Emite concepto unificador sobre si CAPITAL SALUD EPS-S SAS puede iniciar Acciones de Repetición en contra de los trabajadores y cuáles serían las acciones procedentes para reclamar los presuntos perjuicios ocasionados por los trabajadores, la Secretaría Jurídica responde que si es posible, siempre y cuando aquellos trabajadores particulares hayan sido destinatarios del ejercicio de funciones públicas por autorización legal expresa y la acción u omisión dolosa o gravemente culposa generadora del daño, haya tenido ocurrencia en el marco de esa misma actividad; los medios de control procedentes serían el de repetición, el de controversias contractuales y el de reparación directa. los medios de control procedentes serían el de repetición, el de controversias contractuales y el de reparación directa. 

Emite concepto unificador sobre si CAPITAL SALUD EPS-S SAS puede iniciar Acciones de Repetición en contra de los trabajadores y cuáles serían las acciones procedentes para reclamar los presuntos perjuicios ocasionados por los trabajadores, la Secretaría Jurídica responde que si es posible, siempre y cuando aquellos trabajadores particulares hayan sido destinatarios del ejercicio de funciones públicas por autorización legal expresa y la acción u omisión dolosa o gravemente culposa generadora del daño, haya tenido ocurrencia en el marco de esa misma actividad; los medios de control procedentes serían el de repetición, el de controversias contractuales y el de reparación directa. los medios de control procedentes serían el de repetición, el de controversias contractuales y el de reparación directa. 

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

Precisa la normatividad aplicable y las tesis contempladas en la jurisprudencia del Consejo de Estado, así como aquella de mayor acogida por los consejeros, en relación a la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado. Adicionalmente, agrega en respuesta a la solicitudes que no se puede perseguir un derecho a perpetuidad, salvo que sea considerado y establecido como espacio público el lugar en el que se construyo el inmueble, y tampoco el ordenamiento jurídico establece un término para que los ciudadanos puedan radicar las solicitudes para dar apertura a las investigaciones administrativas a que haya lugar. 

Conceptúa sobre la suscripción de acuerdos de pago y la procedencia de adelantar el cobro persuasivo y coactivo con usuarios y comerciantes que hacen uso de un módulo en plazas de mercado y que no han regulado su relación contractual con el Instituto para la Económica Social - IPES. 

Profiere concepto sobre la inhabilidad aplicable a los alcaldes locales, precisando que por remisión expresa del artículo 84 ídem, que el término para dicha inhabilidad debe contarse a partir del nombramiento o la designación que efectúe el Alcalde Mayor. 

Profiere concepto sdobre la naturaleza jurídica de la multa en los contratos estatales, precisando que la multa se deriva de la facultad sancionatoria con que cuenta el Estado, en ejercicio del deber de control y vigilancia con que cuentan las entidades estatales con el fin de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, por lo que son las llamadas a hacerlas efectivas, una vez hayan sido pactadas en el contrato y conforme al procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Emite concepto sobre la autorización para el movimiento de tierras. Se realizan las siguientes orientaciones en virtud del concepto: 1. El movimiento de tierras sin la autorización previa se considera una infracción en materia ambiental y puede ser susceptible de una sanción urbanística. 2. Las infracciones se encuentran en la Ley 1801 de 2016 (núm.. 2, art.135), Decreto Ley 2811 de 1974 (art.183) y Ley 1333 de 2009 (art.5). 3. Los inspectores de policía pueden conocer de estos comportamientos que atentan contra la convivencia en materia de urbanismo, y ambiente (art.206, Ley 1801 de 2016).  

Solicita, se le informe sobre el proceso de adquisición del inmueble, el cual tiene afectación a reserva vial y su titularidad recae en una sociedad fiduciaria. El estado garantiza la propiedad privada y podrá haber expropiación por sentencia judicial, siempre y cuando por motivos de utilidad pública o interés social. La inversión de recursos públicos en bienes privados no es posible. Igualmente pregunta cuales son las acciones que como particular puede iniciar contra el Estado, LA la Secretaría Jurídica Distrital, le manifiesta que no está dentro de sus funciones, brindar asesoría jurídica. 

Conceptía sobre el alcance de la caducidad de la acción de control urbanistico que trata el art. 138 de la Ley 1801 de 2016, asi como de la operabilidad de las infracciones urbanisticas en obras de construcción adelantadas en terrenos aptos. 

Conceptía sobre el alcance de la caducidad de la acción de control urbanistico que trata el art. 138 de la Ley 1801 de 2016, asi como de la operabilidad de las infracciones urbanisticas en obras de construcción adelantadas en terrenos aptos. 

Solicita concepto Jurídico sobre si los Administradores de Conjuntos Residenciales o Mixtos de Propiedad Horizontal, (personas Jurídicas), pueden dictar Actos Administrativos en reclamaciones (PQRSDF), que interponen los copropietarios. Doctrina distrital, responde que, los actos administrativos son una de las formas propias de declaración de voluntad de los organismos y entidades públicas de las ramas del poder público y demás autoridades, es decir, su origen proviene de una persona jurídica pública y excepcionalmente de un particular cuando cumplen funciones administrativas, por consiguiente, los pronunciamientos o decisiones de las personas jurídicas reconocidas bajo el régimen de propiedad horizontal, no pueden ser catalogados o definidos como actos administrativos, ya que esta es una potestad consagrada de manera excluyente para las entidades que ostentan la calidad de autoridades. 

