RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCIÓN 2853 DE 2020

 

(Abril 26)

Derogado por el art. 18, Resolución 3370 de 2020.

 

Por la cual se toman medidas en materia de actuaciones administrativas, contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de infraestructura e interventorías en el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19

 

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU,

 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las contempladas en los Acuerdos 001 y 002 de 2009 y 002 de 2017 del Consejo Directivo, el artículo 6º del Decreto Nacional 491 de 2020 y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Organización Mundial de la Salud -OMS, el pasado 11 de marzo anunció que el brote del virus identificado como CORONAVIRUS -COVID 19- es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación y declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII).

 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en artículo 69 de la Ley 1753 de 2015 declaró el estado emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID19 en todo el territorio nacional hasta 30 de mayo 2020 y, ordenó a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control sanitario y adoptó una serie medidas con objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

 

Que conforme con el parágrafo 1° del artículo 2.8.8.1.4.3 del Decreto Nacional 780 de 2016^[1] “(…) en caso de epidemias o situaciones de emergencia nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por expertos con el objeto de limitar la diseminación de una enfermedad o un riego que se haya extendido ampliamente dentro de un grupo o comunidad en una zona determinada.”

 

Que el artículo 3º de la Ley 1523 de 2012 dispone que la gestión de riesgo debe orientarse, entre otros por los principios de protección y de solidaridad social, el primero de los cuales enuncia que “Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados.”

 

Que el principio de solidaridad social implica que: “Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la salud de las personas”.

 

Que el compromiso con las políticas de prevención en materia de salud pública por causa del riesgo de contagio del CORONAVIRUS -COVID 19- y sus graves consecuencias, se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad, y el artículo 95 de la Carta que establece como deber de la persona y del ciudadano, obrar conforme al principio de solidaridad social.

 

Que la Corte Constitucional mediante la sentencia T-021/18 definió la solidaridad como un deber impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo, que “inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo (…) La vigencia de este principio elimina la concepción paternalista, que crea una dependencia absoluta de la persona y de la comunidad respecto del Estado y que ve en este al único responsable de alcanzar los fines sociales. Mediante el concepto de la solidaridad, en cambio, se incorpora a los particulares al cumplimiento de una tarea colectiva con cuyas metas están comprometidos, sin perjuicio del papel atribuido a las autoridades y entidades públicas (…)”.

 

Que conforme con el artículo 29 de la Constitución Política es un deber de las autoridades salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de los ciudadanos.

 

Que a su vez el artículo 7º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece como deber de las autoridades la atención personal al público, en los horarios previstos y la habilitación de espacios de consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público.

 

Que la emergencia sanitaria por causa de la presencia del virus COVID-19 constituye un hecho de fuerza mayor, exterior, irresistible e imprevisible^[2], por lo cual es deber de la entidad pública adoptar las medidas transitorias que garanticen la seguridad de la salud de los servidores, la protección de los usuarios, así como el respeto por la seguridad jurídica y al debido proceso de los usuarios e interesados en las actuaciones del Instituto, para lo cual se deben adecuar las condiciones de prestación del servicio frente a la inminencia de la situación y su posible interrupción.

 

Que, el Gobierno Nacional y Distrital, ante la presencia del virus COVID-19 en Colombia, han trazado lineamientos sobre las acciones de contención del virus en el territorio de su jurisdicción.

 

Que los organismos de control se han pronunciado frente a la situación de crisis del país, es tal sentido, el Procurador General de la Nación, mediante Directiva 6 del 10 de marzo de 2020^[3], “EXHORTA a las entidades territoriales, empresas administradoras de planes de beneficios y a los prestadores de servicios de salud públicos y privados, a socializar e implementar de manera anticuada (sic) los lineamientos para la preparación y respuesta de los posibles casos de Covid-19, que puedan llegar a presentarse dentro de su jurisdicción, basados en las directrices y apoyo técnico que para tal efecto disponga el Ministerio de Salud y Protección Social…”.

 

Que conforme con el Decreto Nacional 417 del 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional declaró “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días” con el fin de adoptar todas aquellas medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos derivados de la pandemia COVID-19.

