remociones ilegales de funcionarios, el valor de las indemnizaciones que hubieran pagado por esta causa. La violaciones de la ley, para estos efectos deben haber sido manifiestas u ostensibles conforme a la respectiva decisión de la autoridad judicial.

Artículo 103º. Los Contralores, Personeros, Tesoreros, Auditores y Revisores que ejerzan el cargo en propiedad, sólo podrán ser removidos o suspendidos antes del vencimiento de su período por decisión judicial o de la Procuraduría General de la Nación. 

NOTA: Suprímase la palabra "tesorero" o "tesoreros municipales". Art. 25, Ley 78 de 1986.

TÍTULO V

DE LOS ACUERDOS

Artículo 104º. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los Concejales, por los alcaldes y sus secretarios, y, en los asuntos de su ramo, por los personeros, contralores y tesoreros municipales.

NOTA: La palabra “Tesorero” fue suprimida por el artículo 3° de la Ley 53 de 1990.

Ver Ley 1617 de 2013 y artículo 71 de la Ley 136 de 1994

Artículo 105º. Igualmente, a iniciativa del Gobierno, la ley determinará lo relativo a planes y programas de desarrollo económico y social y de obras públicas de los municipios y podrá también, atendiendo sus categorías conforme al artículo 198, otorgar exclusivamente al alcalde la iniciativa de los proyectos de acuerdo sobre determinadas materias. (Artículo 189, inciso 29, de la Constitución Política).

Artículo 106º. Los acuerdos a que se refieren los artículos 92, atribuciones 4 y 5, 288, inciso primero, 289, inciso primero y 311, sólo podrán ser dictados o reformados a iniciativa del alcalde. Los Concejos conservarán el derecho de introducir en estos proyectos y respecto de las materias específicas sobre que versen, las modificaciones que acuerden.

Ver artículo 71 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 107º. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia, y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con el mismo. Conforme al reglamento interno del Concejo, la Presidencia del mismo podrá rechazar las iniciativas que violen la presente disposición.

Ver artículo 72 de la Ley 136 de 1994.

Artículo 108º. Para que un proyecto sea acuerdo debe aprobarse en tres debates, celebrados en tres días distintos. Además, debe haber sido sancionado y publicado. 

Ver arts. 73 y 76, Ley 136 de 1994.

Artículo 109º. Los Concejos integrarán comisiones permanentes encargadas de rendir informe para segundo y tercer debate a los proyectos de acuerdo, según los asuntos o negocios de que éstas conozcan y el contenido del proyecto. Si dichas comisiones no se hubieren creado o integrado, los informes se rendirán por las comisiones ad hoc que la Presidencia nombre para el efecto.

Todo Concejal deberá hacer parte de una comisión y en ningún caso podrá pertenecer a más de dos comisiones permanentes.

Ver art. 25, Ley 136 de 1994.

Artículo 110º. Los proyectos que no recibieren aprobación por lo menos en dos debates durante el período a que se refiere el artículo 85, deberán ser archivados y podrán volverse a presentar, si se quiere que el Concejo se pronuncie sobre ellos.

Ver art. 75, Ley 136 de 1994.

Artículo 111º. Aprobado en tercer debate un proyecto de acuerdo, se pasará al alcalde para su sanción.

Ver art. 76, Ley 136 de 1994.

Artículo 112º. Los Alcaldes pueden objetar los proyectos de acuerdo aprobados por los Concejos, por motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley o las ordenanzas, dentro de los términos que señala el artículo siguiente.

Ver art. 78, Ley 136 de 1994.

Artículo 113º. El Alcalde dispone del término de cinco días para devolver con objeciones un proyecto que no conste de más de veinte artículos, y de ocho días cuando el proyecto pase de ese número de artículos.

Si el alcalde una vez transcurridos los términos indicados, no hubiere devuelto el proyecto objetado, deberá sancionarlo y promulgarlo.

Si el Concejo se pusiere en receso dentro de esos términos, el alcalde está en la obligación de publicar el proyecto sancionado u objetado, dentro de los seis días siguientes a aquél en que el Concejo haya cerrado sus sesiones.

Ver art. 78, Ley 136 de 1994.

