RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

[1] COMITÉ NACIONAL DE MEJORA NORMATIVA. “Política de Mejora Normativa”. Diciembre de 2019.

[2] Artículo 14 del Decreto 430 de 2018.

[3] Artículo 15 del Decreto 430 de 2018.

[4] Artículo 3°, numeral 9, de la Ley 1437 de 2011.

[5] Artículo 3, numeral 8, de la Ley 1437 de 2011.

ANEXO 

Política de Gobernanza Regulatoria para el Distrito Capital

Introducción

La regulación es un medio a través del cual los gobiernos intervienen en la sociedad para garantizar los derechos de los ciudadanos y la prestación de servicios. Dichas regulaciones suelen traducirse en trámites, obligaciones y requisitos que, de no estar bien diseñados, pueden generar costos excesivos e innecesarios a empresas, ciudadanos e inversionistas^[1]. “Entre otros, los desafíos incluyen evitar reglas duplicadas o traslapadas, regulación de baja calidad y una aplicación desigual. Estos desafíos se agudizan más cuando no existe una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sea por su autonomía o poca colaboración.”^[2]

Estas fallas, sin embargo, pueden ser resueltas con una Política de Mejora Normativa – PMN como una de las tres grandes políticas del Estado, junto con la Fiscal y la Monetaria, cuyo objetivo es mejorar la calidad y transparencia de las regulaciones y, con ello, el desarrollo económico del país^[3]. En efecto, los estudios realizados en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos - OCDE, señalan que una reducción del 25% de la carga regulatoria podría aumentar hasta 1,5% el PIB de la ciudad^[4].

Así́ mismo, la PMN pretende lograr que las normas expedidas por las entidades y organismos del Distrito revistan los parámetros de calidad técnica y jurídica y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica y un marco regulatorio y reglamentario que facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

Para ello, se demanda el concurso de actores con competencias especiales y determinadas, gestores normativos que deben avizorar con solvencia los efectos sociales, económicos, jurídicos y administrativos que derivan de las normas configuradas, así como evitar conflictos entre normas de mayor jerarquía, lo cual obliga a realizar un análisis histórico y del desarrollo normativo de orden nacional y distrital.

Ahora bien, a nivel nacional la Política de Mejora Normativa define la regulación como “el conjunto de instrumentos normativos por medio de los cuales los gobiernos establecen requisitos a los ciudadanos y las empresas, y sobre los cuales se espera un cumplimiento por parte de los actores regulados.”^[5],  de igual manera, incorpora el Ciclo de Gobernanza Regulatoria – CGR, con el fin de mejorar las fases del procedimiento regulatorio y lograr diseñar normas eficientes y eficaces.

No sobra señalar, que el Consejo de Estado en el Concepto 00066 de 2016^[6] consideró que, si la expresión “proyectos específicos de regulación” se determina a la luz del sentido general del término regulación, debe concluirse que dichos proyectos hacen referencia a la propuesta de norma jurídica que busca expedir la autoridad administrativa, sin que se limite o restrinja únicamente a la regulación económica-social. Para concluir que, cuando la Ley 1437 de 2011 ordena publicar los proyectos específicos de regulación, debe entenderse que ordena a las autoridades señaladas en el artículo 2º del CPACA a publicar los proyectos de actos administrativos de contenido general y abstracto que piensan proferir. 

En concordancia con lo anterior, es necesario resaltar que la Administración Distrital ha sido activa en el desarrollo de acciones tendientes a mejorar las prácticas normativas y de coordinación para la suscripción de actos y documentos administrativos tanto de las entidades distritales como del/la alcalde/sa mayor. Pese a ello, es importante la implementación de una Política de Gobernanza Regulatoria^[7], con el fin de elevar los estándares de calidad normativa en el Distrito que tienen impacto en los niveles de competitividad, en factores sociales y en la economía per se. Para ello, en el presente documento se exponen principios, buenas prácticas regulatorias y el procedimiento para la producción normativa en Bogotá, de conformidad con las lecciones aprendidas en política regulatoria nacional, en recomendaciones de alto nivel y en las experiencias de países OCDE, para continuar con la labor de mejora de la calidad de la regulación en Bogotá.

1. Antecedentes normativos

Esta Política sienta sus bases en el CONPES Nacional 3248 de 2003, a través del cual se aprobaron los lineamientos generales, el alcance y los mecanismos de evaluación del Programa de Renovación de la Administración Pública (PRAP) y señala las cuatro áreas que conforman la gestión jurídica del Estado, como uno de los componentes de apoyo transversal a la actividad estatal. En su momento, la producción normativa, junto con la asesoría jurídica; la contratación estatal y la defensa judicial la conformaron.

Paralelo a lo descrito, se encuentra la expedición del documento CONPES 3816 de 2014 “MEJORA NORMATIVA: ANÁLISIS DE IMPACTO”, el cual señaló como objetivo: “… sentar las bases para institucionalizar el Análisis de Impacto Normativo (AIN) en la etapa temprana del proceso de emisión de las normas desde la Rama Ejecutiva, como herramienta dirigida a fortalecer la confianza, efectividad y transparencia de la normatividad, en el mediano y largo plazo”, y adicionalmente, recomendó la creación de una instancia de alto nivel para coordinar y orientar la política de mejora normativa en entes territoriales, buscando con su implementación fortalecer medidas encaminadas a mejorar el proceso de emisión de normativa y adoptar herramientas relacionadas con este proceso, tales como el Análisis de Impacto Normativo.

El artículo 2.1.2.1.2.^[8] del Decreto Nacional 1609 de 2015^[9] señala que la finalidad de implementar una técnica normativa en la expedición de actos administrativos es poder racionalizar la expedición de decretos y resoluciones, dar seguridad jurídica y evitar la proliferación normativa. De igual forma, optimizar los recursos físicos y humanos utilizados en esta actividad. Lo anterior, con el fin de construir un ordenamiento jurídico eficaz, coherente y estructurado. Para ello, es necesaria la incorporación de diferentes herramientas como el deber de calidad formal, previsto en el artículo 2.1.2.1.15^[10] del citado decreto.   

Mediante el Decreto Nacional 1299 de 2018 se incluyó́ la Política de Mejora Normativa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con el fin de “que abarque aspectos de la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la divulgación del ordenamiento jurídico.”

La Política de Mejora Normativa^[11] estableció como objetivo^[12] la promoción del uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias para la eficacia, eficiencia, transparencia y coherencia de las normas expedidas por la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Para lograr los objetivos previamente planteados, y establecer metas^[13] concretas en la implementación de la Política de Mejora Normativa, se deben tener en cuenta las fases del ciclo de gobernanza regulatoria, que permite brindar una lectura integral de todos y cada uno de los actores, las herramientas y las instituciones que intervienen en el proceso de expedición de una nueva norma o la modificación de una existente.

De esta forma, la política de mejora normativa se basa en el ciclo de gobernanza regulatoria, el cual establece actividades de dirección, programación, ejecución y evaluación para que al interior de la administración se garantice la debida orientación y una sólida coordinación en la expedición de las normas, con la integración de manera lógica de las distintas etapas que componen el proceso regulatorio.

El Decreto Nacional 1273 de 2020 modificó el Decreto 1081 de 2015^[14] en relación con las directrices generales de técnica normativa. El citado decreto señaló entre otras, las excepciones al deber de publicar proyectos de regulación, con el fin de que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, a través de opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, los proyectos específicos de regulación, como también las excepciones a esta regla.