 

Que mediante el Decreto Nacional 457 de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, período que fue prorrogado mediante el Decreto Nacional 531 de 2020 hasta el 26 de abril, inclusive, de 2020, y con el Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID -19.

 

Que de la misma forma mediante el Decreto Distrital 106 del 08 de abril de 2020, se imparten las órdenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C, hasta el 26 de abril, inclusive, de 2020.

 

Que mediante el Decreto Distrital 121 del 26 de abril de 2020, se establecen medidas transitorias con el fin de garantizar la prestación del servicio público de transporte, la movilidad en la ciudad de Bogotá D.C. y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 

Que el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, conforme con la situación de crisis sanitaria, a efecto de garantizar la salud de los servidores, colaboradores y usuarios de los servicios prestados, bajo los criterios de autocuidado y responsabilidad social, expidió la Resolución IDU-2779 del 23 de marzo de 2020 suspendiendo los términos a algunas actuaciones y procesos administrativos que cursan, desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril de 2020, la cual se prorrogó con la Resolución 2824 del 8 de abril hasta el 26 de abril, inclusive de 2020.

 

Que a través del Decreto Nacional 440 de 2020, el Presidente de la República adoptó medidas de urgencia en materia de contratación estatal con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.

 

Que mediante Concepto No. 2263 del 17 de marzo de 2016 el Consejo de Estado se pronunció frente a las medidas unilaterales que pueden adoptar las entidades públicas con ocasión de la ocurrencia de circunstancias que se puedan catalogar como fuerza mayor y/o caso fortuito “(…) que en atención al mandato de dirección general del contrato que consagra el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, la entidad estatal puede acordar con el contratista las modificaciones que resulten necesarias para orientar el cumplimiento de la finalidad del contrato; o puede, con el mismo propósito, ejercer las facultades excepcionales consagradas en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. (…) se puede afirmar que es viable la modificación del contrato de forma consensuada o unilateral para variar sus límites temporales y, por tanto, para ampliar o reducir los plazos de ejecución del mismo, entre otras razones, por la aparición de circunstancias nuevas o de causas imprevistas que no se contemplaron en el momento de su celebración, y con el exclusivo objeto de “evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos” a cargo de la entidad contratante”

 

“Así las cosas, la suspensión acordada de la ejecución de los contratos no puede convertirse en un mecanismo para amparar incumplimientos de cualquiera de las partes, o corregir los efectos del incumplimiento, pues no está concebida como una figura que exonere a la entidad estatal de su deber de planeación, ni el deber del contratista de cumplir cabalmente sus obligaciones. Su finalidad es preservar el vínculo contractual cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico. Recuerda la Sala que, si bien la tarea de la Administración en la contratación estatal es velar por la protección del interés público ínsito en los contratos estatales, que compromete el cumplimiento de necesidades impostergables de la comunidad, dicha finalidad no habilita a las entidades para utilizar cualquier medio en el logro del interés público propuesto. Por el contrario, las herramientas jurídicas que decida utilizar el Estado para cumplir este fin deberán ser legítimas y estar plenamente justificadas (…)”

 

Que el Instituto de Desarrollo Urbano expidió la Resolución IDU-2782 del 24 de marzo de 2020 ordenando la suspensión de los contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de infraestructura e interventorías de la órbita de competencia del Instituto, del 25 de marzo hasta el 13 de abril; plazo que fue prorrogado mediante Resolución 2823 del 8 de abril de 2020 hasta el 26 de abril, inclusive, de 2020.

 

Que conforme con el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, se establecieron parámetros para la prestación de los servicios a cargo de las autoridades, los cuales se darán a conocer en sus respectivas páginas web y sus canales oficiales de comunicación e información, así como los mecanismos tecnológicos que emplearán para el registro y respuesta de las peticiones; prevé, así mismo, la notificación o comunicación de los actos administrativos por medios electrónicos, así como la habilitación de un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones. (Artículos 3º y 4º)

 

Que la norma prevé que las autoridades administrativas, por razón del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años; en todo caso los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza previstos en la Ley que regule la materia. La suspensión de términos a que se refiere el presente artículo también aplicará para el pago de sentencias judiciales. (Artículo 6º)

 

Que igualmente prescribe que durante el período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades cuando no cuenten con firma digital, podrán válidamente suscribir los actos, providencias y decisiones que adopten mediante firma autógrafa mecánica, digitalizadas o escaneadas, según la disponibilidad de dichos medios. (Artículo 11) y establece que los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. (Artículo 12)

 

Que también se prevé la ampliación de los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 respecto de las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria. (Artículo 5º).