Artículo 114º. El Alcalde sancionará sin poder presentar nuevas objeciones el proyecto que reconsiderado por el Concejo fuere aprobado. Sin embargo, si el Concejo rechaza las objeciones por violación a la Constitución, la ley o la ordenanza, el proyecto será enviado por el alcalde al Tribunal Administrativo, dentro de los diez (10) días siguientes, acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), para que éste decida conforme al trámite señalado en el artículo 121 de este Código.

Ver arts. 79 y 80, Ley 136 de 1994.

Artículo 115º. Sancionado un acuerdo será publicado en el respectivo Diario, Gaceta o boletín Oficiales si los hubiere, o por bando en un día de concurso.

Ver art. 81, Ley 136 de 1994.

Artículo 116º. Los acuerdos expedidos por los Concejos y sancionados por los alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen fecha posterior para el efecto. La publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su sanción.

Ver art. 81, Ley 136 de 1994.

Artículo 117º. Dentro de los tres (3) días siguientes al de la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al Gobernador del Departamento para su revisión jurídica. La revisión aquí ordenada no suspende los efectos de los acuerdos.

Ver art. 82, Ley 136 de 1994.

Artículo 118º. Son atribuciones del Gobernador:

8º Revisar los actos de los Concejos Municipales y de los alcaldes y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez. (Artículo 194, ordinal 8, de la Constitución Política).

Artículo 119º. Si el Gobernador encontrare que el acuerdo es contrario a la Constitución, la ley o la ordenanza, lo remitirá, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que lo haya recibido, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que éste decida sobre su validez. 

Ver art. 13, Ley 4 de 1992.

NOTA: Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-869 de 1999 del 3 de noviembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz.

Artículo 120º. El Gobernador enviará al Tribunal copia del acuerdo acompañado de un escrito que contenga los requisitos señalados en los numerales 2 a 5 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984). El mismo día en que el Gobernador remita el Acuerdo al Tribunal, enviará copia de su escrito a los respectivos alcalde, personero y Presidente del Concejo para que éstos, si lo consideran necesario, intervengan en el proceso. 

Ver art. 13, Ley 4 de 1992

Artículo 121º. Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite:

1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.

2. Vencido el término de fijación en lista se decretarán las pruebas pedidas por el Gobernador y los demás intervinientes. Para la práctica de las mismas se señalará término no superior a diez (10) días.

3. Practicadas las pruebas pasará el asunto al Despacho para fallo. El Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el Tribunal de otros diez (10) días para decidir. Contra esta decisión, que produce efectos de cosa juzgada en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados, no procederá recurso alguno. 

Ver art. 13, Ley 4 de 1992

NOTA: Declarado EXEQUIBLE la parte acusada del numeral 3 del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986 que dice " (...) en relación con los preceptos constitucionales y legales confrontados (...)". Sentencia No. 032 del 14 de marzo de 1991, Magistrado Ponente, Dr. Fabio Morón Díaz.

Artículo 122º. Las ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados o suspendidos por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. (Artículo 192 de la Constitución Política).

Artículo 123º. Son nulos los acuerdos expedidos en contravención a las disposiciones de la Constitución, de las leyes o de las ordenanzas.

Los demás son válidos, aunque puedan ser tachados, con justicia, de inconvenientes.

Artículo 124º. Los acuerdos u otros actos de los Concejos Municipales anulados definitivamente por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, en el concepto de ser contrarios a la Constitución o a las leyes, o lesivos de derechos civiles, no podrán ser reproducidos por aquellas corporaciones si conservan la esencia de las mismas disposiciones anuladas, a menos que una disposición legal, posterior a la sentencia, autorice expresamente a los Concejos para ocuparse de tales asuntos.

Parágrafo. Los acuerdos y demás actos que se expidan en contravención de esta disposición son nulos. Los alcaldes objetarán los proyectos de acuerdo que se encuentren en este caso, y estas objeciones sólo podrán ser declaradas infundadas por la mayoría absoluta de los votos de los Concejales.

Artículo 125º. Si el Alcalde no cumpliere el deber de objetar los proyectos de acuerdo, o si las objeciones fueren declaradas infundadas por el Concejo, el acto es acusable por cualquiera de las autoridades o de las personas que puedan hacerlo.

Artículo 126º. Para todo lo relativo a la nulidad de los acuerdos se estará a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo (Decreto - Ley 01 de 1984).

Artículo 127º. Aprobado un proyecto o resolución cualquiera, puede ser reconsiderado y modificado, pero no se pueden revocar nombramientos ya comunicados, y cuando se trate de un acuerdo la revocación tiene que ser por medio de otro.