Aclara que si existen las figuras jurídicas de impedimentos y recusaciones frente a los concejales distritales en los escenarios de control político, con el fin de evitar escenarios de materialización de conflicto de intereses, los cuales conllevan a procesos de pérdida de investidura. Agrega que para la determinación de la perdida de investidura de un servidor público no es suficiente el valor objetivo, por ejemplo: el vínculo de consanguinidad o haber conocido del asunto en oportunidad anterior, sino también es necesario estudiar el valor subjetivo, es decir la subjetividad de la conducta, demostrando el interés privado de manera evidente, directo, actual y de carácter moral o económico. 

Aclara que si existen las figuras jurídicas de impedimentos y recusaciones frente a los concejales distritales en los escenarios de control político, con el fin de evitar escenarios de materialización de conflicto de intereses, los cuales conllevan a procesos de pérdida de investidura. Agrega que para la determinación de la perdida de investidura de un servidor público no es suficiente el valor objetivo, por ejemplo: el vínculo de consanguinidad o haber conocido del asunto en oportunidad anterior, sino también es necesario estudiar el valor subjetivo, es decir la subjetividad de la conducta, demostrando el interés privado de manera evidente, directo, actual y de carácter moral o económico. 

Aclara que si existen las figuras jurídicas de impedimentos y recusaciones frente a los concejales distritales en los escenarios de control político, con el fin de evitar escenarios de materialización de conflicto de intereses, los cuales conllevan a procesos de pérdida de investidura. Agrega que para la determinación de la perdida de investidura de un servidor público no es suficiente el valor objetivo, por ejemplo: el vínculo de consanguinidad o haber conocido del asunto en oportunidad anterior, sino también es necesario estudiar el valor subjetivo, es decir la subjetividad de la conducta, demostrando el interés privado de manera evidente, directo, actual y de carácter moral o económico. 

Conceptúa, que la decisión del presidente del concejo distrital de rechazar los proyectos de acuerdo, por incumplimiento de los requisitos exigidos, es susceptible de apelación si así lo estima pertinente la mesa directiva del Concejo Distrital, puedan servir de insumo para establecer las decisiones del presidente de la corporación que podrían ser susceptibles de apelación ante la plenaria del Concejo de Bogotá D.C. El CPACA, establece que, por regla general, contra los actos definitivos procede el recurso de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional, que en caso del presidente de la corporación, sería la plenaria del Concejo de Bogotá D.C., y de los presidentes de las comisiones, sería la comisión en particular 

Conceptúa, que la decisión del presidente del concejo distrital de rechazar los proyectos de acuerdo, por incumplimiento de los requisitos exigidos, es susceptible de apelación si así lo estima pertinente la mesa directiva del Concejo Distrital, puedan servir de insumo para establecer las decisiones del presidente de la corporación que podrían ser susceptibles de apelación ante la plenaria del Concejo de Bogotá D.C. El CPACA, establece que, por regla general, contra los actos definitivos procede el recurso de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional, que en caso del presidente de la corporación, sería la plenaria del Concejo de Bogotá D.C., y de los presidentes de las comisiones, sería la comisión en particular 

Conceptúa sobre el Consejo Territorial de Planeación Distrital, sus reuniones, la asistencia de sus miembros a las sesiones, impugnación de sus decisiones, entre otras dudas, basado en el reglamento interno de dicho ente. 

Conceptúa sobre el Consejo Territorial de Planeación Distrital, sus reuniones, la asistencia de sus miembros a las sesiones, impugnación de sus decisiones, entre otras dudas, basado en el reglamento interno de dicho ente. 

Profiere concepto jurídico sobre la construcción urbanística, infracción y su respectiva caducidad, entre otros. 

Profiere concepto jurídico sobre la construcción urbanística, infracción y su respectiva caducidad, entre otros. 

Profiere concepto jurídico sobre la construcción urbanística, infracción y su respectiva caducidad, entre otros. 

Responde a la inquietud del peticionario sobre la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado en materia de infracciones al Derecho Urbanístico. La no operancia de la caducidad sobre terrenos públicos. Ley 1801 de 2016  

Conceptúa frente a la figura jurídica de la supervisión contractual con el fin de vigilar permanentemente la correcta ejecución de los objetos contratados para buscar la protección de la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

Para dar respuesta a la solicitud de concepto consistente en: ?Una interventoría, contratada por la Secretaría de educación puede apartar de su puesto de trabajo a un obrero que ejecuta actividades de obra contratadas a un subcontratista del contratista que suscribió el contrato con la misma secretaria por razones o inhabilidad registrada en el certificado de antecedentes de la Procuraduría en el cual se registre inhabilidad para desempeñar cargos públicos Ley 734 art 38 num. 1?. Es viable concluir que la relación y responsabilidad contractual en principio recae sobre el contratista que celebró el vínculo contractual con la entidad, y que la naturaleza del contrato de interventoría se basa en el ejercicio de acciones de seguimiento, vigilancia y control de la correcta ejecución del contrato la cual se materializa en la presentación de informes y otras acciones de verificación, se considera que en principio el ejecutor del contrato de interventoría no tendría la capacidad de apartar a un empleado del subcontratista de sus funciones por una causal de inhabilidad, sin embargo, esto no resta para que dentro de los informes y en miras a prevenir actos de corrupción el interventor informe a la entidad estatal de cualquier situación irregular o que se pudiera llegar a constituir en un acto de corrupción, para que la misma tome las acciones pertinentes frente al contratista principal. Finalmente, me permito indicarle que esta dirección por medio del radicado interno 3-2022- 700 de fecha 19 de enero de 2021, remitió su solicitud a la Dirección Distrital de Política Jurídica de esta Secretaría, dependencia quien conforme al artículo 12 del Decreto Distrital 323 de 2016, modificado por el artículo 10 del Decreto Distrital 798 de 2019, tiene como funciones: ?(...) 5. Elaborar los proyectos de política en materia de contratación y demás temas jurídicos de interés para el Distrito, buscando la unificación de criterios para la aplicación de las normas y la ejecución concertada de acciones en esta materia, para que sean adoptados por la Secretaría Jurídica Distrital (...)?. 