 

Que dispone también que las autoridades deberán reportar a las respectivas Aseguradoras de Riesgos Laborales la lista de los servidores públicos y contratistas que durante el período de aislamiento preventivo obligatorio presenten sus servicios a través de teletrabajo o trabajo en casa. (Artículo 18).

 

Que mediante Circular Conjunta 001 de 2020 proferida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo, se impartieron orientaciones sobre medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el sars-cov-2 (COVID-19), dirigidas a los actores del sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros.

 

Que el vertiginoso escalamiento del brote del Coronavirus COVID-19, hasta configurar una pandemia, representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, y cuyo crecimiento exponencial es imprevisible, sumado a los efectos económicos negativos que se han venido evidenciando, es un hecho que, además de ser una grave calamidad pública, constituye en una grave afectación al orden económico y social país, que justificó la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social.

 

Que la Organización Internacional del Trabajo en el comunicado de fecha de 18 de marzo de 2020 sobre el “El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas”; insta a los Estados a adoptar medidas urgentes para (i) proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus COVID-19; (ii) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; (iii) estimular la economía y el empleo, y (iv) sostener los puestos de trabajo y los ingresos, con el propósito respetar los derechos laborales, mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida.

 

Que mediante la Circular Conjunta 0000003 del 8 de abril de 2020 suscrita por los ministros de Salud y Protección Social, Transporte y Trabajo se impartieron orientaciones en materia de protección dirigidos al personal de los proyectos de Infraestructura transporte que continúan su ejecución durante la emergencia sanitaria, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de exposición y contagio por infección respiratoria aguda por coronavirus COVID-19.

 

Que conforme con el Decreto Legislativo 539 de 2020 los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el Ministerio de Salud y Protección Social, que se requieran para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 

Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y el 575 de 2020 (ver artículo 9º sobre predios), el Gobierno Nacional adoptó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y su infraestructura, así como para mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y de la Emergencia Sanitaria.

 

Que conforme con el artículo 14 del Decreto Legislativo 569 de 2020 “Durante el término de la emergencia sanitaria declarada por Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, o durante término de cualquier emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, se permitirá la continuidad y desarrollo de obras de infraestructura, siempre que la entidad contratante verifique que las mismas puedan desarrollarse en cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para la continuidad de las obras de infraestructura las autoridades del orden nacional coordinarán lo correspondiente con las autoridades locales”.

 

Que mediante la Circular 26 del 24 de abril de 2020 del Secretario de Salud de Bogotá se expidieron las recomendaciones para la reactivación de actividades del sector construcción en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.

 

Que el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto Nacional 593 del 24 de abril de 2020 prevé que: “Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID -19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial".

 

Que mediante el Decreto Distrital 121 del 26 de abril de 202 se establece que a partir del 27 de abril se dará autorización para el inicio de actividades a las empresas del sector de la construcción que cumplan con los requisitos establecidos en las normas expedidas tanto por el Gobierno Nacional referentes a la implementación de protocolos de bioseguridad, como las disposiciones que se establecen en el citado decreto.

 

Que el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU si bien expidió conforme con la situación de crisis sanitaria las Resoluciones 2779 y 2824 de 2020 (sobre suspensión de términos a algunas actuaciones y procesos administrativos) y 2782 y 2823 de 2020 (sobre suspensión de los contratos y convenios interadministrativos, consultorías, contratos de obra, de infraestructura e interventorías), se hace preciso integrarlas en una sola norma y actualizarlas conforme con las órdenes que a nivel nacional y distrital se han expedido en relación con la reactivación progresiva de la economía.