TÍTULO VI

DE LOS ALCALDES

Artículo 128º. En todo municipio habrá un alcalde que será jefe de la administración municipal. (Artículo 200 de la Constitución Política).

Artículo 129º. Los Alcaldes serán elegidos por el voto de los ciudadanos para períodos de dos (2) años, el día que fije la ley, y ninguno podrá ser reelegido para el período siguiente.

Nadie podrá ser elegido simultáneamente Alcalde o Congresista, Diputado, Consejero Intendencial o Comisarial o Concejal. Tampoco podrán ser elegidos alcaldes los congresistas durante la primera mitad de su período constitucional. La infracción de este precepto vicia de nulidad ambas elecciones.

El Presidente de la República y los Gobernadores, Intendentes o Comisarios, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán al Alcalde de Distrito Especial y a los demás alcaldes, según sus respectivas competencias. La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución.

También determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los alcaldes, fecha de posesión, faltas absolutas o temporales, y forma de llenarlas y dictará las demás disposiciones necesarias para su elección y el normal desempeño de sus cargos.

Parágrafo transitorio.- La primera elección de Alcaldes tendrá lugar el segundo domingo de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988). (Artículo 201 de la Constitución Política).

Artículo 130º.- El Alcalde es el Jefe de la Administración Pública en el Municipio y ejecutor de los acuerdos del Concejo. Le corresponde dirigir la acción administrativa, nombrando y separando libremente sus agentes y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.

El Alcalde es Jefe de Policía en el Municipio. La Policía Nacional, en el Municipio, estará operativamente a disposición del Alcalde, que dará sus ordenes por intermedio del respectivo Comandante de policía o de quien lo reemplace. Dichas órdenes son de carácter obligatorio y deberán ser atendidas con prontitud y diligencia.

Ver art. 5°, Decreto Legislativo 858 de 1990.

Artículo 131º. El Alcalde es el representante legal del Municipio para todos los efectos a que hubiere lugar.

Artículo 132º. Las atribuciones generales de los Alcaldes son las siguientes:

1ª Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos y Decretos que estén en vigor;

2ª Cuidar de que el Concejo se reúna oportunamente, desempeñe los deberes que le corresponden y convocarlo a reuniones extraordinarias;

3ª Suministrar al Concejo los informes y datos que necesite para el buen desempeño de sus funciones y cada vez que aquél se reúna en sesiones ordinarias, presentar un informe general sobre la marcha de la administración en el trimestre anterior;

4ª Presentar al Concejo los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes a la buena marcha del Municipio;

5ª Sancionar u objetar los acuerdos expedidos por el Concejo y publicarlos en debida forma;

6ª Velar porque los empleados del servicio municipal desempeñen oportuna y debidamente sus funciones;

7ª Nombrar y remover libremente los empleados de su oficina;

8ª Dictar los actos necesarios para la administración del personal que presta sus servicios en el Municipio de conformidad con el artículo 294 de este Código;

9ª Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el presupuesto y los reglamentos fiscales;

10ª Inspeccionar con frecuencia los establecimientos públicos del municipio, para que marchen con regularidad;

11ª Imponer multas, o arresto hasta de seis (6) días, a los que desobedezcan o no cumplan sus órdenes y a los que le falten al debido respecto;

12ª Coadyuvar activamente a las medidas que dicten los empleados de instrucción pública;

13ª Cuidar de que los archivos de las oficinas del Municipio se conserven en perfecto estado y buen arreglo;

14ª Dar en el mes de diciembre un informe al Gobernador del Departamento sobre la marcha de la administración pública en el Municipio y las medidas que convenga tomar para mejorarla;

15ª Perseguir a los reos prófugos que haya en el Municipio; y

16ª Despachar sin pérdida de tiempo los exhortos y oficios que les dirijan las autoridades judiciales.

Artículo 133º. La sanción, promulgación y ejecución de los acuerdos del Concejo corresponde al Alcalde respectivo.

Modificado transitoriamente por el art. 5°, Decreto 678 de 1986.

Artículo 134º. El despacho de la alcaldía estará siempre en la cabecera del Municipio.

TÍTULO VII

DE LOS PERSONEROS

Ver Ley 136 de 1994 (arts. 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182

Artículo 135º. Modificado por el art. 1°, Ley 3 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del Pueblo o veedor ciudadano, agente del Ministerio Público y defensor de los derechos humanos, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente designado por el mismo que elija al principal.