El Decreto Nacional 1468 de 2020 modificó parcialmente las Secciones 2°, 5° y 6° del Capítulo 7° del Título 1° de la Parte 2° del Libro 2° del Decreto 1074 de 2015^[15] en lo relativo a la aplicación del análisis de impacto normativo en los reglamentos técnicos y estableció el procedimiento en los cuales procede un análisis completo o simple.

La Ley 2085 de 2021 adoptó la figura de depuración normativa definiéndola como el Instrumento que permitirá decidir la pérdida de vigencia y derogación de grupos de cuerpos normativos de conformidad con los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, incumplimiento del objeto de la norma, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente.

Es preciso señalar que, el Departamento Nacional de Planeación puso a disposición de las entidades de orden nacional y territorial diferentes instrumentos para el desarrollo del ciclo de gobernanza, tales como: la Guía Metodológica para la Elaboración del Análisis de Impacto Normativo (AIN)^[16], la Guía para realizar la consulta pública en el proceso de producción normativa^[17], la Guía de calidad Claro para Servidores Públicos de Colombia^[18], Programa Nacional de Servicio al Ciudadano^[19] y la Guía Metodológica para la implementación de la Evaluación Ex Post de la Regulación^[20].  

A nivel distrital, el Decreto 430 de 2018^[21] adoptó el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito Capital - MGJP^[22] con el propósito de alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad jurídica que faciliten la toma de decisiones, la protección de los intereses del Distrito Capital y la prevención del daño antijurídico, con la Producción Normativa como uno de sus componentes temáticos^[23], encargado de la preparación, proyección y suscripción de los documentos y actos administrativos que deben expedir las entidades y organismos del Distrito^[24]

De conformidad con el artículo 15^[25] del Decreto 430 de 2018, la Producción Normativa debe garantizar la protección, coherencia, efectividad y eficiencia del ordenamiento jurídico distrital, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales, con el fin de brindar seguridad jurídica.

Asimismo, el artículo 20 de la precitada norma establece que la Secretaría Jurídica Distrital -SJD- debe expedir la política de mejora y racionalización normativa para el Distrito Capital. No obstante, la SJD deberá emitir los lineamientos^[26] relacionados con la revisión y trámite de los actos administrativos y demás documentos que deban ser suscritos, sancionados y/o avalados por el/la alcalde/sa mayor^, hasta tanto no se expida la política.

El Decreto Distrital 807 de 2019^[27] adoptó para el Distrito Capital el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y estableció las competencias de cada una de las instancias que de manera coordinada establecen las reglas, condiciones, políticas y metodologías que facilitan la implementación, evaluación y seguimiento del modelo. Así mismo, el artículo 20 íbidem determinó que la SJD es la responsable de liderar la Política de Mejora Normativa a Nivel Distrital.

Por otra parte, el artículo 6° del Acuerdo Distrital 761 de 2020^[28] estableció la participación ciudadana como uno de los enfoques con los que la administración comprende y atiende las realidades de quienes habitan en el Distrito Capital. Adicionalmente, en el Propósito 5, incorporó el programa 56 Gestión Pública Efectiva y como meta sectorial la No. 500 “Construir Bogotá-Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente” y cuyo cumplimiento se encuentra en cabeza del Sector Jurídico, prevé: “Diseñar, institucionalizar e implementar una política pública distrital de gobernanza regulatoria, que incluya la racionalizan de trámites”.

A su vez, el Decreto Distrital 069 de 2021^[29] establece el trámite para la participación ciudadana en los proyectos específicos de regulación, en desarrollo del numeral 8° del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, para todas las entidades del Distrito Capital que tienen la obligación legal de cumplir con dicha disposición. De igual forma, incorporar mecanismos adicionales a los dispuestos en la ley tendientes a promover, incrementar y garantizar el ejercicio de la participación ciudadana incidente en la emisión de actos regulatorios, definidos como “(…) todo proyecto de acto administrativo que pretenda desarrollar un mandato normativo específico, cuyo contenido sea general, abstracto, y además sea expedido por la autoridad competente^[30]”

En el 2020, la SJD diseñó e implementó una herramienta auto diagnóstica - HA “para determinar las temáticas específicas sobre las cuales recaería la regulación por parte de organismos y entidades distritales, en el contexto del proyecto de Política de Mejora Normativa para el Distrito Capital” y articular el proceso de implementación y liderazgo ejercido por la SJD en esta materia. Esta herramienta buscó identificar la expedición de documentos y actos administrativos - DAA, analizar las actividades relacionadas con las etapas del CGR y conocer con mayor detalle el cuerpo de abogados del Distrito Capital encargado de la producción normativa.

El Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo Distrital 846 de 2022 dictó los lineamientos para la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital e impartió directrices de obligatorio cumplimiento para todas las entidades distritales sobre la efectiva administración del acervo regulatorio a cargo del Distrito mediante buenas prácticas regulatorias y acciones de mejora regulatoria, con el objetivo de tener un entorno regulatorio eficiente que garantice la efectiva prestación de los servicios públicos, la garantía de derechos y el desarrollo económico, social y ambiental.

2. Objetivos de la Política de Gobernanza Regulatoria.

La Política de Gobernanza Regulatoria tiene por objetivo general promover el uso de herramientas y técnicas jurídicas, acciones de mejora normativa y buenas prácticas regulatorias, con el fin de lograr que las normas expedidas en el Distrito Capital cumplan con altos parámetros de calidad y resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples, en aras de fortalecer la seguridad jurídica, y un procedimiento unificado para la calidad en la producción normativa. 

La implementación de la política permitirá que el marco regulatorio y reglamentario facilite el emprendimiento, la competencia, la productividad, el desarrollo económico y el bienestar social.

La implementación de la política cumplirá con los siguientes objetivos específicos:

2.1 Unificar los lineamientos generales para la producción normativa para facilitar la labor de sus participantes y la coordinación entre las entidades.

2.2 Fortalecer y desarrollar los procesos para la implementación de la agenda regulatoria, la planificación normativa y la participación ciudadana en la elaboración de iniciativas, políticas, programas, propuestas de regulación y normativa en el Distrito Capital.

2.3 Mejorar el procedimiento para el diseño de la regulación, la creación de nuevas normas y la calidad del acervo normativo existente.

2.4 Consolidar el inventario normativo e implementar los procesos de evaluación de las normas en las entidades y organismos distritales y procurar su depuración, racionalización o modificación, de conformidad con los lineamientos que imparta la Secretaría Jurídica Distrital.

2.5 Promover la incorporación progresiva de tecnologías de información y comunicación entre los trámites y servicios para trámites y consultas.

3. Principios de la Política de Gobernanza Regulatoria

El proceso de producción normativa en el Distrito Capital estará orientado y soportado, además de los principios aplicables propios a la regulación o producción normativa, así como los contemplados en el Acuerdo Distrital 846 de 2022 se tendrán en cuenta los siguientes con el propósito de mejorar la relación entre el gobierno y la ciudadanía:

3.1. Eficacia: la medida regulatoria deberá ser adecuada y suficiente para resolver el problema identificado y cumplir los objetivos para los cuales fue creada.

3.2. Eficiencia: la medida regulatoria deberá lograr mayores beneficios (económicos, sociales y ambientales) que costos para el cumplimiento de sus objetivos.

3.3. Necesidad: la medida regulatoria debe ser requerida para mitigar un problema o un riesgo existente que afecta a la sociedad, así como para mejorar la norma cuando se evidencia un beneficio conforme a los procesos de seguimiento y evaluación que se realicen.