Emite concepto sobre el siguiente asunto: ?Canal Capital no está obligado a incluir dentro de sus estudios previos o pliegos de condiciones este requisito teniendo en cuenta que es una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la administración pública en razón a su condición de empresa industrial y comercial del Estado. ¿Es correcta la afirmación??. La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, explica que : El Decreto Distrital 332 de 2020 ?(?) aplicarán para los procesos contractuales que adelanten las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, incluyendo las localidades, que estén sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública 

Emite concepto sobre el siguiente asunto: ?Canal Capital no está obligado a incluir dentro de sus estudios previos o pliegos de condiciones este requisito teniendo en cuenta que es una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la administración pública en razón a su condición de empresa industrial y comercial del Estado. ¿Es correcta la afirmación??. La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, explica que : El Decreto Distrital 332 de 2020 ?(?) aplicarán para los procesos contractuales que adelanten las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, incluyendo las localidades, que estén sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública". De otra parte, en virtud de lo dispuesto en la Escritura de Constitución 4854 del 14 de noviembre de 1995, a la empresa Canal Capital le es aplicable los dos tipos de regímenes de contratación, ya que por una parte tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del orden distrital como Empresa Industrial y Comercial del Estado y por el otro se indica que podrá celebrar actos, contratos y convenios con las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden distrital y las empresas industriales y comerciales del Estado entre otras. Concluye entonces que el régimen de derecho privado aplica para las actividades, bienes y servicios propios de la actividad misional industrial o comercial o de gestión económica en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados; y los procedimientos de contratación de Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, aplican para las actividades requeridas para su funcionamiento o que contribuyan para cumplir su objeto misional. A la luz de lo anterior se deducirá la aplicación del Decreto 332 de 2020. 

Conceptúa que existe viabilidad para celebrar convenios solidarios y contratos estatales, entre otros, de prestación de servicios con las juntas de acción comunal; así las cosas, la escogencia por parte de la entidad para la celebración de uno u otro, dependerá de la necesidad que pretenda satisfacer y de la correspondiente estructuración contractual. 

Conceptúa que existe viabilidad para celebrar convenios solidarios y contratos estatales, entre otros, de prestación de servicios con las juntas de acción comunal; así las cosas, la escogencia por parte de la entidad para la celebración de uno u otro, dependerá de la necesidad que pretenda satisfacer y de la correspondiente estructuración contractual.  

Conceptúa respecto a los términos de la liquidación de contratos, señalando que conforme al Decreto 491 de 2020 las entidades estatales tienen la facultad de suspender los términos para liquidar el contrato hasta tanto permaneciera vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social (30 de junio de 2022), pero para que ello fuere posible estaba supeditado a la expedición de un acto administrativo debidamente justificado en el que se determinara la actuación administrativa específica a suspender, razón por la cual, de no existir tal acto expedido por la Entidad Estatal, los términos para la liquidación siguen corriendo normalmente. 

Profiere concepto sdobre la naturaleza jurídica de la multa en los contratos estatales, precisando que la multa se deriva de la facultad sancionatoria con que cuenta el Estado, en ejercicio del deber de control y vigilancia con que cuentan las entidades estatales con el fin de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, por lo que son las llamadas a hacerlas efectivas, una vez hayan sido pactadas en el contrato y conforme al procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Responde la Directora de Doctrina y Asuntos Normativos, sobre el concepto de si existe inhabilidad o incompatibilidad para que una persona natural que ha ocupado cargo directivo en la Secretaría Distrital de Movilidad sea vinculada a través de contrato de prestación de servicios a la Operadora Distrital de Transporte, están inhabilitados para contratar con las entidades que hacen parte del sector administrativo de coordinación de la administración distrital, denominado ?Movilidad?, al igual que cualquier otro ex servidor del nivel directivo que haya ejercido tales cargos, en cualquier otra entidad adscrita o vinculada al sector movilidad, por el término fijado en la norma en comentó. 

Imparte concepto jurídico en relación con los tipos de establecimientos de comercio no enlistados por el artículo 1 del Decreto 442 de 2021 respecto al aforo y a la solicitud del carnet de vacunación. 

Precisa que la jurisprudencia constitucional avala la condición establecida en el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Distrital 092 de 2021, relativa a no tener antecedentes penales para participar en las elecciones de Consejos Locales y Distrital de Vendedores Informales, como consecuencia de que se trata de una información de carácter público y debe entenderse además, como parte de un procedimiento que procura preservar los principios de moralidad pública y transparencia en el ejercicio de la toma de decisiones en asuntos públicos. 