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponda.

Las calidades previstas en el artículo 137 del Código de Régimen Municipal, deberán observarse así mismo para el Personero suplente.

El texto original era el siguiente:

Artículo 135. En cada municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del pueblo o veedor ciudadano y agente del Ministerio Público, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente nombrado por el mismo que elija el principal.

El suplente reemplazará al principal en todo caso de falta absoluta o temporal, mientras se provee lo conveniente por quien corresponda.

Artículo 136º. Modificado por el art. 2°, Ley 3 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> El Personero será elegido por el Concejo Municipal, para un período de dos (2) años, contados a partir del 1 de septiembre de 1990.

El Personero podrá ser reelegido.

Parágrafo Transitorio. Los Personeros elegidos para el período que inicia el 1 de enero de 1990, terminarán éste el 1 de agosto del mismo año.

El texto original era el siguiente:

Artículo 136. El período de duración del personero es de un año, contado a partir del 1o. de enero, y puede ser reelecto indefinidamente.

Artículo 137º. Derogado por el art. 173, Ley 136 de 1994. 

El texto original era el siguiente:  

Artículo 137°. Calidades. Para ser personero se requiere ser abogado titulado o haber terminado estudios de Derecho.

NOTA: DECLARARSE inhibida para fallar de fondo, en relación con el artículo 137 del decreto 1333 de 1986.

Artículo 138º. El Personero no ejercerá funciones administrativas distintas de las que las normas vigentes le señalen para el manejo de sus propias oficinas y dependencias.

Ver art. 175, Ley 136 de 1994.

CAPÍTULO I

DEL PERSONERO COMO DEFENSOR DEL PUEBLO O VEEDOR CIUDADANO

Artículo 139º. Son atribuciones del Personero, que cumplirá como defensor del pueblo o veedor ciudadano, las siguientes:

1ª Velar por el cumplimiento de la Constitución, leyes, ordenanzas, acuerdos y órdenes superiores en el Municipio;

2ª Promover la ejecución de las leyes y disposiciones administrativas que se refieran a la organización y actividad del Municipio;

3ª Recibir las quejas y reclamos que toda persona le haga llegar referentes al funcionamiento de la administración, al cumplimiento de los cometidos que le señalen las leyes y los relativos a la efectividad de los derechos e intereses de los administrados;

4ª Vigilar la conducta oficial de los empleados y trabajadores municipales y velar porque desempeñen cumplidamente sus deberes y se les exija responsabilidad por las faltas que cometan;

5ª Intervenir en los procesos de policía para perseguir las contravenciones, coadyuvar al mantenimiento del orden público y colaborar en la defensa de quienes carecen de recursos económicos para ello;

6ª Adelantar investigaciones sobre los hechos que a su juicio impliquen situaciones irregulares y formular las recomendaciones, quejas o acusaciones a que hubiere lugar;

7ª Demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público;

8ª Promover ante cualquier autoridad o empleado todo lo que estime conveniente a la mejora y prosperidad del Municipio;

9ª Excitar a las autoridades locales a que tomen las medidas convenientes para impedir la propagación de las epidemias y en general los males que amenacen la población;

10 Velar por la conservación de los bienes municipales y la puntual y exacta recaudación e inversión de sus rentas;

11 Concurrir a las sesiones del Concejo cuando se le invite a lo crea conveniente; y

12 Ejercer las demás funciones que le asignen la ley y el Concejo Municipal en desarrollo de las normas consignadas en este artículo. 

13. Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> Vigilar la eficacia y continuidad de los servicios públicos, su equitativa distribución social y la racionalización económica de sus tarifas, y presentar a los organismos de planeación las recomendaciones que estime convenientes.

14. Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> Supervisar los organismos locales destinados a la programación y ejecución de planes y programas de vivienda popular, con el fin de asegurar su justa y adecuada distribución entre las familias de menores recursos económicos de la localidad.

15. Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> Impulsar la organización popular y gremial para la congestión del desarrollo Municipal.

16. Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> Presentar a consideración del Concejo, los proyectos de acuerdo que estime conveniente para garantizar el adecuado cumplimiento del derecho de petición e información.

17. Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> Coordinar el control y vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las diversas entidades del Gobierno Nacional y Departamental que operen en el Municipio.