3.4. Participación: Las entidades y organismos distritales garantizarán a los sujetos regulados y terceros interesados, la difusión de los proyectos de actos normativos, para recibir aportes, comentarios o sugerencias en cada una de las etapas del Ciclo de Gobernanza Regulatoria.

3.5. Seguridad jurídica: El ordenamiento jurídico debe producir certeza y confianza en la ciudadanía respecto de la normativa vigente y sobre lo que previsiblemente lo será en el futuro.

3.6. Accesibilidad: la regulación debe ser comunicada adecuadamente, de manera que facilite la compresión y el acceso a ella por parte de los regulados y la ciudadanía interesada.

3.7. Publicidad: “las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso el valor de la misma”.[31]

3.8. Transparencia: “la actividad administrativa es del dominio público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la administración, salvo reserva legal.”^[32]

3.9. Responsabilidad y rendición de cuentas: Las Entidades y organismos Distritales tendrán a disposición de la ciudadanía los resultados de la implementación y cumplimiento de la Política de Gobernanza Regulatoria en cada una de sus etapas.

4. Regulación

La Política de Mejora Normativa, incorpora las siguientes categorías:

Regulación económica: Instrumentos normativos que interfieren directamente en el mercado (Ej. a nivel nacional: fijación de precios, límites para la entrada o salida de mercados, calidad de bienes y servicios, requisitos de información y etiquetado, etc.)

Regulación social: Instrumentos normativos que protegen derechos e intereses públicos (Ej. salud, educación, laboral, medio ambiente, seguridad, entre otros).

Regulación administrativa: Instrumentos normativos dirigidos a seguir procedimientos y trámites administrativos al interior de las organizaciones públicas (ej. Resoluciones de nombramientos, renuncias, condecoraciones, etc.)

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló frente al concepto de proyectos específicos de regulación que “(…) es posible entender este concepto a partir de un sentido general y un sentido específico. (…) La doctrina extranjera, en una concepción general del término regulación, la concibe como una norma jurídica, y por tanto, la actividad de regular como la potestad de promulgar dichas normas. En esta misma dirección, se han pronunciado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. (…). Una segunda aproximación al concepto de regulación propuesta por la doctrina es aquella que la entiende como una forma de intervención del Estado en la economía, postura que también ha sido adoptada por la jurisprudencia colombiana. En este contexto, a través de la regulación se busca corregir las “fallas del mercado”, alcanzar los fines del Estado, materializar los principios sociales, garantizar la libre competencia y la prestación eficiente de los servicios y maximizar el bienestar de los usuarios.

(…). Por su parte, bajo el concepto de regulación en sentido específico, la función regulatoria tendría como uno de sus instrumentos la potestad reglamentaria para desarrollar un mandato legal específico, aunque no se agotaría con ella, pues tal como se señaló, la función de regulación económica y social se entiende como una forma de intervención estatal en la economía para maximizar el bienestar de los usuarios y alcanzar los fines del Estado mediante la libre competencia y la prestación eficiente de los servicios públicos. Por lo tanto, la expedición de actos administrativos generales dirigidos a intervenir en la economía constituye apenas uno de los instrumentos como el Estado adelanta su función de regular”. ^[33] (Negrilla fuera del texto original).

En consecuencia, en desarrollo de las competencias previstas para las diferentes entidades y organismos distritales, en materia normativa las entidades realizan la expedición de actos de contenido general que involucran temáticas reguladoras y no reguladores, y de actos de carácter particular y concreto.

5. Reguladores a nivel distrital

Para efectos de la política se entenderá en el Distrito Capital la regulación como todo proyecto de acto administrativo que pretenda desarrollar un mandato normativo específico, cuyo contenido sea general, abstracto, y además sea expedido por la autoridad competente. Conforme con lo anterior, todas las entidades distritales pueden estar sujetas a procesos de regulación.

Sin embargo, en atención al análisis de la herramienta auto diagnóstica elaborada por la Secretaría Jurídica Distrital y publicada en diciembre de 2020^[34] se identificaron las entidades que tienen la función de expedición normativa de carácter general. Ello, no exime de una posible modificación y asignación del rol de regulador frente a actos administrativos que sean de carácter general y que cuenten con impactos económicos, sociales o tecnológicos, entre otros.

6. Ciclo de Gobernanza Regulatoria – CGR

El Ciclo de Gobernanza Regulatoria “(…) permite brindar una lectura integral de todas y cada una de las fases, actores, herramientas e instituciones que intervienen en el proceso de expedición de una nueva regulación o la modificación de una existente,”.^[35]  Incluye un proceso de consulta, análisis de pertinencia e impacto de las regulaciones.

El ciclo se encuentra subdividido en 6 etapas las cuales se incorporan a las herramientas existentes en el Distrito Capital:

1. Planeación

2. Diseño de la regulación

3. Consulta Pública de los proyectos de actos administrativos

4. Revisión de Calidad normativa

5. Publicación de la regulación

6. Evaluación

6.1 Planeación

La planeación normativa en la gestión jurídica permite a los diferentes organismos y entidades distritales facilitar el desarrollo de los proyectos, planes y programas previstos para el desarrollo interno.

Para el desarrollo de la planeación normativa, los organismos y entidades deberán tener en cuenta lo siguiente:

1. Identificación y análisis de los problemas que requieran una intervención a través de reglamentación distrital y/o sectorial.

2. Programación cuatrienal correspondiente al mismo periodo del Plan de Desarrollo, a través del cual se planifique gradualmente la regulación de las temáticas de su sector durante la administración de ejecución.

3. Coordinar la planeación normativa entre las entidades que representan el sector central, y sus entidades vinculadas y adscritas .

4. Realizar por cada entidad u organismo distrital la Agenda Regulatoria en la que se indicarán las temáticas que se pretenden expedir durante la vigencia, y que permiten el conocimiento y participación de la sociedad y los sujetos regulados. La Agenda Regulatoria, como herramienta para la planeación de la regulación, tiene por objeto presentar a la ciudadanía en general y a los sujetos regulados en particular, las necesidades de regulación existentes en cada una de los organismos y entidades distritales, a efectos de dialogar sobre su pertinencia o necesidad.  Para tal efecto, los organismos y entidades reguladoras indicarán “Los proyectos de actos administrativos que se pretenden expedir el siguiente año para conocimiento y participación de la sociedad y los sujetos regulados”.^[36]

Para tal efecto, la Agenda regulatoria debe contener:

a. La información de la entidad que lidera el proyecto y las entidades participantes

b. La temática de la regulación y la competencia para su expedición

c. La publicación para la participación ciudadana

d. La fecha posible de radicación del proyecto  de acto administrativo y/o específico de regulación para firma del/la alcalde/sa mayor.

La construcción de la agenda regulatoria incluirá el ejercicio preliminar por parte de las entidades, la retroalimentación y propuestas que hagan la ciudadanía o personas interesadas y el ejercicio de análisis que realice cada entidad frente a las propuestas de la ciudadanía.