Conceptúa sobre la pregunta ¿Puede Ágata solicitar datos sensibles y personales de cualquier entidad pública sin que medie autorización, contrato o convenio previo en el que se encuentre debidamente habilitada por otra institución pública para exigir la transferencia de datos?, se da respuesta en el sentido de que, aun cuando el Estado se asocia con particulares para concurrir en el mercado en pie de igualdad como un competidor más, no pierden su carácter de entidad pública, y por lo tanto sus actuaciones también son la expresión de la actividad estatal, pudiendo ejecutar algunas funciones administrativas y también actividades comerciales en el giro propio de su actividad. Conforme lo expuesto, la excepción de la autorización para tratamiento de datos personales, encuentra justificación constitucional siempre y cuando exista conexidad directa entre la motivación de dicho tratamiento con el ejercicio de una competencia funcional de la entidad pública o administrativa. Dado que la Agencia de Analítica de Datos Ágata es una sociedad de economía mixta, cuando la necesidad del tratamiento de datos personales emerge del ejercicio de una actividad industrial y comercial realizada en competencia con otros actores del mercado, deberá obtener la autorización en observancia a los principios y normas que regulan la protección de datos personales. 

Conceptúa sobre la pregunta sobre si ¿Las funciones establecidas en el decreto de creación de Ágata 272 del 2020 y el Plan Distrital de Desarrollo artículo 145 se entienden de manera similar a las asignadas por ley para el ejercicio de funciones administrativas??, la respuesta consiste en que las funciones públicas, así como actividades industriales y comerciales autorizadas para ser desarrolladas por la Agencia de Analítica de Datos Ágata, relacionados con la analítica de datos como la validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y analítica multifinalitaria de datos estructurados y no estructurados del Distrito Capital e información pública y privada; se deberá establecer para cada caso particular, si el tratamiento de datos personales requerido se encuentra motivado en la conexidad directa con el ejercicio de una competencia cuyo contenido material consista en una potestad, autoridad o función que conforme a la Constitución o a la Ley se encuentre a cargo del Distrito y estuviere delegada a dicha entidad; o si por el contrario, se trata del ejercicio de una actividad de carácter industrial y comercial¸ es importante indicar que el tratamiento de datos sensibles está prohibido, salvo cuando tenga una finalidad histórica, estadística o científica, evento en el cual deberán adoptarse las medidas conducentes a la supresión de identidad de los titulares. 

Resuelve inquietudes sobre el alcance del numeral 8 del artículo 8° del CPACA relativo al deber de información al público de los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, señalando el plazo para presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso la Secretaría Jurídica Distrital adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el interés general. 

Conceptúa que el pago de honorarios de los ediles tiene como base solamente la asistencia a las sesiones plenarias y a las comisiones permanente, que tengan lugar en días distintos a los de aquéllas, por cada sesión a la que concurran, sus honorarios serán iguales a la remuneración del Alcalde Local, dividida por veinte, siempre y cuando no exceda la remuneración mensual del Alcalde Local. 

Dar concepto relacionado con la elección del Alcalde/sa Mayor de Bogotá como también indicar las prohibiciones de que trata el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que se aplican durante los cuatro (04) meses anteriores a las elecciones del alcalde mayor de Bogotá D.C., independientemente de si las mismas se dan en primera o segunda vuelta, por cuanto lo que determina el término dentro del cual regirán las restricciones mencionadas, es la fecha de la realización de las elecciones. 

Aclara que para conocer el régimen jurídico aplicable a las empresas industriales y comerciales del estado en materia de contratación de prestación de servicios, es necesario revisar, si se realiza la contratación para necesidades encaminadas a desarrollar actividades propias de la gestión económica y/o industrial o comercial en competencia con los particulares en el mercado, en cuyo caso se sujetara a las disposiciones de Derecho Privado, en cambio cuando se realice la contratación de prestación de servicios para la atención de tareas administrativas confiadas a dichas entidades en ejercicio de funciones públicas, les será aplicable el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Conceptúa acerca de la naturaleza jurídica y régimen legal aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, la cual se deberá establecer para cada caso particular, atendiendo al acto de creación, normas y estatutos aplicables a la correspondiente entidad, su ámbito de actuaciones, funciones públicas administrativas encomendadas y actividades económicas industriales y/o comerciales autorizadas; a efectos de establecer su régimen contractual aplicable. 

Precisa que a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta le son aplicables las reglas generales de las entidades descentralizadas por servicios, entre las cuales se encuentra la necesidad de estar adscritas o vinculadas, según corresponda a la administración pública en el nivel bien sea nacional, departamental, municipal o distrital al que pertenezcan, atendiendo su acto de creación. 

Concepto pago honorarios miembros junta directiva. 

Concepto pago honorarios miembros junta directiva. 

Traslada por competencia a la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud una solicitud de concepto formulada por la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. respecto de la titularidad jurídica de competencia en contratos celebrados por las Empresas Sociales del Estado para aplicar procedimientos sancionatorios contractuales. Lo anterior con base en los numerales 1), 2) y 3) del artículo 4 del Decreto Distrital 507 de 2013. 

Precisa que, si al momento de elegir al revisor fiscal por parte de la Asamblea General de la entidad sin ánimo de lucro, el seleccionado se encontraba incurso en alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades tipificadas por el legislador, se deberá dar por terminado el vínculo laboral o contractual con él y, de manera inmediata, nombrar al revisor fiscal suplente como principal, siempre que este último no se encuentre en ninguna de las situaciones enunciadas. También se reitera, consultar los estatutos de cada entidad, con el fin de verificar y exigir el cumplimiento de lo allí establecido para tal fin. 

Precisa que, si al momento de elegir al revisor fiscal por parte de la Asamblea General de la entidad sin ánimo de lucro, el seleccionado se encontraba incurso en alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades tipificadas por el legislador, se deberá dar por terminado el vínculo laboral o contractual con él y, de manera inmediata, nombrar al revisor fiscal suplente como principal, siempre que este último no se encuentre en ninguna de las situaciones enunciadas. También se reitera, consultar los estatutos de cada entidad, con el fin de verificar y exigir el cumplimiento de lo allí establecido para tal fin.  