18.  Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> Velar por el correcto funcionamiento y pulcritud de la participación ciudadana en los procesos de Consulta Popular que prevé la Constitución.

19. Adicionado por el art. 3°, Ley 3 de 1990. <El texto adicionado es el siguiente> En virtud de las atribuciones 3 y 4, establecidas en este artículo el Personero podrá, cuando las circunstancias lo ameriten, adelantar las investigaciones disciplinarias del caso, observando lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 49/87, y como consecuencia de esas investigaciones solicitar contra los empleados oficiales, excepto el Alcalde, sanciones de amonestación, multa, suspensión y destitución al funcionario u organismo competente para el efecto. Igualmente tendrá facultad para vigilar las investigaciones adelantadas por las Comisiones de Personal creadas por el artículo 22 del Decreto 10001 de 1988.

Artículo 140º. Conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), también son funciones del Personero:

1ª Instruir debidamente a toda persona que, por manifestación propia, desee o deba formular alguna petición;

2ª Escribir la petición de que se trate, si la persona no pudiere hacerlo por si misma y ello fuere necesario, comprobando en este caso que se cumplan las formalidades previstas en el Código citado;

3ª Recibir y hacer tramitar las peticiones o recursos que las autoridades, por cualquier motivo, no hayan querido recibir;

4ª Aplicar medidas disciplinarias o solicitar su aplicación al que sea competente, a los funcionarios que, sin causa justificada, dificulten o hagan ineficaz el ejercicio del derecho de petición o incurran en las conductas previstas en el artículo 76 del mismo Código Contencioso Administrativo; y

5ª Vigilar en forma constante y directa los sistemas para el cobro de las tarifas de los servicios públicos, y asegurar que los reclamos y recursos se tramiten en forma rápida y legal.

Artículo 141º. Si quien fuere competente no quisiere recibir los recursos de reposición, apelación y queja de que trata la Parte Primera del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), podrán presentarse ante el Procurador Regional o ante el Personero Municipal, para que ordene su recibo y tramitación.

CAPÍTULO II

DEL PERSONERO COMO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 142º. En los procesos penales de competencia de los jueces municipales y en los sumarios que éstos instruyan, el Ministerio Público será ejercido por el correspondiente Personero Municipal.

Artículo 143143º. Ante los jueces de instrucción criminal, el Ministerio Público será ejercido por el Personero Municipal del lugar donde ocurrieron los hechos que son materia de la investigación.

Artículo 144º. En los procesos penales de competencia de los jueces de circuito, ante los cuales no actúe de manera permanente un fiscal el Ministerio Público será ejercido por el respectivo Personero Municipal.

Artículo 145º. El Ministerio Público será ejercido por los personeros ante los jueces a que se refieren los artículos anteriores mediante la presentación de los recursos que de acuerdo con la ley pueden interponer contra los autos inhibitorios, los que resuelvan sobre la libertad del sindicado, califiquen el mérito del sumario, ordenen la cesación del procedimiento o el archivo del proceso y las sentencias, todos los cuales les deberán ser notificados personalmente.

Al Personero Municipal también se le correrá traslado para que emita concepto, en el término de dos (2) días, sobre las solicitudes de excarcelación o de revocatoria del auto de detención, y en el término de cinco (5) días sobre los casos de cesación de procedimiento. Cuando ésta se funde en la prescripción de la acción penal no habrá lugar al traslado y concepto aquí ordenados.

En los procesos en que intervengan, el Personero solicitará la práctica de las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad.

Artículo 146º. El traslado de que trata el artículo anterior podrá surtirse sobre las copias completas del expediente y si dentro del término fijado no hubiere concepto del Personero, el Juez decidirá sin la correspondiente vista fiscal.

Artículo 147º. El Personero que sin justa causa no se notifique oportunamente o no conteste el traslado dentro de los términos legales será suspendido del cargo hasta por dos (2) meses, la primera vez, y destituido, la segunda, sin perjuicio de la responsabilidad penal consiguiente.

Estas sanciones serán impuestas por la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 148º. En cualquier estado del proceso, el Personero Municipal será desplazado por el agente especial del Ministerio Público que para el efecto designe el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue dicha atribución. También podrá ser desplazado por el fiscal del juzgado del conocimiento.