Grafica No. 2 Fuente: Elaboración Secretaría Jurídica Distrital

1. Agenda Preliminar.  La construcción de la agenda preliminar implica el ejercicio coordinado al interior de la entidad a efectos de:

a. Preparar los insumos que serán incluidos en la agenda regulatoria. Las entidades y organismos distritales conforme con sus funciones y necesidades elaborarán un listado con las temáticas que se pretenderán regular según los aportes, inquietudes, sugerencias y participación de las dependencias involucradas o problemáticas generadas. Esta actividad se realizará de manera anual, a partir de febrero y hasta el 30 de octubre. En el primer año del periodo constitucional del/la alcalde/sa mayor la programación se realizará en agosto, una vez aprobado y armonizado el Plan de Desarrollo Distrital.

b. Publicación de la agenda regulatoria preliminar.  Las entidades presentarán el listado de las temáticas que se pretenderá regular en el año siguiente. Este listado permanecerá en la página web durante el mes de noviembre. 

2.  Consulta pública El listado de las temáticas que se pretenden regular estarán disponible en el sitio web para garantizar la participación ciudadana, este ejercicio incluye:

a. Comentarios y opiniones de las personas interesadas. Durante el mes de noviembre los interesados pueden emitir sus comentarios y opiniones sobre las temáticas propuestas por la entidad. Asimismo, podrán proponer otras temáticas de acuerdo con las funciones de las entidades.

b. Interlocución con la ciudadanía. En caso de que se considere necesario, la entidad distrital podrá solicitar a las personas que realizaron comentarios aclaraciones o adiciones sobre una temática en particular.

3. Agenda Regulatoria definitiva. Durante el mes de diciembre se realizará el análisis de las propuestas presentadas por la ciudadanía y se consolidarán las temáticas.

a. Publicación de la agenda definitiva. La agenda regulatoria definitiva deberá ser publicada entre la última semana de diciembre y los primeros 15 días de enero sin perjuicio de que pueda tener actualizaciones durante el año y deberá estar disponible en la página web de la entidad.

b. Remisión de la agenda a la Secretaría Jurídica Distrital: Las entidades deberán remitir la agenda regulatoria definitiva a la Secretaría Jurídica Distrital en enero del año siguiente en el formato adjunto al presente (Anexo 1). Esta información será publicada en el sistema de información jurídica LegalBOG https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico

La Secretaría Jurídica Distrital será la encargada de elaborar y/o modificar el formato de Agenda Regulatoria.

6.2. Diseño de la Regulación

El Diseño de la regulación implica la formulación, elaboración y evaluación de las alternativas para la solución de los eventos o problemas identificados que requieren intervención de las entidades y organismos distritales, con el fin de establecer si la solución más eficiente corresponderá a una producción normativa o a otro tipo de intervención.

En caso de que se opte por una solución no normativa, deberá informarse la decisión a la ciudadanía, lo cual se podrá realizar al momento de la actualización de la agenda regulatoria. Para ello, es necesario analizar previamente el impacto generado por determinada norma o regulación a efectos de tomar las decisiones de modificación o eliminación de la regulación.

Para tal efecto, se dará aplicación al Análisis de Impacto Normativo (AIN) cuando se requiera, y a los parámetros para la preparación y elaboración del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación.

6.2.1 Análisis de Impacto Normativo

El AIN es una metodología que permite, previa a la intervención de la administración, evaluar de manera sistemática su conveniencia, su justificación, sus potenciales impactos y las alternativas de solución del presunto problema jurídico, económico, social y/o ambiental, con el fin de tomar decisiones eficientes, eficaces, idóneas, proporcionales, transparentes, y en general de calidad.

Conforme con lo establecido en la Guía Metodológica para la elaboración de Análisis de Impacto Normativo Versión 2.0, el “objetivo principal de un AIN es brindar evidencia que soporte la intervención gubernamental, dado que en este se analizan las alternativas de intervención y sus posibles impactos, es decir, el AIN busca corroborar que previo a la expedición de una norma se escoja la mejor alternativa posible para la sociedad en su conjunto, garantizando que sus beneficios justifiquen sus costos. El AIN es una herramienta complementaria para mejorar la calidad del proceso de expedición de una regulación; además, ayuda a mejorar los procesos de participación, la transparencia y la rendición de cuentas” .^[37]

El Acuerdo Distrital 846 de 2022 dictó los lineamientos para la gobernanza regulatoria en el Distrito Capital e impartió directrices de obligatorio cumplimiento para todas las entidades distritales y dispuso en el artículo 4 que: “La Secretaría Jurídica Distrital desarrollará una Guía de Análisis de Impacto Normativo que describirá detalladamente los pasos para desarrollar el AIN. Esta Guía se hará conforme a los estándares internacionales sobre la materia y con base en las experiencias colombianas sobre la materia”, pese a lo anterior, revisada la Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) Versión 2.0,  diseñada por el Departamento Nacional de Planeación, se considera que la misma cumple con los parámetros técnicos y normativos y servirá de referencia y análisis para que sean aplicadas por parte de las entidades y organismos distritales. En tal sentido, en virtud del principio de economía se adopta el citado instrumento como parte del ciclo de diseño de la regulación en el marco de la política de gobernanza regulatoria. 

En tal sentido, las entidades y organismos distritales deberán aplicar o consultar la Guía Metodológica para la Elaboración de Análisis de Impacto Normativo (AIN) Versión 2.0^[38], conforme a las siguientes etapas:

Gráfica: 3 Fuente DNP – 2019

6.2.2 Preparación y elaboración del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación

Para la preparación y elaboración del acto administrativo y/o específico de regulación las entidades y organismos distritales deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Identificar la(s) disposición(es) de orden constitucional o legal que otorgan la competencia para expedir el acto administrativo. Si no existe, no podrá seguirse adelante con el trámite de elaboración del texto normativo.

b. Analizar los antecedentes y las razones de oportunidad y conveniencia que justifican su expedición.

c. Definir un propósito preciso y claro que se quiere materializar con la expedición del acto administrativo. La finalidad de la norma.

d. Establecer si existe alguna norma vigente que regule el mismo tema. De existir, explicar porque es insuficiente e identificar la norma que el proyecto de acto administrativo pretende derogar, modificar o sustituir.

e. Revisar y analizar las decisiones judiciales de los órganos de cierre de cada jurisdicción que pudieran tener impacto o ser relevantes para la expedición del acto, así como revisar los antecedentes jurisprudenciales para determinar si las altas Cortes o los Tribunales se han pronunciado sobre la materia a ser regulada o adoptada.

f. Identificar el destinatario del acto administrativo, lo que facilitará el uso del lenguaje adecuado a los propósitos de la disposición.

g. Adelantar un autodiagnóstico en cuanto a la prevención del daño antijurídico, es decir, preguntarse: (i) ¿el acto administrativo podría generar un daño antijurídico? así como (ii) ¿se adoptan los correctivos necesarios para evitar la producción de ese daño?”.

h. Elaborar la memoria justificativa o exposición de motivos del acto administrativo que incluirá:

i. El desarrollo de las actividades precedentes.

ii. Analizar los impactos positivos o negativos, considerando los actores que puedan ser afectados en los ámbitos jurídico, económico, presupuestal e incluso ambiental para determinar si la expedición de la norma se justifica y si es proporcionada de acuerdo con los siguientes aspectos:

a. Impacto jurídico. Se deberá manifestar qué se prevé para garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico, así como evitar problemas de interpretación y aplicación de los preceptos normativos que se proyecten frente a las disposiciones vigentes.