Precisa que, si al momento de elegir al revisor fiscal por parte de la Asamblea General de la entidad sin ánimo de lucro, el seleccionado se encontraba incurso en alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades tipificadas por el legislador, se deberá dar por terminado el vínculo laboral o contractual con él y, de manera inmediata, nombrar al revisor fiscal suplente como principal, siempre que este último no se encuentre en ninguna de las situaciones enunciadas. También se reitera, consultar los estatutos de cada entidad, con el fin de verificar y exigir el cumplimiento de lo allí establecido para tal fin. 

Imparte concepto jurídico en relación con la prohibición para el ingreso de animales a los establecimientos comerciales y se precisa interpretar que el ingreso de animales de asistencia se encuentra abiertamente permitido en el parágrafo 1 del artículo 117 sin condición que delimite o le obligue a acreditar su condición. 

Profiere concepto sobre la inhabilidad aplicable a los alcaldes locales, precisando que por remisión expresa del artículo 84 ídem, que el término para dicha inhabilidad debe contarse a partir del nombramiento o la designación que efectúe el Alcalde Mayor. 

Conceptúa sobre la procedencia de la segunda instancia en los procesos de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal no sea la mora en el pago del canon de arrendamiento, y precisa que en este caso los mismos se tramitarán en doble instancia, con lo cual corresponderá al juez del proceso determinar las providencias que podrán ser susceptibles del recurso de alzada, toda vez que el legislador sólo estableció que se tramitaría en única instancia, el proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando la causal de restitución sea la mora en el pago del canon de arrendamiento.  

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos emite concepto sobre el alcance estricto del parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto Legislativo 540 de 2020 respecto del contenido del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, frente al trámite a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación respecto a las autorizaciones para la localización de antenas. 

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos emite concepto sobre el alcance estricto del parágrafo 4° del artículo 1° del Decreto Legislativo 540 de 2020 respecto del contenido del artículo 6 del Decreto Legislativo 491 de 2020, frente al trámite a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación respecto a las autorizaciones para la localización de antenas. 

Realiza el peticionario, varias preguntas sobre la Junta Administradora Local de Usaquen, tales como si es posible continuar sesionando de manera virtual o debe retomar sesiones presenciales, los requisitas para seguir sesionando de manera virtual, si hay que expedir un nuevo acto administrativo y si es posible, que entidad es responsable de ajustar las instalaciones para incorporar las medias preventivas y por ultimo si Pueden los Ediles NO vacunados retomar sesiones presenciales: Se da respuesta, sobre lo establecido en la Ley 1421 de 1993, la cual ha establecido respecto a las reuniones, sesiones, acuerdos y decretos locales y demás aspectos referentes a su funcionamiento, así mismo, el Ministerio de Salud y Protección local, estableció una serie de medidas de bioseguridad para contrarrestar la propagación del virus, promover el autocuidado y contribuir con la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, atendiendo al principio de responsabilidad. 

Realiza el peticionario, varias preguntas sobre la Junta Administradora Local de Usaquen, tales como si es posible continuar sesionando de manera virtual o debe retomar sesiones presenciales, los requisitas para seguir sesionando de manera virtual, si hay que expedir un nuevo acto administrativo y si es posible, que entidad es responsable de ajustar las instalaciones para incorporar las medias preventivas y por ultimo si Pueden los Ediles NO vacunados retomar sesiones presenciales: Se da respuesta, sobre lo establecido en la Ley 1421 de 1993, la cual ha establecido respecto a las reuniones, sesiones, acuerdos y decretos locales y demás aspectos referentes a su funcionamiento, así mismo, el Ministerio de Salud y Protección local, estableció una serie de medidas de bioseguridad para contrarrestar la propagación del virus, promover el autocuidado y contribuir con la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, atendiendo al principio de responsabilidad. 

Conceptúa señalando que dentro de la delegación realizada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá a las Alcaldías Locales, se encuentra inmersa la facultad sancionatoria. Al haberse realizado la respectiva delegación en las Alcaldías Locales, son las mismas, quienes tienen a su cargo la suscripción de los contratos, la supervisión de los mismos y la verificación del cumplimiento del objeto contractual, para que, en caso de considerarlo pertinente, pueda dar inicio a las facultades sancionatorias que le han sido otorgadas de manera legal. En este sentido, puede concluirse que el proceso sancionatorio es accesorio a la gestión contractual y, por tanto, sigue la suerte de lo principal. 

Conceptúa señalando que dentro de la delegación realizada por la Alcaldesa Mayor de Bogotá a las Alcaldías Locales, se encuentra inmersa la facultad sancionatoria. Al haberse realizado la respectiva delegación en las Alcaldías Locales, son las mismas, quienes tienen a su cargo la suscripción de los contratos, la supervisión de los mismos y la verificación del cumplimiento del objeto contractual, para que, en caso de considerarlo pertinente, pueda dar inicio a las facultades sancionatorias que le han sido otorgadas de manera legal. En este sentido, puede concluirse que el proceso sancionatorio es accesorio a la gestión contractual y, por tanto, sigue la suerte de lo principal. 