 

Que en los anteriores términos, si bien el Instituto mantendrá la suspensión de términos en determinadas actuaciones administrativas hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020, reiniciará a partir del próximo 27 de abril de 2020, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos para el efecto, las Consultorías y Obras de Infraestructura que se encuentran en ejecución en el área urbana y rural del Distrito Capital y sus respectivas Interventorías, esto es, que se garanticen las medidas de bioseguridad e integridad de todo el personal que labora en los proyectos de infraestructura de transporte.

 

Que en estos términos este Despacho,

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º. Prórroga de suspensión de contratos asociados a la ejecución de obras de infraestructura vial en Bogotá. Prorrogar la suspensión de las actividades de obra, consultoría e interventoría que se desarrollen en campo, hasta tanto no se cumpla con registro y cumplimiento de los planes de movilidad segura y los protocolos de bioseguridad y salud pública, en los términos del Decreto Distrital 121 de 2020.

 

PARÁGRAFO. Los contratistas e interventores en tanto los contratos se encuentren suspendidos, de manera coordinada mantendrán lo necesario para el retiro, disposición y custodia de los elementos que actualmente se encuentran empleados en la ejecución de las obras, atendiendo para ello todas las medidas de seguridad y transporte exigidas por el ordenamiento jurídico.

 

ARTÍCULO 2º. Modificado por art. 2, Resolución 2896 de 2020. <El nuevo texto es el siguiente> Trámite para la autorización de inicio de actividades de contratos asociados a la ejecución de obras de infraestructura vial en Bogotá. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 121 de 2020, para el reinicio de la ejecución de las obras, cada empresa del sector de la construcción en Bogotá, deberá realizar los planes de movilidad segura y los protocolos de bioseguridad y salud pública.

 

Para el efecto, las interventorías de cada contrato realizarán el acompañamiento, de ser necesario, en el proceso de elaboración de los planes y protocolos exigidos para el reinicio de las obras. Por su parte, las consultorías e interventorías para obra, diseño y construcción que requieran actividades en terreno, deberán presentar también dichos planes y protocolos.

 

En consecuencia, previa verificación y aprobación por el interventor para los contratos de obra y el supervisor para los contratos de interventoría, de los elementos y condiciones previstos en dichos planes y protocolos de bioseguridad y salud pública presentados e implementados por el contratista, se procederá de común acuerdo entre éste y el interventor o supervisor, según sea el caso, a la suscripción de la correspondiente acta de reinicio.

 

Tanto interventores como supervisores deberán remitir al Subdirector General respectivo, según corresponda, un informe en el que conste que se verificaron los protocolos de bioseguridad y el plan de movilidad segura, según las disposiciones emitidas y vigentes en esta materia. Este informe será remitido a las Secretarías Distritales de Salud y Movilidad.

 

Lo anterior, sin perjuicio que con ocasión del monitoreo que efectué la Secretaría Distrital de Salud, al cumplimiento de las medidas implementadas, requiera la realización de ajustes al protocolo de bioseguridad presentado y la aplicación de las medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud pública contempladas en la Ley 9ª de 1979

El texto original era el siguiente:

Trámite para la autorización de inicio de actividades de contratos asociados a la ejecución de obras de infraestructura vial en Bogotá. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 121 de 2020, para el reinicio de la ejecución de las obras, cada empresa del sector de la construcción en Bogotá, deberá realizar su inscripción y registro de los planes de movilidad segura y los protocolos de bioseguridad y salud pública, en la plataforma que se encuentra en el link www.bogota.gov.co/reactivacion-economica

Para el efecto, las interventorías de cada contrato realizarán el acompañamiento en la elaboración de los formatos y formularios requeridos para el proceso de registro de los planes y protocolos exigidos para el reinicio de las obras. Por su parte las consultorías e interventorías para obra, diseño y construcción que requieran actividades en terreno, deberán realizar su inscripción en la plataforma.

Una vez verificado el recibo y la completitud de la información referente a los planes y protocolos y conforme con el certificado expedido por la Alcaldía Mayor o la entidad designada para el efecto, y previa verificación y aprobación por parte de la interventoría de los planes de implementación de los elementos, medidas y condiciones previstos en dichos planes y protocolos de bioseguridad y salud pública registrados por el contratista, se procederá de común acuerdo entre éste y el interventor a la suscripción de la correspondiente acta de reinicio.