Incluirá la manifestación de ser nueva normativa o se listará(n) la(s) disposición(es) que se derogará(n), subrogará(n), modificará(n), adicionará(n) o sustituirá(n), si alguno o algunos de estos efectos se produce con la expedición del acto administrativo.

b. Impacto económico. En los eventos en que la naturaleza del acto administrativo así lo amerite, deberá señalarse este impacto y su alcance. Deberá contemplarse la posibilidad de proporcionar a los destinatarios el tiempo y medios suficientes para adaptarse a las nuevas condiciones que se dicten para el ejercicio de derechos y obligaciones.

c. Impacto presupuestal. Según el caso, se deberá identificar los costos fiscales del proyecto y la fuente para la financiación de dicho costo. En este caso, el proyecto será previamente conciliado con la Secretaría Distrital de Hacienda.

d. Impacto ambiental. Cuando se requiera, se deberá manifestar lo relacionado con este impacto, así como las medidas tomadas para mitigarlo. Cuando se requiera el proyecto deberá obtener le concepto previo de la Secretaría Distrital de Ambiente.

iii. Cumplir los requisitos de consulta y publicidad, en los casos que expresamente señala la ley. Caso en el cual se anexará la constancia del cumplimiento de esa obligación y se incluirá el resultado de la evaluación de las observaciones ciudadanas que se hubieren presentado.

iv. Incluir cualquier otro aspecto que la dependencia remitente considere relevante o de importancia para la adopción de la decisión.

v. Establecer de manera expresa las derogatorias que proceden con la expedición de la norma.

vi. Remitir, con la firma del jefe jurídico del organismo, el proyecto de acto administrativo para la revisión y suscripción de la autoridad administrativa correspondiente.

Para la elaboración del acto administrativo se deberá tener en cuenta el Anexo 2.  Estructura mínima del proyecto de acto administrativo.

La proyección del acto administrativo deberá tener en cuenta la claridad del texto de tal forma que sea entendible, lógico y no presente contradicciones. Adicionalmente, deberá usar un lenguaje claro que facilite su comprensión.

6.3. Consulta Pública de los proyectos de actos administrativos

La consulta pública facilita la interacción continua entre el Estado y los actores regulados, es una vía para consolidar la transparencia, legitimidad y confianza de estos últimos en las diferentes intervenciones del Estado y contribuye a evitar la adopción de alternativas arbitrarias y combatir la corrupción.^[39]

Esta consulta busca hacer partícipe a la ciudadanía en la construcción de lo público por medio de la disposición de espacios institucionales que faciliten el ejercicio del derecho a la participación ciudadana^[40] y que permita la recepción de opiniones y comentarios, así como el análisis de la entidad distrital a partir de las observaciones que presente la ciudadanía.

La Guía para la consulta pública en el proceso de la producción normativa establece beneficios que involucra a los ciudadanos, las nuevas tecnologías y las comunicaciones, la interacción entre los individuos y las organizaciones, como se evidencia en la siguiente gráfica:

Grafica 4. Beneficios de la consulta pública. Fuente DNP - 2019

Para efectos de la consulta pública, se publicarán todos los  soportes del proyecto de acto y se utilizará el portal único LegalBog al cual se puede acceder por el siguiente enlace https://legalbog.secretariajuridica.gov.co/regimen-legal-publico#/acto-admin-publico

6.3.1 Etapas del proceso de consulta

El proceso de consulta de los actos administrativos se compone de tres etapas que involucran su planeación, el ejercicio de participación y el análisis de los resultados.

Grafica 5. Fuente DNP - 2019

6.3.2. Consulta de los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación en LegalBog Participa

Todos los actos de contenido regulatorio deberán surtir las etapas de consulta previa a su aprobación con el objeto de dar aplicación a lo establecido en el numeral 8° del artículo 8 ° de la Ley 1437 de 2011.  Para ello, todas las entidades y organismos deberán publicar en el portal único LegalBog Participa por un término mínimo de cinco (5) días hábiles; plazo en el cual se recibirán las opiniones, observaciones, sugerencias o propuestas de la ciudadanía o grupos de interés.

6.3.3.  Consultas y audiencias públicas de los proyectos de actos

Las entidades y organismos distritales podrán desarrollar actividades de participación y consulta de acuerdo a las necesidades específicas y complejidad de las iniciativas de regulación. 

En tal sentido, por motivos de conveniencia la entidad promotora del proyecto podrá desarrollar una audiencia pública previa a la emisión del acto administrativo, por iniciativa propia, solicitud ciudadana o de otra entidad distrital.  En todo caso, la audiencia se celebrará con anticipación al acto que le ponga término a la actuación administrativa, y de la misma se dejará constancia en el expediente. 

Cuando el proyecto de acto se haya publicado en el portal LegalBog Participa, la solicitud de audiencia pública por parte de la ciudadana, se deberá solicitar por escrito dentro de los dos (2) días siguientes al primer día de publicación del mismo, justificando las razones para su realización. La entidad o entidades autoras del proyecto deberán analizar la solicitud y definirán su procedencia informando oportunamente al peticionario. 

a.  Procedimiento y trámite de la audiencia pública. 

Para efectos de la realización de la audiencia se seguirá el siguiente procedimiento.

1. La audiencia pública será convocada por las entidades distritales que pretenden emitir la norma, o por aquella que lidere la iniciativa por hacer gobierno con el (la) alcalde (sa) mayor de Bogotá.

2. La entidad encargada deberá realizar una convocatoria pública abierta de la audiencia a través de su página web, indicando la fecha, hora, lugar de celebración o link, y las materias a tratar.  Igualmente, deberá indicar el enlace donde está publicado el proyecto de acto, el procedimiento para el registro a la audiencia y el aforo total de la misma

3. La audiencia será presidida por el jefe de la entidad competente o su delegado/a. Si se trata de un acto administrativo que deba suscribir el (la) alcalde (esa) mayor de Bogotá, la audiencia será presidida por el secretario cabeza de sector o su delegado/a. 

Durante el desarrollo de la audiencia se podrán recibirse la información y documentos que se consideren conducentes y se realizarán

4. De la audiencia se levantará acta donde consten sucintamente las intervenciones, la cual hará parte del expediente normativo y de los antecedentes del acto administrativo.

b.  Solicitud de las consultas públicas. 

La entidad promotora del proyecto específico de regulación podrá, de oficio o por solicitud de algún interesado, realizar consultas sobre el impacto del mismo a entidades del nivel nacional, entidades sin ánimo de lucro reconocidas en la materia a regular, consejos consultivos de los sectores administrativos, instituciones educativas de nivel superior, o expertos en la materia, las cuales servirán de sustento adicional o darán claridad sobre las medidas a adoptar. En todo caso, el alcance de los conceptos será el establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, la entidad podrá o no acoger las recomendaciones allí contenidas. 

Los conceptos emitidos en el marco de estas consultas harán parte del expediente normativo, y de los antecedentes jurídicos del acto administrativo, siendo responsabilidad de la entidad promotora del acto regulatorio dejar constancia de la consulta, de la respuesta y de las razones que justifiquen si se adoptan o no las recomendaciones o sugerencias. 

En ningún caso los términos establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para la respuesta de las consultas, suspenderá el término del trámite establecido en el presente decreto, salvo que la entidad que lidere el asunto considere necesario que así sea. 

6.3.4.  Matriz de observaciones y respuesta a los proyectos. 

Todos los proyectos específicos de regulación deberán contar con una matriz en la que se incorporen las observaciones, opiniones, sugerencias o propuestas formuladas por la ciudadanía o grupos sociales; el análisis realizado por la entidad u organismo y las respuestas que indiquen si es acogida o no. 

En caso que se realice otro mecanismo de participación adicional, se dejará constancia de los resultados. La matriz debe estar suscrita por los/as directores/as o jefes/as de las respectivas oficinas jurídicas o quien haga sus veces, y por los/as directores/as o jefes de la dependencia que lidera la regulación en los aspectos técnicos. 