Emite concepto sobre el siguiente asunto: ?Canal Capital no está obligado a incluir dentro de sus estudios previos o pliegos de condiciones este requisito teniendo en cuenta que es una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la administración pública en razón a su condición de empresa industrial y comercial del Estado. ¿Es correcta la afirmación??. La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos, explica que : El Decreto Distrital 332 de 2020 ?(?) aplicarán para los procesos contractuales que adelanten las entidades del nivel central y descentralizado del Distrito Capital, incluyendo las localidades, que estén sometidos al estatuto general de contratación de la administración pública". De otra parte, en virtud de lo dispuesto en la Escritura de Constitución 4854 del 14 de noviembre de 1995, a la empresa Canal Capital le es aplicable los dos tipos de regímenes de contratación, ya que por una parte tiene el carácter de entidad descentralizada indirecta del orden distrital como Empresa Industrial y Comercial del Estado y por el otro se indica que podrá celebrar actos, contratos y convenios con las normas que rigen a las entidades descentralizadas del orden distrital y las empresas industriales y comerciales del Estado entre otras. Concluye entonces que el régimen de derecho privado aplica para las actividades, bienes y servicios propios de la actividad misional industrial o comercial o de gestión económica en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados; y los procedimientos de contratación de Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, aplican para las actividades requeridas para su funcionamiento o que contribuyan para cumplir su objeto misional. A la luz de lo anterior se deducirá la aplicación del Decreto 332 de 2020. 

Conceptúa que los/las alcalde/sas en desarrollo de las funciones establecidas en el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 pueden decretar la ley seca en sus territorios con el fin de mantener o restablecer el orden público. 

Aclara que el requisito establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto Distrital 092 de 2021 referente a no contar con medida correctiva ejecutoriada para participar en las elecciones de los Consejos Locales de Vendedores Informales y del Consejo Distrital de Vendedores Informales, es acorde a la ley y la constitución, en razón a que no se consolida en una prohibición absoluta, pues la misma termina en el momento de su conmutación o de su cumplimiento, permitiendo que las personas elegidas para ser parten de los Consejos Locales de Vendedores Informales, cuando cuenten con medidas correctivas ejecutoriadas, se posesionen una vez las mismas sean cumplidas. 

Precisa que la jurisprudencia constitucional avala la condición establecida en el numeral 3 del artículo 10 y parágrafo del Decreto Distrital 092 de 2021, referentes a requisitos para participar en las elecciones de Consejos Locales y Distrital de Vendedores Informales, como consecuencia de que el primer requisito se trata de información de carácter público y el segundo requisito no es una prohibición absoluta. Deben entenderse además, como parte de un procedimiento que procura preservar los principios de moralidad pública y transparencia en el ejercicio de la toma de decisiones en asuntos públicos. 

Solicita la vigencia de los Decretos Distritales 190 de 2004 y 555 de 2021 formuladas por los curadores urbanos de Bogotá D.C., la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación responde que se encuentra vigente y suspendidos provisionalmente sus efectos a partir de la ejecutoria del auto, esto es el 16 de junio de 2022, determina que en tanto subsista la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto Distrital 555 de 2021, y en virtud de la figura jurídica de reviviscencia de la norma derogada recobra fuerza vinculante el Decreto Distrital 190 de 2004. 

Conceptúa que los contratos de aprovechamiento económico del espacio público en plazas de mercado en el Distrito Capital no corresponden a una causal de contratación directa y, que, en tal virtud, no les es aplicable la restricción temporal conocida como Ley de Garantías Electorales. 

(...) el régimen de propiedad horizontal tiene, entre otras, las siguientes características: Es una forma de dominio sobre unos inmuebles, en virtud de la cual una persona es titular del derecho de propiedad individual sobre un bien y, además, comparte con otros la titularidad del dominio sobre ciertos bienes denominados comunes, necesarios para el ejercicio del derecho que se tiene sobre el primero. (...) el régimen de propiedad horizontal impone también obligaciones para el propietario que tienen que ver con aquellas conductas cuya observancia resulta indispensable para que la modalidad de la propiedad cumpla a cabalidad sus objetivos. Son obligaciones de los propietarios, por ejemplo, pagar las cuotas (ordinarias y las extraordinarias) correspondientes para cubrir adecuadamente los gastos en que se incurra para mantener los bienes comunes, de manera que cumplan con sus finalidades. Además, el régimen de propiedad horizontal puede imponer limitaciones al ejercicio de la propiedad que se tiene sobre el bien individual con el objeto de conservar la armonía de la comunidad o las características de la misma. Igualmente, podrá establecer restricciones a la destinación que se le otorgue al inmueble, más allá de las regulaciones que las autoridades hayan establecido para los usos del suelo del sector del cual se trate. 

(...) corresponde a la Asamblea General de Propietarios aprobar las reformas al reglamento de la propiedad horizontal. Dicha asamblea está compuesta por la totalidad de los propietarios de los bienes privados, o por sus representantes, los cuales tendrán derecho a participar en la deliberación y a votar en las decisiones que se adopten. Al ser la máxima autoridad de la copropiedad, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y en la ley, sus determinaciones serán de obligatorio cumplimiento para todos los copropietarios, incluyendo a quienes sean disidentes o a quienes no estuvieron presentes en la votación. 

(...) corresponde a los copropietarios a través de la Asamblea General, definir en su reglamento, en concordancia con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 675 de 2001, las calidades que deben reunir los postulantes para ser designados al Consejo de Administración, cuando, no siendo obligatoria su constitución al interior de la propiedad horizontal, dicho órgano de administración esté debidamente consagrado en el reglamento de propiedad horizontal. 