Lo anterior, sin perjuicio que con ocasión del monitoreo que realice la Secretaría Distrital de Salud, se requiera la realización de ajustes al protocolo de bioseguridad presentado y la aplicación de las medidas de seguridad encaminadas a proteger la salud pública contempladas en la Ley 9ª de 1979.

 

ARTÍCULO 3º. Modificado por art. 3, Resolución 2896 de 2020. <El nuevo texto es el siguiente> Prórroga de suspensión de Convenios y Contratos Interadministrativos. Prorrogar la suspensión hasta el 24 de mayo, inclusive, de 2020, de los Convenios y Contratos Interadministrativos cuya ejecución no sea posible continuar dadas las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución, salvo que se trate de un convenio o contrato interadministrativo que sea necesario para el óptimo cumplimiento de la labor que adelanta la entidad.

 

En todo caso la suspensión a que se refiere este artículo deberá estar precedida de un concepto técnico del área correspondiente respecto a su viabilidad.

 

Respecto de aquellas actividades que impliquen salida a terreno en desarrollo de Convenios y Contratos Interadministrativos, los contratistas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2º de esta Resolución.

El texto original era el siguiente:

Prórroga de suspensión de Convenios y Contratos Interadministrativos. Prorrogar la suspensión hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020, de los Convenios y Contratos Interadministrativos cuya ejecución no sea posible continuar dadas las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución, salvo que se trate de un convenio o contrato interadministrativo que se relacione con alguna de las excepciones previstas en el citado artículo 1º o que sea necesario para el óptimo cumplimiento de la labor que adelanta la entidad.

En todo caso la suspensión a que se refiere este artículo deberá estar precedida de un concepto técnico del área correspondiente respecto a su viabilidad.

Respecto de aquellas actividades que impliquen salida a terreno en desarrollo de Convenios y Contratos Interadministrativos, los contratistas deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 2º de la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 4º. Continuidad de trámites y actuaciones. La suspensión de cada contrato y convenio se refiere a su ejecución física, por tanto, los trámites administrativos asociados a éstos, tales como desembolsos o aprobación de informes se podrán realizar de manera habitual, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles, con el fin de evitar la afectación de derechos, de las partes e intereses de terceros.

 

ARTÍCULO 5º. Prorroga de Suspensión de Términos en Procesos de Selección. Prorrogar la suspensión de los términos previstos en la ley y en los procedimientos internos, para todas las etapas de los procesos de selección, en cualquiera de sus modalidades, que actualmente adelanta la entidad y que se encuentren publicados en el portal SECOP II, hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020; salvo aquellos que el Comité de Gestión Precontractual considere estrictamente necesarios para atender el óptimo funcionamiento del Instituto o aquellos exceptuados conforme con las disposiciones expedidas, en el marco de la emergencia económica y social.

 

ARTÍCULO 6º. Prórroga de la Suspensión de Términos en revisión y evaluación de proyectos de APP. Prorrogar la suspensión hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020, la revisión y evaluación de proyectos de Asociación Público Privada –APP- de iniciativa privada en la etapa de prefactibilidad, con inclusión de plazo máximo para la entrega de los documentos en dicha etapa.

 

ARTÍCULO 7º. Prórroga de la Suspensión de Términos Administrativos en Materia de Liquidaciones. Ordenar la prórroga de la suspensión de los términos en todas las actuaciones y trámites administrativos que se adelantan ante el Instituto relacionados con las liquidaciones contractuales hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020.

 

ARTÍCULO 8º. Prórroga de la Suspensión de Términos de Actuaciones Administrativas Sancionatorias. Prorrogar la suspensión de las actuaciones administrativas sancionatorias y los términos procesales correspondientes, conforme lo previsto en las Leyes 1474 y 1437 de 2011 y en los procedimientos internos hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020.

 

PARÁGRAFO. Las Audiencias, a que hace referencia el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que a la fecha se encuentren programadas dentro del período de suspensión mencionado, deberán ser reprogramadas para fechas posteriores al levantamiento de la suspensión.