En la matriz de observaciones y respuestas, se deberá consignar claramente la siguiente información: 

1. Fecha de publicación del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación. 

2. Fechas de consulta pública y presentación de observaciones de los ciudadanos. 

3. Correo electrónico para el recibo de las observaciones, en el caso en que la publicación no se haya surtido por el portal único de publicación de actos administrativos distritales para la participación ciudadana incidente, conforme lo previsto en el artículo 10° del presente decreto. 

4. Propuestas u observaciones presentadas por los ciudadanos. 

5. Respuesta a las observaciones presentadas, considerando el análisis efectuado y señalando la conclusión a la que se llegó. 

6. Indicación de la participación incidente que señale si no se acogieron o si se acogieron total o parcialmente las observaciones y sugerencias de la ciudadanía en el proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación. 

Con el fin de contabilizar las observaciones que se presenten por la ciudadanía a la producción normativa de cada uno de los sectores, las entidades distritales objeto del presente decreto, deberán presentar sus matrices de producción normativa regulatoria, junto con las constancias referentes a las audiencias públicas y consultas realizadas a los expertos, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, de conformidad con las directrices que sobre el particular imparta la Secretaría Jurídica Distrital.

La Secretaría Jurídica distrital será la encargada de realizar la actualización de la matriz cuando se requiera y que corresponde al anexo No. 3 del presente documento, así como de realizar el seguimiento al proceso de participación ciudadana y expedición normativa.   

6.4.   Revisión de calidad normativa

6.4.1. Revisión técnica y jurídica

El organismo o entidad impulsora del proyecto de acto administrativo coordinará en su interior la participación de las diferentes dependencias según se requiera para garantizar la revisión técnica jurídica de la norma y la revisión específica de los posibles impactos. Adicionalmente, deberá tramitar y gestionar los documentos o conceptos técnicos con las entidades competentes y precaver eventuales demandas en contra.

Cuando el respectivo proyecto tenga impacto o comprenda materias propias de varios organismos, aquel que tenga la iniciativa deberá ponerlo en conocimiento de aquellos y coordinar lo pertinente para que el texto remitido para la firma del/la alcalde/sa mayor, se encuentre debidamente conciliado y refleje una visión integral y coherente del asunto.

Si el proyecto no logra ser conciliado entre los respectivos organismos o entidades, se informará a la Secretaría Jurídica Distrital, para que se promueva la dirección, coordinación y orientación de los asuntos jurídicos en el marco de las competencias otorgadas en el numeral 4.2. del Decreto Distrital 430 de 2018, en calidad de gerente del Modelo de Gestión Jurídica Pública - Gerencia Jurídica.

- Con el fin de prevenir el daño antijurídico, los organismos y entidades distritales deberán analizar si el acto administrativo de carácter general puede presentar riesgo de litigiosidad y adoptar los correctivos necesarios para evitar litigios.

Adicionalmente, cuando el proyecto de acto pretenda incorporar un reglamento técnico, deberá agregar los estudios técnicos que sustenten las medidas que se adoptarían a través del proyecto de reglamento técnico o de procedimientos de evaluación de conformidad.

6.4.2.  Revisión de Legalidad 

Una vez sea radicado en la Secretaría Jurídica Distrital el proyecto de acto administrativo por parte del ente regulador o por la cabeza de sector para que sea suscrito, la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos adelantará la revisión de calidad legal (legalidad) en pro de la mejora de la regulación.

6.4.2.1.- Revisión de Calidad Normativa para los actos y documentos administrativos para la firma del/la alcalde/sa mayor de Bogotá D.C. La revisión de legalidad previa a la firma del/la alcalde/sa mayor de Bogotá D.C., de los documentos con efecto legal se realizará por la Secretaría Jurídica Distrital previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Si el proyecto normativo impacta el plan de ordenamiento territorial, el plan de presupuesto, el plan de desarrollo distrital y cuando verse sobre proyectos, programas o políticas públicas, su revisión y firma deberá ser por la entidad que lidera el proyecto regulatorio y la cabeza del sector administrativo al que pertenezca.

2. El proyecto debe ser radicado ante la Secretaría Jurídica Distrital, con mínimo ocho (8) días hábiles de antelación a la fecha en que se deba expedir el respectivo acto, con el fin de que durante dicho plazo se surta la revisión del mismo.

Cuando se trate de proyectos de actos administrativos, cuya expedición obedezca a la ocurrencia de hechos o el acaecimiento de situaciones que ameriten tomar acciones y/o decisiones inmediatas, estos se podrán radicar por fuera del término antes indicado, con la justificación de la extemporaneidad de forma clara y concreta, por parte del organismo o entidad remitente.

3. Los proyectos únicamente deben ser suscritos por el/la alcalde/sa mayor y el/los secretario/s de despacho y/o el/los director/es de departamento administrativo, con quien/es de conformidad con el artículo 53^[41] del Estatuto Orgánico de Bogotá, D.C., conformará el gobierno distrital, indicando el/los nombre/s completo/s de tales servidores y la denominación de la/s secretaría/s de despacho o departamento/s administrativo/s correspondiente/s, tal y como aparezca en el acto de creación, transformación o modificación del organismo , y según el orden descrito en el numeral 8° del presente apartado.

En ese orden de ideas, los titulares de las entidades descentralizadas del nivel distrital, no deben suscribir los proyectos referidos, por no tener competencia para ello, al tenor de lo establecido en el citado artículo 53 ídem.

4. Cuando el proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación deba ser suscrito por varios secretarios de despacho o por algunos de estos, y/o por el/los director/es de algún/os departamento/s administrativo/s, de forma conjunta con el/la alcalde/sa mayor, previamente a su radicación en la Secretaría Jurídica Distrital, el mismo deberá ser firmado por todos los servidores que harán gobierno con el el/la alcalde/sa mayor para su expedición, cumpliendo además lo señalado en el subnumeral 2 anterior.

5. En el evento de faltar alguna de las firmas o que el nombre de los titulares de los despachos que suscriben el proyecto o de las entidades respectivas esté incompleto, o no corresponda por haber operado algún cambio, este será devuelto a la secretaría de despacho remitente del mismo, para que sea suscrito, y no podrá pasar para la firma del/la alcalde/sa mayor, sin haber sido firmado previamente por todos los servidores públicos que deberán hacer gobierno con el primer mandatario del Distrito Capital, en su expedición.

6. El orden y denominación de las secretarías de despacho que aparecerán debajo de la firma del/la alcalde/sa mayor, será el siguiente:

- Secretaría General

- Secretaría Distrital de Gobierno

- Secretaría Distrital de Hacienda

- Secretaría Distrital de Planeación

- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

- Secretaría de Educación del Distrito

- Secretaría Distrital de Salud

- Secretaría Distrital de Integración Social

- Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

- Secretaría Distrital de Ambiente

- Secretaría Distrital de Movilidad

- Secretaría Distrital del Hábitat

- Secretaría Distrital de la Mujer

- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

- Secretaría Jurídica Distrital.

7. Igualmente, cuando el proyecto de acto administrativo deba ser suscrito por el titular de un departamento administrativo, la denominación del mismo deberá ir debajo de la secretaría de despacho cabeza del sector al que se encuentre adscrito.