Eleva consulta sobre el administrador y/o representante legal de una propiedad horizontal, tales como si puede o no actuar sin haber hecho el registro de su correspondiente nombramiento, si puede celebrar contratos en nombre de la sociedad o si puede despedir empleados, a lo que en su respuesta, se remite a la Ley 675 de 2001, el Régimen de propiedad Horizontal, señalando señalando con claridad que la competencia de la alcaldesa Mayor y por delegación de los alcaldes locales únicamente está prevista para la inscripción y certificación de la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude la referida ley, así como ordenar la entrega de copia de actas a los propietarios, cuando éstas le sean negadas y en ese orden de ideas aun cuando la norma no establece las consecuencias directas o explicitas de la no inscripción ante la autoridad competente de un nombramiento de persona natural o jurídica como administrador de una propiedad horizontal, es evidente que la falta de inscripción, genera un impacto directo en las facultades legales ante la entidad competente que expide la certificación, quien no podrá reconocer para los efectos jurídicos en el ejercicio del rol asignado al administrador, a aquel que no surtió para el efecto, la debida inscripción de nombramiento. 

Eleva consulta sobre el administrador y/o representante legal de una propiedad horizontal, tales como si puede o no actuar sin haber hecho el registro de su correspondiente nombramiento, si puede celebrar contratos en nombre de la sociedad o si puede despedir empleados, a lo que en su respuesta, se remite a la Ley 675 de 2001, el Régimen de propiedad Horizontal, señalando señalando con claridad que la competencia de la alcaldesa Mayor y por delegación de los alcaldes locales únicamente está prevista para la inscripción y certificación de la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude la referida ley, así como ordenar la entrega de copia de actas a los propietarios, cuando éstas le sean negadas y en ese orden de ideas aun cuando la norma no establece las consecuencias directas o explicitas de la no inscripción ante la autoridad competente de un nombramiento de persona natural o jurídica como administrador de una propiedad horizontal, es evidente que la falta de inscripción, genera un impacto directo en las facultades legales ante la entidad competente que expide la certificación, quien no podrá reconocer para los efectos jurídicos en el ejercicio del rol asignado al administrador, a aquel que no surtió para el efecto, la debida inscripción de nombramiento. 

Conceptúa sobre inquietudes relacionadas con el NIT de las entidades distritales y representación judicial de la misma. 

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos emite concepto sobre impedimento para participar en la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.B.-ESP 

La Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos emite concepto sobre impedimento para participar en la junta directiva de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.A.B.-ESP 

Indica que con relación a lo previsto en el parágrafo del artículo 45 de la ley 1123 de 2007, es conveniente precisar que a las inhabilidades en materia de contratación pública les resultan aplicables los principios de reserva de ley, taxatividad e interpretación restrictiva, que ha desarrollado la jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 6º, 123 e inciso final del Artículo 150 de la Constitución Política. 

Concepto sobre servidor público del Distrito, abogado, se encuentra en incompatibilidad para llevar un trámite de sucesión notarial. 

Concepto sobre servidor público del Distrito, abogado, se encuentra en incompatibilidad para llevar un trámite de sucesión notarial. 

Profiere concepto sobre asistencia de servidores públicos a reuniones presenciales y virtuales con ocasión de la emergencia sanitaria. 

Profiere concepto sobre asistencia de servidores públicos a reuniones presenciales y virtuales con ocasión de la emergencia sanitaria. 

Profiere concepto sobre asistencia de servidores públicos a reuniones presenciales y virtuales con ocasión de la emergencia sanitaria. 

Profiere concepto sobre asistencia de servidores públicos a reuniones presenciales y virtuales con ocasión de la emergencia sanitaria. 

Profiere concepto sobre asistencia de servidores públicos a reuniones presenciales y virtuales con ocasión de la emergencia sanitaria.  

Concepto referente a la calidad de servidores públicos de la junta directiva de la EAAB-ESP. 

Concepto referente a la calidad de servidores públicos de la junta directiva de la EAAB-ESP. 

Emite Concepto sobre si la agresión a funcionario público donde esta contempla en la ley marco jurídico y de qué forma se materializa. El concepto emitido dice que se materializa, cuando se ejerce violencia, bien sea física o psicológica, contra un servidor público por razón de sus funciones, y con el fin de obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales; adquiere especial relevancia para su materialización, que la conducta esté encaminada a obligar al funcionario a realizar u omitir alguna de las funciones propias de su cargo. 

Cocepto sobre inhabilidad para ser candidato a edil. 

Cocepto sobre inhabilidad para ser candidato a edil. 

Imparte Concepto relacionado con la asistencia del Alcalde Mayor a la citación de control politico realizada por el Congreso de la República, precisando que en los casos en que se realice control político al Alcalde o Alcaldesa Mayor, (que solo procede en asuntos de interés nacional y no local), se deberá dar respuesta y asistir a las sesiones citadas. Aclarando que en desarrollo del artículo 137 de la CP, es viable la presentación de excusas para no asistir a la sesión. En ese sentido, es viable excusarse de asistir cuando el asunto reviste una naturaleza exclusivamente local, para lo cual, se recomienda revisar los criterios explicados en este concepto para determinar si el cuestionario gira en torno a asuntos de interés nacional o local. 

Petición en grado de consulta sobre inicio de actividades de producción de programas y anuncios de televisión en la ciudad de Bogotá 

A partir del 1 de enero de 2022, el Distrito Capital no podrá adelantar procesos de adquisición de la flota de transporte público, cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todos los componentes de la flota zonal o troncal del transporte público. 

Profiere concepto jurídico sobre la construcción urbanística, infracción y su respectiva caducidad, entre otros. 