 

ARTÍCULO 9º. Reanudación de Términos Administrativos en Materia de Gestión de Adquisición Predial. Reanudar los términos procesales de todas las actuaciones administrativas que se adelantan para la adquisición por enajenación voluntaria o expropiación administrativa o judicial, de los predios requeridos para las obras de infraestructura de la malla vial arterial y de espacio público a cargo de la Dirección Técnica de Predios a partir del 27 de abril de 2020.

 

PARÁGRAFO. Las actividades en terreno que puedan implicar la reanudación de esta actividad deberán cumplir con protocolos sobre bioseguridad, correspondientes a medidas preventivas y de mitigación, a fin de evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 

ARTÍCULO 10º. Prórroga de la Suspensión de Términos de actuaciones administrativas y procesales para hacer efectivas Garantías de Estabilidad y Calidad. Prorrogar la suspensión de los términos de todas las actuaciones administrativas y procesales, a cargo de la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura, para hacer efectivas las garantías de estabilidad y calidad de obra, de cesión y de cargas urbanísticas entregadas por Urbanizadores al Instituto, con ocasión de la celebración de los contratos de obra de infraestructura vial y espacio público, hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020.

 

ARTÍCULO 11º. Prórroga de la Suspensión de Términos de actuaciones administrativas respecto a licencias de excavación. Prorrogar la suspensión de los términos de todas las actuaciones administrativas relacionadas con el otorgamiento, negación y control de licencias de excavación del espacio público, a cargo de la Dirección Técnica de Administración de Infraestructura, hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020.

 

PARÁGRAFO. Exceptúense de ese artículo aquellas actuaciones respecto del otorgamiento de licencias necesarias para dar viabilidad a la prestación de servicios de telecomunicaciones, fijas y móviles, en los términos del Decreto Legislativo 540 de 2020.

 

ARTÍCULO 12. Prórroga de la Suspensión de Términos Administrativos en Materia de Valorización. Prorrogar la suspensión de los términos en todas las actuaciones y trámites administrativos que se adelantan ante el Instituto de Desarrollo Urbano relacionados con la atención de los recursos, revocatorias directas y reclamaciones que presenten los contribuyentes en materia de valorización, así como, las de comunicación y notificación de las decisiones adoptadas en los mismos, que adelanta la Subdirección Técnica Jurídica y de Ejecuciones Fiscales, hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020.

 

ARTÍCULO 13. Prórroga de la Suspensión de Términos Administrativos y Procesales en Materia de Cobro Coactivo por Valorización. Prorrogar la suspensión de los términos legales en las actuaciones administrativas y procesales derivadas del cobro persuasivo y coactivo de la contribución de valorización que se adelanta en el Instituto, hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020.

 

ARTÍCULO 14. Suspensión de etapas de cobro de todos los Acuerdos de Valorización. Suspender las etapas de cobro ordinario y persuasivo de todos los Acuerdos de Valorización expedidos en el Distrito Capital que autorizaron el cobro de una Contribución de Valorización por beneficio general y local, hasta el 30 de mayo, inclusive, de 2020.

 

PARÁGRAFO 1º. Finalizada la suspensión objeto del presente artículo, se restablecerán las condiciones de la etapa de cobro en la que se encuentre la obligación de conformidad con las reglas de recaudo y beneficios expedidas para cada uno de esos cobros.

 

PARÁGRAFO 2º. En todo caso los ciudadanos deberán cancelar la obligación de pago por valorización en los eventos de adelantar algunas de las acciones contempladas en el artículo 13 del Decreto Nacional 1604 de 1966.

 

ARTÍCULO 15. Suspensión de Términos de Actuaciones Administrativas en materia disciplinaria y ejecución de auditorías del Plan Anual de Auditoría 2020. Corresponde al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario, suspender los términos de las actuaciones administrativas disciplinarias.

 

Corresponde al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en los términos de los artículos 27 y 28 de la Resolución IDU-2378 de 2020, determinar y ampliar los plazos de suspensión de la ejecución de Auditorías del “Plan Anual de Auditoría 2020” y las actividades asociadas a las mismas; así como también, los términos para la presentación y ejecución de acciones de Planes de mejoramiento internos.