Artículo 149º. La actuación de los Personeros como agentes del Ministerio Público en los procesos penales se cumplirá conforme a lo dispuesto en el artículo 145 del presente Código y únicamente tendrá lugar en los siguientes casos:

a) Cuando lo ordene el Procurador General de la Nación o el funcionario en quien éste delegue tal atribución;

b) Cuando lo soliciten el procesado o los perjudicados con el delito; y

c) Cuando los respectivos Personeros así lo decidan por encontrarlo conveniente para la recta administración de justicia.

Artículo 150º. Modificado por el art. 4°, Ley 53 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> Autorízase a los municipios cabeceras de Distrito y Circuito Judicial, para crear cargos de personeros, delegados, especialmente en lo penal, quienes serán de libre nombramiento y remoción del Personero Municipal. Tendrán, además, las mismas calidades del Personero.

El texto original era el siguiente:

Artículo 150º.- Están autorizados los Municipios capitales de Departamento para crear Personeros Delegados en lo penal, quienes podrán ser los suplentes del Personero Municipal.

Artículo 151º. En los procesos civiles de competencia de los juzgados del circuito en que debe intervenir el Ministerio Público, éste será ejercido por los correspondientes fiscales.

CAPÍTULO III

DEL PERSONERO COMO DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 152°.  Modificado por el art. 4°, Ley 3 de 1990. <El nuevo texto es el siguiente> Son atribuciones del Personero, que cumplirá como defensor de los derechos humanos, las siguientes:

1. Recibir las quejas y reclamos que cualquier individuo o institución le hagan llegar, referentes a la violación por parte de funcionarios del Estado, o por agentes ajenos al Gobierno, de los derechos civiles o políticos y de las garantías sociales.

2. Solicitar las informaciones que al respecto considere necesarias, para lo cual tendrá acceso a las dependencias de carácter nacional, departamental y municipal de su jurisdicción.

Todas las autoridades que realicen capturas o retenciones, allanamientos o actos que limiten la libertad de los ciudadanos, deberán notificar tales acciones, su motivo y el lugar de su realización al Personero Municipal de la respectiva jurisdicción en un término no superior a las 24 horas siguientes a la realización de dichos eventos, so pena de constituir causal de mala conducta que será sancionada con la destitución del empleo.

3. Solicitar a los funcionarios de la Rama Jurisdiccional los informes que consideren necesarios, sobre los hechos investigados que se relacionen con la violación de los derechos humanos y que hubieren sido sometidos en el respectivo municipio, sin que para tales efectos exista reserva del sumario, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal para tales efectos.

4. Promover la acción jurisdiccional en los casos que exista fundamento para ello.

5. Poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos, que a su juicio, impliquen situaciones irregulares, a fin de que sean corregidas o sancionadas por la administración.

6. Presentar informes anuales al Concejo Municipal y a las Procuradurías regionales, sobre la situación de los derechos humanos en su municipio y recomendar las medidas pertinentes.

7. Impulsar en coordinación con las autoridades educativas del municipio, programas de educación y conciliación sobre los derechos fundamentales del hombre.

8. Ejercer las demás funciones que le asigne la ley, el Concejo Municipal y las autoridades competentes en desarrollo de las normas consignadas en el presente artículo".

El texto original era el siguiente:

Artículo 152°. Salvo lo dispuesto en el artículo 150, las normas del presente capítulo empiezan a regir el 1o. de enero de 1987.

TÍTULO VIII

DE LOS TESOREROS

Artículo 153º. Derogado por el art. 5°, Ley 53 de 1990.

El texto derogado era el siguiente:

Artículo 150°. Los Tesoreros tendrán período de un año contado a partir del 1 de enero.

Suprímase la palabra "tesorero" o "tesoreros municipales", por el art. 25, Ley 78 de 1986

Artículo 154º. Todo individuo que sea nombrado Tesorero deberá asegurar su manejo.

Artículo 155º. Derogado por el art. 12, Ley 49 de 1987. 

El texto derogado era el siguiente: 

Artículo 155°. Los Tesoreros tendrán jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro puntual de las obligaciones a favor de los municipios. Dicha función la ejercerán conforme a lo dispuesto en los artículos 68, 79 y 252 del código contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), y 561 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

TÍTULO IX

DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS

Reglamentado por el  Decreto Nacional 3446 de 1986 y por el Decreto Nacional 1967 de 1992 

Artículo 156º. Las entidades descentralizadas municipales se someten a las normas que contenga la ley y a las disposiciones que, dentro de sus respectivas competencias, expidan los Concejos y demás autoridades locales en lo atinente a su definición, características, organización, funcionamiento, régimen jurídico de sus actos, inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de sus juntas directivas, de los miembros de éstas y de sus representantes legales.