8. Cuando el proyecto de acto administrativo sea preparado y/o elaborado por alguna entidad descentralizada, el mismo deberá ser enviado por la entidad autora a la secretaría de despacho cabeza de sector administrativo de coordinación de la Administración Distrital, al que esté adscrita o vinculada, con el fin de que sea revisado, aprobado y suscrito por el titular del despacho correspondiente, previamente a su envío a la Secretaría Jurídica Distrital para su revisión.

9. A los proyectos de acto administrativo y/o específicos de regulación de que trata el presente artículo, deberá anexarse una exposición de motivos técnico-jurídica suscrita por el/los jefe/s del/os organismo/s y/o entidad/es que presenta/n la iniciativa, y por el/los director/es o jefe/s de la/s oficina/s jurídica/s respectiva/s, o de la dependencia que haga sus veces. Además, se anexará el Análisis de Impacto Normativo realizado previamente, y detallando de forma clara y específica las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias o distritales, según el orden de superioridad normativa, que sustentan la expedición del acto; así como, las razones y aspectos técnicos que motivan, justifican y/o hacen procedente la adopción o establecimiento de las medidas contenidas en el proyecto.

Cuando el proyecto de acto administrativo sea preparado y/o elaborado por alguna entidad descentralizada, la citada exposición de motivos técnico - jurídica, también deberá ser firmada por el/los jefe/s del/a/s entidad/es autora/s de la iniciativa, y por el/los director/es o jefe/s de la/s oficina/s jurídica/s respectiva/s, o de la dependencia que haga sus veces.

10. Cuando en el cuerpo del proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación o en la exposición de motivos, se haga referencia a documentos de cualquier orden, cifras, estadísticas, artículos, etc., copia de los mismos deberán anexarse, o se habrá de indicar en el oficio remisorio del acto, la fuente donde estos se podrán consultar.

Es preciso aclarar que las referencias que se hagan a los documentos, cifras, estadísticas, artículos, etc., deberán coincidir estricta e integralmente con lo anotado en el proyecto de acto administrativo o en su exposición de motivos.

11. En el evento de que, como producto de la revisión efectuada por la Secretaría Jurídica Distrital, surja la necesidad de modificar, adicionar, corregir y/o ajustar el proyecto de acto administrativo, este se devolverá a la secretaría de despacho remitente del mismo, con el fin de que se analicen y realicen las modificaciones correspondientes, y se radique nuevamente el proyecto en la Secretaría Jurídica Distrital, a efecto de continuar el trámite de revisión y posterior firma por parte del/la alcalde/sa mayor, dentro del plazo señalado en el subnumeral 2 de este numeral. 

12. Al final de todo proyecto de acto administrativo y/o específico de regulación, deberá indicarse el nombre completo de los servidores de la/s secretaría/s y/u organismo/s que participaron en su elaboración, revisión y aprobación, indicando la dependencia a la que pertenecen y tendrá que incluir los respectivos vistos buenos de los mismos.

13. Los proyectos de acto administrativo y/o específicos de regulación, si bien no deben ser suscritos por los/as titulares de las entidades descentralizadas, en el evento de que hayan sido preparados y/o elaborados por las mismas, además de lo señalado en el inciso anterior, deberán contener: i) la indicación de los/as servidores/as de tales entidades descentralizadas que participaron en su proyección y/o elaboración; ii) transcribir los nombres completos de los/as jefes de las oficinas jurídicas respectivas o quien haga sus veces, que revisaron el mismo; y iii) la aprobación por parte del/la titular del despacho de la entidad descentralizada. Para el efecto, deberán viabilizar el documento mediante los correspondientes vistos buenos.

14. Sin excepción alguna, todos los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación que se radiquen ante la Secretaría Jurídica Distrital, deberán allegarse en medio físico y magnético en formato Word o de texto editable; diferente al PDF, con el fin de que, de una parte, en el evento de que haya que hacer alguna modificación, ajuste, supresión u otra actividad, pueda efectuarse directamente sobre el texto; y de otra parte, por cuanto el proyecto en el formato referido, deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para que a través de la Subdirección de Imprenta Distrital, se efectúe la publicación en el Registro Distrital, cuando la misma proceda, una vez el mismo sea suscrito por el/la alcalde/sa mayor. 

15. Todos los actos administrativos y/o específicos de regulación empezarán a regir a partir del día siguiente al de su comunicación, notificación o publicación, según sea el caso, y así deberá indicarse en el artículo respectivo de vigencia.

16. Los formatos de los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación o documentos que deben utilizarse para la firma del/la alcalde/sa mayor, y de la Matriz de Observaciones y Respuestas, son los incluidos en el link "Formatos del alcalde" de la página web www.secretariajuridica.gov.co, los cuales deben ser usados manteniendo estrictamente el tipo y tamaño de letra, esquemas y órdenes en ellos incluidos, e imprimirse a doble cara, en blanco y negro, y en tamaño carta.

17. Cuando el proyecto de acto sea de notificación o comunicación, en la parte resolutiva deberá indicarse de forma precisa y exacta, la/s persona/s a quien/es deberá notificarse y/o comunicarse el mismo, así como la dirección en la que deberá surtirse dicha actuación.

18. Los proyectos de actos administrativos y/o específicos de regulación que no cumplan con los lineamientos descritos en los numerales anteriores, serán devueltos, sin excepción, al organismo remisorio. 

6.4.2.2.- Proyectos de acuerdos remitidos para sanción del/la alcalde/sa mayor: Atender el procedimiento dispuesto en el Decreto Distrital 438 de 2019, o aquel que lo modifique os sustituya.

6.4.2.3.- Anteproyectos de Acuerdos remitidos para revisión y posterior suscripción del/la alcalde/sa mayor. Los anteproyectos de acuerdo de iniciativa de la administración distrital, que se remitan para surtir el trámite de revisión y suscripción de la exposición de motivos, por parte del/la alcalde/sa mayor, y su posterior remisión al Concejo Distrital, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 438 de 2019 o el que lo modifique, sustituya, derogue o complemente.

Otros documentos remitidos para la suscripción del/la alcalde/sa Mayor.

De conformidad con el numeral 12° del artículo 33 del Decreto Distrital 140 de 2021, corresponde a la Dirección de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., proyectar y/o revisar las minutas y documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales como memorandos de entendimiento, protocolos, cartas de intención, acuerdos marco, etc., que deba suscribir el/la alcalde/sa mayor, e igualmente también le corresponde revisar las actas de liquidación que se requieran.

De igual manera, de conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 9° del Decreto Distrital 323 de 2016, modificado por el artículo 2° del Decreto Distrital 136 de 2020, corresponde a la Subsecretaría Jurídica Distrital realizar el control de legalidad de los proyectos de actos administrativos que deba suscribir el/la alcalde/sa mayor o el/la Secretario/a Jurídico Distrital, así como los convenios interadministrativos, de colaboración y coordinación, de cofinanciación para infraestructura de transporte, cartas de intención, memorandos de entendimiento y las modificaciones de todos estos, que deba suscribir el/la alcalde/sa mayor y que remitan las entidades, previas las respectivas revisiones, a excepción de los actos administrativos en materia disciplinaria.

Los actos de naturaleza contractual susceptibles de ser suscritos por el/la alcalde/sa mayor de Bogotá D.C. aquí regulados, corresponden a aquellos cuyas obligaciones implican comprometer la responsabilidad de la entidad territorial y por tanto debe ejercerse directamente la representación legal de Bogotá D.C. y que adicionalmente no requieren imputación presupuestal. Los actos suscritos con antelación por el/la alcalde/sa mayor que requieran ser modificados y que no cumplan esta condición seguirán tramitándose para su firma, toda vez que las partes en la ejecución contractual ya han sido plenamente reconocidas. Lo anterior sin perjuicio de la facultad discrecional que, como representante legal de Bogotá D.C., ostenta el/la alcalde/sa mayor para dirigir la acción administrativa y suscribir directamente este tipo de actos. 