 

PARÁGRAFO 1º. La ejecución de los planes de mejoramiento derivados de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., se supeditará a las disposiciones que en la materia establezca dicho ente externo de control.

 

PARÁGRAFO 2º. Los términos para la presentación de los informes de carácter obligatorio se supeditarán a la normatividad vigente. En caso de presentarse modificaciones a los términos o condiciones de la presentación de estos informes, se acogerán las disposiciones que determine la autoridad competente.

 

ARTÍCULO 16. Prórroga de la Suspensión de Servicio de Atención al Público de manera Presencial y Atención Virtual. Prorrogar la suspensión de la atención ciudadana y el recibo de documentación física en el Instituto, hasta el 10 de mayo, inclusive, de 2020, por lo cual se dispondrán los canales electrónicos necesarios para recibir denuncias, peticiones, consultas, reclamos y demás solicitudes ciudadanas o institucionales durante dicho lapso, las cuales bajo la orientación de los respectivos superiores o supervisores se garantizará su trámite, para lo cual se requerirá de la continuidad en el desempeño de las actividades de funcionarios y contratistas de apoyo desde sus hogares, para su trámite de manera virtual.

 

PARÁGRAFO 1º. Para la respuesta a las peticiones continuarán aplicándose los términos establecidos en el artículo 5º del Decreto Nacional 491 de 2020.

 

PARÁGRAFO 2º. La aplicación de este artículo estará en concordancia con lo previsto en la Circular IDU 15 de 2020 de la Dirección General.

 

PARÁGRAFO 3º. La Subdirección General Corporativa coordinará las acciones correspondientes a efecto de garantizar el óptimo funcionamiento de las canales oficiales de comunicación e información, así como los mecanismos tecnológicos que se emplean para el registro y respuesta de las peticiones; la notificación o comunicación de los actos administrativos por medios electrónicos, y la habilitación del buzón de correo electrónico para efectuar las notificaciones o comunicaciones.

 

PARÁGRAFO 4º. Lo previsto en este artículo sin perjuicio de la respuesta oportuna a las tutelas que se radiquen virtualmente y que deberán contestarse dentro del término previsto por el respectivo despacho judicial”.

 

ARTÍCULO 17. Verificación del envío de reporte de personas a la Aseguradora de Riesgos Laborales. Corresponde a la Subdirección General Corporativa verificar de manera permanente el envío del reporte a la Aseguradora de Riesgos Laborales de la lista de los servidores públicos y contratistas que durante el período de aislamiento preventivo obligatorio presten sus servicios a través de teletrabajo o trabajo en casa, en cumplimiento del artículo 18 del Decreto Nacional 491 de 2020.

 

PARÁGRAFO. Si el cumplimiento de alguna actividad implicara que servidores públicos y contratistas del Instituto durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, prestaran su servicio en terreno o fuera de sus casas, se deberá garantizar que estos cumplan con el protocolo general sobre bioseguridad establecidos en la Resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, o aquella que lo modifique, correspondientes a medidas preventivas y de mitigación, a fin de evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

 

ARTÍCULO 18. Continuidad de actuaciones y actividades. Sin perjuicio de las suspensiones previstas en la presente Resolución, se podrá dar continuidad a todos aquellos trámites y actuaciones que puedan surtirse por medios virtuales, con el fin de evitar la afectación de derechos e intereses de terceros.

 

ARTÍCULO 19. Coordinación de actividades y tareas. Los Directivos y Supervisores de cada dependencia del Instituto adoptarán las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos precedentes, y definirán en relación con su equipo de trabajo y apoyo a la gestión, las actividades que según su complejidad y necesidades del servicio deben ser atendidas por cada uno de los funcionarios y contratistas a su cargo.

 

ARTÍCULO 20. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su expedición, deberá divulgarse por los distintos canales virtuales de comunicación del Instituto y deroga las Resoluciones IDU 2779, 2782, 2823 y 2824 de 2020 expedidas por la Dirección General.

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

 

Dada en Bogotá, D.C., a los 26 días del mes de abril del año 2020.

 

DIEGO SÁNCHEZ FONSECA

 

DIRECTOR GENERAL

 

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