Artículo 157º. Derogado por el art. 186, Ley 142 de 1994.

Otras Modificaciones: adicionado por el art. 20, Ley 53 de 1990.

El texto original era el siguiente: 

Artículo 157°. Las juntas o consejos directivos de los establecimientos públicos y de las empresas industriales o comerciales encargados de la prestación directa de los servicios municipales estarán integrados, así: una tercera parte de sus miembros serán funcionarios de la correspondiente administración municipal; otra tercera parte, representantes de los respectivos Concejos; y la tercera parte restante, delegados de entidades cívicas o de usuarios del servicio o servicios cuya prestación corresponda a los citados establecimientos o empresas.

Ver art. 16, Decreto Nacional 1967 de 1992.

Artículo 158º. Los actos que creen las entidades o sus estatutos orgánicos indicarán los funcionarios que hacen parte de las respectivas juntas o concejos y advertirán que si dichos empleados pueden delegar su representación, lo harán designando siempre a otros funcionarios de la administración municipal.

La presidencia de las juntas o consejos corresponde al Alcalde.

Artículo 159º. Los representantes de los Concejos en las juntas directivas de que trata el presente Título podrán ser Concejales principales o suplentes, o personas ajenas a dichas corporaciones.

Su período no podrá ser mayor del que corresponde al Concejo que representan.

Artículo 160º. No podrán ser delegados de los usuarios en las juntas o concejos directivos quienes en el momento de la designación o elección tengan el carácter de funcionarios públicos municipales o sean miembros principales o suplentes del Congreso Nacional, las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales.

Artículo 161º. Los particulares y Concejales principales y suplentes no podrán ser miembros de más de dos juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas municipales.

Los empleados o funcionarios públicos no podrán recibir remuneración por su asistencia a las juntas o consejos directivos de que formen parte en virtud de mandato legal o por delegación.

Los miembros de las juntas o consejos directivos no podrán ser entre sí ni con el gerente o director de la respectiva entidad parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Habrá lugar a modificar la última elección o designación que se hubiere hecho, si con ella se violó la regla aquí consignada.

Las juntas o consejos directivos y los gerentes o directores no podrán designar para empleos en la respectiva entidad a los cónyuges de éstos o de los miembros de aquéllas ni a quienes fueren parientes de dichos gerentes, cónyuges o miembros dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 

Ver Oficio de fecha 4.07.95. Oficina de Estudios y Conceptos Jurídicos. Inhabilidades. CJA13051995

Artículo 162º. Los miembros de las juntas directivas aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese sólo hecho la calidad de empleados públicos.

Reglamentado por el Decreto Nacional 3446 de 1986.

Artículo 163º. La aplicación de las sanciones que se hubiere lugar por violación de las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de las juntas directivas y de sus miembros y de los representantes legales de las entidades descentralizadas se hará por la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 164º. Las disposiciones de los anteriores artículos, son aplicables a las entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado que tengan a su cargo la prestación de servicios públicos locales. En estos casos, se asegurarán la presencia de funcionarios municipales, de representantes de los Concejos y delegados de entidades cívicas o de usuarios en las juntas directivas, guardando las proporciones antes anotadas. 

Reglamentado por el Decreto Nacional 3446 de 1986.

En los actos que autoricen o creen sociedades de economía mixta para la prestación de servicios locales, también se buscará dar cumplimiento a los artículos del presente Código, relacionados con la participación de los usuarios en la administración de las entidades correspondientes.

Ver art. 26, Decreto Nacional 1967 de 1992.

Artículo 165º. Transitorio. Antes del 17 de enero de 1987 los Concejos Municipales, los Alcaldes y las Juntas o Concejos Directivos, conforme a sus respectivas competencias, procederán a reformar los estatutos orgánicos de las entidades descentralizadas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Título.

TÍTULO X

DE LOS BIENES Y RENTAS MUNICIPALES

CAPÍTULO I

DE LOS BIENES

Artículo 166º. Los bienes y rentas de las entidades territoriales son de su propiedad exclusiva; gozan de las mismas garantías que la propiedad y rentas de los particulares y no podrán ser ocupados sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones respecto de derechos o impuestos de tales entidades. (Artículo 183 de la Constitución Política).