Emite concepto sobre la autorización para el movimiento de tierras. Se realizan las siguientes orientaciones en virtud del concepto: 1. El movimiento de tierras sin la autorización previa se considera una infracción en materia ambiental y puede ser susceptible de una sanción urbanística. 2. Las infracciones se encuentran en la Ley 1801 de 2016 (núm.. 2, art.135), Decreto Ley 2811 de 1974 (art.183) y Ley 1333 de 2009 (art.5). 3. Los inspectores de policía pueden conocer de estos comportamientos que atentan contra la convivencia en materia de urbanismo, y ambiente (art.206, Ley 1801 de 2016). 4. El procedimiento aplicable es el contemplado en el art 223 y ss. de la Ley 1801 de 2016. 

Emite concepto sobre la autorización para el movimiento de tierras. Se realizan las siguientes orientaciones en virtud del concepto: 1. El movimiento de tierras sin la autorización previa se considera una infracción en materia ambiental. 2. Las infracciones desde lo ambiental se encuentran Ley 1333 de 2009 (art.5). 3. Los inspectores de policía pueden conocer de estos comportamientos que atentan contra la convivencia en materia de ambiente (art.206, Ley 1801 de 2016). 4. El procedimiento aplicable es el contemplado en el art 223 y ss. de la Ley 1801 de 2016 y la prevista en la Ley 1333 de 2009 como infracción ambiental. 

Se emite concepto sobre el término de prescripción o caducidad en materia de infracciones urbanísticas. Se hace la siguiente orientación: hay que señalar que en materia de derecho urbanístico existe una norma, artículo 138 de la Ley 1801 de 2016 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la cual de manera específica reglamenta la caducidad de la potestad sancionatoria del Estado en materia de infracciones urbanísticas, en los casos de: parcelar, urbanizar, intervenir, y construir en terrenos aptos para estas actuaciones. Al respecto se aclara que esta norma no hace alusión a lineamiento alguno para contabilizar el término de caducidad, toda vez que el único criterio que valora a este efecto está directamente relacionado con la ejecución de estas actuaciones en terrenos aptos para la construcción. De otra parte, se debe tener en cuenta el artículo 226 de la Ley 1801 de 2016 que consagra que, respecto de las conductas contrarias a la convivencia cometidas en bienes de uso público, bienes fiscales, zonas de reserva forestal, bienes de propiedad privada afectados al espacio público, bienes de las empresas de servicios públicos, o bienes declarados de utilidad pública o de interés social, cultural, arquitectónico o histórico, no opera la caducidad de la acción policiva. Se concluye que le corresponderá a cada autoridad conforme al ámbito de sus competencias, evaluar y determinar de acuerdo a los derroteros legales aplicables a cada acaso en particular, la procedencia o no de la declaratoria de caducidad de la potestad administrativa en materia de infracciones urbanísticas. 

Conceptua sobre la vivienda turistica y la prestación el servicio de hospedaje o alojamiento turístico, siendo entendidas como aquellas ?Unidades privadas, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente destinada total o parcialmente a brindar el servicio de alojamiento turístico según su capacidad, a una o más personas. Pertenecen a esta clasificación los apartamentos turísticos, fincas turísticas, casas turísticas y demás inmuebles cuya destinación corresponda a esta definición? 

Manifiesta de acuerdo al artículo 49 de la ley 1955 de 2019 que los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas ejecutoriadas antes del 1 de enero de 2020 se mantendrán en salarios mínimos legales vigentes, mientras que aquellas sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas que se encuentren ejecutoriadas con posterioridad al primero de enero de 2020 serán calculadas con base a Unidad de Valor Tributario (UVT). 

Precisa el alcance del Decreto Distrital 007 de 2021 y las excepciones al mismo. 

Precisa el alcance del Decreto Distrital 007 de 2021 y las excepciones al mismo. 

Precisa el alcance del Decreto Distrital 007 de 2021 y las excepciones al mismo. 

Precisa el alcance del Decreto Distrital 007 de 2021 y las excepciones al mismo. 

Solicita la vigencia de los Decretos Distritales 190 de 2004 y 555 de 2021 formuladas por los curadores urbanos de Bogotá D.C., la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación responde que se encuentra vigente y suspendidos provisionalmente sus efectos a partir de la ejecutoria del auto, esto es el 16 de junio de 2022, determina que en tanto subsista la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto Distrital 555 de 2021, y en virtud de la figura jurídica de reviviscencia de la norma derogada recobra fuerza vinculante el Decreto Distrital 190 de 2004. 

Conceptúa estableciendo que el Acuerdo Distrital 309 de 2008 fue derogado tácitamente ya que sus disposiciones son contrarias a lo establecido en norma de mayor jerarquía, no solo por el tipo de sanción que impone, sino porque quien emite el acto carece de competencia desde el 2016. 

Solicita se informe si el Acuerdo Distrital 21 de 1997, expedido por el Concejo de Bogotá el 6 de diciembre de 1997 continúa vigente, si se ha dado alguna derogatoria parcial o total de su articulado o si se ha modificado total o parcialmente, emite concepto, diciendo que algunas disposiciones siguen vigentes, que no presenta derogatorias expresas y que presenta algunas modificaciones. 

Conceptua sobre la vivienda turistica y la prestación el servicio de hospedaje o alojamiento turístico, siendo entendidas como aquellas ?Unidades privadas, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente destinada total o parcialmente a brindar el servicio de alojamiento turístico según su capacidad, a una o más personas. Pertenecen a esta clasificación los apartamentos turísticos, fincas turísticas, casas turísticas y demás inmuebles cuya destinación corresponda a esta definición?