En tal sentido, las entidades responsables de ejecutar los convenios y contratos que deba suscribir el/la alcalde/sa mayor, deberán remitir, simultáneamente a la Dirección de Contratación de la Secretaría General y a la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital, como mínimo los siguientes documentos: i) Proyecto de estudios previos y análisis del sector económico; ii) proyecto de la matriz de riesgos; iii) proyecto del acta o acto administrativo de justificación de contratación directa; iv) los documentos de representación de las partes; v) proyecto de minuta y los documentos mencionados en la misma que soportan la suscripción del acto; vi) y los demás que sean necesarios de conformidad con la especificidad propia de la modalidad contractual.

Adicionalmente, el acto contractual, convencional o el documento respectivo, deberá contar con la correspondiente refrendación del/la jefe de la respectiva entidad u organismo y del/la subsecretario/a, jefe o director/a de la Oficina Jurídica o de la dependencia que haga sus veces, la cual deberá constar por escrito, indicando dentro del convenio, contrato o documento, la dependencia, organismo o entidad responsable de su ejecución y liquidación, si a ello hubiere lugar.

Recibida dicha información, la Secretaría General y la Secretaría Jurídica Distrital contarán hasta con cinco (5) días hábiles para realizar los comentarios y ajustes que correspondan, los cuales serán puestos en conocimiento de las entidades responsables del trámite por el medio que se considere más expedito. Este término aplicará para cada revisión que se realice y previo recibo de la documentación completa remitida por la entidad responsable de la ejecución del instrumento jurídico.

Una vez realizados los ajustes o aclaraciones solicitados, las entidades interesadas deberán remitir los documentos debidamente suscritos por el/la  Jefe de la respectiva entidad u organismo y del/la jefe o director/a de la Oficina Jurídica o de la dependencia que haga sus veces a la Dirección de Contratación de la Secretaría General quien deberá emitir el concepto de viabilidad técnica respectivo, el cual será requisito para la revisión de legalidad final que adelante la Secretaría Jurídica Distrital, previo a la firma del/la acalde/sa mayor.

Los trámites de publicidad que deban darse al acto contractual o convencional en la plataforma SECOP II o la que se disponga para tal efecto, estarán a cargo de la entidad líder o cabeza de sector responsable de la ejecución. Los documentos emanados de las partes que se deban publicar deben estar firmados por las partes.

Finalizada la fase de suscripción y publicación en SECOP II del contrato/convenio, la entidad responsable deberá reportar la información respecto de la publicidad del proceso contractual a la Dirección de Contratación de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., teniendo en cuenta la competencia establecida en el numeral 12 del artículo 33 del Decreto Distrital 140 de 2021.

De otra parte, para surtir el control de legalidad correspondiente respecto de memorandos de entendimiento, cartas de intención, protocolos de colaboración, etc., según sea el caso, cuya gestión lidere la Secretaría General - Dirección Distrital de Relaciones Internacionales - DDRI, deberá remitir a la Secretaría Jurídica Distrital: (i) concepto de viabilidad técnica expedido por la DDRI; (ii) concepto de viabilidad técnica emitido por la secretaría cabeza de sector de coordinación administrativa responsable de la ejecución y/o entidad involucrada en la implementación del instrumento; (iii) concepto de viabilidad jurídica de la Dirección de Contratación de la Secretaría General, de conformidad con la función señalada en el numeral 12 del artículo 33 del Decreto Distrital 140 de 2021.

Las manifestaciones de agradecimiento o reconocimiento de la labor desarrollada por un funcionario de un organismo internacional, no deberán surtir la revisión de legalidad de que trata el presente numeral.

6.5. Publicación de la regulación final

Una vez el acto administrativo y/o específico de regulación sea suscrito por el/la alcalde/sa mayor, el mismo deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para que, a través de la Subdirección de Imprenta Distrital, se efectúe la publicación en el Registro Distrital, cuando la misma proceda^[42] conforme lo establece el artículo 7° de la Ley 962 de 2005, los artículos 3° y 65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, la Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital y la Resolución Conjunta 440 de 2018 de las Secretarías General y Jurídica Distrital o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Así mismo, el acto administrativo y/o específico de regulación se deberá publicar en la página web de la entidad que lo expide de conformidad con lo estipulado en la Ley 1712 de 2012 (sic) y el Decreto Nacional 1081 de 2015. Para efectos de garantizar que la ciudadanía y grupos de interés puedan ubicar las normas del sector con mayor facilidad, con aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de las TIC.

El acto administrativo y/o específico de regulación deberá difundirse en el Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá, o el que lo modifique o sustituya^[43]. Dicho Sistema deberá permitir contar con un repositorio actualizado de información para el acceso de los funcionarios, contratistas y ciudadanía en general con el compendio de las normas vigentes expedidas en el Distrito Capital.

Cuando se requiera se deberán dar a conocer el contenido de la regulación final a las autoridades públicas distritales y nacionales que se encuentren directa o indirectamente involucradas y verificar su recibo a satisfacción a fin de que se adopten en el desarrollo de su gestión las políticas, los postulados y lineamientos contenidos en la nueva regulación.

Las entidades y organismos del sector central y descentralizado deberán publicar la norma expedida en la página web de su entidad, en la plataforma Régimen Legal de Bogotá y seguir estrategias de publicación y difusión masiva de la norma, en atención a lo previsto en la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el artículo 12 de la Resolución 104 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital o las normas que las modifiquen o sustituyan.

6.6. Evaluación de las regulaciones

Los organismos y entidades distritales “(…) deben revisar de forma sistemática y periódica el inventario de regulación, con el fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, justifiquen sus costos, sean eficientes, eficaces, simples, y consistentes con los objetivos de política pública planteados. De la misma forma, identificar, eliminar o remplazar aquellas que sean obsoletas, insuficientes o ineficientes”^[44].

La Secretaría Jurídica Distrital elaborará un instrumento para desarrollar el proceso de seguimiento y evaluación normativa posterior, a las regulaciones existentes para determinar su efectividad en el cumplimiento de los objetivos por los cuales fueron expedidas y evaluar posibles modificaciones para alcanzar con mayor eficiencia dichos objetivos.

La evaluación se podrá adelantar a través de los siguientes mecanismos: Evaluación ex post para asegurar regulaciones eficaces y eficiente, racionalización de trámites para reducir cargas administrativas, depuración normativa para mantener un inventario normativo actualizado y compilación normativa

6.6.1. Evaluación ex post

La evaluación ex post es un análisis que se realiza cuando la regulación ha cumplido entre 3 y 5 años de vigencia, con el fin de verificar y corroborar con resultados estadísticos si se cumplió con los objetivos para los cuales fue diseñada. Así mismo, permite estimar el impacto de sus efectos y si continúan generando el alcance deseado en el marco de las condiciones sociales, económicas y ambientales actuales.

La Guía Metodológica para la Implementación de la Evaluación de la Regulación Ex Post^[45], elaborada por el DNP-, recomienda que en los eventos en que se realice una evaluación normativa ex post se deben seguir 7 etapas, que se presentan en el siguiente gráfico.